Las comunidades indígenas de la Amazonía han sido afectadas por derrames de petróleo desde hace décadas sin que el Estado evalúe la dimensión de los daños o los repare. Solo en algunos casos con alta visibilidad mediática, como ocurrió recientemente en Chiriaco, hay algo de asistencia humanitaria, aunque tardía e insuficiente. Se trata de una lógica condicionada y perversa con quienes sufren la ineficiencia de los operadores del petróleo. 

En el atardecer del 9 de febrero en la comunidad nativa de Chipe Kusu, a una hora de Imacita (Bagua, Amazonas), las madres awajún que volvían de la chacra sintieron un olor fuerte y desagradable. Surcaban las aguas del río Marañón remando sus canoas cargadas de plátanos, cuando detectaron las manchas negras de petróleo crudo tiñendo el río. Al día siguiente, parte del crudo amaneció en las chacras más productivas de la comunidad.

Aviatar Yankug, capacitador bilingüe del Ministerio de Educación (MINEDU) y apu de la comunidad, prohibió consumir los productos de la ribera. Días después, los negociantes de Imacita dejaron de comprarles cacao, maní, yuca, maíz, plátano y pescados por el riesgo de la contaminación. Las pérdidas afectaron economías familiares altamente vulnerables que reciben solo S/.3.5 por cada 100 plátanos.

Esta no era la primera vez que el río Marañón recibía grandes cantidades de petróleo. El profesor Hugo Shajian recuerda que entre 1996 y 1998 se produjo un derrame que “prácticamente tapó todo el río Marañón. Como no sabíamos qué era, sacábamos los cilindros llenos para pintar las paredes. Ahí no había protección: nadie vino. El petróleo pasó como basura y quedó”, cuenta Shajian.

La nula visibilidad mediática que recibían estos eventos negaba a las comunidades y centros poblados la ayuda humanitaria e iniciativas de recuperación ambiental. Eran otros tiempos. Los efectos de estos derrames en la zona de Bagua no han sido investigados por el Estado en más de veinte años.

La lógica Petroperú
Los ojos del mundo se entornaron sobre la Amazonía peruana este año, ya que en solo 25 días el oleoducto vertió en tres derrames más de 5,000 barriles de petróleo sobre quebradas, ríos, comunidades y campos de cultivo agrícola. Estas tragedias ambientales no son sucesos aislados, pues el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) ha registrado 37 derrames desde 1996, con una frecuencia que se incrementa cada año. Entre 1996 y 2010 hubo 13 fugas y de este año al 2014 hubo 17. El promedio anual de derrames del ONP pasó de 0.86 en sus primeros 15 años a 5.6 en los últimos 3. La tendencia alerta de futuras fugas, si es que no se toman las medidas oportunas. La tendencia muestra también que la gravedad del derrame no es necesariamente un factor que despierte la atención del Estado. Más efectivo parece ser el papel de los medios en la denuncia de estos eventos.

El derrame de Chiriaco, detectado el 25 de enero cerca de la quebrada Inayo, tuvo una primera etapa de visibilización mediante comunicados oficiales. Tras su ocurrencia, Petroperú propaló falsamente dos datos clave replicados por RPP. Estos afirmaban que la fuga no había alcanzado cuerpos de agua y que el derrame ya había sido remediado. A partir del 29 de enero, sin embargo, se empezó a desmentir esta información con evidencia mediática irrefutable como lo fueron un video de la Municipalidad de Imaza que captaba las aguas contaminadas, la noticia de un nuevo derrame producido en Loreto por el mismo ONP y, hacia el 10 de febrero, las fotografías de menores de edad cubiertos de petróleo.

Ante la contundencia de esta evidencia, se desarrolla una disputa por establecer la magnitud, las causas y los efectos de los derrames. La primera de ellas es una confrontación entre el ministro de Ambiente Manuel Pulgar Vidal, quién había señalado que los derrames se produjeron por desperfectos en el oleoducto, y las autoridades de Petroperú, quienes sostenían que esta infraestructura se encontraba en perfectas condiciones.

Las autoridades de la empresa petrolera desautorizaron a las autoridades ambientales, en una clara confrontación con evidencia estatal real. En 2014, una sentencia judicial por los derrames de Cuninico determinó la causalidad entre la falta de mantenimiento del ducto y la fuga. Más de quince años antes, en 1999, un informe de inspección acreditaba la erosión y pérdida de espesor del ducto. El propio programa de manejo ambiental de Petroperú (Oficio N° 136-95 EM/DGH) reconoce la ausencia de mantenimiento: “ha dado lugar a que una parte de sus instalaciones y procesos hayan devenido en obsolescencia y sean focos de significativa emisión de contaminantes”. Hubo pues una estrategia inicial de Petroperú por desinformar y reducir el impacto ambiental de los derrames.

Los días 13 y 14 son el clímax de la atención mediática sobre los desastres. El diario "El Comercio" les da primera plana y "Cuarto Poder", el primero de sus tres reportajes. Los medios nacionales en pleno parecen estar preocupados por los acontecimientos. Se inicia lo que varios comuneros han llamado con gran precisión descriptiva el “turismo institucional de la tragedia”. Desfilan los rangos medios y los ministros. Todos declaran, ofrecen apoyo humanitario y prometen sanciones. A pesar de ello, no existe consenso en los mensajes que envían. Por la coyuntura, el carácter político y etéreo de los mensajes predomina sobre las decisiones técnicas y vinculantes.

Dos ejemplos claros son los proferidos por el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), quienes prometen la entrega de infraestructura (tanques de agua y plantas de tratamiento) y reparaciones para los agricultores afectados por los rebalses del río contaminado. Tras acumularse visitas de todas estas autoridades y sanciones ascendentes a 21100 UIT (S/.83 millones) de los organismo fiscalizadores a Petroperú, empieza a decaer la atención mediática. Con ello, decaen también las acciones sectoriales y Petroperú recupera su papel dominante. Sus mensajes y sus acciones comienzan a ser lo único relevante. Irónicamente, el 3 marzo, 38 días después del derrame de Imaza, la Presidencia del Consejo de Ministros declaró el estado de emergencia y lo hizo solo en algunas de las comunidades afectadas.

Al final, las promesas estatales solo se aplicaron de manera muy limitada y no en los términos iníciales. Por ejemplo, de las cuatro plantas de tratamiento de agua que se prometió instalar en las comunidades para purificar el agua de los metales o tóxicos derivados del petróleo, solo se instaló una en la comunidad de Nazareth, precisamente la que recibió más atención mediática y en consecuencia más visitas de autoridades estatales.

El tercer derrame se produce el 17 de febrero en Pucará, Jaén, pero Petroperú logra minimizarlo bajo el argumento de haberse suscitado en el marco de una intervención de mantenimiento, extrañamente realizada durante la noche, sin conocimiento de la población y sobre sembríos de arroz.

La estrategia empleada por la empresa estatal en esta zona y también en Chiriaco y Morona muestra que Petroperú centra su prevención de los derrames en el manejo mediático antes que en las medidas técnicas o en las acciones especializadas de reparación. En la diferenciación de apoyo dado en Pucará, Chiriaco y Morona se puede observar las motivaciones de esta forma de actuar. En Chiriaco, Petroperú intentó inicialmente esconder el impacto ambiental señalando que los cuerpos de agua no fueron afectados, pero la evidencia primero y la cobertura mediática después los situó en el centro de las críticas, fueron sancionados y tuvieron que impulsar las reparaciones. Pero en Pucará su estrategia tuvo éxito y no han tenido que hacer ninguna de las dos cosas. Al mismo tiempo, en Chiriaco las visitas estatales, sanciones concretas y promesas de ayuda fueron mayores que en Morona, donde solo algunos pocos medios, la mayoría de ellos extranjeros, pudieron llegar y denunciar los hechos.

Los derrames del ONP alcanzaron sus niveles de visibilidad por razones que no son una constante en otros delitos ambientales. Otro ejemplo: el 19 de enero –seis días antes del derrame en Imaza– ocurrió un derrame de gas natural líquido en una Reserva Comunal matsigenka en la selva de Cusco que no fue cubierta por los medios ni logró una fracción de la atención que las autoridades brindaron a las fugas de Petroperú. La lógica de la acción está perversamente condicionada.