En  estos últimos meses, hemos visto pasar decenas de titulares de periódicos que nos informan sobre muertes de mujeres bajo el nombre de crímenes pasionales.
Una de estas noticias llamó mi atención y me indignó profundamente. “Trágico fin del campeón”, señalaron los diarios venezolanos, dando cuenta de la muerte de Edwin Valero, campeón mundial de box, quien se ahorcó el lunes 19 de abril en una estación policial, horas después de haber asesinado a puñaladas a su joven esposa Jennifer Carolina Vieira.

Son varios los incidentes que preceden a esta terrible historia. Casi un año antes de que Jennifer muriese acuchillada por manos de su esposo, Valero la hirió con un tiro de pistola. Meses después, volvió a ser detenido por golpear a su madre y su hermana durante una riña que se desató en la residencia familiar. El 25 de marzo último, mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol y la cocaína, el boxeador golpeó a Jennifer y le fracturó una costilla que, a su vez, perforó un pulmón. Jennifer se negó a presentar cargos, atribuyendo las heridas a una caída casual.

Según Marcela Lagarde, para que se configure el feminicidio “deben concurrir de manera criminal, el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo, de tránsito o de esparcimiento. Más aun, cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones”.
El caso Valero es un claro ejemplo de cómo se está abordando la muerte de mujeres por cuestiones de género, y cómo las autoridades —las judiciales y las otras— se coluden para silenciar y dejar impunes las denuncias vinculadas a la violencia doméstica. Este caso era conocido no solo por las autoridades locales del distrito donde vivía, sino incluso por el propio presidente Hugo Chávez, quien se declaró en reiteradas oportunidades fan de este campeón. La amistad era tanta que el campeón se tatuó una figura con el rostro del Presidente en el pecho.

El feminicidio en el Perú

El último reporte sobre feminicidios del Ministerio Público, que abarca el periodo enero-diciembre del 2009, registró un total de 276 homicidios de mujeres. De éstos, 135 califican como feminicidios y el 70% fue perpetrado por la pareja o ex pareja de la víctima. Respecto de los victimarios, el 11% se suicidó luego de matar a sus víctimas y otro 10% intentaron hacerlo y no lo lograron. Sobre los motivos del feminicidio, el 48,4% de los presuntos victimarios asesinó a su pareja o ex pareja por celos, el 19,4% fue por resistirse a continuar con la relación de pareja o a regresar con la pareja o ex pareja, y sobre el resto (8,6%) no se tiene información.
Es probable que las mujeres asesinadas hayan presentado denuncias por violencia familiar ante algún operador de justicia, incluyendo Demunas y comisarías, pero el hecho de que no se cuente con cifras oficiales impide afirmarlo. De lo que sí se tiene información fidedigna es de que el 12,8% de mujeres asesinadas sí presentó una denuncia por violencia familiar contra el presunto victimario ante el Ministerio Público. Y, en un caso, la víctima había presentado dos denuncias por violencia familiar contra su ex conviviente.

Los hijos de la muerte

El 57,8% de las mujeres asesinadas durante el año 2009 eran madres; han quedado 144 huérfanos de madre y en algunos casos también de padre, debido a que los presuntos victimarios se suicidaron.

Vale la pena reflexionar también sobre aquellos casos que quedaron en tentativa de feminicidio que, según el reporte del Ministerio Público, fueron 55 en el 2009. En este caso, el 96,5% de víctimas eran parejas o ex parejas del victimario, lo que significa que los hijos de las víctimas viven todavía en hogares con un grave clima de violencia familiar. Es claro que el daño emocional que sufren estos niños y niñas es en muchos casos irremediable, y que tendrán efectos negativos a corto y largo plazo, entre los cuales está la repetición de la conducta violenta, sea como agresores o como víctimas.

En nuestro país no existe la figura legal del feminicidio; peor aun, se percibe la idea de que la relación de pareja entre el agresor y la víctima sigue siendo un atenuante, de modo que estos delitos se muestran todavía como si fueran “crímenes de honor”. Los medios de comunicación siguen tratando estos casos como noticia amarilla, que vende por el morbo que produce: “Loco de amor estrangula mujer”, “Comerciante celoso decapita a esposa delante de su único hijo”, “Pegalón degüella ex esposa”, entre otros.

¿Por qué no se reacciona frente a esta ola de asesinatos de mujeres? ¿Qué medidas debe tomar el Estado para evitar más muertes? ¿Qué tiene que suceder para que se empiecen a tomar medidas efectivas para acabar con estas muertes?

Como ya dijimos, nos enfrentamos a un problema cuyo principal responsable es el Estado. La impunidad frente a las denuncias de mujeres por violencia familiar y violencia psicológica reina en los pasillos de las comisarías, del Poder Judicial y del Ministerio Público. A pesar de que ocupa titulares y capta la atención de la ciudadanía, no es un tema de agenda pública, de política pública.

¿Qué hacer?

Sin duda, la salida a este problema no se encontrará generando planes, leyes, políticas, aun cuando estos instrumentos pueden ayudar a disminuir la recurrencia. Más bien, creemos que la salida debe basarse en un profundo cambio cultural, el cual se sustenta en la negación de los elementos nocivos que permiten que el patrón cultural dominante se siga reproduciendo impunemente Debe darse desde la educación, no entendida como un proceso formal sino como un proceso de formación permanente y continuo que debe cruzar y atravesar todas las esferas, para que las personas puedan ser mejores frente a los hechos cotidianos de la vida.

Finalmente, y dentro de la esfera de lo instrumental, de lo normativo, las autoridades no solo deben cumplir las leyes y normas que les corresponden, sino que deben adoptar una actitud preventiva frente a las denuncias de violencia familiar, una actitud proactiva de disposición inmediata, de actuación, de toma de decisiones, de solución, y eso pasa, definitivamente, por el reconocimiento de la existencia del problema. Debemos crear un proceso de construcción de nuevos comportamientos sociales, de respeto a la mujer.