A punto de cumplirse dos años de la gestión del presidente Humala, uno se pregunta seriamente por la dirección que ha tomado o habría de tomar su Gobierno. La suscripción de una “Hoja de Ruta” democrática convenció a muchos ciudadanos que decidimos apoyar su candidatura en la segunda vuelta de las elecciones del 2011 —especialmente a quienes considerábamos (y seguimos considerando) a la otra opción política notoriamente peligrosa y malsana—, pero hoy es casi inevitable sentir que la actual administración está perdiendo la brújula, particularmente en materia de dirección política. En efecto, la economía permanece relativamente estable, más allá de algunos sobresaltos, pero el manejo de la cuestión política genera serias preocupaciones.

El reciente incidente suscitado por la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y el Banco Central de Reserva, así como para la designación del Defensor del Pueblo, revela la gravedad de esta situación. El Congreso de la República —en cuya actual composición el partido de gobierno representa la primera minoría— debió asignar esas plazas hace muchísimo tiempo. Debió, además, tomar en consideración la preparación académica de los candidatos, así como el historial de desempeño profesional y la suscripción por ellos de principios democráticos. Se trata de organismos de control que requieren de personas preparadas y honestas, con vocación de imparcialidad frente a la potencial influencia del Gobierno y de los grupos políticos. El Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo son instituciones dedicadas a la defensa de los derechos de los ciudadanos en conformidad con la Constitución y las leyes. En abierta contradicción con la naturaleza de esta elección, las organizaciones políticas con representación en el Congreso decidieron negociar cuotas de poder y repartirse las plazas en estas instituciones públicas.

Quien determinó el mayor número de plazas para el Tribunal Constitucional fue el propio partido de gobierno. Resultaría ingenuo pensar que estas gestiones no contaron con la coordinación y la decisión de miembros del Ejecutivo, los líderes y fundadores de Gana Perú. Tomando en cuenta a los candidatos postulados por el oficialismo, resulta claro que el criterio para elaborar la lista no fue académico sino “político”: se pretendía colocar en el Tribunal a personajes que contaran con la confianza del Gobierno y comulgaran con su línea política. Una vez celebrada la sesión del Pleno y consumada esta controvertida elección, el Presidente de la República planteó que los dos personajes más cuestionados —Freitas en la Defensoría y Sousa en el TC— dimitieran de inmediato. Más allá de que se trata efectivamente de dos candidaturas cuestionadas en virtud de argumentos sólidos, no resultaba difícil identificar el cálculo tras la sugerencia presidencial. En general, la reacción de Ollanta Humala resultó evidentemente tardía, y respondió a la manifiesta indignación ciudadana frente a la conducta irresponsable de los grupos políticos, irresponsabilidad compartida por quienes, desde el Ejecutivo, participaron en las coordinaciones del oficialismo para llevar a cabo esta funesta componenda parlamentaria.

Creo que ésta es una situación que grafica bien la actitud del Ejecutivo en la conducción de los conflictos propiamente políticos en el país. Se proponen llevar a cabo alguna medida polémica —como estas designaciones, o el tema Repsol—, y se espera sopesar la reacción de la opinión pública para tomar una decisión o avanzar en una determinada dirección. Este proceder genera una sensación de tibieza y de ausencia de un genuino programa político. Revela también —especialmente en el caso que discutimos— una cierta pobreza de convicciones democráticas en el grupo de personas que lleva las riendas del Gobierno en la hora presente. Resulta notorio que la distribución del poder no constituye una prioridad para la actual gestión; tampoco existe un gran interés por promover la meritocracia como una pauta para asignar responsabilidades en el ejercicio de la función pública. Lo que encontramos es una buena dosis del mismo juego de fuerzas de antaño. Quienes abrigábamos la (no tan secreta) esperanza de que el Gobierno de Humala siguiera la estela política del proceso de transición democrática iniciado en el año 2000, encontramos hoy razones para sostener que la actual administración ha decidido reproducir los viejos patrones de la política criolla, aquélla centrada en la pugna entre intereses de facción antes que en el fortalecimiento de las instituciones.