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Olmos y el desorden territorial

Presidente regional de Lambayeque, Humberto Acuña, verificó la culminación de las obras de trasvase del proyecto Olmos en el frente Oriente (Foto: Andina).

Olmos fue planeado desde 1924 por ingenieros peruanos como Santiago Antúnez de Mayolo y otros. Los gobiernos de Manuel Prado, Fernando Belaunde, Juan Velasco y Francisco Morales hicieron los estudios preliminares. El segundo gobierno de Belaunde consiguió el financiamiento, y el de Alberto Fujimori comenzó la obra pero se interrumpieron en el 2001. Posteriormente, el gobierno de Alejandro Toledo continuó la obra desde 2005, y Alan García inauguró la primera etapa en junio del 2010, cristalizándose con ello la gran obra de irrigación sin precedentes en la historia del agro peruano.

En el curso de este visionario proyecto, entre promesas incumplidas a los pequeños y medianos agricultores y miembros de la comunidad campesina Santo Domingo Olmos —propietarios ancestrales de las tierras—, se suma un nuevo problema: la concesión del lote 28 que permitiría a la empresa Pitkin Petroleum efectuar trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos en una área de 314 mil hectáreas. Nada más absurdo, si se tiene en cuenta que el Gobierno Regional de Lambayeque, a través del decreto de urgencia 049-2009, declaró la intangibilidad de las tierras del Proyecto Olmos. Inexplicables resultan también los 169 derechos mineros otorgados por el Ministerio de Energías y Minas en Olmos, siendo 65 de ellos concedidos después del referido decreto de urgencia. Una rotunda sacada de vuelta.

El problema por lo general recae en que el Perú necesita un plan de ordenamiento territorial que mapee las actividades mineras, de entes del Estado que coordinen permanentemente y eviten reacciones tardías y difusión de informaciones poco transparentes que traen como resultado desconfianza y el inicio de conflictos sociales. El Proyecto Olmos ha tomado casi un siglo para lograrse, razón por la cual no se entiende cómo Energía y Minas entrega títulos sin tomar conciencia de la magnitud de la obra, más aún si éstas están protegidas y no pueden ser vendidas para fines no agrícolas.

Toca ahora al Estado poner un alto a esta barbaridad, dejándolas sin efecto; no vaya a ocurrir que, al permitirse la exploración y en caso de hallarse petróleo, se cambien las reglas de juego. Bien haremos en recordarle al presidente Ollanta Humala su compromiso electoral, en virtud de que gran parte de los agricultores de la región, adulados por sus promesas electorales de adquirir dichas tierras, despertaron y se toparon con otra realidad.

Entrevista