A partir del gobierno de George Bush se empezó a aplicar en los Estados Unidos la Ley No Child Left Behind (NCLB, “ningún niño será dejado atrás”), cuyo objetivo consistía en reformar el sistema escolar estadounidense, tarea para la cual fue invitada la educadora Diane Ravitch en el puesto de secretaria de Educación. Según los gestores y promotores, el problema central del sistema escolar eran los maestros de baja calidad y sus sindicatos, que defendían el statu quo imperante. Se pretendía someterlos y convertirlos en simples técnicos de evaluación o de exámenes, así como quitarles a los sindicatos el derecho de negociar el contrato colectivo. Cualquier parecido con la realidad peruana no es mera coincidencia.

También adhirieron a la ex secretaria de Estado, Condolleeza Rice, y al ex jefe de Educación Pública de la ciudad de Nueva York, Joel Klein, quienes sostenían que el pobre desempeño educacional de los Estados Unidos representaba, en el contexto global, una grave amenaza a la seguridad nacional.

En el año 2010 esta posición se expresó en el documental “Esperando a Superman”, que presentó un sistema educativo compuesto por maestros mediocres y complacientes, padres de familia frustrados y sindicatos listos a proteger a sus agremiados. Según la película, la única y mejor solución eran las llamadas “Escuelas Charter”, que reciben fondos públicos pero son administradas de manera privada, exentas de varias regulaciones como la de contratar solo con profesores sindicalizados, y algunas operadas con fines de lucro. Los críticos de esta concepción sostuvieron que esto constituía la punta de lanza de la privatización del sistema educativo de ese país.

Antes de la “Ley Bush”, el Estado estadounidense gastaba en enseñanza (en el ámbito federal, estatal y municipal) más de US$600 mil millones al año. Por entonces, 90% de los alumnos estaban en planteles públicos (alrededor de 50 millones actualmente). Desde hace más de una década este modelo ha sido financiado, en gran parte, por empresarios y sus fundaciones, como Bill Gates (Microsoft), la familia Walton (Dewalmark), Mark Zuckerberg (Facebook), Eli Broad (Aseguradora Sun Life) y Michael Bloomberg, actualmente alcalde de Nueva York.

Estos empresarios han invertido miles de millones en programas de privatización de escuelas públicas, las “Escuelas Charter”, y en financiar think tanks para imponer su agenda a nivel nacional. Según los críticos de este modelo empresarial privatizador, como la propia Diane Ravitch —quien cuestionó luego lo que se había hecho—, Richard Rothstein, Jonathan Kozol y otros, así es como se determina y define, en gran medida, el debate sobre las políticas en el país.

Volviendo al tema educativo, a partir de la “Ley Bush” se empezó con los exámenes o evaluaciones estandarizadas para medir el desempeño de los maestros y escuelas, cuyo nivel de resultados podía llevar al despido de profesores y al cierre de escuelas. La situación fue dramática para los niños y jóvenes y profesores que vivían en el mundo de la pobreza y que, evidentemente, no pasarían estos exámenes. El problema era aún más de fondo, como lo es en el Perú y todos los países que aplican las pruebas estandarizadas. En un mundo donde el valor de las economías está cada vez más determinado por la complejidad y diversidad del conocimiento, qué sentido tiene utilizar las pruebas estandarizadas como determinantes de la capacidad y el futuro de los niños. Éste fue uno de los puntos sobre los que hizo hincapié Ricardo Hausmann, profesor de la Escuela Kennedy de Harvard en su reciente visita al Perú.

Ya durante el gobierno de Obama se formuló el Programa Race to the Top o RTTT (“Carrera a la Cima”), que promueve la competencia entre Estados, amplía el uso de exámenes y una mayor creación de “Escuelas Charter” a cambio de fondos federales sujetos a la evaluación docente objetiva y a la rendición de cuentas. Los principios que están implícitos en esta concepción neoliberal de corte empresarial son los de Responsabilidad, Accouttability, Privatización y Meritocracia.

Las críticas de los educadores y científicos sociales
Las críticas de los educadores y científicos sociales estadounidenses enfatizan sobre todo el modelo empresarial, cuyo objetivo está compuesto por la rentabilidad y las ganancias antes que por la educación de los alumnos, es decir, su aprendizaje. El fin último no es la educación en sí misma, sino la ganancia; y como ha quedado demostrado en diferentes experiencias, la competencia entre privados no asegura la calidad a pesar de las enormes ganancias. Tanto es así que el mercado de la educación se convirtió en el segundo más rentable, y llegó a ser valorado en US$1,3 billones (miles de millones).

Según la evidencia empírica reunida como producto de diferentes investigaciones, se llegó a la conclusión de que la reforma que se aplicó durante los gobiernos de Bush, Clinton y Obama no produjo los resultados prometidos, es decir, no se lograron los objetivos que se habían planteado y esperado. En parte porque el diagnóstico que se hizo estaba viciado, no correspondía con la realidad socioeducativa de los Estados Unidos. También se sostiene que los exámenes estandarizados no pueden medir el desempeño de los maestros y de las escuelas, según expertos nacionales y directores de la Rand Corporation y la Agencia de Investigación sobre Métodos de Evaluación de la Academia Nacional de Ciencias.

Diane Ravitch, profesora de la Universidad de Nueva York que participó inicialmente en la implementación de la reforma durante el gobierno de Bush padre y luego se volvió una de sus críticas, afirmó: “La educación pública está bajo el ataque de las fuerzas de la privatización por gente que hace promesas falsas”. También criticó que las empresas con fines de lucro tienen el objetivo de lograr ganancias y no una buena educación. Les interesaba más si las ganancias se incrementaban que si la calidad de la educación y los propios alumnos mejoraban.

David Dendy, en The New York Times, señalaba que “el debate sobre el futuro de la educación es en alguna medida sobre empleo, poder y dinero, y ahora es parte de la lucha ideológica entre el gobierno, como garante del bien comunitario, y la competencia del mercado como creador potencial de excelencia”.

Por otro lado, el investigador Jonathan Kozol sostuvo que se negaba el impacto de la reforma sobre los estudiantes pobres, y la brecha en el desempeño entre pobres y ricos se ha ampliado en 50% desde 1980. Otro crítico importante es Richard Rothstein, experto en políticas educativas del Instituto de Política Económica, quien, entre otras cosas, sostuvo que se necesitaban sindicatos más organizados.

La gran rebelión contra la reforma se inició el 10 de septiembre del 2010, por primera vez en 25 años, liderada por el sindicato de maestros de Chicago y contra la demanda del alcalde Rham Emanuel, ex jefe del equipo del presidente Obama, para abrir más “Escuelas Charter”, mayor evaluación y bonos para maestros con base en los resultados de estudiantes en exámenes estandarizados. Después las protestas se expandieron por el país.

Otro conjunto de críticas importantes fueron hechas por Lisa Guisbond, del Massachusetts Institute of Technology (MIT), por Monty Neil y Bob Schaeffer, ambos del National Center for Fair & Open Testing. Titulan su crítica, en un documento, como “Una década de progreso educativo perdida”, desde la Ley de George W. Bush. Las evidencias empíricas recolectadas prueban que la famosa Ley fracasó y falló tanto en lo que concernía a sus propios objetivos como en su forma más amplia; en verdad, por causa de su dependencia equivocada de las pruebas estandarizadas y las sanciones a las escuelas, porque la política de Bush consistía en evaluar y sancionar punitivamente. Perjudicó así, y bastante, a muchas escuelas, particularmente a aquéllas donde estudiaban los alumnos pobres. Y, además, porque estas “Escuelas Charter” no eran más que centros de preparación o entrenamiento para rendir bien en las pruebas estandarizadas.

Ahora se sostiene que los reformadores deben abandonar esas estrategias basadas solo en la fe de evaluar a través de las pruebas, y luego castigar punitivamente. Según los referidos autores, los datos acumulados científicamente muestran que se afectó de manera severa la calidad y la equidad de la enseñanza y del aprendizaje. En segundo lugar, la Ley no consiguió aumentar mucho el desempeño académico y reducir significativamente las diferencias.

Los mismos críticos señalan que en el aula se daba un exceso de tests o de pruebas, la reducción de la enseñanza del currículo para entrenar, evaluar y sancionar, fraudes y otras formas de corrupción, cambiando los resultados a toda costa con tal de que fuesen positivos.

La Academia Nacional de Ciencias, a través de su Consejo Nacional de Investigación, se pronunció en ese sentido. Todos estos críticos recomendaron que se cambiase la concepción y la política educativa para bien de los alumnos, de los profesores y de todo el sistema nacional de educación.

Una reflexión final y necesaria, sobre todo ahora que en el Perú se está implementando una reforma basada en los mismos principios: ¿Es pertinente exigir que los resultados o logros del aprendizaje sean iguales en una sociedad desigual, con altos índices y porcentajes de pobreza e indigencia? ¿Qué dice sobre esto la OCDE con sus pruebas Pisa? ¿Por qué este tipo de políticas fallidas terminan siendo promovidas en países como el Perú —bajo los gobiernos de Fujimori, Toledo, García y ahora Humala—, así como en otros de America del Sur y en México?