Una de las leyes más polémicas de los últimos tiempos es la Ley Universitaria aprobada en 2014. La Ley ha sido incluso materia de un proceso de inconstitucionalidad en el cual el Tribunal Constitucional declaró finalmente que la Ley no es inconstitucional. Pese a este respaldo del máximo intérprete de la Constitución en el Perú, algunas casas de estudio, públicas y privadas, han resistido su aplicación. Otras están llamando a que sea derogada o al menos modificada.

En ese contexto, es interesante conocer qué piensan los candidatos a la Presidencia de la República de esta norma y de la educación universitaria en general.

Según reporta La República, que envió a todos los candidatos un cuestionario sobre el tema, 12 de 16 candidatos presidenciales implementarían la Ley Universitaria sin modificarla. Esto son Julio Guzmán (Todos Por el Perú), César Acuña (Alianza Para el Progreso), Verónika Mendoza (Frente Amplio), Miguel Hilario (Progresando por el Perú), Renzo Reggiardo (Patria Segura), Alfredo Barnechea (Acción Popular), Hernando Guerra-García (Solidaridad Nacional), Alejandro Toledo (Perú Posible), Francisco Diez Canseco Távara (Perú Nación), Daniel Urresti (Partido Nacionalista Peruano) y Martín Vizcarra (Peruanos por el Kambio). Este último contestó en representación de Pedro Pablo Kuczynski.

Otros cuatro candidatos respondieron que implementarían la norma pero con algunas modificaciones. Estos son: Ántero Flores Aráoz (Orden), Yehude Simon (Partido Humanista Peruano), Vladimir Cerrón (Perú Libertario), y Felipe Castillo (Siempre Unidos). No contestaron el cuestionarioKeiko Fujimori (Fuerza Popular), Alan García (Alianza Popular) y Gregorio Santos (Democracia Directa).

¿Y qué dicen los planes del gobierno? Lamentablemente nada que nos dé muchas luces sobre una verdadera política en torno a la educación universitaria. Revisamos los planes de gobierno de los cinco candidatos que lideran la intención de voto y todos contienen declaraciones generales sobre la educación, y no propuestas concretas de reforma.

El plan de Peruanos por el Kambio señala que “si bien la Ley Universitaria es un avance… debe mejorarse y simplificarse en su articulado para atender de lleno a la excelencia y la acreditación como valores sustantivos de la educación superior en el Perú”.

El plan de Alianza Popular establece como uno de sus objetivos el “fomentar la calidad de la educación universitaria logrando laacreditación del 100% de las universidades del país”; propuesta que resulta no sólo difícil de realizar (dado que la acreditación es voluntaria, según la Ley) sino que extraña considerando que su candidato Alan García señaló en algún momento que “se tumbaría la SUNEDU”.

El plan de Fuerza Popular reconoce “aspectos positivos” en la Ley Universitaria, aunque parece implicar que la modificaría para fortalecer la autonomía en la gestión de las universidades.

El plan de la agrupación Todos por el Perú, en contraste, implica que la Ley Universitaria “se quedó corta” regulando la educación superior universitaria: “La ley universitaria no ha sido lo suficientemente drástica para reformar la educación superior, debido a intereses personales en el Congreso de La República”.

¿Qué deberían estar proponiendo los candidatos en vez de hacer estas declaraciones gaseosas o muy generales? Creo que es necesaria una revisión integral de la Ley Universitaria, preferiblemente después de las elecciones, ya que se corre el riesgo de politizar aun más un tema ya bastante politizado.

No se trata, cabe precisar de “tumbarse” la Ley ni la entidad creada por ésta (la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU) como algunos candidatos han propuesto, pero sí de revisar una gran parte de su articulado que constituye una sobre-regulación que ahoga la innovación y dificulta la gestión en materia educativa, sin necesariamente representar una mejora en la calidad.

No se trata, tampoco, de mantener el status quo anterior a la promulgación de la Ley Universitaria (que en mucho no ha cambiado con ella). Universidades de mala calidad, administración cuasi feudal de algunas e incluso corrupción.

No se trata, finalmente, de pasar de un extremo a otro. Ni una total desregulación ni un “reglamentarismo” rígido. Se trata de diseñar una regulación inteligente, que apunte a solucionar los verdaderos problemas del mercado educativo. Las herramientas regulatorias adoptadas deben corresponder a los problemas que se enfrenta, así como el tratamiento que nos da un doctor responde a las dolencias que tenemos. La medicina equivocada, o incluso la dosis equivocada de la medicina correcta, pueden ser un remedio peor que la enfermedad.

La Ley Universitaria, lamentablemente, no ha partido de un diagnóstico serio. ¿Para qué? Es “obvio” que la calidad universitaria es mala (no importa la razón) y por ende la única solución es regular estándares de calidad que consideramos, hoy, los ideales para considerar a una universidad buena.

El problema con este enfoque es que el establecimiento de un estándar legal, como señalamos líneas arriba, mata la innovación. Si no permitimos que las universidades compitan entre ellas y escojan libremente su estrategia de competir (currículos más o menos largos, profesores con más o menos títulos, entre otros), éstas no podrán ofrecernos productos nuevos ni manejar la eficiencia de su estructura de costos para cobrarnos menos o llegar a más alumnos.

Claro, los escépticos del mercado dirán que la libre competencia ya “falló” en este mercado. El equilibro entre calidad y precio al que ha llegado el mercado ya fracasó. Asumamos que esa premisa es cierta, por un momento, y preguntémonos en qué falló el mercado.

En el mercado de educación se presentan, es innegable, fallas de mercado. Existen, en primer lugar, asimetrías de información que determinan que la calidad de la educación no sea “observable” en el corto plazo. Los resultados son muy posteriores a la toma de decisiones (cuando uno escoge una universidad los costos de cambio son altos, y la calidad de ésta sólo puede apreciarse cuando uno ya ha estudiado algunos semestres o, incluso, cuando ya se ha graduado).

También podría argumentarse que existen en este mercado bienes públicos y externalidades (positivas). La educación y la investigación, que se supone deberían realizar las universidades, ofrecen beneficios públicos que superan los beneficios privados obtenidos por la actividad. Como consecuencia de ello, los agentes privados van a realizar dicha actividad en un nivel “subóptimo” (es decir, en menor cantidad o calidad a la requerida).

El problema es que la gran mayoría de obligaciones y requisitos contenidos en la Ley Universitaria no apunta a corregir las mencionadas fallas de mercado (relativas a la información y a los incentivos para invertir) con la finalidad última de que la competencia funcione mejor. La Ley apunta a sustituir esa competencia estableciendo ella misma el estándar de calidad: sistemas de gobierno de las universidades, requisitos para ser funcionario y profesor; entre muchos otros.

La Ley debería limitarse (y eso es algo que sí está haciendo la SUNEDU) a generar información para que los estudiantes y sus padres tomen decisiones adecuadas a la luz de la información disponible: ¿Qué tan buena es la universidad? ¿Cuál es el retorno de la inversión de estudiar en ellas? Acaso puede establecerse un límite mínimo de calidad; a fin de que las decisiones erradas, adoptadas especialmente en un contexto de altas restricciones en el ingreso, no tengan un costo demasiado alto.

Lo que hace la Ley Universitaria, en el mejor de los casos (partiendo de la premisa generosa de que la Ley efectivamente tenga como consecuencia cambios reales que mejoren la calidad de la educación universitaria) es congelar en el tiempo lo que hoy se considera una buena universidad. Universidades que serán inútiles para el trabajador y ciudadano del mañana.