El debate político y la retórica de la “reconciliación”

El Perú está sumido en una profunda crisis política que compromete la vigencia de la democracia. El presidente de la República enfrentó un proceso de vacancia promovido por un sector del Congreso asumiendo una defensa dramática basada en la necesidad de preservar la institucionalidad, los procedimientos y el espíritu de la democracia: Alberto Borea fue el encargado de presentar la argumentación legal y moral construida en favor del equilibrio de poderes y la conservación del Estado de derecho constitucional. En la esfera de opinión pública, algunos periodistas habían desplegado puntos de vista que identificaban a los promotores de la vacancia presidencial como golpistas. Ellos evocaban el peligro del retorno a la política autoritaria de los años noventa. Ambos discursos –el de la defensa legal y el de aquel sector de la prensa– se cimentaba en la oposición entre democracia y autoritarismo. Este discurso es incompatible con el posterior otorgamiento de un indulto a Alberto Fujimori –llevado a cabo por el presidente Kuzcynski-, fruto de una negociación con una facción del fujimorismo. El argumento propuesto para justificar esta medida ha sido la búsqueda de la reconciliación.

Esta cuestionable decisión ha traído a la discusión el concepto ético y político de la reconciliación. Es cierto que no se ha desarrollado en el espacio público un debate sostenido que examine las raíces de esta idea, puesto que muchos políticos y “líderes de opinión” guardan un curioso silencio respecto del sentido  de la reconciliación, o lo asumen como obvio. Identifican sin más la reconciliación con una suerte de régimen de  “cese de hostilidades” entre las fuerzas políticas más representativas del país. Deponer una actitud beligerante para coexistir en paz. Ciertamente, renunciar a un sordo enfrentamiento de facciones en pugna por el poder constituye un paso importante para lograr una coexistencia política razonable bajo el trasfondo de las reglas de juego de la democracia. Pero llamar “reconciliación” a ese proceso resulta impreciso. Si esta pobre definición trae consigo la exigencia de reprimir la memoria y promover la impunidad, entonces estamos degradando la idea misma de reconciliación. El silencio y la suspensión de la justicia no pueden convertirse en los cimientos de la convivencia social y política bajo un régimen político libre.

Esta comprensión devaluada de la reconciliación presupone además una lectura profundamente defectuosa de los conflictos actuales de la política peruana. El periodista Víctor Andrés Ponce ha planteado en reiteradas ocasiones una clave de interpretación bastante rígida. A su juicio, nuestra política y sus problemas se deben al permanente enfrentamiento entre el fujimorismo y el “antifujimorismo”. Ante esta situación,  propone una salida “a la española” o “a la chilena”, para superar este antagonismo que presuntamente lesiona nuestras instituciones republicanas. No estoy de acuerdo con esta lectura ni con la supuesta “solución política” por varias razones. En primer lugar, me parece que el rótulo “antifujimorismo” reúne a diferentes concepciones políticas, sumamente heterogéneas, que rechazan a esta propuesta autoritaria. Ponce considera que el fujimorismo se habría “democratizado”  en la última década por haber participado en elecciones libres y ejercer funciones de oposición en el Congreso dela República. Esa es una afirmación altamente cuestionable. No basta con que Fuerza Popular haya participado en procesos electorales; su agenda sigue siendo autoritaria y caudillista. Basta revisar el renovado interés del fujimorismo en socavar el trabajo y el prestigio dela Fiscalíadela Nación y el Tribunal Constitucional. Su agenda no es ni ha sido la conservación de las libertades políticas y del equilibrio de poderes. Las disputas internas del fujimorismo no obedecen a controversias ideológicas o programáticas, sino a conflictos de intereses de poder de carácter dinástico. Es realmente una vergüenza que una parte del destino de la sociedad esté en manos de una familia cuyos miembros se sientan extrañamente “llamados” a conducir al Estado peruano.

Por otro lado, las soluciones “a la española” o “a la chilena” están bastante lejos de cumplir con los requerimientos éticos y políticos de un proyecto de reconciliación riguroso y sensato. Los Pactos de la Moncloa tuvieron lugar cuarenta años después de los sucesos de la Guerra Civil española; las fuerzas políticas acordaron implementar una amnistía para establecer condiciones de gobernabilidad en España. Hace ya tiempo que la legislación internacional en materia de derechos humanos se ha pronunciado en contra de las leyes de amnistía, señalándolas como normas que sólo están orientadas a promover la impunidad de los criminales, así como imponer una inaceptable supresión  de la memoria. En Chile, la transición a la democracia sólo pudo desarrollarse bajo condiciones sumamente cuestionables, que suponían  posiciones de privilegio e impunidad para los miembros de la Junta de Gobierno Militar, en particular del propio dictador Pinochet. La sola alusión a estos casos genera sospechas: Ponce está pensando en medidas de “pasar la página” que son insostenibles desde el punto de vista de la cultura democrática de los derechos humanos. Evocar estas experiencias históricas como “proyectos de reconciliación” no implica solamente distorsionar su concepto, sino también envilecerlo ante la opinión pública como categoría política y como horizonte de acción. Así se manipula la reconciliación para encubrir mecanismos de amnesia moral y política.

La reconciliación entraña memoria y justicia

La idea de reconciliación pertenece –en un plano secular- al vocabulario de la ética cívica y al de la justicia transicional. Por supuesto, se trata de un concepto que tiene hondas raíces en la espiritualidad religiosa judeocristiana. Esta herencia es importante aún para su comprensión en clave social y política, pero no exige como una condición esencial profesar esa fe; esta idea corresponde a un entramado de argumentos que ha desarrollado raíces sólidas en una concepción de la justicia pública. La reconciliación constituye una forma de recuperación del vínculo interhumano en el que los agentes superan cualquier forma de confrontación o conflicto violento a través del ejercicio del diálogo y el reconocimiento de normas comunes.

En nuestro país la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) ha sido la institución que ha pensado con mayor rigurosidad el concepto de reconciliación, así como su proyección hacia la política democrática. No constituye la única elaboración intelectual sobre este tema, pero sí la más estricta y articulada hasta el día de hoy. El Informe Final describe la reconciliación como “el restablecimiento y la refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos, vínculos voluntariamente destruidos o deteriorados en las últimas décadas” a causa de la violencia subversiva y represiva[1]. Se trata de un proceso histórico que supone la participación de la ciudadanía como sujeto de esta regeneración del tejido social. “El proceso de reconciliación es posible, y es necesario”, señala el documento, “por el descubrimiento de la verdad de lo ocurrido en aquellos años –tanto en lo que respecta al registro de los hechos violentos como a la explicación de las causas que los produjeron– así como por la acción reparadora y sancionadora de la justicia.”[2]. No se trata de un mecanismo de negociación de facciones antagónicas para preservar el ejercicio del gobierno.

Estamos hablando de un proceso que involucra a la sociedad entera –a sus ciudadanos y a sus instituciones– y no solamente a la (autodenominada) “clase política” que pugna por acceder al poder. La idea básica es que la reconciliación tiene como protagonistas a los ciudadanos, a la sociedad como tal, de modo que podamos examinar y trascender el pasado violento, autoritario y excluyente; de este modo, extraemos lecciones de ese pasado reciente para generar formas de vida en común y arreglos institucionales que establezcan mecanismos de no repetición. En este diálogo, los ciudadanos tienen una voz, y en particular las víctimas del conflicto armado interno. En ese sentido, no existe reconciliación con quienes hayan perpetrado violaciones de derechos humanos; a ellos corresponde la punición propia de la justicia, resultado de un proceso imparcial ante tribunales autónomos.

No hay reconciliación con Sendero Luminoso, un grupo terrorista, suscriptor de una ideología integrista y violenta que hizo de la aniquilación del otro un método para perseguir el logro de poder político. Tampoco se construye reconciliación con malos agentes del Estado, que dirigieron, planearon o ejecutaron lesiones contra la vida y la dignidad de personas. Solo el Movadef y algunos grupos conservadores de nuestro país postulan formas de amnistía como soluciones de impunidad en favor de los perpetradores, usando la retórica de la reconciliación. Es lamentable que el gobierno actual y algunas fuerzas políticas avalen el indulto a Fujimori –un indulto evidentemente político, no humanitario– recurriendo a esta “reconciliación” espuria, que resulta nefasta para las políticas democráticas.

El Informe Final de la CVR propuso tres niveles de reconciliación, claramente delimitados. Un nivel político, que alude a la recuperación del compromiso entre el Estado – ausente en algunos lugares y episodios del proceso de violencia vivido – y la sociedad que debe estructurar y proteger observando la ley; aquí también se evoca la conexión entre los partidos (en tanto pertenecientes al sistema político), y el país. Un nivel social, que se refiere al restablecimiento de los lazos entre las instituciones de la sociedad civil – las universidades, los sindicatos, los gremios, los colegios profesionales, las iglesias, las ONGs, etc. – y la sociedad en general; estas instituciones enfrentaron de diferentes maneras el conflicto armado. Un nivel interpersonal, asociado a las condiciones del reencuentro de las personas que volvieron a sus comunidades luego de aquellos años. Estas comunidades habían afrontado procesos de división y enfrentamiento, y había llegado el tiempo de reunirse y volver a trabajar juntos y convivir. Este tercer aspecto de la reconciliación es particularmente difícil y significativo, y ha sido discutido solo parcialmente en la década pasada. En los últimos años, se ha desarrollado una importante literatura testimonial en torno a estos años de dolor y terror. Los libros de Lurgio Gavilán, Carlos Flores y José Carlos Agüero aportan reflexiones cruciales sobre el sentido de esta reconciliación intersubjetiva en los espacios de la vida cotidiana.

En contraste con la profundidad y las precisiones del trabajo de la CVR, la retórica de la “reconciliación” postulada en las últimas semanas solo pone énfasis en una versión fragmentaria y estrecha de miras del nivel político. En esta versión paródica, no se trata de la reconexión dialógica entre el Estado y la sociedad, de cara al cuidado de los derechos de los ciudadanos y ante el predicamento de las víctimas. Aquí se habla solo del entendimiento mínimo entre dos fuerzas políticas, una en el gobierno y otra que cuenta con el control del Congreso, que pueda garantizar la coexistencia en la arena política y ciertas condiciones de gobernabilidad. El tema de las víctimas simplemente está fuera de la discusión entre las partes. El indulto ha sido un factor de negociación bajo la mesa.

No sorprende que aquellos ciudadanos que participaron en las movilizaciones en favor de las libertades públicas y los derechos durante los años noventa –tanto desde el sistema político como desde las organizaciones de la sociedad civil– se sientan traicionados por las acciones del gobierno respecto del indulto y las componendas con los fujimoristas, invocando la aspiración a la reconciliación nacional. Se sienten defraudados y desmoralizados porque precisamente un auténtico proceso de reconciliación entraña un movimiento de reconstrucción democrática. No en vano la formación de una Comisión de la Verdadfue uno de los pilares de la agenda del gobierno de transición iniciado tras el colapso del régimen de Fujimori. Solo es posible un proceso de reconciliación social y política se sostiene en el horizonte del cultivo de la democracia, la defensa de los derechos humanos y de los principios de la ética cívica. Se trata de una cultura política común al liberalismo y a la socialdemocracia. Se trata de valores públicos frente a los cuales el ciudadano de una democracia no puede ser indiferente, más allá de su militancia partidaria o visión de las cosas. Allí donde algunos periodistas y políticos perciben “antifujimorismo” otros vemos el ejercicio de una mentalidad antiautoritaria, o, para decirlo en positivo, vemos la suscripción de aquella cultura política basada en el cuidado de valores públicos democráticos, una cultura política que comparte tanto una izquierda moderna como una derecha liberal. Estos valores no pueden ser sacrificados en los avatares de una negociación basada en la ponderación de meros intereses de facción.  

Estas decisiones y negociaciones nos afectan, tienen consecuencias para nuestras vidas y para el trabajo de nuestras instituciones. Tenemos algo que decir al respecto. No podemos dejar el quehacer político solamente en las manos de los políticos. Si algunos parlamentarios y algunos periodistas quieren cubrir con el ropaje de la “reconciliación” lo que realmente es un acuerdo de mutuo beneficio entre grupos de interés  – práctica  que implica además la comisión de un acto de injusticia -, entonces la voz de los ciudadanos debe alzarse desde el corazón de la sociedad civil. Deliberar y actuar juntos son expresión del compromiso con nuestra comunidad política. Si aspiramos a la libertad, debemos luchar por ella en el espacio público recurriendo a los canales y a las reglas que establece la  democracia.