La informalidad recargada

Fernando Villarán Decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
Ideele Revista Nº 273
Foto: legis.pe

La trágica muerte en junio de este año de los jóvenes Jorge Huamán y Jovi Herrera, que perecieron en un contenedor ilegalmente instalado en la galería “Las Malvinas” en el centro de Lima, trabajando en condiciones infrahumanas, de semiesclavitud, ha puesto sobre el tapete el tema de la informalidad. Varios hechos relativamente recientes brindan nuevas luces sobre la situación de la informalidad en el Perú. Vale la pena darles una mirada.

1. Después de muchos años en que se investiga este complejo fenómeno en el país, recién en los últimos tiempos hemos podido disponer de cifras confiables. En 1986, Hernando de Soto (ILD) encontró que el sector informal peruano equivalía al 55% del PBI (Producto Bruto Interno). En el 1999 Norman Loayza (BM) realiza una medición del mismo sector alcanzando la cifra de 57% del PBI. Pocos años después, en el 2002, Friedrich Schneider (U.Linz), en un estudio sobre varios países de América Latina, estimaba que el sector informal llegaba al 59% del PBI. Por su parte, Jaime Saavedra, trabajando con las cifras y conceptos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1999, calcula que la informalidad laboral llegaba a alcanzar al 58% de la Población Económicamente Activa (PEA) del Perú.

Un estudio más reciente, realizado por Manuel Hernández y Jorge de la Roca para GRADE en el 2006, realiza una nueva medición, tanto de la participación del sector informal en el PBI, como de la informalidad laboral. En el primer caso, la cifra a la que arriban es de 35% del PBI, inferior a las tres investigaciones mencionadas, y, para el caso de la informalidad laboral, estiman que el 70% de la PEA se encontraba en esta situación, cifra mayor a la alcanzada por Saavedra.

Más recientemente, en el 2012, el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) realiza lo que podría ser la medición definitiva de la informalidad. Sus resultados se publicaron dos años más tarde en el documento "Producción y empleo informal en el Perú", de mayo del 2014. Esta investigación fue ejecutada con el apoyo del IRS (Instituto de Investigación para el Desarrollo) de Francia, utilizando las metodologías internacionales de medición desarrolladas en el 2003 y el 2008 por la OIT. Con la misma metodología, y en forma simultánea, se medía tanto la producción informal como la informalidad laboral. Los resultados fueron los siguientes: en el 2012, el 74,3% de la PEA “desempeñaba un empleo informal como actividad principal”. Para el 2015 (cifra más reciente, dada por el MTPE siguiendo esta misma metodología) 11,6 millones de personas, que representaban el 73,2% de la PEA, estaban en una situación de informalidad laboral[1]. Estas personas laboran en unidades no registradas en la administración tributaria (Sunat), no tienen beneficios sociales, ni protección social, y perciben ingresos por debajo de la Remuneración mínima vital (850 soles al mes). Cualquiera de estas condiciones de trabajo, o una mezcla de las mismas, los definía como informales. Los resultados para el 2015 significaban que en tres años, y a pesar del crecimiento de la economía, la informalidad laboral solo se redujo 1,1%. Comprobaban que el Perú era un país básicamente informal.

Respecto a la contribución del sector informal a la formación del PBI, el estudio llega a precisar que su aporte es el 19% del PBI. Esto significaba que todas las investigaciones previas estaban equivocadas al sobrevalorar la contribución del sector informal al PBI. Al mismo tiempo, las investigaciones previas subestimaron la dimensión de la informalidad laboral pues no tuvieron en cuenta a los informales dentro del sector formal, que son el 17% de la PEA. Estas cifras demostraron con toda claridad que la principal característica y, al mismo tiempo el principal problema de la informalidad, es su bajísima productividad.

2. Un estudio de nivel mundial, realizado en 185 países, publicado en el 2014, sobre la relación entre la informalidad y el desarrollo, considerado por algunos como el estudio definitivo sobre el tema, llega a las siguientes conclusiones: “Reduciendo los costos de la formalización no lleva a las empresas informales al sector formal, ni promueve el crecimiento económico”[2]. “¿Por qué las empresas informales se vuelven formales? De Soto (1989) ha argumentado que las empresas informales quieren ser formales, pero son impedidos por la corrupción y las regulaciones gubernamentales. De lejos, el principal obstáculo percibido por las empresas informales es la falta de financiamiento. Comparadas con los problemas financieros, las regulaciones gubernamentales son preocupaciones muy distantes”[3].

"Mientras que en el 2007 el gobierno peruano cerraba PromPYME, la única institución estatal de promoción al sector que existía en el país, los países desarrollados y emergentes hacían más grandes y eficientes a sus instituciones de promoción a las MYPEs".

Estos resultados contradicen la tesis de que la principal causa de la informalidad son los altos costos de la formalidad y que su principal solución es la “simplificación administrativa” y la reducción del Estado. Tesis que Hernando de Soto ha venido sosteniendo, con bastante éxito en el país y en el exterior,desde mediados de 1980. Como sabemos, los sucesivos gobiernos (a partir de 1990) aplicaron sus recetas in extenso. Es decir, en materia de reducción de la informalidad laboral y productiva hemos perdido por lo menos 30 años. En este mismo período, los países emergentes del Asia y varios países de América Latina ignoraron estas ideasy optaron por fortalecer su Estado, implementaron políticas promocionales y crearon instituciones de apoyo para las mype, en donde se encuentra el grueso de la informalidad.

Mientras que en el 2007 el gobierno peruano cerraba PromPYME, la única institución estatal de promoción al sector que existía en el país, los países desarrollados y emergentes hacían más grandes y eficientes a sus instituciones de promoción a las MYPEs. Este es el caso de la SBA (Small Business Administration) de Estados Unidos, el SEBRAE (Servicio Brasileño de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa) en Brasil, la SMBA (Small and Medium Business Administration) de Corea del Sur, CORFO (Corporación de Fomento) de Chile. Es a través de los servicios como el crédito, la capacitación, la transferencia de tecnología, las compras del Estado, la información, entre otros, que brindan estas instituciones estatales que las MYPEs incrementan significativamente su productividad y dejan de ser informales.

3. Hasta ahora se ha estado mirando a la informalidad que está ubicada en los sectores de menores ingresos. Tradicionalmente, la informalidad ha estado asociada a la pobreza. Sin embargo, con las muy recientes revelaciones del caso Lava Jato del Brasil, iniciadas por las confesiones del CEO de la empresa, Marcelo Odebrecht, se ha visto que la informalidad también se encuentra en los estratos de altos ingresos.

La empresa Odebrecht ha participado en contratos para obras de infraestructura en el Perú por un monto de aproximado de USD 15000 millones; ella es la que ha ejecutado el mayor número de obras en el país. Otras empresas brasileñas, como Camargo Correa, Andrade Gutierrez, OAS y Queiroz Galvao, también han ejecutado múltiples contratos con el gobierno peruano, que ascienden a una cifra aproximada de USD 10000 millones. Se trata de un total de USD 25000 millones en obras que se extienden desde los noventas hasta la actualidad, e involucran a cuatro presidentes: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Las coimas pagadas en estos casos generalmente ascienden a un porcentaje que va desde el 5 % a 10% del total de la obra, lo que significa que se han pagado coimas que van desde los USD 1 250 millones a USD 2 500 millones. Todavía no se ha determinado a cuánto ascienden estas coimas y menos a quién se las han pagado, pero lo que se va revelando es que todas estas operaciones se realizaban a través de bancos privados ubicados en paraísos fiscales. Esta es una manera de ocultar los movimientos de dinero, las fuentes de los recursos y el destino de los mismos.

Como sabemos, hay dos características básicas para definir una actividad como informal, que: (i) no esté registrada en ninguna entidad oficial, y (ii) no pague impuestos. Estas dos características se aplican perfectamente a la actuación de las grandes empresas brasileñas en el Perú y a un buen número de empresas peruanas que compartieron las mismas prácticas delictivas e informales. Por lo tanto, podemos concluir que la informalidad no solo se encuentra en la base de la pirámide social sino también en la cúspide de la misma. Hay informalidad abajo, pero también arriba. De manera que ya no podemos seguir asociando la informalidad solo con la pobreza, ahora debemos incluir a una informalidad de la riqueza.



[1] Informe Anual del Empleo en el Perú - 2015, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, MTPE, publicado en Diciembre de 2016.

[2] Informality and Development, Rafael La Porta y Andrei Shleifer, Journal of Economic Perspectives, Volume 28, Number 3, Summer 2014, pages 109-126; página 110.

[3] Op Cit., página 116.

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