Su opinión es importante y referencial en cualquier caso de corrupción o derechos humanos que remeza al país. Se ha ganado un espacio gracias a una trayectoria que lo ha hecho protagonista de eventos trascendentales por los que ha pasado nuestra frágil democracia en los últimos 20 años. No le gusta que lo recuerden como el abogado que ganó el histórico juicio contra Fujimori sino como un defensor de derechos… Y un melómano.

Las condenas por difamación agravada se han vuelto más o menos frecuentes. ¿Hay un problema con la ley o en su interpretación?

Creo que la ley es clara en el Perú. Es un asunto de interpretación de los magistrados, quienes muchas veces están presionados por funcionarios con decisión y poder. La primera instancia del Poder Judicial se ha convertido en un verdugo de los periodistas. Algunos han sido procesados y condenados por denuncias que no constituyen delito. En mi caso, yo espero que las instancias superiores puedan resolverlo.

Lo que está ocurriendo es que hay funcionarios con poder que se creen intocables. Pero no es que exista una intervención del Ejecutivo en el Poder Judicial con el propósito de sancionar a los periodistas, como en el caso de Venezuela.

Claro, no estamos en una dictadura. Hay un conjunto de funcionarios públicos que no aceptan que se transmita información de sus actos ni opiniones críticas sobre su forma de ejercer los cargos. Lamentablemente, sus denuncias son recibidas por magistrados de la primera instancia del Poder Judicial. Son jueces timoratos que aceptan presiones de ministros, secretarios generales de un ministerio, etcétera.

En tu caso, has sido condenado por difamación agravada a un año de prisión suspendida.

Quien me denunció es Luz Marina Guzmán Díaz, una ex consejera del Consejo Nacional de la Magistratura, porque en mi columna del semanario de Hildebrandt opiné acerca del archivamiento de la investigación en su contra.

Es un problema chocar con un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura.

Imagínense. Es una persona que ha decidido el ingreso de jueces y fiscales en la administración de justicia. Cualquier denuncia que un miembro del CNM plantee la presenta a jueces que él mismo ha nombrado o ratificado. La verdad es que no veo la forma de que ellos pierdan un caso. ¿Qué juez se va a exponer a no ser promovido o ser expulsado del Poder Judicial o de la Fiscalía? Es un escándalo. ¿Dónde se ha visto que en un país medianamente democrático se persiga a periodistas por emitir una opinión o una crítica?

Los argumentos de la sentencia de la jueza María Contreras son ridículos. Uno de ellos es que el hecho al que te refieres en tu columna de opinión sucedió hace cinco años y que, por lo tanto, ya no tendría interés público. ¿Las opiniones y comentarios tienen fecha de prescripción?

Lo último que he descubierto es que la jueza Conteras Gonzales ingresó a la administración de justicia de la mano de Luz Marina Guzmán. En el 2014 se presentó a una plaza de fiscal, y fue nombrada por el Consejo Nacional de la Magistratura, como fiscal provincial de Áncash, con el voto de Luz Marina Guzmán. Y ella misma resuelve un caso vinculado a Luz Marina Guzmán. Ahí hay un problema de neutralidad y parcialidad. Esa señora no debió participar en el proceso.

Has estado dando muchas declaraciones sobre el caso Lava Jato. ¿Puedes decirnos cuáles son los peligros relacionados a la investigación y a los resultados finales? Finalmente, ¿caerán las cabezas?

En los últimos meses nos hemos centrado en discutir el episodio judicial: si se abrió investigación, si correspondía una prisión preventiva. Pero hay que mirar el todo en perspectiva. Hay que preguntarnos cómo pudo pasar esto durante tantos años sin que funcionaran los mecanismos de prevención, fiscalización y represión en el Perú. Se han vuelto a producir actos de corrupción en democracia y las instituciones no han sido capaces de enfrentarlos. ¿Por qué nuestras autoridades no han sido capaces? ¿Por qué los ciudadanos no hemos mantenido una actitud permanente de fiscalización?

La investigación está en manos del Ministerio Público. Esta institución ha conformado un cuerpo de fiscales con Pablo Sánchez al frente. ¿Cómo evalúas su actuación hasta el momento?

Me parece que la Fiscalía entró tarde a investigar. No hubo mucho en los documentos iniciales de los fiscales que aparecieron en noviembre de 2016, luego de las primeras denuncias periodísticas en el Perú, cuando el caso ya había avanzado bastante en Brasil. Luego se incorpora la información que se obtuvo del análisis del convenio entre la empresa petroquímica de Odebrecht y el gobierno de Estados Unidos. Y eso se engarzó con la decisión de Odebrecht de someterse a una colaboración. El segundo eje de la actuación del Ministerio Público ha sido utilizar la información de los delatores.

¿Hasta el momento el Ministerio Público ha estado sujeto a las circunstancias internacionales y las declaraciones de los colaboradores?

Sí, y hay que tener en cuenta que los colaboradores no dicen todo. Pero no le queda otra dado que no hay una policía científica que le brinde información, que no tiene una fuente independiente de investigación, que no cuenta con información de la Contraloría General de la República ni de los órganos de control institucional, que no obtiene suficiente información de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, el Ministerio Público la busca en lo que ha recopilado Brasil, Suiza y Estados Unidos. Se da cuenta de que necesita asistencia jurídica internacional. Pero eso significa hacer trámites burocráticos y es un proceso lento. Por eso hasta ahora sigue esperando esa información.

Pero estamos de acuerdo en que el camino es el correcto. ¿Eso tiene que ver con la orientación que le imprime el Fiscal de la Nación?

De lejos lo mejor es el Fiscal de la Nación. Es una persona proba, académica, que está fortaleciendo la institución. No digo que garantizará el éxito en la investigación, pero sí garantiza que el Ministerio Público va a investigar.

Podrá no gustarnos el estilo de Hamilton Castro, pero hay que reconocer que ha trabajado bien la información. Ha logrado prisiones preventivas, ha avanzado en sus investigaciones y está obteniendo resultados. Estoy convencido de la buena voluntad de Pablo Sánchez y le creo a Castro.

¿Tienes alguna objeción o recomendación que hacerle al Ministerio Público?

Hagamos lo correcto: centrémonos en los posibles mayores responsables de los actos de corrupción y en los casos más trascendentes. Y actuemos en consecuencia de ello. No se debe enfocar en los miembros de los comités de adjudicación de los contratos y concesiones en primer lugar. Debe partir de la seguridad de que Odebrecht y Barata conocen perfectamente todo lo que sucedió y todo lo tienen contabilizado.

¿Qué hubieras hecho tú?

Creo que hubiera llegado a otro acuerdo. Les hubiera pedido información sobre la persona de más alta posición política o dentro la estructura del Estado que está comprometida con los casos de corrupción de Odebrecht. Primero quisiera saber si Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala están comprometidos o no. También información de algunos presidentes de los gobiernos regionales. Después me ocuparía de los otros, si es que tengo tiempo. No podemos hacer más en el Perú.

¿No se ha dejado que Barata ponga la agenda?

Yo le exigiría información mucho más precisa sobre esas tres personas. Revisaría los términos del acuerdo provisional. 

El único que está “pasando piola” es Alan García, aunque la policía federal de Paraná ha encontrado, en la agenda del teléfono de Marcelo Odebrecht, un registro del pago de un millón de dólares relacionado al proyecto Olmos.

Si ha hecho negocios con los “buenos muchachos” de Odebrecht debe haber pistas y registros. Todo está en sus libros de contabilidad. Hasta el momento, que yo sepa, Odebrecht y Barata no han dicho nada sobre la responsabilidad de Alan García en algún acto de corrupción. Y yo creo que el Ministerio Público tiene que solicitárselos. ¿Estuvo comprometido o no? Que lo digan. Y si la empresa no entrega la información habrá que esperar a que los suizos lo hagan.

Alan García es el presidente que más se ha reunido con Barata, y es raro que este nunca le haya advertido que los funcionarios de menor rango le estaban pidiendo coimas.

Odebrecht nos ha mentido. Para empezar ha dicho que solo invirtieron 29 millones en coimas. La suma que se conoce está por encima de esa cifra. Nos ha mentido porque no ha tratado solo con funcionarios de segundo o tercer nivel. Se conoce que ha tratado con dos presidentes de la república: Alejandro Toledo y con Ollanta Humala. ¿Y por qué no trató con Alan García?

Hay inconsistencias en las declaraciones de Barata y de la empresa.

Yo me imagino que todos esos temas los maneja Hamilton Castro. Quiero creer que en el Ministerio Público están trabajando internamente, y que en cualquier momento nos van a sorprender gratamente con denuncias y prisiones preventivas.

¿Cómo debió actuar la procuraduría?

Para ser justos, la procuraduría la tiene difícil. La ley le da un margen muy discreto de actuación, mientras que el Ministerio Público cuenta con varios delatores que tienen la información. En la época de Fujimori no era así: los delatores buscaban a los procuradores y no a la Fiscalía. La Procuraduría no tiene conocimiento de esto por disposición de la ley. Solo al final cuando la investigación esté bien avanzada podrá intervenir solicitando la reparación civil.

¿Es un cambio en las competencias, además de un problema de actitud?

El Ministerio Público es una institución que se está consolidando pese a las críticas. Pablo Sánchez está a cargo de la investigación y eso influye en ese cambio. ¿Quién está en la Procuraduría? No sé, con todo respeto por Katherine Ampuero. Me refiero en términos generales. No hay institucionalidad en la Procuraduría. Es un ente muy débil. Amado Enco ganó un concurso y entró a la institución, pero Julia Príncipe no podía controlarlo y lo cambió.

¿Cómo ves la actuación de Julia Príncipe?

Ha hecho aportes en algunas investigaciones, pero se le ha dado un papel que no tiene, se ha exagerado su aporte a la lucha contra la corrupción. Creo que llegó al Consejo de Defensa Jurídico del Estado para controlarlo todo, para ser una pequeña dictadora y no lo consiguió. La ministra de Justicia me parece excelente, pero creo que se ha equivocado manteniendo en su cargo a Julia Príncipe y ahora tiene un problema. Me da la impresión de que Marisol Pérez Tello se está tomando su tiempo, pero que ya tomó la decisión.

A Julia Príncipe no le gusta que los procuradores opinen, que expongan sus criterios.

Un dato sobre eso: me sorprende que el Tribunal de Sanción del Consejo de Defensa Jurídico haya sancionado al exprocurador Joel Segura por unas declaraciones que hizo en el año 2015 sobre Alan García en el caso Petroaudios. Es una mordaza. Lo han sancionado por dar su opinión.

Tú has dicho que un procurador debe explicar y exponer sus investigaciones  en los medios de comunicación.

Seguramente mis profesores de derecho se jalarían los pelos por esto que voy a decir, pero los juicios no solo se ganan en los tribunales: también se ganan en los medios de comunicación. La forma de balancear el inmenso poder que tienen algunos de los imputados es exponiendo tu punto de vista en la prensa. Hay que señalar cuáles son las debilidades y errores del sistema de justicia. Finalmente los afectados somos todos nosotros. Si le roban al Estado nos están robando a todos. Y merecemos saberlo.

¿El caso de Toledo está cerrado?

Está cerrado. Sobre todo con la información que todavía no se conoce pero que está circulando en los medios del Poder Judicial y del Ministerio Público.

¿Su extradición es cuestión de tiempo?

El tema es más político que jurídico. Primero, tiene muy buenas relaciones en Estados Unidos. Segundo, hay cierta resistencia de ese país a extraditar personas que tienen la condición de residentes. Tercero, hubo errores en la solicitud para traerlo. Esto es evidente porque se ha tenido que mandar información complementaria a la que se envió en el primer cuadernillo.

En el caso de Humala y Heredia, ¿la acusación debe ser por lavado de activos o por defraudación tributaria?

Depende de los hechos y estos todavía no los conocemos en su integridad. ¿Qué haría yo? Me centraría en los hechos más graves relacionados al delito más significativo que es el de lavado de activos. Los tres millones de dólares del departamento de operaciones estructurales son dinero cochino, sucio,  utilizado para coimear. El dinero de ese fondo no viene de la propia empresa ni de sus utilidades. Tiene un origen ilícito: la empresa lo obtuvo de los actos de corrupción que realizó con Petrobras.

No debe ser tan fácil probar eso.

Hasta donde conozco, el carácter delictivo del fondo de operaciones estructurales ya se ha probado en Brasil. El Perú no puede investigar mucho sobre eso. Brasil resolverá y eso nos servirá a nosotros. Ahora, también Brasil -de acuerdo a su Código Penal- podría investigar los actos delictivos que Ollanta Humala y Nadine Heredia cometieron en Brasil y juzgar el caso en ese país. Una parte del delito se cometió en Brasil, en el momento en el que el dinero sucio salió de ahí. Eso está por discutirse en los próximos meses allá.

¿Lo que se tiene que demostrar es que Humala sabía que ese dinero era sucio? Él puede decir que fue una donación del Partido de los Trabajadores hecha a través de su empresa de confianza.

Yo sé que los partidos políticos reciben financiamiento que supera el monto establecido en la norma. Y eso podría ser considerado una infracción administrativa. Pero, ¿por qué el PT les hace una donación vía Odebrecht? Quien recibe dinero de esa manera y no lo cuestiona no tiene dos dedos de frente. ¿Cómo es que el dinero de un partido de izquierda, dinero de los pobres, viene a través de una empresa privada, que en esa época supuestamente ya hacía negocios cochinos? Eso se discutirá y se probará en Brasil. Con las delaciones que hay creo que no va a haber ningún problema en que se demuestre.

¿Y en el Perú qué es lo que se tendrá que ver?

Si es que Humala recibió el dinero o no. Porque no basta la declaración de un colaborador arrepentido. Se necesita documentación de corroboración. Una prueba son las agendas de Nadine, los documentos de la empresa. Si el dinero se entregó en la mano hay que saber quién lo entregó. Hay que ver el registro migratorio de esa persona para corroborar y establecer los indicios concurrentes. Solo así se puede conseguir  una condena asegurada.

Hagamos un flashback sobre Humala. Cuando todavía no eras secretario general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, esa institución se abstuvo de apoyar la candidatura de Humala porque tenía serias dudas sobre el caso Madre Mía.

Fue complicado porque la Coordinadora tuvo una posición firme respecto del caso Madre Mía. Viajaron a la zona a recoger testimonios, acompañaron a varias personas en el proceso que se inició, y finalmente no estuvieron de acuerdo con la decisión del Poder Judicial. Por eso es que hace siete años  presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Denunciaron al Estado peruano por no haber hecho una investigación que respetase el derecho de las víctimas.

¿Cuál fue tu posición en ese momento? ¿Votaste por Humala?

En el 2011, la segunda vuelta fue entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Fue una decisión muy difícil. La posibilidad de que el fujimorismo retornara al gobierno estaba ahí y tuve que optar. Yo estoy abierto a las críticas y al juzgamiento de quien sea.

En el 2011 te presentaste con el número 36 en la lista de Perú Posible. ¿Fue un error?

Según mi forma de entender la política, Toledo representaba un conglomerado de centro, no era ni de derecha ni de izquierda chavista como consideraba yo a Humala. Era la propuesta que yo siempre había querido para mi país. Tenía la posibilidad de estar en el Congreso, de proponer los proyectos de ley que resolverían los problemas centrales de cierta gente, los derechos de las minorías. Mi idea era ser un difusor de derechos. Yo estaba convencido que podía aportar desde ese espacio.

Al final del gobierno de Toledo saliste medio peleado de la Procuraduría porque no estuviste de acuerdo con la forma de enfrentar la lucha anticorrupción.

Hacia el 2004 se habían reducido las posibilidades de investigar a los funcionarios públicos del gobierno, como al asesor Almeyda y otros. El procurador Vargas Valdivia y los adjuntos queríamos tener competencia para juzgar los actos de corrupción. Empezaron las acciones de hostilización y renunciamos. Me colmaron la paciencia. Y eso que he resistido hasta a los ministros de Justicia. Me decían que no vaya a hacer una declaración y yo iba, o que no declare tal cosa y yo seguía haciéndolo. He tenido encontronazos con viceministros también.

¿Eso no te decepcionó del gobierno en general?

Pese a que me fui cerrándole la puerta debo agradecer a Alejandro Toledo que me llamara. Recuerdo que el último día de la inscripción iba en un taxi con mi hijo a la celebración de Lima y entró una llamada del propio Toledo a mi celular. Yo ya había desechado una propuesta de Ollanta Humala para ser parte de su lista congresal porque no quería nada con el chavismo.

Perú Posible era el feudo de Toledo y su esposa. No había democracia interna. Se sabía que Toledo era un mentiroso a nivel personal.

Cuando uno entra a la política, lamentablemente, se ensucia los zapatos. Las manos no, pero los zapatos sí. Tienes que tragarte sapos. Ahora, cuántos tragas depende de ti. Tienes que tratar con gente de toda calaña. Unos de primer nivel y otros que solo quieren su lucro personal, su interés inmediato. En Perú Posible había de todo. También había gente muy interesante como Thays y Bruce en ese momento.

Al final del gobierno de Toledo circuló información periodística sobre irregularidades en la negociación del contrato de la Interoceánica, en el que participó Kucsynski.

Yo nunca escuché eso. No recuerdo que trascendiera. En ese momento se hablaba, sobre todo, del no reconocimiento de su hija, de su disposición a la juerga.

Tú quisiste pasar de ser un activista reconocido a la esfera política. ¿Todavía te interesa entrar a ese terreno?

Ya no sé si estoy dispuesto a tener una participación política activa. Pero sí creo que la juventud debe interesarse por la política y participar en conglomerados -ya no sé si llamarle partidos- y en la estructura del Estado  haciendo política institucional en la Contraloría General de la República, en el Consejo Nacional de la Magistratura y en el Poder Judicial. 

¿Cómo te defines políticamente?

Yo soy un hombre de izquierda y moriré así. Pero no creo ni en el chavismo ni en Maduro. Creo en la democracia, en la libertad, en la igualdad de las personas, en todo lo que apunte a una sociedad civilizada, inclusiva.

Y como no hay una propuesta de izquierda que te convenza, el centro es tu opción.

Lo que pasa es que en el Perú no tenemos una izquierda moderna. Verónika Mendoza ha dado unos pasos, pero tiene limitaciones. Su posición con respecto al régimen de Maduro es una de ellas.

¿Susana Villarán representaba a una izquierda moderna?

Sí, y en la Municipalidad intentó resolver problemas centrales de la ciudad. Se equivocó, le faltó gestión. Pero también es cierto que desde el primer día no la dejaron gobernar. La izquierda no la apoyó, probablemente, porque era demasiado moderna y porque veían en ella a una posible contrincante en las elecciones presidenciales. La izquierda la abandonó desde el comienzo.

¿Aceptarías ir en la lista congresal del Frente Amplio si te lo propusieran en las próximas elecciones?

¿Con cuál sector del Frente Amplio? Yo le tengo simpatía a Verónika. Con todo respeto, con el padre Arana no voy a la esquina, ni a misa.

¿Por qué?

Porque sigue representando una izquierda ortodoxa, dura, incapaz de hacer los cambios reales que se necesitan. Aunque, hoy día, no iría con ninguno de los dos. Me sentiría más cómodo en un colectivo tipo Podemos, que no existe en el país.

¿Cuál es tu modelo?

Un gobierno como el de Paniagua. Mi gran frustración fue su muerte. Se necesita un gobierno de centro que entienda cuáles son los principales problemas de este país y que haga una gran convocatoria para enfrentarlos. Después de uno o dos períodos, cada uno puede discutir cuál debería ser la continuidad de ese régimen: más de izquierda o más de derecha, si debe inclinarse hacia una economía de mercado o con más intervención del Estado.

¿Sientes que tu participación en el juicio a Fujimori marcó un antes y un después en tu vida?

No. Sí fue importante y no lo hice tan mal como abogado de las víctimas. Pero, yo soy un difusor de derechos y mi relación con Fujimori ha sido en ese contexto. Yo no ando pensando en él ni escribiendo sobre él.

Pero ha sido quizás el juicio más importante de la época republicana y tú fuiste uno de los protagonistas.

No ha sido el juicio más importante de mi vida. El más importante fue uno en el que participé hace como 20 años, en el que defendí a un campesino quechua-hablante en Apurímac. Era una persona inocente, detenida injustamente y contribuí a darle la libertad que se merecía. Esa fue la intervención más importante que he tenido. Si quiero que me recuerden es por eso.

¿Qué opinas del indulto a Fujimori?

No creo en el indulto porque es el perdón de la pena y Fujimori no debe ser perdonado por los crímenes de los que fue responsable. Creo que por motivos de salud va a llegar un momento en el que sea imposible que siga en un establecimiento penitenciario. Entonces voy a salir a marchar con los fujimoristas exigiendo su libertad y pidiendo que cumpla el resto de su pena en su casa.

¿Eso también vale para Guzmán?

Aunque decirlo sea políticamente incorrecto, funciona para todos. Nadie debe morir en prisión.

Una pregunta de actualidad para finalizar: ¿Consideras que los integrantes del Comando Chavín de Huántar son héroes?

Son personas que demostraron arrojo, valentía, honor. Realizaron una acción estratégicamente pulcra, correcta y se les debe reconocimiento como a todos los militares y policías que lucharon contra el terrorismo respetando los derechos de los ciudadanos. Pero, mi concepto de héroe evoca a Grau o Bolognesi, quienes fueron mucho más allá del deber. Son personajes trágicos, aunque no pretendo que siempre los héroes estén muertos.