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Alegato en defensa de la descentralización

Gobierno Regional de Arequipa (Foto: La República)

Desde que se dio inicio al proceso de descentralización, ha existido un fuerte “sentido común recentralista” que considera que haber entregado competencias de gobierno a quienes viven en Puno, Loreto, Pasco, Amazonas, Cusco, Tacna o cualquier otro de los departamentos, fue un error. Ciertamente, esto no se dice de manera explícita porque no es políticamente correcto, pero tal visión está detrás de buena parte de las críticas que se hacen a los gobiernos regionales, a quienes se acusa de falta de capacidades, de no tener una visión de desarrollo, de pensar solamente en obras de fierro y cemento, de buscar enriquecerse con los fondos públicos, de estar llenas de mercenarios políticos, de ser contrarias a las inversiones y hasta de ser separatistas.

Para estos críticos de la descentralización, las regiones necesitan ser rescatadas de ellas mismas a fin de impedir que sigan mal utilizando los recursos públicos y de paso dejen de elegir a políticos incómodos y protestones. Es más, habiendo quedado demostrado que los provincianos no sabemos gobernarnos, es hora de pasar la hoja, recobrar la decisión sobre el manejo de los recursos regionales y volver a encargar a la “eficiente” burocracia de la capital, dirigida por los tecnócratas del Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno de las regiones.

El problema con esta propuesta recentralista es que durante la mayor parte de nuestra historia republicana, el centralismo ha sido la forma usual en que se ha gobernado el país, con las consecuencias que todos conocemos y padecemos. Por tanto, resulta un despropósito que a estas alturas pretendan hacernos volver al pasado.

No obstante lo dicho anteriormente, no quiero negar que los gobiernos regionales tengan muchos de los problemas de los que se les acusa. ¡Por supuesto que los tienen! ¿Cómo se podría a negar la corrupción si esta se encuentra instalada como un cáncer que corroe la institucionalidad de las instancias regionales? Pero al mismo tiempo, no hay que olvidar que donde primero se han denunciado los actos de corrupción ha sido en las propias regiones. Sin embargo ¿cuántas de estas denuncias han sido acogidas y adecuadamente investigadas por las instituciones que – ¡oh sorpresa! – están centralizadas, es decir son dirigidas desde la capital, como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial?

Algo similar puede decirse sobre otros graves problemas que ocurren cotidianamente y nos afectan por igual independientemente de donde vivamos. ¿No son acaso entidades que dependen del gobierno central como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, SUTRAN, INDECOPI y la Policía Nacional las encargadas de adoptar medidas para reducir los accidentes de tránsito? Y ni hablar de la seguridad ciudadana, que corresponde primero que nadie al férreamente centralizado Ministerio del Interior.

Por otro lado, no puedo dejar de mencionar que es muy difícil que las dificultades que agobian a las regiones formen parte de la agenda política de los funcionarios de la capital... excepto cuando se trata de algún conflicto socio ambiental. En tales casos, dicho sea de paso, es usual que en la génesis del conflicto se encuentre alguna decisión adoptada por la burocracia del Ministerio de Energía y Minas en sus oficinas ubicadas en San Borja, Lima, lugar desde el cual continúan disponiendo a su antojo del territorio nacional.

Mientras tanto, la falta de infraestructura educativa en Huancavelica, la tala ilegal en Ucayali, los bajos índices educativos en Huánuco, la caída de la producción cafetalera en Puno o el déficit de infraestructura vial en Apurímac no generan titulares ni conmueven conciencias, es decir, no existen.

También se habla de la necesidad de reformar el diseño de la descentralización. Y está muy bien revisar lo que no ha funcionado correctamente. Sin embargo, quienes se ponen adelante para decir qué es lo que se debe hacer, son los expertos afincados en la capital, quienes lanzan opiniones y propuestas que serán aplicadas al gobierno de territorios que, en el mejor de los casos, visitan ocasionalmente y finalmente les son ajenos. ¿Dónde quedan la opinión, la experiencia y las propuestas de quienes viven en las regiones? O es que, así como no se suele invitar a mujeres para participar en los paneles de expertos porque “no hay especialistas que no sean varones”, ¿tampoco se consiguen especialistas en las regiones que puedan aportar a la ruta que debemos seguir en este tema?

Y a propósito de reformas, no deja de ser llamativo que muchos de los críticos del proceso descentralista estén hablando siempre de lo que ocurre en Cajamarca, Ancash o Ayacucho, pero no mencionen el despropósito que significa haber convertido a las provincias de El Callao y Lima en dos gobiernos regionales distintos. Doble vara que le dicen.

Llegado a este punto, tal vez a muchos les parezca duro lo que digo y algunos hasta encontrarán un anti limeñismo en mis palabras. Pero no es así. Tengo grandes amigos y amigas nacidos en Lima, he vivido muchos años allí, he estudiado un posgrado en una universidad limeña y he aprendido muchas cosas cada día que me ha tocado permanecer en la capital. Además sé que he de volver en cierto momento a disfrutar-sufrir de la humedad y ese cielo gris inacabable que solía ver todas las mañanas desde mi lugar en Pueblo Libre.

Pero justamente por haber vivido en Lima puedo decir que me parece muy difícil que se pueda pensar el país desde una ciudad que está de espaldas a los Andes, a la Amazonía, al Norte y al Sur. Una ciudad que vive para sí y muestra una indolencia permanente con lo que ocurre más allá de sus avenidas y centros comerciales. O es que no fue indolencia lo que ocurrió los años del conflicto armado interno, mientras decenas de miles de peruanos y peruanas perdían la vida en medio de la espiral de terror iniciada por Sendero Luminoso. Creo que algo similar ocurre ahora frente a las movilizaciones y protestas que surgen en las regiones, las cuales son vistas como algo que sólo puede pasar en esas “lejanas” sierra y selva a las que sólo se va para conocer sus fiestas y celebraciones.

Se me dirá que con los millones de migrantes e hijos de migrantes, ahora Lima es más provinciana que nunca. Es cierto. Pero primero que nada, Lima es una metrópoli que impone sus intereses y visión a todo el resto del país. Además, como todos los gigantes, crece y buscará seguir creciendo a costa de los más pequeños.

Para ir concluyendo, soy un convencido de que no llegaremos a tener un desarrollo territorialmente armonioso si es que las grandes decisiones se siguen tomando desde un solo lugar. El centralismo tiene que ser erradicado, así como se busca erradicar la discriminación de todo tipo. Nada le hace más daño al futuro del Perú – y por ende de Lima – que seguir actuando centralistamente y permitiendo que una sola ciudad crezca sin preocuparse de las otras y además si desde esta, la burocracia sigue tomando decisiones sobre territorios que no conoce.

El camino para el país va por el reconocimiento de que las regiones son instancias con mayoría de edad y por tanto, con capacidad para tomar decisiones por sí mismas y asumir las responsabilidades que de ellas se deriven. La descentralización y la transferencia de poder, competencias y recursos, no deben detenerse. Al contrario, junto a las correcciones que la reforma requiere (mejora del sistema de control y fiscalización, revisión de las relaciones de coordinación entre el nivel regional y los gobiernos municipales, fortalecimiento de capacidades para la planificación y ejecución de proyecto de inversión, entre otras), urge retomar medidas olvidadas pero imprescindibles como la conformación de macroregiones y la descentralización fiscal.

Desde Tacna a Tumbes, de Puno a Cajamarca, de Moquegua a Loreto, de Madre de Dios a Lambayeque, lo exigimos.

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