Recientes ataques a una de las organizaciones más tradicionales en defensa de los derechos humanos, Provea, porque simplemente indicó que una de las informaciones que daba el Gobierno no era cierta, y el nerviosismo de la Administración recién “electa” contra la prensa, la sociedad civil o cualquiera que no quiera aceptar el triunfo de Nicolás Maduro, son malas señales.

Hugo Chávez definitivamente era un extraordinario comunicador y líder, que sistemáticamente logró con mano dura gobernar Venezuela por 14 años, con una visión personalista del poder y controlando absolutamente todas las instituciones. Hugo Chávez creó una conexión directa con los desposeídos que le permitió mantenerse en el poder hasta su muerte. Pero como gestión de gobierno fue simplemente uno de los peores presidentes que ha tenido Venezuela, pues dilapidó millones de dólares en aventuras internacionales o permitió que la corrupción gobierne tranquila en Venezuela. Pero ganó todas las elecciones hasta su muerte. Lamentablemente, el carisma y la inteligencia emocional no son transferibles a voluntad: la escogencia de Chávez (en su lecho de muerte) de Nicolás Maduro como sucesor ha llevado al chavismo a entrar en terribles contradicciones.

Con la muerte de Chávez, automáticamente el chavismo y Maduro heredaban una preferencia cercana al 60% de los votantes. Incluso una de las pocas encuestadoras serias, Datanálisis, a tres semanas de las elecciones indicaba que Nicolás Maduro estaba por encima del candidato de la Mesa de la Unidad, Henrique Capriles, por 17%. Pero el abuso de la imagen de Chávez y la incapacidad de Maduro de ser percibido como presidenciable hacen que la misma encuestadora lo ubique, a 5 días de la elección, con solo 4,5% por encima de Capriles, con una caída de más de 10 puntos en una semana y una probabilidad de pérdida de apoyos en un 1,5% a 2% diarios. Ello generó un nerviosismo alto y el incremento de la manipulación del sistema electoral.

En una elección en la que el oficialismo domina la gran mayoría de los medios de comunicación; en la que las autoridades electorales actuaban como representantes del partido de gobierno (PSUV) más que como entes independientes; en la que el sistema judicial está cooptado, hay un uso de fondos públicos para la campaña de Maduro, una utilización de un padrón electoral no verificado y en la que se efectuó toda la manipulación del sistema, y en la que a pesar de todo esto se pierde la herencia electoral de Chávez, hablamos de un oficialismo en problemas. Todas las condiciones previas en cualquier país indicarían de un fraude previo y de condiciones no viables electorales. De hecho, escribí una serie de artículos al respecto previos a las elecciones.

De los resultados de las elecciones del domingo 14 de abril hay que indicar que la mayoría de las bocas de urna (éxito polls) dio el triunfo a Capriles, así como los reportes de observadores y la información que se manejó por los partidos con la sumatoria de actas de testigos. Pero al final de varias horas de espera el organismo electoral le da el triunfo a Nicolás Maduro de manera sorprendente, con una supuesta diferencia del 1,77% o 262.473 votos en una base de votación de 14’961.701 votantes.

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) envió una misión de acompañamiento, que incluso fue parcialmente acreditada. Hubo denuncias de manipulación de actas, exigencia de trabajadores públicos de votar por Maduro, amenazas a votantes, retiro forzado de testigos, etcétera. Un total de 2.500 denuncias le presentaron al CNE, sin ningún resultado. Se denunció el acarreo de votos, el incremento de los votos asistidos en un 50%, la persecución a empleados públicos y trabajadores de la empresa petrolera (más de 2,3 millones de personas) de votar por Maduro con la amenaza de ser botados de sus trabajos, existencia de numerosas mesas electorales sin testigos por estar en zonas especiales, máquinas de votación con dudosa funcionabilidad (denunciada por acompañantes de Unasur), amenazas a votantes por grupos motorizados, electores que no aparecían en la mesa que les correspondía y numerosas anomalías el día de las elecciones. Preocupante es la denuncia previa, corroborada por el mismo Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), de partidarios del PSUV, en control de los códigos de funcionamiento de las máquinas electorales, lo cual les daba acceso directo al funcionamiento de las mismas y la posibilidad de bloquearlas o alterarlas. Una denuncia recurrente en muchos centros de elección en zonas con preponderancia de la oposición fue las máquinas dañadas, con lo que muchos votantes no pudieron votar o simplemente esperaron horas para el cambio o la reparación de la máquina. Hay numerosas denuncias de centros donde Maduro obtiene resultados distintos de las actas o comportamientos extraños en los resultados de diversos centros. Los abusos electorales no son nuevos en Venezuela, pero en esta elección se han superado las expectativas.

Ya con el viaje de Hugo Chávez a Cuba a comienzos de diciembre del 2012 y la serie de inconstitucionalidades e ilegalidades que surgieron por parte de Nicolás Maduro y los organismos cooptados marcaban la crónica de una muerte anunciada para la democracia en Venezuela. Pese a la claridad de la Constitución en cuanto al tema de las ausencias presidenciales, el oficialismo interpretó la Constitución a su manera para permitirle a Maduro gobernar sin haber sido electo para ello. De hecho, continuamente se mintió al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional del estado de salud de Chávez, y se presume la falsificación de su firma en documentos y la aprobación de actos de gobierno írritos. Nicolás Maduro gobernó inconstitucionalmente por un periodo de tres meses y se impuso una transición electoral manipulada.

En una elección con tantas dudas, en un momento tan crítico y con un resultado con una diferencia inferior al 2%, la negativa del organismo electoral a hacer una auditoría a fondo de la elección y la comprobación exhaustiva de cuadernos y comprobantes electorales da una muy mala señal. Una falsa verificación controlada no es una auditoría electoral. Pese a que inicialmente el oficialismo aceptó la auditoría plena de las elecciones, con el tiempo han ido adaptando esa posibilidad a un conteo básico y han señalado que no permitirán ninguna modificación de los resultados. Preocupa además la inmediatez en la proclamación por parte del CNE de Nicolás Maduro como Presidente a pocas horas de darse los resultados y su inmediata juramentación en un lapso inferior de 4 días, lo cual dejó por fuera cualquier posibilidad de revisión, impugnación o reconteo en violación clara de los derechos del otro candidato y de los votantes.

Pese a que el candidato de oposición, Henrique Capriles, señaló que no aceptaba los resultados e introdujo diversas solicitudes al ente electoral, él mismo ha venido haciendo caso omiso de ellas. Por otro lado, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), plataforma que agrupa a los partidos de oposición, y el mismo candidato Capriles, han indicado que impugnarán los resultados por considerarlos fraudulentos y manipulados. Pero en una Venezuela donde el partido de gobierno controla directamente todas las instituciones y donde el Poder Judicial no ha dado ninguna muestra de independencia —por el contrario, abiertamente sigue las órdenes del Ejecutivo—, las posibilidades de obtener justicia por parte de la oposición son nulas.

La comunidad internacional “oficial”, representada por los gobiernos, ha aceptado el triunfo de Nicolás Maduro, como aceptaron en su momento el fraude de Alberto Fujimori y en Nicaragua, y han venido convalidando equivocadamente muchos procesos bajo la falsa no intervención. Pero en muchas organizaciones de sociedad civil, academia, medios y otros factores de comunidad internacional no comprada con el petróleo de Venezuela, se ha generado una gran duda de legitimidad.

Las elecciones han producido un clima de inestabilidad adicional en el país, en el que la mitad de la población siente que le han violado sus derechos. Donde el discurso del oficialismo, en lugar de buscar la calma, simplemente procura generar la crisis y la violencia.

Hugo Chávez mantenía el país en una “crisis controlada”, teniendo en sus manos el manejo de absolutamente todos los factores económicos, políticos e institucionales, pero su muerte dejó un aparato fragmentado. La mala gestión administrativa de Chávez llevó al país a una crisis económica, social e institucional, con fallas en todos los servicios, escasez de alimentos, devaluaciones, inflación y caos. Venezuela se ha convertido en uno de los países más violentos a nivel mundial, y la diferencia entre el cambio del dólar oficial establecido a BsF/$ 6,3 contra el real del mercado negro, que se cotiza a BsF/$ 24,5, es de casi el 400%. Pero Maduro no es Chávez y no cuenta con su carisma y su capacidad para conectarse con el pueblo, por lo que la crisis le está estallando en las manos.

A la oposición solo le queda continuar con una lucha pacífica y planificada para vencer el autoritarismo que sigue reinando en Venezuela, manteniendo unidos los diversos factores y demostrando los abusos de un gobierno criminal.

Al Gobierno de Maduro se le hace imposible gobernar, porque simplemente no tiene la capacidad, ni la formación, ni los equipos humanos ni el liderazgo para ello. La alternativa es culpar a la oposición y mantener el país en crisis política, lo cual es un riesgo muy alto. Arrancar una presidencia con serias dudas de legitimidad y con un supuesto 1,7% por encima de tu contrincante y un país dividido en dos, es un reto para cualquier persona, pero la intransigencia al diálogo y la exclusión marcarán el fin adelantado de un gobierno ilegitimo.

Hay factores adicionales, como la nueva burguesía en el poder, una élite político-económica que controla el sistema bancario y productivo, muchas familias tradicionalmente ricas que se han unido a algunos ministros y funcionarios de alto nivel, una nueva élite de corruptos enriquecidos con el falso socialismo, así como el funcionamiento libre de cárteles de la droga y mafias ligadas directamente al Gobierno.

El control del partido de gobierno del 80% de las gobernaciones los obliga a ser efectivos en las gestiones en los estados, y en algunos casos sí harán un buen papel, que se diferenciará mucho de la terrible gestión que hará el Ejecutivo y el caos que reinará en la capital del país. Si en 14 años Chávez no ha podido avanzar en mejorar la condición del país y más bien se ha empeorado a niveles preocupantes, un Maduro ilegitimo, irrespetado por sus mismos co-partidarios e incapaz, no podrá con la tarea. Los zapatos de Chávez le han quedado muy grandes a Nicolás Maduro.

La única alternativa que queda para Venezuela es el diálogo y encontrar puentes entre los dos sectores que permitan evitar una crisis mayor en el país. Por un lado, se debe ver al adversario como parte necesaria para que el país salga de la crisis y ofrecer salidas reales; es la responsabilidad del Gobierno en ejercicio abrir las puertas del diálogo y ofrecer cambios sinceros que faciliten superar la crisis, pero lamentablemente el discurso y actuar del “nuevo” Gobierno es incendiario. La escalada en la persecución contra grupos tradicionales de la sociedad civil, la violencia en la calle y la detención de jóvenes y miembros de la oposición, o la amenaza contra ellos, no contribuye y es un riesgo mal calculado que está tomando el Gobierno.

Dejar a la oposición sin alternativas viables alimenta los intereses de grupos violentos, y el único culpable aquí es el Gobierno, que debe hacer todo lo posible por co-gobernar con el otro 50% del país. Por parte de la oposición, el desgaste inmediato de Maduro, que hace prever que su popularidad estará pronto muy baja y se seguirá reduciendo su apoyo, en particular en los grupos más empobrecidos, no es garantía de que el populismo neochavista se acabará o que no existirá un grupo importante de seguidores del PSUV o lo que eso representa, por lo cual también están obligados al diálogo y procurar fórmulas que den salidas viables a todos en un país que debería ser de todo/as los/as venezolanos/as.

Si no se dan fórmulas de negociación y diálogo real, el país seguirá en una crisis permanente y un Gobierno jugando con la violencia y la violación de los derechos humanos para mantener el control político y social en una economía fallecida. Eso incrementará la crisis interna del mismo Gobierno: otros actores del mismo saldrán a exigir cambios en su mismo Gobierno y hablarán de la traición a la memoria y el trabajo de Chávez. Viene además una nueva elección de alcaldes a finales de año, lo que no permitirá que el tema electoral se cierre, y surgirán numerosos conflictos. No nos extrañe que la oposición inicie un proceso de llamado a referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, que con una planificación y estrategia con tiempo seguro sería exitoso.
Sin el diálogo el país no podrá avanzar y continuará en una permanente crisis.