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Los retos de la ciudadanía democrática hoy

Vivimos en medio de una crisis política. El presidente de la República ha propuesto al Congreso adelantar las elecciones generales al 2020, interpretando acertadamente las circunstancias actuales, como la razonable indignación ciudadana frente al vergonzoso espectáculo de grupos políticos protegiendo sin pudor alguno a personajes involucrados en casos de corrupción. “Que se vayan todos” se ha convertido en un mensaje claro de la ciudadanía de desaprobación a nuestra decrépita “clase política”. La mayoría parlamentaria amenaza con archivar la propuesta, a la vez que se ha propuesto investigar la elaboración misma del discurso presidencial del 28 de julio, fiscalizar el trabajo de las encuestadoras y ensayar otros mecanismos de presión.  

Resulta obvio que la mayoría parlamentaria y sus aliados se han propuesto vacar al presidente Vizcarra y, con esta medida, desactivar el sistema anticorrupción que con tanto esfuerzo ha podido construirse en el país. La decisión de la jerarquía fujimorista conducente a la designación de lo más rancio del conservadurismo parlamentario para presidir la Comisión de Educación y la Comisión de Constitución revela la vocación de Fuerza Popular por intensificar la confrontación con el Poder Ejecutivo. Por su parte, la vicepresidenta está jugando su propio juego político – pensando posiblemente en el futuro inmediato – asumiendo una actitud condescendiente con la agenda de los fujimoristas y apristas. Pedro Olaechea hace lo propio, acaso percibiéndose a sí mismo como una suerte de potencial presidente transicional. Habrá que recordarle que la coyuntura actual es radicalmente distinta a la de la recuperación de la democracia tras la caída del fujimorato, y añadir a ello que sería preciso tener la altura moral e intelectual de Valentín Paniagua para pensar en enfrentar una tarea semejante con integridad, entereza y buen juicio. La postura de Olaechea resulta imprudente y es poco transparente. Es evidente que ha asumido la defensa del bando incorrecto en este conflicto.

1.- La libertad requiere compromiso y esfuerzo. Los ciudadanos tenemos que despertar

La mayoría de los peruanos queremos que los congresistas se vayan a sus casas.  Su vocación por el blindaje de personajes clamorosamente involucrados en actos de corrupción y su evidente compromiso por separar a los presidentes del cargo – a causa de la obsesión de su lideresa con la idea de haber perdido la elección en la recta final – han irritado a la ciudadanía, como podía avizorarse. La propuesta del presidente constituye una salida a esta crisis dentro del marco legal vigente y las reglas de la democracia. No obstante, los ciudadanos debemos preguntarnos qué podemos hacer – desde los espacios que disponemos en el sistema político y en las instituciones de la sociedad civil – para resolver los problemas que enfrenta el país. Está claro que si no somos parte de la solución entonces somos parte del problema.

Una de las grandes dificultades para transformar la política desde la ciudadanía reside en un sentimiento de impotencia que muchos experimentan frente al sombrío escenario de nuestra vida política. Solemos pensar que los problemas del Perú – pensemos en la actitud autoritaria y en el imperio de la corrupción – son fenómenos que sobrepasan nuestras fuerzas y nuestra capacidad de actuar. Suponemos que el tratamiento de estos problemas corresponde a los políticos de oficio. Si lo hacen mal, podremos castigarlos no votando por ellos. Desde luego, castigar a los malos políticos en las elecciones no es poca cosa. Eso es importante. Sin embargo, no es suficiente. Podemos ejercer nuestras libertades políticas para que las cosas cambien.

Debemos recordar que la actual composición del Congreso de la República es nuestra responsabilidad. La mayoría de los peruanos eligió a aquellos congresistas que cuestionamos. Es evidente que debemos revisar con cuidado nuestros criterios para elegir a nuestros representantes. Uno examina el modo como un grupo nutrido de parlamentarios protege sistemáticamente a una mafia que ejercía control sobre el Poder Judicial, y se pregunta cuán significativo es meditar el voto antes de emitirlo. Incluso resulta inquietante constatar el deplorable nivel de pensamiento y discurso de nuestros representantes, en medio de un espacio político en el que ya no existe el debate ideológico ni una disposición elemental a la actividad intelectual como base de la acción política. Si nos preocupa la degradación y la mediocridad de nuestra “clase política”, algo debemos hacer como ciudadanos. Es preciso despertar y convertirnos en agentes de transformación.

Los ciudadanos solemos sumirnos en una especie de círculo vicioso: los ciudadanos de a pie no intervenimos en la política porque consideramos que la política “es sucia”, pero la política se mantiene en esa condición de degradación porque precisamente los ciudadanos no actuamos en la política

2.- Condiciones y espacios de la acción política

La inacción conspira con ese sentimiento de impotencia que he señalado. Alguna vez he desarrollado esta idea con cierto detalle. Los ciudadanos solemos sumirnos en una especie de círculo vicioso: los ciudadanos de a pie no intervenimos en la política porque consideramos que la política “es sucia”, pero la política se mantiene en esa condición de degradación porque precisamente los ciudadanos no actuamos en la política[1]. La política permanecerá sucia mientras no actuemos. Somos en parte responsables de lo que sucede en nuestra arena política local. Tenemos que recoger el guante y asumir el desafío de comportarnos como ciudadanos y ser agentes de cambio.

Aristóteles decía que el ciudadano es aquel que “gobierna y a la vez es gobernado”[2]. El polités acata las decisiones que toman las autoridades, y asume los acuerdos que se toman en la asamblea, pero también participa activamente en el proceso de designación de las autoridades –a las que también pide cuentas por sus actos–, así como interviene en la discusión en la asamblea. El ciudadano es un actor político.

No podemos dejar que el manejo de esta crisis política quede solo en manos del Congreso y del Poder Ejecutivo. Podemos participar en la discusión, presentando argumentos sobre cómo observar nuestra situación como sociedad, y vislumbrar salidas posibles. Las redes sociales constituyen una herramienta eficaz para situar el ágora más allá de un lugar físico y fluidificar el movimiento de las ideas. Podemos asimismo coordinar acciones y movilizarnos para ejercer presión democrática desde la calle, si hace falta; mostrar nuestra inquietud e indignación frente a la conducta pública de nuestros representantes constituye un derecho esencial para el desarrollo de una democracia. No obstante, considero que esta clase de movilización complementa el ejercicio de la deliberación cívica.

Muy a menudo, nuestros políticos de oficio observan con desdén las movilizaciones y otras expresiones de opinión pública ciudadana. Del mismo modo, sospechan de las “instituciones intermedias” en las que los ciudadanos debaten y actúan en conjunto; la desconfianza frente a estas organizaciones constituye el núcleo de las teorías conspirativas de nuestros políticos más conservadores. A ellos les gustaría más dividir la sociedad en “gobernantes” y “gobernados”, aunque esta división – obviamente de inspiración autoritaria - anule la idea misma de ciudadanía.

El voto constituye una actividad política fundamental para el ejercicio de la democracia, pero también está la participación. Los ciudadanos pueden actuar juntos desde los partidos políticos – aunque ya sabemos que se trata de una categoría problemática para los usos de la política criolla – en la medida en que una ideología y visión de país articule sus esfuerzos. Construir o fortalecer esta clase de asociaciones es una tarea crucial para el futuro de nuestra República.

Los agentes políticos independientes pueden participar en la cosa pública desde las instituciones de la sociedad civil – los “espacios intermedios” que acabo de evocar -; se trata de escenarios sociales en los que deliberamos, discutimos y nos movilizamos para formar nuestro juicio, incorporar temas en la agenda pública y generar formas de vigilancia cívica del ejercicio del poder. Universidades, colegios profesionales, las ONG, sindicatos, iglesias, entre otras instituciones, conforman la sociedad civil. Desde estos organismos, podemos intervenir en la vida pública y acaso producir cambios en la política cotidiana.  No tenemos que esperar a que el presidente y el Congreso de la República resuelvan los problemas que enfrenta nuestro país. Podemos – y probablemente debemos – intervenir y plantear ideas o estrategias que esclarezcan nuestras dificultades y propongan rutas de solución. Después de todo, cualquier solución sólida para los conflictos que afronta nuestro país requiere del concurso de sus ciudadanos.



[1] Formulada originalmente en Gamio, Gonzalo "Explorando la democracia. Filosofía, liberalismo y ciudadanía" en: HYBRIS N° 2 (1998) Lima; pp. 16-23.

[2] Política 1277b 10.

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