La percepción de inseguridad se ha convertido en algo real: el aumento de los crímenes está generando verdaderas pesadillas urbanas. En medio de esta vorágine delincuencial, la controversia sobre el uso de armas de fuego por parte de los civiles está en el candelero.

El negocio de la venta de armas para la defensa personal va viento en popa: 43 tiendas solo en Lima, y un aumento del 10% en las ventas en relación con el año pasado. Las pistolas Beretta, Taurus, Glock y Gun Power, de calibre 380 ACP, son las más solicitadas para obtener "una protección inteligente". La Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Discamec) se ha visto desbordada: cada día le llegan aproximadamente 125 pedidos de licencias. A esta fiebre gatillera hay que sumarle las más de 180 mil escopetas, pistolas y carabinas en manos de personas que no cuentan con licencia o no la han renovado.

La polarización de las posiciones a favor y en contra del uso de armas por civiles genera fuegos cruzados y cifras encontradas. Según el consultor internacional Martín Appiolazza, "dos investigaciones diferentes muestran que todos los que usaron armas de fuego para defenderse, murieron en una proporción entre 46 y 43 veces más de los que no empuñaron ningún tipo de arma". Otra investigación del Banco Interamericano de Desarrollo arroja que, en América Latina, el 60% de homicidios se comete apretando un gatillo.

De armas tomar
Los que defienden su uso argumentan que el arma tiene carácter disuasivo. Los testimonios coinciden: basta mostrarla descargada para alejar al delincuente que se aproxima a una posible víctima. Ángel Tacchino, ex alcalde de Pueblo Libre, porta un arma hace treinta años. Su interés lo llevó a pertenecer a la Asociación de Tiro Olímpico y, luego, consecuente con su pasión, formó una empresa de seguridad. El ex alcalde manifiesta que sus trabajadores no solo reciben entrenamiento práctico en el manejo de las armas, sino que deben determinar en qué circunstancias pueden hacer fuego. "Sería incapaz de usarla, salvo para salvar mi vida o la de otra persona. Hay que saber cómo y cuándo usarla. Nunca en un forcejeo; y cuando se toma la decisión, hay que sacarla velozmente y, sin dudar, disparar en una fracción de segundo." Para Tacchino, la situación se complica aún más ahora que el derecho a la legítima defensa ha sido recortado y que un civil, o incluso un policía que se defiende, puede ser procesado por homicidio.

Juan Villacorta es estudiante. Siente fascinación por las armas desde que jugaba con sus ametralladoras de plástico o metal. Guarda una pistola en la guantera de su carro. "La situación está muy peligrosa. La tengo ahí por si debo defenderme. Espero no usarla, pero reconozco que una parte de mí desea hacerlo. Es una contradicción con la que vivo", manifiesta con sinceridad. Ciertos mecanismos psicológicos se activan y convierten en James Bond criollos a muchos civiles que portan un arma. Generan un sentimiento de falsa indestructibilidad. El ex fiscal Mateo Castañeda se jacta de tener siete. "Las armas dan poder", ha declarado.

El único elemento que podría ser un filtro —y que en estos momentos funciona como coladera— es el examen psicológico obligatorio para obtener el certificado médico, indispensable si se quiere obtener la licencia de posesión y uso de armas. Hay irregularidades en los centros de salud mental que se encargan de tomar las pruebas, y el Ministerio de Salud no cumple con supervisarlos.

La evaluación es superficial. No determina si hay psicopatología, salvo que el postulante muestre síntomas evidentes. El examen escrito es parecido al de manejo: 60 ejercicios de lógica, 9 imágenes de figuras geométricas para completar, y 71 preguntas. "Verdadero o falso": "Siento que me quieren robar mis ideas." "Pocas veces siento los latidos de mi corazón y sufro de espasmos." "Muchas veces me molesto sin saber por qué." "Me levanto cansado." "Nunca me he sentido mejor que ahora." "He tenido problemas con el alcohol." "Siento que mis padres me encuentran más defectos de los que tengo." "Me es difícil entablar una conversación la primera vez que conozco a alguien."

Una evaluación de este tipo deja mil dudas. Verdadero o falso: ¿Un psicópata podría salir con su certificado de salud en la mano?

Trueque
Es un juego peligroso. Las armas son letales y se transforman en bombas de tiempo. Cada día, a la Emergencia del Hospital Casimiro Ulloa de Miraflores ingresa un promedio de cinco heridos de bala.

Hace dos años, el futbolista paraguayo Salvador Cabañas, máximo goleador en la Copa Libertadores del 2007, recibió un tiro en la cabeza. Eran las 5 de la mañana en un bar al sur de México. Cabañas fue herido en el baño del local por unos asaltantes. Le bala le entró por la frente y se quedó alojada en la cabeza. Un año y medio después, recuperado milagrosamente, el futbolista fue la atracción en el stand de Amnistía Internacional-Paraguay, donde lideró una campaña que apuntaba a disminuir la proliferación de armas y su uso indebido, además de promover un Tratado Internacional de Comercio de Armas. La gente acudió masivamente para dejar sus mensajes, estampar sus manos en papelógrafos y tomarse fotos con el ahora futbolista-activista a favor del desarme.

En el año 1996 ocurrió en Australia una tragedia parecida a la de Columbine. Un hombre trastornado mató con un arma a 36 personas. Según Appiolazza, "el gobierno inmediatamente cambió la legislación y se realizaron campañas de recolección de armas. Como primera medida, recolectaron seiscientas. Cinco años después, se había reducido en más de 40% la cantidad de muertos por armas de fuego". Una experiencia más cercana es la de Argentina, donde las campañas de desarme están en manos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que lleva a cabo un Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Lo cierto es que estos esfuerzos no siempre funcionan. La experiencia brasileña arroja una sombra de duda sobre la eficacia de este tipo de medidas. El gobierno de Lula lanzó una serie de campañas a favor del desarme que no tuvieron el resultado deseado y, más bien, lo que se produjo fue una nueva ola de violencia.

En el Perú, una solitaria y medio clandestina Red Peruana para el Desarme Civil hace esfuerzos para que se dicten políticas coherentes y se apruebe una ley para el control de armas con la participación activa de la sociedad civil a través de un Programa Nacional de Desarme. El coordinador de la red, John Torres, aclara que no se trata de una posición naif: "No planteamos que se destierren las armas. No estamos en contra cuando se usan legalmente. Planteamos el desarme en el caso de los que no tienen licencias o no las han renovado, y la devolución de las armas que quedan en manos de las familias de los delincuentes que mueren en atentados. El trabajo de canje es con los familiares".

Durante el primer gobierno de Alan García se dio la primera Ley de Armas. Posteriormente se ha recurrido a ocho amnistías para regular el mercado legal. "La amnistía es una herramienta, no una política pública. Se requiere una nueva ley", precisa Torres.

El proyecto de ley fue archivado por la Comisión de Defensa del Congreso, cuando la presidía el controvertido congresista del APRA Edgar Núñez.

Mercado negro
"La mayoría de las armas ilegales fueron legales en algún momento, pero han terminado en el mercado negro ya sea porque fueron robadas en casas, o desviadas de los arsenales de las fuerzas de seguridad", sostiene Appiolazza.

La proliferación de armas ilegales es abrumadora, por su bajo precio. Según la Policía Nacional, una pistola se puede conseguir en 200 dólares; un revólver de seis casquillos, en 100 dólares.
Hace veinte años, un revólver marca Taurus costaba 500 dólares; ahora por ese precio se compran dos, envueltos en papel de cera. Este abaratamiento está directamente relacionado con el narcotráfico, que las compra al menudeo para armar a sus bandas de comercializadores e, incluso, a los microcomercializadores de mayor rango.

Los containers entran por la aduana del Callao, evadiendo controles y amparándose en la corrupción. Pequeños lotes de contrabando ingresan, como cualquier otra mercadería, por las fronteras terrestres. Otras, por vía aérea, aterrizan en las pistas clandestinas de los narcos.

Las armas del mercado informal son de mala calidad. Su débil estructura les permite resistir un par de atracos. En una balacera, se les puede calentar el cañón y quebrarse. Son de marca "chancho", y en América Latina se fabrican principalmente en factorías informales de Panamá. En ese país proliferan pequeñas unidades productivas que también se dedican a la exportación de armas por vías irregulares. En el Perú se venden en las cachinas y en las zonas francas. Algunos elementos de la Policía también son grandes comercializadores de armas.

El Llauca
Dante Castro vive en el Callao y trabaja hace años con las pandillas de la zona. Sostiene: "Dos muchachos se agarran a balazos; tienen 14 y 16 años de edad. Estos niños que portan armas son los más peligrosos, por su irresponsabilidad, falta de conocimiento y de escrúpulos. Con ellas asaltan taxistas, centros comerciales o roban celulares".

El especialista sostiene que esos muchachos ya salieron de la pandilla para pasar a integrar las bandas de delincuentes. Los pandilleros siguen usando armas blancas: chavetas, machetes, cadenas, verduguillos, botellas rotas. En cambio, las bandas están armadas. "Para comprar un arma usada, el contacto es individual; la banda recurre a un vendedor de los mercados de objetos robados", precisa Castro.

Esas bandas armadas porteñas han incursionado en un nuevo rubro: la extorsión a las constructoras. Es frecuente la muerte de obreros de construcción civil por efecto de las balas. Sujetos armados toman las construcciones para apoderarse de los puestos de trabajo: a eso le llaman "darle el batacazo a la construcción". La intromisión es contrarrestada a balazos. Los sindicatos han tenido que recurrir a las armas de fuego para proteger su derecho al trabajo.

Tomando en cuenta este contexto baleado, Castro considera que las campañas de desarme no funcionan en esa provincia. "No se trata de ir a quitarles los fierros. Alex Kouri pagó para desarmar a las bandas. Si el costo del revólver era de 70 dólares, él les pagaba 100, y el delincuente se iba a comprar un arma mejor. Esas campañas no sirven en barrios de alta peligrosidad. Allí hay un problema social que hay que resolver involucrando a la familia, los jóvenes, la Iglesia, el Municipio".

"¿Un 38 Smith &Weston del especial, que cargo encima pa' que me libre de todo mal?