La corrupción y los desencuentros entre la justicia, los políticos, el presidente y la política de largo plazo

Romeo Grompone Investigador principal IEP y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
Ideele Revista Nº 268
Foto: Revista Proactivo

Ante una situación política que se desborda y dispara en diversas direcciones, conviene un comienzo al margen de lo políticamente correcto, para intentar librarnos de la situación asfixiante que nos imponen estos momentos críticos. Se trata de dar una vuelta de tuerca ante el riesgo de extraviarnos siguiendo los sucesos de cada día, donde solo se comprobaría al fin que no sabemos en donde se está parado.

Ernesto Guevara decía que cuando se dispara la primera bala no se sabe cuándo se disparará la última. Desde el extremo opuesto, imagino que, en parecidos términos, más allá del discurso oficial, lo mismo debían haber pensado los curtidos (algunos no tanto) generales estadounidenses y sus aliados cuando ingresaron en Afganistán e Irak (y hasta lo aprendieron en Libia), algo que el establishment de Washington pensó que sería de pocos días.

No es difícil adivinar que cuando las denuncias por corrupción, que es de lo que nos ocupamos, se precipitan en cascada debido a intervenciones estratégicas, en este caso en las alianzas público-privadas, todo puede acontecer y nada puede preverse. Así que en la dinámica planteada solo les queda, a asesores de gobierno y de políticos, a organismos de inteligencia y a algunos politólogos, señalar varios escenarios posibles en la esperanza de que alguno encaje y hasta con la sospecha de que, acaso, ninguno de ellos ocurrirá al fin.

El autor de este artículo no se propone emprender tal ejercicio, sin atinar si corresponde ello a su incompetencia o a su rechazo a tales prácticas. Puede intuirse que en la política y las instituciones están corriendo diversos tiempos. Presumo varios de ellos: el tiempo propio de la justicia institucional; el tiempo de los políticos que quieren erigirse, algunos con descarnado criterio de oportunidad, como defensores de la justica; el tiempo que quiere darse el gobierno; el tiempo de la política que ya ha encontrado modo de dar pasos más allá de las consideraciones que los tres primeros temas le sugieren y  están en condiciones de ser más audaces. Y, en cada una de estas temporalidades, dilemas, confusiones y enfrentamiento.


Oportunidades y encrucijadas del Poder Judicial

A los fiscales y jueces les toca actuar con escrupulosidad y eficacia. No es tarea sencilla. Se debe actuar con colaboradores eficaces, pero no depender excesivamente de ellos. Estos últimos pueden encontrar en este juego tanto formas de disminuir sus propias penas como de hacer un ejercicio selectivo, encubriendo intereses que pueden quedar en las sombras, ante los fogonazos que provocan la denuncia de personajes políticos de primer nivel que van apareciendo en las denuncias y satisfacen la coyuntura. El riesgo es que se acumulen acontecimientos que no terminan de hilvanarse, antes que llegar a una reconstrucción minuciosa del proceso.

Sabemos que Odebrecht y otras empresas de parecida condición (lo fue Siemens en Alemania), por más que se parezcan al “eje del mal”, no fueron las únicas que promovieron la corrupción. Intervinieron otras empresas, incluidas nacionales. Ellas, como ocurre tanto en Estados fuertes como con otros con nuestra debilidad institucional, se vinculan al poder político y ejercen influencia. Puede probarse en algunos casos manifestaciones de corrupción. En otras situaciones resultará extremadamente complejo demostrar cuándo y de qué modo se ha cruzado la línea entre el arte de hacer negocios y la comisión de delitos. Y pueden construir laberintos en que se pierdan las investigaciones o bien presiones políticas y económicas que hagan trastabillar a quienes ejercen justicia, aun cuando quieran actuar con honestidad. Y además en la instrucción y los juicios no pueden cometerse errores significativos. Lo que corresponde hacer, a la vez que es necesario, puede llegar al punto que también resulte excesivo de esperar.

Nuestros jueces y fiscales cuentan al parecer con la colaboración del Poder Judicial de otros países de América Latina. En la dirección contraria, la Procuraduría General del Estado parece seguir un rumbo de colisión. En los tiempos finales de la dictadura, esta institución aducía que cautelar los daños que afectaban al Estado exigía investigar los delitos cometidos, porque de lo contrario no tenía sentido solicitar reparaciones, e intervino con eficacia en la condena de los culpables. Ahora, dieciséis años después, y por cierto con otros profesionales, argumentando una independencia que sin duda les corresponde, se anticipa a las denuncias, sale a la prensa de modo inconsulto, desordena las investigaciones, selecciona blancos a atacar sin minuciosas indagaciones que la precedan y, en el caso de Katherine Ampuero, la principal responsable para encarar el tema de la corrupción, parece seguir su propia agenda política, que ya no estrictamente judicial.

"Nuestros jueces y fiscales cuentan al parecer con la colaboración del Poder Judicial de otros países de América Latina. En la dirección contraria, la Procuraduría General del Estado parece seguir un rumbo de colisión".

Políticos al acecho

La desprestigiada clase política no quiere esperar. Las comisiones del Congreso y hasta donde puede saberse, con más denuedo en Fuerza Popular y el Apra, buscan apropiarse de casos “emblemáticos”, si bien el emblema que luce se dirige a sus enemigos políticos, nos trasmite una suerte de variante tardía de posmodernismo al uso, transmutado en maniobras de ocasión. El tiempo al que ocurre la corrupción es evanescente, ya que vivimos en el “presente continuo” de las declaraciones grandilocuentes ante las cámaras. Nada de lo que ha ocurrido en el pasado tiene alguna importancia o simplemente se ha esfumado.


Esperando al presidente

En tercer lugar, transcurre el tiempo del gobierno. Cabe conjeturar que los partidarios de Kuczynski no la están pasando nada bien. No solo porque ve en caída libre en la adhesión ciudadana, sino porque parece no darse cuenta o acaso no le importe. No se coloca en primer plano en la lucha contra la corrupción. Daría la apariencia que le preocupa más cuánto afectaría el PBI. No se sitúa, en suma, en el centro del drama para proclamar las palabas decisivas o convocantes, sino que se quiere limitar a hacer un control de daños, decir, entre otras incongruencias, que pedirá un voto de confianza si se censura a Vizcarra, cambiar al otro día de opinión. Desde lejos alguna vez se me dio por pensar que debía hacer algún pronunciamiento en algunas coyunturas; por ejemplo, cuando se sabía de la inminente censura a Jaime Saavedra o en relación a la discutible concesión para hacer un aeropuerto en Chinchero. Lo hizo con un tono desganado, que se explicaba no solo por sus escasas virtudes como orador. Parecía resignado a seguir lo que le sugería algún interlocutor de su confianza y podía notarse que en el fondo no estaba convencido o no era asunto de su incumbencia. Y no se percibe predisposición de su parte en cambiar este estilo.


Amenazas que habrá que afrontar

Queda el tiempo de la política, más allá de los casos de corrupción o junto a ellos, pero trascendiéndolos. Por razones constitucionales que no puedo explicar -por la extensión que se le ha asignado a este artículo-, corresponde apenas señalar que la acusación por el Congreso no es pertinente y la disolución y convocatoria por dos censuras al primer ministro o no otorgamiento del voto de confianza, es solo atribución del presidente. Dicho esto, en América Latina, como lo ha estudiado en detalle el politólogo Anibal Pérez-Liñán, han sucedido desde 1990 más de una decena de juicios políticos a titulares del Ejecutivo promovidos por los congresos, violentando preceptos jurídicos y con desenlaces exitosos para quienes tomaron la iniciativa, entre otros, elegidos al azar, lo sucedido con Abdala Bucarám en 1997 y Jamil Mahuad en el 2000, ambos en Ecuador; Fernando Lugo en Paraguay en 2012 y Manuel Zelaya en Honduras en 2009. No sabemos si ello puede ocurrir en condiciones de extremo aislamiento del presidente en el Perú.

Estamos en el fin de la transición democrática y su consiguiente fracaso. Se discute por estos días si el surgimiento de un movimiento intolerante de extrema derecha, con su prédica de rechazo a la igualdad ciudadana y el desprecio a la diversidad, se asocia con opciones como las del fujimorismo o prefiguran una alternativa. Opino, como otros intérpretes, que al fin los dos grupos mencionados encontrarán senderos de confluencia, con cambios en la asignación de las cuotas de poder. Y hasta puede que den un paso más adelante que desde su lógica suena razonable.  La invocación del fundamentalismo religioso otorga, para quienes lo preconizan, un marco trascendente y cerrado. Y desde allí se encuentran en condiciones de enunciar que remitirse a valores más altos librará, asistida por su energía salvadora, de los casos de corrupción a la sociedad y a la política y al fin se pretenderá que sean vistos como pecado de los hombres (no los hombres y mujeres) sin fe. Y sería un desenlace siniestro que desde ya hay que prepararse a enfrentar. La esperanza solo puede surgir si se conoce y luego se afronta los hechos que la quieren arrasar.

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