La inseguridad ciudadana es un problema capital y nacional. Sobran los diagnósticos y los hay de todas las tallas y colores. Con todo, el problema, lejos de disminuir y de que se hayan ensayado diversas medidas de solución (policiales, penales y judiciales), parece incrementarse. Sin embargo, desde hace algún tiempo, y de manera tenaz, las juntas vecinales cobran cada día mayor protagonismo en la lucha contra la delincuencia. Aquí una radiografía de un fenómeno que bien puede convertirse en parte de esa piedra filosofal que tanto andamos buscando para la inseguridad en el país.

Don Quintiliano Olivas y Susano Enciso son dos líderes históricos de las juntas vecinales, una de las más interesantes experiencias de trabajo conjunto de la Policía Nacional del Perú (PNP) y los vecinos para enfrentar la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Mucho antes de que existiera la idea y la política de crear juntas, ellos ya estaban trabajando en sus barrios, enfrentando a asaltantes, drogos, microcomercializadores de droga, organizando a los vecinos para tratar de vivir en localidades más seguras.

Cuando Susano Enciso llegó a las faldas del Cerro El Pino, en La Victoria, a mediados de los noventa, era una locura para cualquier empresario poner un negocio ahí. Incluso era descabellado vivir ahí. La delincuencia se había apoderado de todo. Pero no había muchas opciones. Tocaba vivir en algún lugar de esa Lima que sufría las secuelas del terrorismo, devastada por la inflación, el fujishock y la corrupción en todos los niveles.

Lo mismo don Quintiliano Olivas. Él llegó a Villa El Salvador en 1982, cuando el arenal dominaba y era complicado vivir tranquilo. Las pandillas marcaban su territorio y se enfrentaban a pedradas en la vía pública. Un buen día, cansado de sobrevivir rodeado de inseguridades y de que sus hijos se expusieran a la violencia, se organizó junto con otros vecinos para enfrentar a la delincuencia. Todavía no había nacido la primera Junta Vecinal, que surgió algún tiempo después. Pero la indignación y la cólera estaban sembradas, como lo estaban los cimientos de la organización vecinal; faltaba la voluntad política policial, su respaldo al más alto nivel y sus directivas para que la experiencia de las juntas vecinales viera la luz como una clave para enfrentar la inseguridad ciudadana en la Lima gris de mediados y fines de los noventa.

La experiencia de vecinos espontáneamente organizados en diversos puntos de Lima y otras ciudades ─y que es muy propia de la organización comunal, que venía con los migrantes─ fue avizorada y canalizada a través de una política de alto nivel, desde 1997. Entre las autoridades que dieron el puntapié inicial y colocaron a las juntas vecinales como un elemento central de una política de Policía Comunitaria, podemos destacar nombres como el del general Enrique Yépez, Adolfo Alfaro y otros tantos policías y civiles a través de la Dirección de Participación Ciudadana y sus correlatos en las regiones, así como de comisarios y policías que se comieron el pleito de pensarse a sí mismos como policías comunitarios.

Juntas vecinales en Lima y Callao: ¿Cuántas son? ¿Dónde están?
A don Quintiliano Olivas, líder histórico, premiado innumerables veces, le gusta decir que hay una fiebre de juntas vecinales que se ha extendido por todo Lima y el país. Y las cifras ─aunque no suelen ser exactas en Seguridad Ciudadana─ le dan la razón: en Lima y Callao teníamos, a mediados del 2012, más de 50.000 vecinos organizados en juntas, según fuente oficial. Este elevado número casi quintuplica a los más de 10.000 policías destinados para enfrentar los delitos y las faltas en la capital.

Además, en el caso de las JV parece haber una lógica inversa a la de la distribución de recursos policiales y municipales para contrarrestar la inseguridad ciudadana. Ahí donde las municipalidades y la Policía cuentan con menos personas y menos recursos materiales, los vecinos son más activos para organizarse y conformar juntas vecinales. O, dicho de otro modo: ahí donde hay menos policías y serenos, hay más vecinos decididos (u obligados) a tomar las riendas de su seguridad. Distritos como San Juan de Lurigancho, Los Olivos y Puente Piedra ocupan los tres primeros puestos en número de integrantes de juntas vecinales, con 7.210, 4.960 y 4.110 respectivamente. Mientras que en Miraflores y San Isidro hay menos de 130 vecinos por distrito en esta lid.

Si bien la lógica descrita ayuda a entender en parte la fiebre de las JV, no agota las razones para explicar su número en cada distrito. Por ejemplo, no explica por qué San Miguel ocupa el cuarto lugar en número de integrantes en JV, o que La Perla se ubique en el último lugar. Para entender eso se deben explorar otras razones, como cantidad de población, interés de los gobiernos locales y de los vecinos por conformar juntas, o la compleja relación entre la PNP y las JV.

Las juntas están en la ley
Ante el movimiento y la fiebre de JV, la ley no tardó mucho en reconocerlas. A poco del inicio formal de la experiencia, ya se hablaba de las juntas vecinales en documentos oficiales. Y es en el 2003, tiempo de los activistas de derechos humanos en el Ministerio del Interior, cuando se promovió la ley 27933, que creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), que contaban con las JV como un actor clave en los consejos provinciales y distritales de Seguridad Ciudadana.

Varios años después, en las postrimerías del gobierno de Alan García, se aprobó la ley 29701, que establece beneficios para los integrantes de las juntas, pero también plantea algunas definiciones normativas sobre ellas y sus funciones, además de que fija como su día conmemorativo el 15 de diciembre. Y por si faltase más reconocimiento formal, el 22 de marzo del 2013 el ministro Pedraza reglamentó la ley de beneficios con el fin de que se cumpliera con compromisos importantes, como que los miembros de las JV gocen al menos de la cobertura del Seguro Integral del Salud (SIS).

La PNP y las juntas vecinales: aliados para enfrentar la delincuencia… ¿o a veces rivales?
La ecuación vecinos y PNP trabajando juntos por la seguridad ciudadana es, sin duda, una clave para tener calles menos peligrosas, donde podamos ejercer con libertad nuestros derechos. La teoría de Policía Comunitaria así lo reza, y también lo hemos visto en la práctica tantas veces con comisarios y oficiales de Participación Ciudadana que asumen la tarea de reencontrarse con la comunidad, rehaciendo los lazos de confianza y respeto, y con vecinos comprometidos, capaces de invertir su tiempo y arriesgar su integridad personal por su localidad. Ésa es la apuesta de IDL-Seguridad Ciudadana, y a eso apuntamos con la contribución que le pedimos al comandante PNP Guillermo Bonilla para este especial sobre juntas vecinales.

Sin embargo, las cosas no siempre son así. A pesar de los esfuerzos de comisarios y policías comunitarios, como el comandante Díaz Zuloeta o Bonilla, entre tantos, la labor de la PNP no siempre se inyecta del espíritu comunitario, ni, menos, de la honestidad. Eso explica la reiteración de casos de conflictos entre juntas vecinales y policías.

La relación entre la JV y sus dirigentes, por un lado, y la PNP, por otro, es mucho más compleja de lo que se puede imaginar, y se cruza con rasgos propios de una institución que ha tenido serios problemas de corrupción e historias de alianzas con la delincuencia, a la par de una marcada jerarquización interna y distancia con los ciudadanos, entre otras características de la PNP, sin dejar de mencionar extendidos casos de heroísmo y valentía, además de proyectar la imagen de ser una vía de asenso social y de servicio a la patria.

En su complejidad, son latentes los casos en que la PNP no ve a las JV como un aliado con autonomía propia, sino que trata de subordinarlo al comisario de turno, estableciendo niveles de coordinación que limitan la tarea de las juntas, e incluso tratando de cooptar líderes o colocando en puestos clave de las juntas a personas manejables. Una situación como ésta puede debilitar intensamente la organización de las JV y generar su desprestigio ante el resto de la población de la localidad.

Pero mucho más grave es cuando el comisario u otros policías ven en las juntas un problema, debido a que ellos mismos están involucrados en la cadena de actuación de las bandas que operan en su localidad. En nuestro querido Perú, debemos reconocer que la PNP muchas veces forma parte activa o pasivamente de la comisión de ilícitos. Esos mismos ilícitos que las JV buscan erradicar. En esos casos, las juntas vecinales y la Policía no son más aliados, sino efectivamente rivales.

Las juntas vecinales como clave para enfrentar la inseguridad ciudadana
Sea como fuese, las juntas vecinales son un actor clave para enfrentar la inseguridad ciudadana. Su elevado número y extendida difusión por el territorio nacional, el reconocimiento legal y el respaldo formal que han tenido a lo largo de diferentes gestiones ministeriales, incluyendo la actual, con acciones concretas de la Dirección de Participación Ciudadana, a cargo del general Aldo Miranda, hacen de las juntas vecinales un componente que ningún comisario ni otro policía puede omitir. Más aún: tanto su extensión como difusión, y sus múltiples reconocimientos, son precisamente un mérito del trabajo que han realizado miles de personas en diferentes partes del país, algunas veces con más éxitos y compromiso que en otros lugares.

Dieciséis años desde el impulso inicial en 1997 no pasan en vano: han hecho que las JV se ganen un espacio reconocido entre policías, delincuentes y ciudadanos en general, incluso en zonas que antes eran “tierra de nadie”. A estas alturas, para nadie es un misterio que ellas son un actor clave para enfrentar la inseguridad, pero no son el único. Para tener barrios más seguros se necesita más que vecinos valientes, comprometidos y organizados. Se necesita también policías comunitarios y alcaldes dedicados a la causa. Son varios los actores que deben hacer frente a la inseguridad, y varios los elementos que se deben considerar. En ese ámbito, las juntas son esenciales.