Reconstrucción: ¿mayor desigualdad o cambios en el modelo?

Alicia Del Águila Peralta Investigadora. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Ideele Revista Nº 269
Foto: Distintas latitudes

El fantasma de Pisco

¿Quién se acuerda de Pisco? Esa ciudad que se convirtió en doble víctima, de la dureza de la naturaleza y de las garras de la corrupción. Ya nadie se acuerda de Pisco porque, desde el terremoto, son menos los limeños que van a pasear y hospedarse en esa ciudad: la “reconstrucción” fue una oportunidad para que las empresas hoteleras coparan Paracas, haciendo retroceder el límite de su reserva, y Pisco se convirtió en una parada prescindible para el visitante.

En suma, Pisco nos enseña cómo un desastre natural, encarado por un Estado débil e infiltrado por la corrupción, es origen de mayores desigualdades.

Sin duda, en Perú, la corrupción es el primer problema de cualquier reconstrucción. Tal es la desconfianza ante las autoridades, que el gobierno se ha  preocupado de no declarar en emergencia Lima. Al igual que en Pisco, ello hubiera significado “pista libre” para licitaciones a dedo, infladas y no necesariamente orientados a los damnificados.

 

Planificación: esa mala palabra[1]

Los retos en el futuro inmediato son enormes. Es curioso cómo se abrió un (falso) debate sobre si el Perú debía o no dejar de organizar los Juegos Panamericanos, a fin de atender la emergencia de la reconstrucción. Y una se pregunta: ¿cómo así no se puede? ¿En qué evaluación seria se amparan? Más que un tema de montos de dinero o si se debe dejar de hacer tal cosa, es pensar en la capacidad del Estado de enfrentar el reto de la reconstrucción. Esencial para ello es la planificación. Ese término que, para muchos, es casi una mala palabra (absurdamente opuesta al “mercado”). Existe una entidad para ello, el CEPLAN, cuyo rol debiera fortalecerse, para hacer de esta circunstancia una oportunidad de empezar a planificar en serio, comenzando por el ordenamiento territorial.

En el tema de la planificación urbana, por ejemplo. Estado central y municipios debieran trabajar articuladamente para ofrecer una alternativa racional de uso del suelo, por un lado, a los cientos de miles de pobladores que viven en lugares de alto riesgo, pero también a los otros miles que, previsiblemente, migrarán de los campos devastados. También planificar los lugares más idóneos donde se deben focalizar las actividades productivas y económicas que den empleo a esa población.

En suma, pasar de la escala individual (enfocada en bonos de vivienda o terrenos), aunalógica (previa) de planificación, de ordenamiento territorial en serio. Así, más que enfocarse en la “culpa” del migrante (supuestamente irracional), hay que tomar la iniciativa de dar soluciones desde el Estado. Algunas unidades vecinales del primer gobierno de Belaunde y predecesores, por ejemplo, a pesar de sus problemas, tenían una mejor mirada integral (viviendas con servicios, entorno con espacios públicos, etc.) La planificación llega así hasta el diseño de cada propuesta habitacional, garantizando una armonía y consistencia. Ahora, ello se deja a las constructoras, que no tienen esa mirada del espacio total y para quienes ese diseño es un costo más (a abaratar).

Esa planificación, por cierto, también reduciría las nefastas “intervenciones urbanas” del propio Estado. Un ejemplo sencillo: es lamentable ver que antiguas plazas de Armas de pueblos como San Marcos (Ancash) han perdido su identidad, sumidas en el caos, siendo el Estado uno de los responsables: en su plaza sobresale una comisaría con una chocante (pero no inusual) construcción de vidrios y mayólicas verdes, que no respeta la altura de las construcciones tradicionales.

Para ese cambio de lógica, se podría comenzar por entender que la vivienda es un derecho esencial (y, quizás, incorporarlo en la Constitución). En los próximos meses veremos con mayor urgencia cuán vital es ese reclamo.

"En suma, Pisco nos enseña cómo un desastre natural, encarado por un Estado débil e infiltrado por la corrupción, es origen de mayores desigualdades".

En Lima y Callao nada más, se estima en casi un cuarto de millón las personas que debieran desalojar sus viviendas, ubicadas en zonas de alto riesgo. Usualmente, la mirada del problema está enfocada en los pobladores y su “irracionalidad”, al resistirse a ser desalojados. Sin embargo, ¿nos ponemos a pensar qué solución les dan? A lo más, les ofrecen terrenos o, como a Eufrosina, casas prefabricadas sin lotes. Más allá de la incredulidad, frente a autoridades corruptas o entidades públicas cuyas promesas duran lo que dura una gestión,  también hay desconfianza por un Estado débil en planificación social. Por ejemplo, ¿quién les garantizará un sistema de transporte? ¿Agua, parques públicos y otros servicios?  Todo esto va mucho más allá de simplemente otorgar bonos de vivienda (aunque se cubran al 100%). Y, por supuesto, crear las condiciones para la inversión privada. Pasa, en primer lugar, por empezar a ordenar en serio el territorio.

En estos días se hace énfasis en la relación público privada y en los mejores mecanismos para abordar la reconstrucción. Ello es importante, sin embargo, si el Estado no ordena y tiene una planificación integral, el caos seguirá ahí.

 

Asociación cooperativa: otra mala palabra

Según Conveagro, el 30% de los cultivos del país se han perdido. Esto es, más de 90,000 hectáreas. A ello hay que agregar las otras miles de hectáreas cuyos productores ven encarecido el transporte de sus mercancías, dados los daños en infraestructura.

Ciertamente, la ampliación del seguro agrario catastrófico a los departamentos afectados es una muy buena noticia. También el que se esté trabajando con los agricultores cosechas de productos de rápida salida. Asimismo, el que  esta gestión haya decidido poner a la agricultura familiar en el centro de su atención. Sin embargo, esta emergencia nos muestra, una vez más, cuán vulnerable es la situación de los campesinos, en cuyo grupo se encuentran los más pobres del país. Hay familias que han perdido todos sus bienes y cultivos, algunas que toman pacientes años para poder cosechar.Es de prever que muchos miembros de esas familias engrosarán las filas de migrantes que enrumbarán a las ciudades.

" Usualmente, la mirada del problema está enfocada en los pobladores y su 'irracionalidad', al resistirse a ser desalojados. Sin embargo, ¿nos ponemos a pensar qué solución les dan?"

El pequeño agricultor es un actor desprotegido del poder de los intermediarios (mal llamados “el mercado”) y del azar de la naturaleza.La asociación es una manera -para muchos, condición necesaria-, de mejorar sus posibilidades de acceder amejores mercados (por volumen y contactos) y obtener precios más justos, además de recibir créditos y asistencia técnica regular.

Pero el cooperativismo en el Perú es, junto con “planificación estatal”, otra mala palabra. Asociado con la reforma de Velasco Alvarado y el modelo de cooperativismo manu militari que fracasó, ha sido más o menos eludida como herramienta de políticas públicas.

 

Agua: ¿oportunidad para todos?

Lo ocurrido con Olmos me recuerda una vieja cita de casi medio siglo: “cuando se trata de irrigaciones se averigua primero quiénes son los propietarios de las tierras vecinas. Si resultan amigos del régimen se hacen las obras; de otra manera, nada”. Esto lo escribía en 1959 Carlos Miró Quesada, nadie más distante de posiciones progresistas. Y es que no era necesario serlo para denunciar esa constante.

El Niño Costero ha dejado no sólo daños que lamentar. También la oportunidad de disponer de más agua en los próximos años. Claro, siempre que se recurra a medios para almacenar y se gestione mejor su uso y distribución. Y, por supuesto, siempre que se corrija y evite casos como el de Olmos, donde el Estado terminó invirtiendo para pocos, siendo algunos de los beneficiados –de manera ilegal- el propio contratista (Odebrecht).

Emergencias como El Niño Costero pueden ampliar más brechas de desigualdad, particularmente en el campo. Lagestión del agua, con las nuevas obras, tanto de infraestructura gris como verde, debe tener especial cuidado, además de evitar la corrupción y tráfico de influencias, el garantizar una justa distribución, así como la participación de la población local (incluyendo a las mujeres productoras).



[1]Esta sección contó con los comentarios de Juan de la Serna, arquitecto de AECID.

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