El pasado 15 de junio se inició la huelga indefinida de los maestros del SUTE Regional Cusco liderados por Ernesto Meza, demandando una negociación colectiva directa con el Ministerio de Educación[1]. Simultáneamente, el 17 de junio es elegido Pedro Castillo como Presidente del Comité de Lucha de Bases Regionales del SUTEP y se convoca a una huelga indefinida nacional desde el 12 de julio. En ninguna de ellas participan los dirigentes del SUTEP nacional de Patria Roja, evidenciando su pérdida de liderazgo a nivel nacional y la atomización del sindicato entre las distintas regiones.

Las demandas laborales de los maestros se centran en tres reivindicaciones: el aumento general del salario básico, el incremento de la partida presupuestaria del sector educación al 6% del PBI y la suspensión de las evaluaciones de los maestros. El Ministerio de Educación rechaza las demandas del magisterio argumentando que existe un convenio colectivo nacional vigente suscrito con el SUTEP y que no se puede detener la reforma educativa. Asimismo, el Ministerio declara ilegales ambas huelgas[2] y exige a los gobiernos regionales que procedan a descontar las remuneraciones de los maestros en huelga. Como en anteriores ocasiones y en otros sectores del aparato estatal, la ilegalidad de la huelga ni desalienta la participación de los trabajadores ni conduce necesariamente a una sanción disciplinaria. Tampoco las regiones proceden a descontar las remuneraciones.

La dinámica de huelga de los maestros nos permite reconocer la ausencia de una política laboral coherente del Gobierno en el magisterio. Algunos ejemplos pueden justificar esta hipótesis.

El primer ejemplo lo encontramos en la primera semana de julio cuando una comisión del Ministerio se trasladó al Cusco, la que logró un acuerdo con el SUTE regional para levantar la huelga comprometiéndose a la conformación de “mesas técnicas” que aborden las demandas laborales[3]. El acuerdo se quiebra porque el SUTEP nacional cuestiona que se celebre una negociación con una base regional, por lo que la delegación del Ministerio se retira y la huelga continúa. Aquí tenemos una pauta clara sobre la ausencia de evaluación del Ministerio de Educación.

En primer lugar, una falta de evaluación política porque al celebrar un acuerdo con el SUTE Cusco rompe el monopolio de representatividad del SUTEP nacional. Cualquier acuerdo es un éxito para la base regional al reconocerles legitimidad como interlocutor válido de los maestros. En realidad la huelga retrata una disputa interna del magisterio. Las bases regionales no pretenden constituir sindicatos paralelos al SUTEP sino deslegitimar a la dirigencia nacional. La huelga es un cuestionamiento a la pasividad de la dirección sindical frente a las reivindicaciones de sus agremiados. Sin embargo, el Ministerio de Educación parece incapaz de comprenderlo con su marcha y contramarcha.

En segundo lugar, hay una falta de evaluación jurídica al abrir negociaciones colectivas a nivel regional con independencia del convenio colectivo nacional. No existe un marco normativo que articule el convenio colectivo nacional y convenios colectivos regionales, por lo que pueden entrar en conflicto entre ellos. Dada la atomización del sindicalismo magisterial, el Ministerio debió plantearse una regulación que permitiese articular estas negociaciones colectivas si quería canalizar el conflicto laboral por este medio, o proponer al SUTEP un acuerdo que regule el procedimiento de negociación con las regiones. No lo hizo y me atrevería a postular que ni siquiera se lo planteó.

Promover la negociación colectiva en distintos niveles –nacional y regional– le puede permitir al Ministerio asegurar una paz laboral con el magisterio, independientemente de las rivalidades al interior del SUTEP. Por supuesto, la multiplicidad de negociaciones le exige al Ministerio una inteligencia institucional que armonice la política educativa y los intereses del magisterio.

El segundo ejemplo lo encontramos cuando los huelguistas deciden trasladar sus movilizaciones a la capital. El centro de poder está en Lima, jaquear la capital con movilizaciones tiene mayor efecto que una huelga provinciana que tiene semanas afectando a millones de niños. Aquí es cuando reacciona el Ministerio (y el Gobierno) presentándose dispuesto a negociar con la fragmentada representación sindical y aceptando un incremento de dos mil soles al salario básico con el SUTE Cusco y el SUTEP nacional. Parece evidente que el Ministerio pudo resolver el conflicto antes de la movilización a Lima, o es que recién el Ministerio de Economía aprueba la medida al ver los maestros en las calles de la capital.

El tercer ejemplo se produce cuando el lunes 7 de agosto la ministra Martens anuncia que se descontarán los salarios de los maestros y que después del tercer día de abandono de trabajo (jueves 10) se procederá al despido de los maestros en huelga. Un día después de esta amenaza ministerial, el presidente Kuczynski anuncia que se reunirá con los maestros el jueves 10 en Palacio de Gobierno. En la Teoría del Conflicto una premisa mayor es evitar las amenazas incumplidas, le resta credibilidad al amenazador. A esto podemos agregar las declaraciones del ministro Basombrio sobre la infiltración senderista en la dirigencia de Castillo. ¿Existe diálogo y coordinación entre los distintos estamentos del Gobierno?

No obstante, el tema principal de la huelga no es el reclamo salarial sino la derogatoria de la reforma educativa por sus evaluaciones. Hay un consenso social que la “meritocracia” en el magisterio debe ser un pilar de la política educativa.

Nadie pone en tela de juicio que un maestro debe estar debidamente calificado para emprender la noble tarea de enseñar a nuestros hijos y que una evaluación permanente de la calidad de los maestros es plausible. Sin embargo, me parece que hay un error de concepción en el caso del maestro peruano. Para implementar una evaluación se mide la capacidad y los conocimientos. Sin embargo, los maestros peruanos nunca recibieron una verdadera capacitación desde el Estado en las últimas cuatro décadas. ¿Cuánto gastó el Estado desde los ochenta en la capacitación de los maestros? Tampoco los maestros lo han hecho. Las estadísticas muestran el empobrecimiento de los salarios del magisterio. Plantear la meritocracia es equivocado sino partimos de una igualdad de oportunidades. Me pregunto: ¿Un maestro de 50 o 60 años, mal pagado en casi toda su vida laboral, está en condiciones de enfrentar una evaluación? Le estamos trasladando la responsabilidad (hasta la culpa) cuando eso le corresponde al Estado peruano.

En mi opinión, eso explica porque los maestros huelguistas se aferran a derogar la reforma educativa, temen terminar en la calle y a una edad que no tienen oportunidad de obtener un empleo. Por supuesto, si un maestro no está en condiciones de enseñar, el Gobierno debería hacer una propuesta realista y responsable que le asegure fuera de las aulas poder tener un empleo o un ingreso. Eso es una deuda mínima que debemos pagar los peruanos con el magisterio nacional. La meritocracia solo es posible si existe una igualdad de oportunidades, sino lo que estamos consolidando es la desigualdad.