Luego de un trajín en el aeropuerto “El Dorado” de Bogotá para pasar por migraciones, por la remodelación del aeropuerto, me embarcaba en un taxi. Por esa misma remodelación, el cliente tenía que esperar al taxi a un lado del aeropuerto. En mi caso me acompañaba un hombre de aproximadamente 50 años de edad; llevaba bigotes, era de mediana estatura y estaba algo subido de peso. Mientras esperábamos a su taxi (que viniera del estacionamiento), me comentaba, entre otras cosas, de su familia.

Me sorprendí cuando me contó que su hijo, de 10 añosdedad, había muerto a manos de un sicario. Su hijo había golpeado a su compañero por riñas colegiales, y el padre de éste vino pistola en mano y mató al hijo del taxista de dos disparos: uno en la cabeza y otro en el tórax. En este incidente, otro de sus hijos fue herido.

Ya en el taxi, otro de sus hijos (el mayor) me contó que en Bogotá “hay que, hacerse respetar... si no ‘le comen’”. Me contó que, por “defensa”, había golpeado a un camionero, como consecuencia de una riña. Añadió que él tenía la razón. Además, sabía de leyes, y por eso le hizo pagar por daños ocasionados a su auto: “Si uno sabe de leyes, nadie le puede pisotear”.

Pero comentó que a veces la ley en Colombia se compra: “Había otra pelea de tránsito, entre un chofer y un oficial del Ejército [...]. [Este último] sacó su pistola y mató al otro [...], y luego no pasó nada...”. Finalmente recordó el caso de su hermano asesinado: “Cuando uno anda por la calle, no sabe quién está al frente. Uno no se da cuenta que tal vez pueda ser un sicario”.

Esta forma de recibimiento, para alguien que entra por primera vez a un país, no es tan agradable. Pero da la idea de cómo es una de las caras de Colombia, en algunas cosas muy similar a la peruana.

Colombia es el segundo país más poblado de América del Sur —luego de Brasil—, con más de 45 millones de habitantes. La comunidad internacional lo cataloga como uno de los países más inseguros del mundo, pero recibe millones de visitas turísticas. Además, algunos de sus habitantes viven más seguros que en cualquier parte del mundo.

Sin embargo, el tema de los sicarios suele ser un “cachuelo mortal” para muchos jóvenes del sector menos favorecido de Colombia. A pesar de su desarrollo económico, la pobreza es bastante aguda, principalmente en el sector rural. Los jóvenes no tienen un futuro promisorio; por ello muchos mueren a muy temprana edad como integrantes de bandas, cárteles o grupos paramilitares. Con algo de ironía, los colombianos comentan: “Los padres dicen a sus hijos: ‘Tienes que traer plata a la casa, y si no encuentras, traes”.Así sentencian al hijo, que debe traer plata por cualquier medio. Este “destino” es aceptado por los jóvenes bajo el lema:“Antes de morir le lleno de plata a la vieja..."

La historia de Colombia es bastante compleja. Desde sus inicios, la vida republicana ha estado marcada por las guerras civiles. A principios del siglo XX, luego de la “Guerra de los Mil Días”, Colombia perdía Panamá. Después hubo una breve calma. Luego, en el año 1948, “El Bogotazo” iniciaba otra etapa de conflictos que aún no termina: el conflicto con las guerrillas. En la actualidad el Estado colombiano está en conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación de Nacional (ELN). Para enfrentar a estas guerrillas, el Estado trató de reprimir con sus Fuerzas Armadas (FF.AA.); además, se crearon los grupos paramilitares, apoyados por grupos de poder económico y político del Estado. Esto trajo como consecuencia un promedio de 300 mil víctimas fatales (entre diferentes tipos de crímenes de lesa humanidad) y más de 4 millones de desplazados. Violencia sectorizada contra mujeres, niños, indígenas, políticos, entre otros.

Otro problema que enfrenta Colombia (tal vez el más grande) es el narcotráfico. Los grupos de paramilitares y las guerrillas ya entraron también en la línea del narcotráfico, y en ella subsisten hasta estos días. Según Camilo González, el grupo de las guerrillas y paramilitares, mediante el narcotráfico, movieron, en los últimos 10 años, 25.000 millones de dólares. Las guerrillas (ingresaron al narcotráfico para financiar su revolución) y los paramilitares (creados para enfrentar a las guerrillas; luego de un proceso, ingresaron a la fase de proteger y trabajar para el narcotráfico), manejan más dinero de lo que necesitan, y con ello ya desvirtuaron sus objetivos iniciales.

Un punto importante de nuestro vecino país es la participación de las víctimas del conflicto en los procesos de tratamiento de la memoria. Si bien el conflicto en Colombia aún no ha terminado, el colectivo, integrado por víctimas y los organismos estatales y privados (ONG), realiza acciones para la manifestación y preservación de la memoria. Las víctimas participan del tratamiento de la “memoria oficial” (jerárquica, que generalmente manejan los gobiernos).

Uno de éstos es José Antequera, joven de 27 años que perdió a su padre (José Antequera, ex integrante del Partido Unión Patriótico) cuando tenía 5 años de edad. Él trabaja en el Centro de Memoria: Paz y Reconciliación. Según Darío Colmenares, coordinador técnico del Centro, José cumple una función estratégica, porque vincula al Centro con las organizaciones de víctimas. Éstas, por su parte, sienten la representación de sus objetivos en este joven. Mediante esta forma de participación, en el caso colombiano las víctimas salen del perfil de meros testigos de la violencia para pasar a ser actores en la construcción de la memoria oficial de Colombia.

Por su parte, en el Perú, los que administran la “memoria oficial” (principalmente el gobierno) han visto la participación de las víctimas con recelo y desconfianza. Consideran que éstos podrían entorpecer el proceso de tratamiento de la memoria de la Nación, porque “no deberían ser ni juez ni parte”. Por esta razón se excluye a las víctimas de la participación ciudadana en el tratamiento de la memoria. Esto sucedió en la conformación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) entre los años 2001 y 2003. Claro: la no participación de las víctimas “es perfectible”; porque, al final, en la CVR las FF.AA. sí fueron representadas por el general Luis Arias Graziani, muy a pesar de que este sector, aunque también ha tenido víctimas de la violencia, ha estado implicado como victimarios).

Otra situación colombiana que merece ser destacada es que, a mediados del año pasado, el Gobierno promulgó la Ley de las Víctimas, que busca reparar a más de 4 millones de ciudadanos afectados por el conflicto armado, aun cuando éste no ha terminado. La norma, que ya fue reglamentada, ha sido firmada por el presidente Juan Manuel Santos: “Me da pena decirlo, pero los colombianos sí hemos sido culpables de algo: de haber sido indiferentes; o, por lo menos, de no haber hecho lo suficiente”. La norma entró en vigencia el 1 de enero de este año.

El Gobierno proyectó la reparación a las víctimas en 10 años prorrogables, y ella tiene un valor de 26.300 millones de dólares. Por su parte, el Estado peruano, luego del término de la violencia en el país (año 2000) y del funcionamiento de la CVR (2001-2003), creó en el 2004 el CMAN; en el 2005 promulgó la Ley del Plan Integral de Reparaciones (PIR); en el 2006 reglamentó el PIR; solo en el 2007 inició las reparaciones colectivas; y en el 2011 implementó la reparación económica e individual.

Algunas de las organizaciones de víctimas en Colombia, a diferencia de las peruanas, se identifican con una orientación política partidaria (izquierda). Esto podría ser porque en Colombia hay un alto porcentaje de víctimas del Estado. En el caso peruano, no conozco ninguna organización de afectados que tenga una orientación política partidaria; tal vez porque los peruanos tenemos una percepción negativa de lo “político” y lo satanizamos como “malo para los objetivos sociales”. Esto desvía las orientaciones de las reivindicaciones que podrían conseguirse por la vía política. Sin embargo, algunas organizaciones son de interés para los políticos solo en épocas electorales. En las demás fechas, apenas buscan algún tipo de entrevista o incidencia para que las apoyen en sus agendas y objetivos.

Por otra parte, el Centro de Memoria: Paz y Reconciliación (anteriormente llamado Centro Bicentenario: Memoria, Paz y Reconciliación) es una obra que está financiada y dirigida por la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta obra será uno de los monumentos más representativos de Colombia. Intentará representar las memorias del conflicto de Colombia simbólicamente, sin ser un Museo de la Memoria. Como mencionan, realizarán la siembra de las memorias. La incorporación de las tierras (que vendrán de todo el territorio colombiano y estarán en tubos) en la edificación es una acción simbólica interesante que puede ayudar a que las memorias de las zonas rurales se sientan representadas en el Centro de Memoria. Cuando se concluya con su construcción, se realizarán diferentes eventos que conmemoren la memoria: exposiciones de arte, fotos, etcétera. Será como el centro cultural para la manifestación de la memoria.

También el Gobierno colombiano está construyendo un Museo de la Memoria. Este vecino país, igual que el peruano, pretende enarbolar una memoria oficial del conflicto, sin comprender que no existe una memoria única sino muchas, y que cada una de ellas tiene un sentido territorial, cultural y emocional en cada zona. En la ciudad de Medellín, el Gobierno de Santos, junto con la municipalidad de la ciudad, que la dirigió, creó el Museo Casa de la Memoria, que conmemorará a las víctimas del conflicto colombiano. La primera etapa ya concluyó y fue inaugurada el pasado 15 de diciembre. La inauguración del museo completo está prevista para mayo del 2012 y estará en funcionamiento desde junio.

Entre noviembre y diciembre, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), junto al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, realizaron el evento “Memoria: Política pública para la transformación”, para impulsar la idea de que la memoria se convierta en política pública. Ésta es una estrategia interesante para cumplir varios objetivos, porque la memoria se convertiría en política pública. Ésta podría ser una de las maneras más efectivas para reconocer y dignificar a las víctimas.

En el Perú, este tema no tiene precedentes. En el país se llevaron a cabo iniciativas de reparación por diferentes gobiernos locales, pero con un limitado alcance. Si esta iniciativa progresara, podrían ser más cercanos los procesos que están empujando las víctimas: justicia, reparación, acceso a la verdad y búsqueda de los desaparecidos, entre otros... En verdad, podríamos trabajar por una nueva agenda de reconciliación.