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ANDAHUASI: La condena a los mensajeros

Sociedad Wong y Núñez Cámara

Han tenido que transcurrir más de cinco años y medio para que la justicia empiece a dilucidar los sucesos del turbulento conflicto en Andahuasi. El pasado 21 de octubre Eduardo Nuñez Cámara y Carlos Rivas Urteaga han sido sentenciados a cuatro años de prisión suspendida por delito de estafa.

El caso de la excooperativa Andahuasi hasta el momento ha dejado el saldo de: un vicepresidente de la República fuera de carrera, 2,196 accionistas estafados, una empresa pujante al borde de la quiebra y sin duelo definido, un general pasado intempestivamente a retito y uno de los grupos económicos más importantes del país jaqueado por diversas denuncias de corrupción.

¿Cuál es la relevancia de esta sentencia en primera instancia del Poder Judicial? Que Nuñez y Rivas son sindicados como cómplices de los poderosos hermanos Wong, en la operación fraudulenta que despojo a los accionistas de su empresa azucarera.

El 14 de mayo 2009 los accionistas-trabajadores de la Azucarera Andahuasi expulsaron de la empresa a su presidente Eduardo Jesús Núñez Cámara y a su gerente, Carlos Manuel Rivas Urteaga, al enterarse que habían vendido, sin autorización de la junta de accionistas un paquete de 49’422,573 acciones.

En noviembre de ese año, el entonces Secretario de Defensa del Sindicato y hoy congresista, Wilder Ruiz Loayza y un antiguo accionista-trabajador, Cayo Rojas Rivera, denunciaron penalmente a los funcionarios expulsados. La investigación fiscal - policial demoró casi un año, hasta que en setiembre 2010 la titular del 6° Juzgado Penal de Lima abrió instrucción contra Núñez y Rivas.

El primer paso del Poder Judicial en este caso fue cambiar inmediatamente a la jueza, Janet Lastra, los motivos de dicha movida el ex presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega se llevó a la tumba.

¿Cómo puede ser posible que un juicio sumario que se supone, debería haber durado seis meses, demoró cuatro años y un mes? Existen algunos hechos que pueden explicar dicha dilación. El Estudio Muñiz, Ramírez & Pérez Taiman, que defiende los intereses del grupo Wong, ha defendido también a Núñez Cámara y a Rivas Urteaga, utilizando una serie de excusas para dilatar el proceso, entre ellas, veinte días de “enfermedad” de Rivas Urteaga y de Núñez Cámara, -coincidentemente se enfermaron juntos-, aduciendo incapacidad física desde el 21 y 28 de agosto para no asistir a la lectura de sentencia el día 5 de setiembre 2014. Núñez Cámara, estando con descanso médico, fue el 22 de agosto a la Sub Dirección de Prevención y Solución de Conflictos de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Huacho a firmar la Constancia de Asistencia a reunión de extra-proceso. El Poder Judicial ha respondido a esta y otras denuncias que enturbian el proceso con un rotundo silencio.

Lo que resulta paradójico en el caso Andahuasi es que Rivas Urteaga, defendido por el Estudio Muñiz, ha pedido al juez del 1er Juzgado Civil de Huaura, Genaro Loloy Anaya, que denuncie penalmente al Director General de la PNP, General Flores Goycochea y al Jefe Policial de Huacho, General PNP Ramón Ramos Talledo, por no haber llevado a cabo la diligencia de descerraje en la Azucarera Andahuasi, solicitada por este personaje.
Tenemos entonces que la justicia ha determinado por una parte, la condena del ex gerente por fraude en Andahuasi, mientras que otro juez ordena que los accionistas le devuelvan “su empresa” al ex gerente Rivas Urteaga. De Ripley

¿Y los compradores de las acciones...qué?
Cuando se consuma un delito de fraude en la administración de una empresa, como en este caso, que se venden acciones de la subsidiaria sin autorización de la junta de accionistas de la empresa matriz, es decir de los propietarios; es obvio que quienes compran las acciones conocen perfectamente lo que prescribe la Ley del Mercado de Valores y su normativa : que se cumplan los requisitos legales. En su condición de directores de empresas que cotizan en Bolsa y de propietarios de una corporación que supera los 700 millones de dólares de patrimonio - asesorados por un reconocido bufete de abogados como lo es el Estudio Muñiz, Ramírez & Pérez Taiman- es obvio que estaban al tanto de los riesgos de comprar un paquete de acciones sin acuerdo de junta de accionistas.

Cuando se trata de este tipo de inversiones los empresarios estudian los riesgos, las ventajas, desventajas, y la situación legal de la empresa, es decir realizan un “Due Dilligence” o diligencia debida , antes de invertir. Sólo si los riesgos de la operación se pueden minimizar, se decide por una inversión de 40 o 50 millones de dólares.

Los hermanos Erasmo y Efraín Wong Lu Vega han sostenido declaraciones contradictorias en las oportunidades en que se les ha preguntado por su decisión de inversión en la Azucarera Andahuasi. Ante la prensa han expresado en un sin número de veces, que su compra se ajustó a los requisitos legales, sin embargo ante los auditores de la ex CONASEV en mayo del año 2009, expresaron que en dicho mes, se les acercaron unos funcionarios de Andahuasi -¿Núñez Cámara y Rivas Urteaga?- y les ofrecieron en venta las acciones y decidieron rápidamente. Ante la División de Estafas de la PNP en de julio del 2010, declararon que la compra de las acciones la realizaron en la Bolsa de Valores de Lima, mediante SCOTIA SAB, agente de Bolsa; pero ante la Comisión Especial del Congreso de la República, encargada de investigar las irregularidades en la operación Andahuasi, Erasmo Wong declaró que las negociaciones con Núñez Cámara para la compra de las acciones se habían llevado a cabo dos años antes del 2009 y “que hasta se habían estrechado la mano” en más de dos oportunidades con Núñez Cámara.

Lo cierto es que hubo un contrato privado, extrabursátil y por lo tanto ilegal , de compra de 69’816,758 acciones, pactado antes del 14 de mayo 2009, que formó parte de la famosa operación Escrow Account con el Banco Interamericano de Finanzas y luego con el SCOTIA BANK, institución en la cual Erasmo Wong Lu Vega había sido director del banco hasta el 29 de marzo de ese año. Parte de los S/. 25’204,075 producto de la supuesta compra de las acciones de Andahuasi, fue depositado en una cuenta corriente a nombre de Industrial Andahuasi, cuyos constituyentes eran Erasmo y Efraín Wong Lu Vega y el beneficiario Eduardo Jesús Núñez Cámara. Este triunvirato se gastó los 25 millones de soles en un poco más de un año, pagando empresas de seguridad, estudios de abogados, periódicos y canales de televisión. Esta famosa cuenta bancaria a nombre de Industrial Andahuasi, tenía como dirección la Avenida República de Panamá 6251, es decir, la tienda Wong de Miraflores.

Todos estos hechos fueron denunciados penalmente en el año 2010 y la titular de la 51ª Fiscalía Penal de Lima, Mirtha Chenguayén luego de un año en investigación determinó que NO HABÍA DELITO, opinión que fue desestimada por el Fiscal Superior Pablo Livia Robles, quien ordenó que se formalice las denuncia penal, lo cual obligó a la jueza Liliana Hayakawa, del 11° Juzgado Penal de Lima, a emitir pronunciamiento respecto al juzgamiento de los hermanos, Erasmo y Efraín Wong Lu Vega, Antonio Palacios Tejada, el gerente legal de Río Pativilca S.A., la empresa compradora de las acciones y de Enrique Sphilmann Denegri, gerente general de SCOTIA SAB.

La jueza Hayakawa quiso acumular este caso, con el proceso penal del 6° Juzgado, lo cuál es absurdo ya que los estadíos procesales son diferentes tanto como los presuntos autores y cómplices. Por esta razón el expediente pasó a la 2ª Sala Penal para Reos Libres, a cargo de los jueces superiores, Flores Vega, Magaly Báscones y Buitrón Aranda, quienes decidirán el juzgamiento de los hermanos Wong Lu Vega.

Si esta sala decide no juzgar a los hermanos Wong, sería un caso insólito en la justicia peruana en que los vendedores de acciones serían hallados culpables de delito contra el patrimonio y los compradores, declarados inocentes.

¿Hubo una estrategia Wong para tomar el control de Andahuasi?
Los accionistas-trabajadores consideran que sí, que dentro de la estrategia se consideró eludir la OPA y realizar una operación financiera que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS no observó: una remesa de 24 millones de dólares procedentes de Panamá, el día 6 de mayo 2009, de la empresa GUIP CHI INC a la cuenta corriente de Río Pativilca S.A. en el Banco Interamericano de Finanzas. Esto no sería extraño si los Wong hubieran declarado, como correspondía, a la Superintendencia de Mercado de Valores, que poseían esta y seis empresas más en Panamá ¿por qué lo ocultaron?

El Fiscal Especializado en Delitos Aduaneros y Tributarios, Freddy Eloy Vizcarra Villegas,investigó la denuncia de Lavado de Activos de los accionistas de Andahuasi contra el Grupo Wong. Ocho meses después Vizcarra archivó la denuncia, aduciendo que la empresa Río Pativilca cumplía con presentar sus declaraciones juradas de impuesto a la renta en Lima, que tenía estados financieros auditados y que los 24 millones de dólares fueron un préstamo de 71 millones de soles de GUIP CHI INC, representada por Efraín Wong Lu Vega e Inversiones DAGOMAR S.A., representada por Erasmo Wong Lu Vega. Lo extraño del caso es que el presunto agraviado, en este caso el Estado Peruano, no apeló la decisión del Fiscal.

¿Por qué el Sr. Ricardo Arturo Toma Oyama, intendente de SUNAT Lima emitió un informe que fue alcanzado al congresista Tito Valle Ramírez, presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas y e Inteligencia Financiera, en el que se establecía que se había investigado a las empresas del grupo Wong que compraron acciones de Andahuasi en el 2009 y no a las empresas constituidas en Panamá?

Los ex presidentes de la CONASEV; Nahil Hirsch Carrillo, Michel Canta Terreros y la superintendente de la SMV, Lilian Rocca Carbajal son las personas que, conjuntamente con Daniel SchydlowskyRosenberg, superintendente de la SBS podrían esclarecer cómo es que los 24 millones de dólares llegaron de Panamá para comprar las acciones de Andahuasi, sin cuestionamiento alguno de su origen.

Corrupción en el caso Andahuasi:
Los accionistas-trabajadores de Andahuasi sostienen que la estrategia para tomar el control de la Azucarera Andahuasi, incluyó lobbies con magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público y hasta el Poder Ejecutivo, que llegaron a convertirse en delitos muy graves, incluso de Cohecho Activo Genérico, como fue el caso de Miguel Chehade Moya, hermano del Vicepresidente Omar Chehade y que le costó el puesto a este último. A Miguel Chehade le resultó muy difícil “andar derecho” y se tropezó con el General Guillermo Arteta, quien lo denunció públicamente en IDL Reporteros. Chehade está cumpliendo la condena de tres años de prisión en el penal Piedras Gordas, de Ancón.

Pero esto sólo es la punta del iceberg de la corrupción, porque lo que se desconocía era que el grupo Wong había realizado tremendos esfuerzos por desalojar a los accionistas –la prensa y los jueces los llaman trabajadores, rebeldes, violentistas- que ocupaban la planta azucarera. La cena del restaurante Las Brujas de Cachiche, a la que asistió Omar Chehade y los generales PNP, fue la cereza sobre la torta, porque este ilegal desalojo se había gestado en Lambayeque, dos años antes , con irregularidades en esa Corte Superior, probadas por el entonces Jefe de la OCMA, Javier Enrique Mendoza Ramírez. La condena a Miguel Chehade contiene un párrafo que dispone que el Ministerio Público investigue a los involucrados en el caso –Hermanos Wong Lu Vega-, sin embargo el Fiscal Oscar Zevallos, titular de la 49ª Fiscalía, no ha tenido mejor idea que investigar al galeno que otorgó descanso médico a Miguel Chehade el día de su visita al Potao y no al grupo Wong, que indudablemente era el más interesado en desalojar Andahuasi.

De igual modo el Procurador del Estado en Lambayeque, se ¿equivocó? y denunció al grupo Wong en Lambayeque, por Fraude Procesal, cuando la denuncia debió ser por Concertación Fraudulenta. Sin embargo, el Juez Wilson Medina Medina, titular del 1er Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque dictaminó que el caso debía ser sobreseído en el extremo de Fraude Procesal y que el Fiscal a cargo del caso, Javier Quiroz Grosso tenía que investigar al grupo Wong por presunta concertación fraudulenta. A la fecha, los accionistas-trabajadores han solicitado al Fiscal de la Nación que se investigue en forma conjunta los casos de Lambayeque y Las Brujas de Cachiche.

En esta denuncia se incluye lo sucedido en los dos intentos de desalojo, frustrados en octubre 2009 y junio 2010, que contaron con el apoyo logístico del grupo Wong hacia la PNP. Existen pruebas de que Erasmo Wong Lu Vega y su hermano Efraín, pagaron facturas por cientos de miles de soles por alquiler de toldos para los efectivos PNP, transporte de tanquetas en camiones de plataforma “cama baja”, baños portátiles y otros gastos. Al respecto, el Jefe de la VII Región PNP, Guerrero Marchán manifestó a la Comisión Investigadora del Congreso de la República, que la responsabilidad del manejo económico del desalojo del 11 de junio 2010, recayó en el oficial a cargo del Departamento de Economía PNP y no del jefe de la VII Región; versión poco creíble que podría ser confirmada por el entonces Ministro del Interior, General PNP (R) Octavio Salazar Salazar o el Director General PNP en ese año, el General Miguel Hidalgo y en todo caso debería ser el Ministerio Público el encargado de determinar si se hubo Cohecho Activo en los desalojos del caso Andahuasi.

Finalmente, la visita del juez Walter Checa Carlín, a la sede de la VII Región, el 14 de junio 2013, en su día de licencia, para tramitar personalmente la diligencia de descerraje judicial de Andahuasi, le ha merecido una suspensión administrativa de sesenta días, por parte de la OCMA, pero Marlon Calle Pajuelo, presidente de la Junta de Fiscales de Huaura no se ha pronunciado sobre esta irregularidad.

 

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