El fiscal Marco Guzmán Baca, encargado del caso de las esterilizaciones forzadas, y el mismo que tomó testimonio a más de 100 mujeres huancabambinas afectadas por las campañas de esterilización, emitió la resolución que puso fin a la investigación fiscal iniciada en noviembre del 2012 ante el exhorto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Así, solo formuló denuncia contra cinco personas ligadas a la muerte de María Mamérita Mestanza, y no formalizó denuncia penal contra Alberto Fujimori, los exministros de Salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Eduardo Yong, asesores y directores involucrados en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000.

Las mujeres de Huancabamba sienten una gran indignación ante la terrible noticia del cierre del caso de las esterilizaciones emitida por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima. Al parecer, de nada valió que más de 100 mujeres huancabambinas se organizaran para hacer llegar sus reclamos al fiscal Baca; de nada valieron las promesas que les hicieron y los ánimos que les dieron.

Recordemos que la anunciada visita del representante del Ministerio Público se produjo el lunes 19 de agosto del año pasado. El fiscal Marco Guzmán Baca arribó a la ciudad de Huancabamba y, a modo de recepción, fue sorprendido con un desfile de más de un centenar de mujeres que, conocedoras de su llegada, marcharon por las angostas calles de la capital de la provincia portando banderolas con el lema “Justicia y reparación”.

El fiscal logró reunir más de 200 firmas de mujeres que afirmaron haber sido esterilizadas en contra de su voluntad durante el régimen fujimorista, y ordenó el reconocimiento médico legal y pericia psicológica con oficio 23-2011/2013-2 FMS-MP-FN al doctor Gino Dávila Herrera.

Tres meses más tarde, al no encontrar respuesta, Esperanza Guayana, presidenta del CDME-HBA, se encargó de reunir a alrededor de 100 mujeres del Comité de Defensa de la Provincia de Huancabamba (CDME-HBA ), que recolectaron firmas en una carta con fecha 16 de noviembre que exigía la visita del médico legista y la realización de una pericia psicológica.

La carta iba dirigida al jefe del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, Gino Dávila Herrera, y fue publicada en los medios huancabambinos. En ella se proponía que los médicos que se designasen para el reconocimiento acudieran a la provincia a partir del 22 de noviembre, para que así el Comité pueda avisar con anticipación a las mujeres afectadas por las esterilizaciones en los medios de comunicación local, regional y nacional.

En una entrevista que concedió a La Primera, Santiago Vistes, presidente de la Asociación Nacional de Médicos del Seguro Social, afirmó que Gino Dávila formó parte del personal médico del Seguro Social y que, tras la caída de la dictadura de Fujimori, cumplió labores administrativas. “La intención era limpiar las huellas de Fujimori y Montesinos en las irregularidades cometidas en el Seguro Social”, afirmó. El señor Dávila tiene 9 acusaciones en su contra, entre las que figura una indagación por falsificación de documentos en la 41.ª Fiscalía Provincial, junto a otras 5 personas.

La historia
Huancabamba fue una de las provincias peruanas en las que el programa de esterilizaciones masivas del gobierno de Fujimori en los años 90 se impulsó agresivamente.No existen estadísticas precisas, porque los expedientes del programa que guardaba el único centro de salud con que cuenta la provincia de Huancabamba desaparecieron cuando tal política se hizo pública. Solo se dispone de estimaciones extraoficiales que calculan en no menos de 3 mil el número de esterilizaciones practicadas en los 8 distritos huancabambinos.

Esperanza Huayama es una de las tantas mujeres que después de 15 años de silencio se atrevió a contar su historia. Ella fue esterilizada sin saber que estaba embaraza de 4 meses. El médico que la operó, a pesar de darse cuenta de ello en plena operación, siguió realizando la cirugía. A consecuencia de esto, Esperanza perdió a su hijo.

Ante la noticia del cierre del caso, Esperanza Huayama manifestó su gran decepción y tristeza: “No nos dejen solas; solo pedimos justicia”, sostuvo. Del mismo modo, indignadas ante la sorpresiva noticia del archivamiento, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Esterilizadas contra su Voluntad de Huancabamba (CDME), integrado por más de 200 mujeres, exigen “una inmediata y bien fundamentada respuesta por parte del Gobierno, ya que las 300 mil mujeres esterilizadas o ‘ligadas’ de todo el país tienen que ser respetadas en sus justos reclamos de justicia y reparación ante el Estado”. Afirman también que esta vez no se quedarán calladas: “Nosotras nos haremos presentes en la misma capital de la república, donde exigiremos que nuestra voz sea escuchada y respetada por todas las autoridades que al parecer ‘olvidaron’ lo ocurrido hace 17 años en todo el país con las mujeres andinas e indígenas”.

La extrema pobreza y exclusión permanente en la que viven las mujeres esterilizadas cuestionan una vez más la indiferencia y la impunidad en la que se pretende dejar nuevamente olvidado a este importante y tan vulnerado sector femenino del Perú.

Una vez más, estamos experimentando la indiferencia ante este crimen de lesa humanidad que deja impune a Fujimori y a sus exministros de Salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong, asesores y directores involucrados en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, que hoy están libres de culpa.