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El sistema que no funciona: reflexiones sobre el asesinato de un civil a manos de la PNP en Cajamarca

(Foto: La República)

¿Imaginas lo que pensó Fidel Flores mientras moría? Sus últimos esfuerzos fueron para respirar frustración e impotencia. Sabía que perdía la casa, que su familia quedaría en la calle, que él estaba muriendo y no los protegería nunca más. Eso fue lo primero que me dijo Ernesto de la Jara, cuando conversé con él sobre esta absurda muerte en Cajamarca a manos de la PNP. Esa imagen no ha dejado de dar vueltas por mi cabeza desde ese momento.

No es para menos. La muerte de Fidel Flores es un drama humano, antes que un acto político o jurídico, con el agravante de que el asesino no fue un delincuente o un terrorista, sino el propio Estado a través de sus agentes encargados de proteger la vida y los derechos de los ciudadanos. Ese asesinato, que violó todos los protocolos de acción de la policía, es un delito, que debe avergonzarnos a todos y especialmente a nuestra Policía Nacional del Perú y al Poder Judicial.

El desalojo y sus consecuencias son un ejemplo trágico de que el sistema mata. Y mata disparando al cuerpo, destrozando venas para que el sujeto se desangre, aprovechando para golpearlo en el piso mientras agoniza. No sirvieron los protocolos, ni las reglas para uso de la fuerza, ni poner a un oficial por encima de suboficiales, ni tampoco tener una jueza como responsable de la diligencia. Todo falló. El sistema siempre falla, pero pocas veces con tanta brutalidad expresa y registrado por reporteros que luego suben los vídeos al Youtube.

¿Cómo llegó a fallar tanto? Lo primero es preguntarse por las personas. Es evidente que tenemos pocos policías preparados para vestir el uniforme. En el operativo de Cajamarca abundaba la falta de formación policial. Los PNP se mimetizaban con los delincuentes contratados para el desalojo. Los diferenciaba solo el uniforme y las armas. La formación que reciben los oficiales y suboficiales en las casi 30 escuelas policiales a nivel nacional no son garantía de nada. Por eso antes que alegrarnos por el anuncio del ministro Urresti de que tenemos alrededor de 6000 nuevos suboficiales en las calles, debemos estar preocupados. ¿Son buenos policías o son capaces de disparar al cuerpo de civiles? ¿Qué tipo de policías egresan de las escuelas? No olvidemos que ahora hay 6000 sujetos más con un arma en el cinto. Un riesgo latente.

Lo mismo de los jueces. La jueza que ordenó y supervisó el operativo, reposó en el bus, mientras Fidel Flores era asesinado producto de su decisión. Y sin tener toda la información, la jueza justificó que las heridas del muerto eran producto de haber resistido a la orden judicial, al Estado de Derecho. Invocar al Estado de Derecho tiene un límite, que la jueza excedió. El problema es que ella es magistrada de paz letrado titular. Por eso solo la sacaron del cargo de juez especializada en lo civil de Cajamarca. Pero sigue en el poder judicial imponiendo negligentemente su criterio para juzgar. La selección de jueces también está fallando.

Además, está fallando el sistema para imponer sanciones a los responsables. Los policías deben ser suspendidos provisionalmente de su función y rápidamente sancionados disciplinariamente. La indignación ciudadana es tan grande y la evidencia tan contundente, que no debería haber burocracia que resista. No basta con que se les traslade a otro destino, como ha sucedido con los responsables indirectos, aquellos que debieron garantizar que el asesinato no pase. Me refiero al jefe de la Región y otros oficiales de alto rango. Pero también me refiero al Ministro del Interior y al Jefe de la Policía, quienes deben asumir su parte.

Daniel Urresti es quien da la cara por el sector Interior. No puede seguir eludiendo su responsabilidad como lo ha hecho hasta ahora. Su presencia ha ido de menos a más. Al inicio solo se pronunció por twitter, lo que representa un insulto por la gravedad del caso. Luego ya ha pedido disculpas y prometido vanamente ir al mismo Cajamarca para entrevistarse con la familia. Sin embargo, las disculpas deben ser acompañadas por la carta de renuncia. No hay otra salida.

La responsabilidad penal también debe dilucidarse. La prisión preventiva -que no fue ordenada contra los PNP- es un asunto para analizar. Como también lo es la responsabilidad penal definitiva. El juicio contra los policías debe ser célere, justo y drástico. Por ninguna razón debe aplicarse la ley 30151, Ley de licencia para matar, aquella ley que aprobó el Congreso en el 2013 y Humala en el 2014 promulgó feliz con la esperanza de congraciarse con los policías y militares. Esto a costa de anular el derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares. La derogación o la declaración de inconstitucionalidad de la ley de licencia para matar caen de maduras.

La muerte de Fidel Flores defendiendo su casa, nos lleva también a pensar en el derecho a la vivienda en el país. Sin duda existen mecanismos para proteger la casa en la que vives. Justamente para eso sirve la figura del patrimonio familiar regulada en el Código Civil. Pero, en primer lugar ¿quién conoce las leyes en el Perú?. Si la respuesta es simplemente los abogados, complejizo el cuestionamiento con la repregunta ¿entonces qué hacen los abogados para combatir la desprotección jurídica en la sociedad?. En segundo lugar, ¿cómo se aplican las leyes si tantas de ellas están pensadas para situaciones ideales, que pocas veces se reproducen en la realidad? Por ejemplo, para inmuebles saneados inscritos en registros públicos con su respectiva minuta y escritura pública. Esos situaciones ideales se pueden encontrar en determinadas partes de Lima y en otros lugares del país, que no creo sumen la mayoría de la superficie terrestre del Perú.

La vivienda, como derecho fundamental, debe estar protegida por mecanismos que no lleven a nadie a morir por su casa, ni a ver enfrentamientos tan sanguinarios como los que vimos en las imágenes.

A pesar de todo, la defensa de los moradores de la casa es también cuestionable. Agredir a la policía, como ellos lo hicieron, no es un parte de un derecho, no es legítima defensa. Sino una resistencia también ilegal frente a un mandato judicial. Debe dilucidarse la responsabilidad penal de aquellos que con piedras y botellas incendiadas atacaron a los policías y les ocasionaron lesiones.

Con todo lo que ha sucedido, Cajamarca arde. Arde porque no es el único caso de abuso policial de las últimas semanas. Hace poco vimos también agresiones contra ronderos. Sin contar a las bajas civiles producto de los enfrentamientos en el 2012 en las protestas contra el proyecto Yanacocha. La PNP en Cajamarca tiene el prestigio por los suelos. La relación con la empresa, los abusos, además de la desconfianza “natural” de las personas respecto de la policía, son un cóctel peligroso. En esas circunstancias es lógico que el ministro Urresti prefiera no viajar a Cajamarca. Lo que debe hacer el Ejecutivo es dar más señales. Al parecer no basta que el propio Humala haya repudiado el hecho. Las palabras deben estar acompañadas de gestos claros. Lamentablemente parece ser que el encono presidencial contra la opción política cajamarquina no lo deja ver el panorama con nitidez.

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