¿Por qué el incremento de 100 millones de soles en las reparaciones ha generado tan poco entusiasmo para las víctimas?

Al asumir la Presidencia de la República, el 28 de julio del 2011, Ollanta Humala lanzó un esperanzador mensaje en relación con las reparaciones a las víctimas del conflicto armado interno. El nombramiento de Isabel Coral como secretaria ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) tuvo también un buen inicio, pues de manera casi inmediata hizo suyo el reclamo de las organizaciones de víctimas y de otras instituciones de la sociedad civil de incrementar el monto asignado a las reparaciones económicas individuales, que actualmente es de 10.000 nuevos soles por víctima (cifra aprobada durante el gobierno de Alan García y que en muchos casos se debe repartir entre familiares), a un monto equivalente a 10 unidades impositivas tributarias (UIT), con lo que la cantidad por víctima se hubiera incrementado a 36.500 nuevos soles en el presente año. Es importante recordar que el Programa de Reparación Económica Individual es el que mayor expectativa despierta entre las víctimas. Existía también el compromiso de evaluar los criterios utilizados para los otros seis programas de reparaciones y así poder mejorarlos: educación, salud, acceso habitacional, simbólicas, restitución de derechos ciudadanos y colectivas.

Con la salida de Salomón Lerner de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en diciembre del 2011, Isabel Coral dejó el cargo en la CMAN y se inició un periodo de acefalia en dicha Comisión, que duró hasta febrero del presente año. En paralelo, en este periodo se inició el proceso de transferencia de la CMAN de la PCM al Ministerio de Justicia, lo que ha generado que las diversas organizaciones de víctimas experimenten la sensación de atraso e incumplimiento de los compromisos acordados con la gestión de Isabel Coral.

En el mes de abril el Gobierno anunció un incremento de 100 millones de nuevos soles adicionales para el fondo contemplado en el presupuesto nacional para las reparaciones, con lo que éste llegó a un poco más de 140 millones de nuevos soles. El anuncio fue recibido con poco entusiasmo por las organizaciones de victimas, a pesar de que la notica fue recogida por varios medios de comunicación. Esto se debe a que el anuncio no está acompañado de un incremento en el monto de las reparaciones económicas individuales. Genera también preocupación en esas organizaciones, y en otras de la sociedad civil que trabajan el tema, que la CMAN no esté demostrando capacidad de ejecución y vigilancia del cumplimiento de los otros programas del Plan Integral de Reparaciones (PIR), y que se carezca aún de lineamientos adecuados para la correcta implementación de todos los programas.

Como corolario de todo esto, la Coordinadora Nacional de Víctimas y Afectados por la Violencia Política del Perú (CONAVIP) organizó, el 17 de abril último, una marcha para exigir reparaciones integrales y, sobre todo, para que se cumpla el compromiso de incrementar el monto de la reparación económica individual. En esta marcha se notó el esfuerzo de cerca de 3 mil personas que se movilizaron desde varias regiones del país a pesar de no contar con recursos específicos para dicha actividad y ser la gran mayoría de condición humilde. Pudo más el que consideraran que era necesario llegar a Lima para ser escuchados por diversos actores del Gobierno que ellos consideran claves.

Ahora tenemos víctimas que sienten que no están siendo reparadas adecuadamente, organizaciones de la sociedad civil con propuestas en la materia, y una institución del Estado con mayor presupuesto pero sin capacidad demostrada para llevar a cabo acciones que la población afectada tome como medidas reparadoras. Es necesario que la CMAN cuente con un plan de trabajo de posible ejecución y en el que la sociedad civil organizada, y con recursos, pueda colaborar, además de no dejar de lado otras instancias de gobierno (otros sectores, gobiernos locales, gobiernos regionales). Estos niveles de gobierno podrían realizar las acciones de reparación, pues tales medidas están en el ámbito de sus competencias. Ejemplos claros de esto se vienen dando en la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la implementación de una oficina para el Registro Único de Víctimas (RUV), y en el Gobierno Regional de Junín, con la aprobación de la construcción de un Lugar de la Memoria regional y de una resolución que prioriza las reparaciones en salud a través de la Dirección Regional de Salud y el Seguro Integral de Salud (SIS).

Por último, algunas acciones tomadas en las últimas semanas permiten mantener la esperanza de reparaciones integrales para las víctimas. El MINJUS ha firmado con el RENIEC un convenio para que esta última institución y la CMAN tramiten de forma gratuita el documento nacional de identidad (DNI) para aquellas personas que nunca lo han tenido por problemas derivados de acciones del conflicto armado interno; todo esto en el marco del Programa de Restitución de Derechos Ciudadanos. Además, el MINSA ha aprobado los “Lineamientos para el acompañamiento psicosocial a familiares de personas desaparecidas”, en el marco del Programa de Reparación en salud.