Un segundo momento neoliberal lo encontramos en 1980, año en que retorna la democracia luego del experimento nacionalista y estatista del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (1968-1980). El reto del presidente Fernando Belaunde Terry era cómo expandir de inmediato la economía para crear un millón de empleos, según su promesa electoral, en tiempos en que ya empezaban a aplicarse en América Latina las recetas de lo que luego se llamaría el Consenso de Washington.

Para esto nombró como premier y ministro de Economía a Manuel Ulloa Elías (Lima, 1922-Madrid, 1992), quien se rodeó de un grupo de tecnócratas muy afines a la Escuela de Chicago y al thatcherismo (su equipo económico, llamado Dynamo, estaba conformado, entre otros, por Roberto Dañino, Pedro Pablo Kuczynski, Roberto Abusada y Richard Webb, todos con formación académica en universidades anglosajonas). La idea era modernizar el mercado reduciendo la participación del Estado, impulsando la austeridad fiscal, eliminando la protección arancelaria de las industrias, fortaleciendo el sector privado con créditos y estimulando la inversión extranjera.

Luego de hacer, ante el Congreso, un balance crítico de la herencia recibida, Ulloa lanzó su programa en septiembre de 1980 que, aparte de liberalizar la economía, continuó con la política de estabilización iniciada en la segunda fase del régimen militar para controlar la inflación y garantizar la confianza de los inversionistas. En líneas generales, Belaunde y Ulloa regresaban al modelo tradicional de liberalismo económico anterior a 1968, basado en el crecimiento de laissez faire de orientación exportadora. Sin embargo, a este viejo modelo se añadieron tres nuevos elementos que distorsionaron sus efectos, y que no pudieron medir los asesores de Belaunde: la economía informal más grande y empobrecida de América Latina, la presencia del narcotráfico y la inesperada guerra interna desatada por el terrorismo de Sendero Luminoso.

El equipo de Ulloa pudo ser moderadamente optimista porque el ciclo exportador continuó en un relativo auge y el país pudo aprovecharlo gracias a los proyectos iniciados por el velasquismo, como el cobre de Cuajone y el Oleoducto Norperuano. La venta ilícita de coca al creciente mercado norteamericano también ayudó (en 1982 fue el artículo más “exportado” y generó un ingreso de 700 a 800 millones de dólares). El problema fue que, a pesar de todos estos indicadores, el crecimiento económico disminuyó de 4.5% en 1980 a menos del 1% en 1982. Belaunde no podía cumplir con su promesa populista (casi keynesiana) de generar empleo.

Con todo, el esfuerzo en contener el déficit, la confianza en el programa de liberalización y la mejora en la balanza de pagos, le permitieron Ulloa conseguir una serie de préstamos de agencias y bancos internacionales para que el Presidente reactivara su amplio plan de obras públicas y adquirir equipo bélico para las Fuerzas Armadas. El equipo de Ulloa, además, reducía los subsidios y devaluaba la moneda para estimular al sector exportador. Paralelamente, el Congreso le había dado poderes al Ejecutivo para corregir algunas reformas del gobierno militar.

Pero, en realidad, no tenía mucho margen de maniobra, pues la Reforma Agraria y la estabilidad laboral fueron respetadas por la nueva Constitución de 1979. En cuanto a las empresas públicas, se vendieron algunas pequeñas pero las grandes no tuvieron compradores. Lo que sí hubo fue un esfuerzo por reducir personal público y en algunos ministerios se logró prescindir de más del 50% de los trabajadores. Como vemos, poco es lo que se podía reestructurar dentro de un esquema liberal, y no solo por los impedimentos constitucionales sino también por la potencial oposición de los grupos de izquierda, incluida en APRA, en retroceder respecto a una serie de conquistas sociales y laborales.

Ulloa tuvo que renunciar en diciembre de 1982. Su programa de liberalización no dio resultados: el PBI era muy pobre (1.8%), la agricultura no despegaba, la minería se estancó y la industria casi se desplomó debido al ingreso de las importaciones (los aranceles se habían rebajado del 66% al 32%), especialmente el estratégico sector textil. Como si esto fuera poco, las exportaciones caían, especialmente los minerales, mientras aumentaban las importaciones. Reaparecieron el déficit fiscal y el de la balanza de pagos, asomó la inflación y se bloquearon los créditos extranjeros luego de que estallara la crisis de la deuda latinoamericana con la insolvencia de México.

La responsabilidad del Ministerio de Economía recayó ahora en Carlos Rodríguez-Pastor Mendoza (Lima, 1935-Michigan, 1995), otro tecnócrata vinculado al gran capital internacional (había sido presidente del Wells Fargo International Bank), quien no tuvo más remedio que ceder a un plan de restructuración propuesto por el Fondo Monetario Internacional para lograr un crédito de 500 millones de dólares. El nuevo reajuste incluía reducción del gasto público, mayor restricción de la demanda e incremento del ritmo de devaluación y de los tipos de interés. Al final, los esfuerzos no sirvieron de mucho por las iniciativas populistas de Belaunde en inflar el aparato estatal con más trabajadores y en sus obras de infraestructura, como la Marginal de la Selva, postergada por la dictadura militar. Pero el clientelismo del Presidente no fue el único obstáculo de Rodríguez-Pastor: la naturaleza completó el desastre por la irrupción del fenómeno de El Niño (1982-1983). 

Como vemos, el punto de quiebre en el manejo económico del segundo belaundismo fue 1983, que empujó al país a una terrible recesión. El impacto de la naturaleza y la crisis financiera global desplomaron las exportaciones y los sueños del Presidente. Respecto a 1979, las exportaciones se redujeron en un 50%, por ejemplo. Recogiendo otras cifras, el PBI se desplomó en 12%, la industria en  21%, la inversión privada en 34% y los salarios reales en 31%. El ingreso per cápita llegó a los niveles de 1960. Lo único que subían era la inflación (que superó los tres dígitos), el subempleo y el sector informal. El país se acostumbró a la eliminación progresiva de subsidios, al incremento del precio de la gasolina y de las tarifas de algunos servicios, como la electricidad, y a una política de “minidevaluaciones”.

Pero ese fatídico 1983, el Instituto Libertad y Democracia (ILD), fundado por el economista Hernando de Soto (Arequipa, 1941), invitaba a Lima a las dos celebridades del neoliberalismo, Friedrich Hayek y Milton Friedman. Fundado en 1979 en el marco del Foro Economía Social de Mercado, el ILD se convirtió en el núcleo académico de la derecha liberal peruana. En mayo de 1980, llamó a una cruzada ideológica y sugirió la proscripción de libros marxistas y ciertos textos escolares; firmaban el documento Guillermo Hoyos Osores, Hernando de Soto, Mario Vargas Llosa, Sandro Mariátegui Chiappe, Andrés Townsend Ezcurra y Enrique Chirinos Soto. Ellos tomarían como bandera el neoliberalismo para desbaratar lo que había experimentado el gobierno militar de los setenta. Ese fue el propósito político de El otro sendero, publicado en 1986 por Hernando de Soto, cuando se había hundido en su segundo fracaso el arquitecto Belaunde y el Perú vivía la euforia heterodoxa del primer gobierno de Alan García.

La responsabilidad del Ministerio de Economía recayó ahora en Carlos Rodríguez-Pastor Mendoza (Lima, 1935-Michigan, 1995), otro tecnócrata vinculado al gran capital internacional (había sido presidente del Wells Fargo International Bank), quien no tuvo más remedio que ceder a un plan de restructuración propuesto por el Fondo Monetario Internacional para lograr un crédito de 500 millones de dólares. El nuevo reajuste incluía reducción del gasto público, mayor restricción de la demanda e incremento del ritmo de devaluación y de los tipos de interés. Al final, los esfuerzos no sirvieron de mucho por las iniciativas populistas de Belaunde en inflar el aparato estatal con más trabajadores y en sus obras de infraestructura, como la Marginal de la Selva, postergada por la dictadura militar. Pero el clientelismo del Presidente no fue el único obstáculo de Rodríguez-Pastor: la naturaleza completó el desastre por la irrupción del fenómeno de El Niño (1982-1983). 

Como vemos, el punto de quiebre en el manejo económico del segundo belaundismo fue 1983, que empujó al país a una terrible recesión. El impacto de la naturaleza y la crisis financiera global desplomaron las exportaciones y los sueños del Presidente. Respecto a 1979, las exportaciones se redujeron en un 50%, por ejemplo. Recogiendo otras cifras, el PBI se desplomó en 12%, la industria en  21%, la inversión privada en 34% y los salarios reales en 31%. El ingreso per cápita llegó a los niveles de 1960. Lo único que subían era la inflación (que superó los tres dígitos), el subempleo y el sector informal. El país se acostumbró a la eliminación progresiva de subsidios, al incremento del precio de la gasolina y de las tarifas de algunos servicios, como la electricidad, y a una política de “minidevaluaciones”.

Pero ese fatídico 1983, el Instituto Libertad y Democracia (ILD), fundado por el economista Hernando de Soto (Arequipa, 1941), invitaba a Lima a las dos celebridades del neoliberalismo, Friedrich Hayek y Milton Friedman. Fundado en 1979 en el marco del Foro Economía Social de Mercado, el ILD se convirtió en el núcleo académico de la derecha liberal peruana. En mayo de 1980, llamó a una cruzada ideológica y sugirió la proscripción de libros marxistas y ciertos textos escolares; firmaban el documento Guillermo Hoyos Osores, Hernando de Soto, Mario Vargas Llosa, Sandro Mariátegui Chiappe, Andrés Townsend Ezcurra y Enrique Chirinos Soto. Ellos tomarían como bandera el neoliberalismo para desbaratar lo que había experimentado el gobierno militar de los setenta. Ese fue el propósito político de El otro sendero, publicado en 1986 por Hernando de Soto, cuando se había hundido en su segundo fracaso el arquitecto Belaunde y el Perú vivía la euforia heterodoxa del primer gobierno de Alan García.