La política ambiental en el gobierno de PPK

Juan Luis Dammert B. Sociólogo y geógrafo
Ideele Revista Nº 277

Foto: Servindi.

Hace poco le comenté a un colega que escribiría este artículo sobre la política ambiental en el Gobierno de PPK. Su respuesta fue ilustrativa de la percepción que se tiene sobre el tema: “será un artículo corto”. Lo tomé a la broma, pero no le falta razón. El Gobierno de PPK no tiene avances relevantes que mostrar en el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, el Ministerio del Ambiente (MINAM) ha desaparecido de la escena pública, los debates sobre problemas ambientales solo alcanzan visibilidad cuando hay alguna medida escandalosa sobre la mesa, como por ejemplo, la construcción de carreteras en zonas de frontera de Ucayali.

La debilidad en la performance ambiental en este periodo se explica en parte por el contexto político del país. La viabilidad del Gobierno no está clara luego de una crisis de gobernabilidad permanente que se ha vuelto extrema tras el intento de vacancia y el indulto a Alberto Fujimori. Es muy difícil planificar e implementar acciones de fondo cuando no está claro cuánto durará la gestión de PPK ni cómo será el escenario en caso haya un cambio de gobernante. Esto aplica tanto para los actores públicos como para los privados y de sociedad civil.

En el marco de esta crisis, las discusiones sobre gestión ambiental han pasado a segundo o tercer plano. En una encuesta de Pulso Perú difundida en diciembre de 2017, el MINAM ocupaba el último lugar (en empate con otros) frente a la pregunta de cuál era el mejor ministerio durante el gobierno de PPK. También ocupaba el último lugar (nuevamente empatado) respecto a cuál era el peor ministerio. Es decir, para la opinión pública el MINAM juega un papel intrascendente. Sin embargo, la evolución de su aprobación ha sido a la baja, tal vez siguiendo el patrón general en el Gobierno: entre enero y diciembre de 2017, según la misma encuesta, la aprobación de Elsa Galarza cayó de 22 a 17%, mientras que su desaprobación subió de 27 a 47%.Más de un tercio de los encuestados, 36%, no sabe no opina. Aunquede forma sintomática quien sí consideró que el MINAM está haciendo bien las cosas fue Roque Benavides, presidente de la CONFIEP.

Por sí mismos, la desaprobación en la opinión pública y el perfil bajo no son indicadores contundentes para diagnosticar problemas en una gestión. Los temas ambientales pueden estar o no en el ojo de la tormenta política. En este gobierno –posiblemente porque los problemas medulares son otros– el MINAM no ha estado bajo acecho, aunque esto podría cambiar. Lo fundamental, en mi opinión, es si se avanza o no con el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental en el país y se sientan precedentes que apunten hacia la sostenibilidad y la justicia ambiental en las actividades productivas. Y en eso hay poco que mostrar.

El MINAM ha priorizado un enfoque tecnocrático y “amigable con la inversión”, por calificarlo de alguna manera. Al menos en el discurso, ha habido preocupación explícita por reforzar el levantamiento de evidencia científica para orientar sus acciones. Los propios términos que usa el ministerio para describir su trabajo dan cuenta de su enfoque de ambientalismo de mercado: la promoción de “econegocios” y de un “crecimiento verde”, el “aprovechamiento de la diversidad biológica”, el desarrollo de un “mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos”, entre otros. Temáticamente destaca el impulso dado a la gestión de residuos sólidos, en la lógica de reducir la contaminación. Y en términos de gestión los economistas del ministerio –la profesión dominante en la alta dirección– han avanzado propuestas para desarrollar mecanismos financieros que incentiven el cumplimiento de metas ambientales en la ejecución presupuestal del Estado en su conjunto.

La apuesta del MINAM ha sido pues tecnocrática, en el entendido de que la tecnocracia es de naturaleza apolítica –un entendido muy discutible. En esta línea ha habido un cuidado expreso por no entrometerse en los fueros de otros ministerios (uno de los mandamientos de PPK). Esto ha generado un declive notable en el perfil del MINAM en los casos más álgidos: se desentendió de la confrontación contra la minería ilegal en Madre de Dios al ser un tema que debería estar a cargo del MINEM y/o el MININTER; su defensa de los bosques es en la práctica declarativa (aunque con mucho ojo financiero) en tanto la gestión del patrimonio forestal le corresponde al MINAGRI; no alzó la voz cuando el Congreso aprobó declarar de interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en Ucayali, por poner algunos ejemplos.

El MINAM se tomó al pie de la letra que no había que estorbar a otros sectores pero en realidad esto lo deja en una posición muy complicada: es el ente rector en materia ambiental y tiene que darle línea a otros sectores en lo referido a la dimensión ambiental. Si bien no puede hacerse cargo de la gestión ambientalsectorial, sí tiene que cumplir un rol orientador, identificar problemas, evitar despropósitos, contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad. Es decir, tiene que dar las peleas políticas por el medio ambiente al interior del Estado. Esa tarea es muy difícil si el MINAM decide asumir un perfil bajo. Lo que termina ocurriendo es lo que vemos ahora: que la gestión se percibe como intrascendente, no hay avances en los temas de fondo, la principal línea de acción pasa a ser la gestión de residuos sólidos y el ministerio recibe felicitaciones de la CONFIEP.

La agenda ambiental no es prioritaria en este gobierno. Desde el 2015, en su calidad de precandidato, PPK introducía la idea de fusionar ministerios, mencionando como posibilidades los de Ambiente y Cultura. Es posible que esa idea se mantenga en el núcleo del Gobierno. A pesar de los tímidos avances descritos, lo que debería ser una batalla permanente para fortalecer la gestión ambiental en sectores duros se ha dejado de lado. Esto a pesar de que en el país hay muchas dinámicas alarmantes a nivel territorial: el crecimiento incontrolable del tráfico de tierras, el aumento de la deforestación, la expansión de la minería ilegal, las presiones para construir infraestructura en la Amazonía sin la más mínima planificación y un largo etcétera.

En la medida en que la continuidad misma del Gobierno está en entredicho y hay otros problemas que acaparan la atención pública, los temas ambientales no han tenido protagonismo en el debate nacional. Pero de darse el caso, por ejemplo, de que alguno de los conflictos socioambientales latentes estalle, cobre notoriedad mediática y ejerza verdadera presión contra el MINAM, es muy improbable que la apuesta tecnocrática y complaciente con los intereses empresariales de la actual gestión pueda navegar las relaciones políticas complejas que caracterizan las interacciones naturaleza-sociedad. El perfil bajo ha funcionado en tanto el MINAM todavía no ha tenido los reflectores encima.

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