La guerra contra las drogas en el Perú es un caso particular de la guerra contra las drogas como política internacional acordada por el conjunto de los Estados desde la institucionalidad de las Naciones Unidas. Es conocido que el Perú, Bolivia y Colombia son los principales —si no los únicos— productores de hoja de coca y procesadores de éstas para producir base y clorhidrato de cocaína destinados a los mercados internacionales.

La guerra contra las drogas, que aparece como una consigna o forma de publicidad institucional, no es simplemente una forma exagerada de afirmar una voluntad política firme de resolver un problema social, como “la guerra contra la pobreza”, “la guerra contra el cáncer”, “la guerra contra la violencia intrafamiliar”, etcétera; o para ocultar un cierto fracaso que le pide a la ciudadanía algunos sacrificios tales como “la guerra contra la delincuencia” o “la guerra contra el terrorismo”. En la guerra contra las drogas no hay eufemismos: aquí la guerra es guerra, es decir, es el uso racional de la violencia para imponer la voluntad, violencia entendida, a su vez, como el uso del dolor para doblegar la voluntad del otro. No es necesario repetir aquí los horrores de las guerras contra las drogas en las calles de Nueva York o Moscú, en las montañas y selvas de Colombia o Afganistán, en México y Centroamérica, aquí en el Alto Huallaga o en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Cierto es que la violencia legítima que ejerce el Estado —a él le hemos otorgado el monopolio exclusivo de la violencia para nuestra protección— mediante el sistema penal y la guerra, sometidos al Estado de derecho y las normas internacionales, son absolutamente legales si así se ejercen, pero es necesario preguntarse si un problema de salud pública, si así lo fuese, o una conducta reprobable que no trasgrede los derechos de terceros, debe ser prevenida y controlada mediante el horror de la guerra. Bien sabemos que casi no hay víctimas de las drogas, pero sí miles de víctimas de las guerras contra las drogas. Muchos han asociado a la guerra contra las drogas con las guerras de religión, entre sectas, las raciales, etcétera, por los horrores que en ellas se practican.

En estos días hay una gran preocupación porque, según las Naciones Unidas, el Perú se ha convertido en el primer productor de hoja de coca y sus derivados. Al respecto es necesario precisar que los cultivos de coca tienen peculiaridades agronómicas que deben ser aclaradas: la coca, además de demandar condiciones climáticas tropicales, de preferencia de altura, como el café, el té y el cacao —todos estimulantes del sistema nervioso central—, es un cultivo permanente que conforma un bosque artificial; pero, a diferencia del café y el cacao, su producto económico no es un fruto con estacionalidad de cosecha, sino que es al igual que el té. Esta peculiaridad le da al cultivo de coca una gran flexibilidad comercial y económica: se cosecha solamente cuando hay demanda, y si no se cosecha no hay pérdida alguna. Ésta es una ventaja estratégica de la coca frente a los cultivos temporales como el maíz y el arroz, o los permanentes frutales como el café y el cacao, que, o se cosechan en el momento oportuno, o se pierden. Por lo tanto, el cultivador de coca será renuente a sustituirlo: si no hay demanda ni precio, bien se puede esperar a mejores tiempos. Téngase presente que la tierra cultivable en la selva no es un recurso escaso y caro como lo es en otras regiones agrícolas, y que precisamente por eso los campesinos pobres emigraron allí. Si bien podemos dimensionar el número de hectáreas instaladas en la región andino amazónica con coca, nunca podremos saber cuánto y dónde se cosecha. Quienes nos ocupamos del tema estimamos que hay un tercio de los cultivos que se cosechan y cuyos derivados alimentan el mercado internacional ilícito; otro tercio se cosecha y sus derivados se pierden en la “guerra contra las drogas”, y, finalmente, otro tercio de los cultivos no se cosechan y permanecen como reserva. Las condiciones de la demanda y la oferta ilícita dependerán, en cada lugar, de las situaciones políticas, sociales y económicas que allí imperan.

Se ha supuesto que la exitosa guerra contra las drogas en Colombia ha determinado una disminución de los cultivos de coca, cosechas y oferta de derivados, lo que ha trasladado la demanda internacional por estos últimos al Perú. La disminución de esas actividades en Bolivia no es explicada por los expertos, pero todo parece indicar que los dinámicos procesos políticos, sociales y económicos acontecidos en ese país en los últimos años han convertido a la economía cocalera y sus derivados en cada vez menos importantes. Y aquí el líder es el presidente Morales, un líder cocalero. La larga guerra interna en Colombia nunca ha sido un buen negocio para el narcotráfico, ya que si bien las guerras internas aseguran una no presencia del Estado, lo que permite realizar actividades ilícitas, dado que gran parte del territorio está controlado por la subversión, el excedente económico que producen los cultivos ilícitos y la comercialización de sus derivados debe ser compartido con aquéllos, o con los agentes del Estado cuando éstos recuperan el control, normalmente por medio de fuerzas paramilitares financiadas precisamente con esos excedentes ilícitos. Eso es lo que pasa en Colombia, y ello disminuye la demanda por derivados de la coca allí y la incrementa en el Perú, donde la subversión es defectual.

En el Perú, la supremacía cocalera del Alto Huallaga se ha trasladado al VRAEM. En términos generales, la disminución ostensible de los cultivos de coca en el Alto Huallaga es el resultado de la incorporación de la economía agrícola local a los mercados nacionales y sobre todo a los internacionales. Sin duda, en esto han jugado un importante rol los proyectos de desarrollo alternativo a los cultivos ilícitos que han implementado la cooperación técnica internacional bilateral y multilateral, centrada en la producción y comercialización de productos tropicales de alta calidad y en la organización comercial de aquéllos.

Entretanto, en el VRAEM han pasado otras cosas. Mientras que en Perú la pobreza está en un 25,8% y en Lima en un 13,5%, en el VRAEM el 54,27% de los 347.423 habitantes de la región vive en la pobreza y, de ellos, 44,84% en la pobreza extrema. Para el desarrollo de los cultivos ilícitos y la comercialización de sus derivados no es suficiente que el Estado no tenga el control sobre el territorio; además, y sobre todo, es necesario que allí existan condiciones adversas para la producción agrícola, particularmente debido a la imposibilidad de comercializar en los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales a precios remunerativos, es decir, que sean capaces de retribuir el acceso a la tierra, al trabajo y el capital empleado en su producción. De lo contrario, los productores agrícolas, aunque sean campesinos que no aspiran a enriquecerse sino apenas a satisfacer dignamente sus necesidades y las de sus dependientes, racionalmente buscarán conducir aquellos cultivos que sí remuneran sus esfuerzos y el uso de sus recursos. El fracaso de la economía agrícola es siempre el fracaso de la comercialización de sus productos. Los cultivos de coca aparecen por tres razones: primero, porque hay condiciones de suelo y clima y material vegetativo para producirla, así como conocimiento para conducir sus cultivos; segundo, porque los precios de los productos alternativos a la coca no son remunerativos —dan pérdidas—; y, tercero, porque hay una demanda por hoja de coca y sus derivados dispuesta a pagar precios remunerativos por esos productos derivados de la coca —no da pérdidas—. En breve, y en términos estratégicos, para producir cultivos ilícitos se necesitan dos cosas: que haya condiciones edafoclimáticas para su producción, y que haya pobres. Así la demanda mundial está garantizada.

Las nuevas tendencias internacionales a la regularización del consumo y la provisión de drogas han adquirido una dinámica vertiginosa, sobre todo a partir del lento proceso de regularización del consumo y la provisión de cannabis en los Estados Unidos de América, que se inició en 1996 con la autorización del uso médico en el estado de California, política que se fue expandiendo hasta “contaminar” a 20 estados de la Unión Americana, donde la laxitud del control de su desvío a los usos recreativos ha sido la práctica corriente. Este soterrado proceso culminó el año pasado cuando en los estados de Washington y Colorado, mediante plebiscitos, la ciudadanía aprobó el consumo recreativo del cannabis y se reglamentó su libre provisión, lo que contraviene abiertamente las convenciones internacionales de drogas. Más temprano que tarde, el consumo y la provisión del cannabis será regularizado en la comunidad internacional, la próxima Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas para tratar el tema de las drogas convocada por su Secretario General para 2016, o solicitará a los estados despenalizar su consumo y provisión o dejará a éstos libres para decidir de acuerdo con sus intereses nacionales. De lo contrario, la mayor parte de los estados de los países desarrollados, como los Estados Unidos de América, reconocerán que no pueden aplicar esas normas en sus territorios, y, como Bolivia en relación con la penalización de la hoja de coca y sus cultivos, procederán a la denuncia de las convenciones internacionales de drogas y solicitarán una nueva adhesión con reserva de la prohibición del consumo y la provisión de cannabis. Igual cosa deberá hacer el Gobierno de Uruguay para la provisión pública de cannabis que ha propuesto y no transgredir la legalidad internacional de drogas. Ésta es la vía boliviana de solución del problema de la provisión y consumo de drogas.

La regularización del consumo y provisión del cannabis, que representa más del 90% del consumo y del mercado de drogas a escala mundial, centrará en el futuro inmediato la guerra contra las drogas en la cocaína y los opiáceos. Esto ejercerá una nueva y más grave presión internacional sobre la región andino-amazónica conformada por Bolivia, Colombia y el Perú. Si quiere perder el liderazgo de la producción cocalera de la región andina amazónica, en particular debido a la actual situación del VRAEM, nuestro país debe aplicar allí las enseñanzas de las experiencias que se implementaron y desarrollaron en el Alto Huallaga. No obstante, es tarea urgente y aún pendiente de la cooperación técnica internacional y de sus contrapartes peruanas sistematizar todo aquello que serviría no solo al VRAEM sino a todos los lugares del mundo donde hay cultivos ilícitos y campesinos pobres que los conducen.