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Democracia y el país realmente existente

Foto: Andina.

Nuevamente, a propósito de la reforma política que deberá proponer la comisión de alto nivel conformada para tal fin, colocamos a los partidos políticos en el centro del debate, en gran medida para denostarlos, seguramente con razón pero sin que se vislumbren alternativas claras para incluirlos en una democracia que, como la nuestra, procede solo bajo la condición de la existencia de estas organizaciones.

En ese sentido, si estamos pensando en organizaciones políticas nacionales como instancias homogéneas y con proclividad para tener presencia y organizar la vida política en todo el país, podemos estar seguros que nos equivocaremos. Tres datos “estructurales”, claves para formarnos una idea al respecto, generalmente obviados cuando debatimos sobre nuestro sistema político y los factores que deberíamos intervenir para mejorar la calidad democrática: la urbanización del país, siguiendo las tendencias que viene consolidándose en el Sur global, el bono demográfico y la territorialización de las actividades económicas ilegales.

La urbanización del país: No es solamente que más población reside en ciudades sino que, manteniéndose aún el extremo centralismo alrededor de la ciudad capital, han surgido conglomerados urbanos importantes como Trujillo, Chiclayo, Piura, que compiten por el segundo lugar con la ciudad de Arequipa. Más aún, esto es un resultado fuertemente concentrado en los espacios de la Costa. Su población, según el Censo del 2007, representó el 54,6% del total nacional, subiendo a 58,0% en el Censo 2017. Asimismo, la población de la Selva aumentó de 13,4% en a 13,9% en el mismo período intercensal. Por el contrario, la población de la Sierra disminuye de 32,0% a 28,1%.

Asociado a ello, veremos que la importancia demográfica no corresponde estrictamente a la región –como muchas veces se ha supuesto- sino a las ciudades arriba nombradas que, como es el caso de Arequipa, pueden concentrar un altísimo porcentaje de los habitantes de una región algo que, en mayor medida, se reproduce en todas las demás. Los departamentos con mayor población censada son Piura con 1 millón 856 mil 809 habitantes (6,3%), La Libertad con 1 millón 778 mil 80 habitantes (6,1%), Arequipa con 1 millón 382 mil 730 habitantes (4,7%) y Cajamarca con 1 millón 341 mil 12 habitantes (4,6%); completa este grupo la provincia de Lima con 8 millones 574 mil 974 habitantes (29,2%). En conjunto, estas cinco regiones contienen más de la mitad de la población nacional (50,8%).

En Piura, el 41% de la población está concentrada en la provincia del mismo nombre y la población del área urbana representa el 79,3% del total de la población del departamento, mientras que en el área rural fueron censadas 384 mil 976 personas que representan el 20,7%. Entre los años 2007–2017, la población urbana censada se incrementó en 20,3%.

En La Libertad, el 54% de la población regional reside en la provincia de Trujillo y el 45% lo hace en la ciudad del mismo nombre. De otro lado, el 78% de la población se asienta en las ciudades. En Arequipa el 90% de la población es urbana. El 75% reside en la ciudad de Arequipa.

En Cajamarca solo el 35% vive en las ciudades. El 25% reside en la ciudad de Cajamarca. En Lima el 98% es urbana. El 82% está en la ciudad de Lima.

Entonces, la concentración poblacional es un dato político-electoral al que debemos prestar más atención. Casi el 47% de la población peruana vive en siete de las ciento noventa y seis provincias que tiene el país. Electoralmente hablando, esto significa que de los 22 millones 901 mil 954 electores registrados en los padrones correspondientes, el 57% está concentrado en seis regiones: Lima, La Libertad, Piura, Arequipa, Cajamarca y Cusco. El 34.6% está en Lima.

¿Qué nos indica esto en términos políticos electorales? Básicamente, que no es necesario construir maquinarias políticas “nacionales” para ganar elecciones, como lo demuestran los resultados recientes. Basta obtener buenos resultados en algunos de estos conglomerados urbanos –no en todos- para obtener “un triunfo nacional”. Además, la lógica electoral que impone dicha estructura pone de lado la dimensión rural, especialmente los espacios dedicados a la producción alimentaria para el consumo local.

Obviamente, esto tendrá impactos directos en los resultados que se obtendrán: las brechas –no sólo políticas, sino también sociales y económicas- se acrecentarán lo que condiciona, a su vez, a una mayor concentración y centralización.

El bono demográfico: Un segundo dato que no deberíamos soslayar son los condicionamientos que puede provocar el bono demográfico en el comportamiento electoral. En el 2016, 6 millones 927 mil 437 fueron votantes menores de 30 años, lo que representó el 30.2% del padrón electoral. En otras palabras, fue el segmento generacional más importante, de lejos.

Pero esta situación no se refleja en la composición de las listas de candidatos congresales, como también sucede en el caso de las mujeres. Una distribución de los candidatos congresales del 2016 según rangos de edad, muestra que el  4% eran menores de 29 años, 21% estaban entre 29 y 39 años, el 28% se ubicaban entre 40 y 49 años de edad y otro 28% entre 50 y 59 años, un 16% tenía entre 60 y 69 años de edad y un 3% eran mayores de 70 años. En suma, el 30% de los votantes tiene menos de 30 años pero sólo un 4% de candidatos estaban en ese rango de edad.

¿Por qué es políticamente importante subrayar la situación de los jóvenes, además de su importancia numérica? En el Perú existen actualmente 420 mil jóvenes entre 15 y 29 años que están desempleados, lo que representa el 8.4% de la población económicamente activa (PEA). Esta tasa es el registro más alto de los últimos 10 años. Además, los jóvenes deben enfrentarse a otro gran problema: la alta tasa de informalidad laboral equivale al 72% de la PEA, pero cuando referimos a la población joven esta tasa se eleva hasta el 78%. En otras palabras, es uno de los segmentos más impactados por los resultados del modelo económico neoliberal.

La importancia de las actividades informales-ilegales: Un tercer aspecto que señalábamos era la importancia de las actividades informales-ilegales. Ya para el 2012,  se estimaba oficialmente que las personas dedicadas a la minería informal-ilegal superaban el medio millón (otras versiones afirmaban incluso que era un millón de personas) o, en esa línea, el 3% de la Población Económicamente Activa (PEA), que producía el 18% del valor total del oro extraído ese año, alrededor de 11 mil millones de dólares.

Como vemos, no hay un estimado que permita saber cuántas personas se dedican a estas actividades, aunque hay coincidencia que es una cifra importante. Ahora bien, si a ello multiplicamos las personas dependientes del trabajador así como aquellas cuyas actividades se eslabonan directa o indirectamente con la mineria informal-ilegal, más sus respectivos dependientes, vamos a tener cifras realmente impactantes que ningún aspirante a gobernar o conducir el espacio territorial –sea el gobierno regional o el gobierno municipal- puede poner de lado.

 

En el 2018, el cultivo de hoja de coca pasó de 44 mil hectáreas a 49 mil ochocientas, aumentando la producción de cocaína de 410 a 491 toneladas. Esto se lleva a cabo en al menos trece regiones del país y compromete a unos 164 distritos.

Por ejemplo, en Puno, a más de 5000 metros de altitud, unas 70,000 personas se aglomeran en el sitio denominado La Rinconada, Ananea, esperanzadas en encontrar el oro que resolverá todos los problemas de sus vidas. Para que las actividades se lleven a cabo, se necesita indumentaria, alojamiento, transporte, alimentación, entre otros servicios. Además, se necesita comunicaciones, diversión, vituallas y aprestamientos que, generalmente, son demandados en la ciudad de Juliaca, lugar donde se transa una buena parte de lo ganado en la mina. Todo esto, que no es más que un botón de muestra, ofrece una pálida idea de las redes sociales y económicas que se forman en la producción y reproducción de la actividad informal-ilegal, que sería impensable poner de lado en la actividad política local y regional.

En la actualidad, la extracción ilegal de minerales se realiza al menos en trece regiones del pais, entre ellas Madre de Dios, Piura, La Libertad, Puno, Ica, Áncash, Cusco, Apurímac, Tumbes, Lima y Arequipa.

Otras de las actividades ilegales importantes, con gran impacto territorial, es el narcotráfico. En el 2018, el cultivo de hoja de coca pasó de 44 mil hectáreas a 49 mil ochocientas, aumentando la producción de cocaína de 410 a 491 toneladas. Esto se lleva a cabo en al menos trece regiones del país y compromete a unos 164 distritos.

El VRAEM, de donde sale el 75% de la cocaína del país, está conformado por 69 distritos y acoge a no menos de 2500 comunidades campesinas y nativas. Frente a ello no puede identificarse alguna intervención del Estado peruano con algo de éxito que haya afectado los múltiples y complejos factores que se interrelacionan para dar funcionamiento a la actividad. En todo caso, todas las evidencias disponibles permiten afirmar que la producción de cocaína en el VRAEM conecta económicamente gran parte de los territorios del Sur del país, configurando una dinámica muy extensa y decisiva para las economías rurales de esa parte del país.      

Las posibilidades de Vizcarra: El escenario descrito nos habla de un Estado nacional sin control del territorio y, de otro lado, la existencia de compartimentos territoriales cuyos actores relevantes buscan y exigen un “pacto” para establecer criterios mínimos de gobernabilidad. Todo ello inmerso en una dinámica social y económica que busca salidas ante la concentración económica y el ensanchamiento de las brechas de desigualdad que ha arrojado como resultado el neoliberalismo.

Al respecto, si bien el sentimiento anticorrupción que ha teñido las emociones y afectos que hemos dirigido hacia la política durante el último año aún está vigente, seguramente no por mucho tiempo más. Más temprano que tarde, volverá a imponerse la idea de la poca capacidad que tiene la política formal para resolver problemas.

En esa línea, como ya han señalado algunos analistas, el presidente Vizcarra ha tenido un alto grado de aceptación en las encuestas porque, a diferencia de sus antecesores, se ha esforzado en involucrarse con la población. Sin embargo, querer no es poder. El presidente Vizcarra solo puede activar mecanismos personales ante la inexistencia de los institucionales y por ahora no le ha ido mal porque aprovecha la situación para “surfear” en la cresta de la ola del sentimiento anticorrupción.

Pero, decíamos, esto no será permanente y podría buscar espacios en donde los relacionamientos directos con la población sean algo más perdurables y, si se quiere, “medibles” de forma tal que permitan mostrar “éxitos” cuando la situación amerite. Así, al menos tres ejes que “construirían” mejores relaciones con la sociedad, por fuera de una inexistente institucionalidad, pueden ser la seguridad ciudadana, violencia hacia la mujer y alimentación. En cualquier caso, en ninguno de los tres hay actualmente evidencias de resultados que beneficien políticamente al gobierno.

Un cuarto eje podría ser el potenciamiento y re-direccionamiento de los espacios para vincularse con los gobiernos subregionales, lo cual viene haciendo; sin embargo, los resultados de noviembre no estarían sintonizando con los objetivos que se propuso en este espacio: Mesías Guevara, Walter Aduviri, Vladimir Cerrón, Zenón Cuevas y otros gobernadores regionales, tienen evidentes objetivos políticos, que no podrán ser domados con expedientes clientelistas derivados de negociaciones alrededor de los presupuestos, aún cuando tampoco debe creerse que suprimen toda intencionalidad “pragmática” a su acción como autoridades. No olvidemos que la “racionalidad” de las autoridades subregionales implica manejarse con una serie de situaciones y actores informales e ilegales. 

Como afirma Alicia del Águila[1], refiriéndose a Walter Aduviri (pero puede extenderse perfectamente a otros gobernadores regionales), “podría ser una suerte de populismo de la informalidad”. En efecto, es innegable que así sea pero, cabe preguntarse cuál sería la alternativa para formular un mínimo equilibrio que permita gobernar un espacio regional si no es con los que realmente arman las agendas territoriales, sean formales, informales o ilegales. Bien dice Del Águila: “Aduviri expresa una decepción y una expectativa, razones y reivindicaciones frente a Lima”.

Colaboraciones

La rockola de Ideele