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Campos minados

El proceso de acumulación de tierras en pocas manos no es privativo de la agro exportación y ni siquiera de la agricultura. Las empresas extractivas hace tiempo  que están  en este negocio y no son pocos los casos en que buscan meterse por la puerta falsa.

La trascendencia que ha tenido el caso Conga en nuestro país podría hacer pensar- de manera equivocada- que lo que levantó  a los cajamarquinos fue un hecho aislado. Lejos de ser una excepción, Conga bien podría ser, más bien,  una muestra de la relación que, en tantos casos, se establece entre las comunidades y las empresas.

Relaciones asimétricas
La historia  que tiene  la minera ICM Pachapaqui con la Comunidad de Aquia da cuenta de una serie de tiras y aflojas entre una parte que tiene dinero y poder; y la otra que, salvo sus hectáreas de cultivo, no tiene nada. Entenderse es complicado y jugar mal es tentador, sobre todo cuando tienes todas las condiciones a tu favor. Excepto la propiedad de la tierra, claro.

Desde hace 7 años ICM Pachapaqui ocupa de manera irregular 8 hectáreas de la comunidad de Aquia  en la región de Ancash y la utiliza como cancha para echar relave. Lamentablemente estas y otras arbitrariedades no han  merecido la atención   del gobierno regional, ni   la  cobertura mediática de otros sucesos. Si se trata de optar, los periodistas preferimos que la sangre llegue al rio.

Afortunadamente este - de momento- no es el caso que vamos a relatar. Aún la empresa y la comunidad están en conversaciones por resolver los conflictos que se han ido acumulando durante todos estos años.

Los pobladores de Aquia organizados en el Frente de Defensa aseguran que no están en contra de las actividades mineras, por el contrario quieren sacar provecho de  los recursos con los que cuentan, en beneficio de las actividades  a las que se han dedicado toda la vida: la ganadería y la agricultura. Por ello le reclaman a la empresa  que el pago por las hectáreas que están ocupando y la indemnización a la cual tienen derecho, lo hagan a través de una represa.
A ICM Pachapaqui no le convenció  el  trueque  y les propuso  un pago que a los pobladores les resultó  irrisorio: aproximadamente tres soles por cada metro cuadrado usado (unos 260,000 soles, en total). Además de escasa,  esta cifra solo estaba contemplando el uso del suelo más no la reparación por todo el tiempo en que la han usado de manera ilegal.

“La comunidad les ha pedido que paguen en obra. Ellos nos ofrecieron  en total  260,000 pero no los queremos, porque es muy poco. Lo que les estamos planteando es una represa y el asfaltado de la calle principal del caserío  donde está ubicada la  empresa porque ellos transitan por esa calle y contaminan a diario con el polvo a la población. Ellos como respuesta nos han dicho que nos dan 200,000 por las hectáreas que han ocupado ilegalmente y 60,000 dólares más por tres nuevas hectáreas que nos están pidiendo” refiere Julio Cano  presidente del Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Aquia.
Sin embargo en una última comunicación que hemos tenido con la empresa, nos han manifestado que están estudiando la posibilidad de la represa:

“ICMP tiene el serio interés para mejorar la calidad de vida de los pobladores de AQUIA y es consciente de la necesidad de incrementar el recurso hídrico en la zona, por lo tanto hemos establecido con la comunidad, espacios de diálogo acordando generar un estudio de viabilidad y costos de la represa TORREGAGA. Este estudio ya esta en curso”, refiere el ingeniero Ricardo Vargas, responsable de asuntos comunitarios de la empresa.

Una propuesta inaceptable
En realidad ICM Pachapaqui quiso  implantar sus propias reglas de juego en una cancha que no le pertenece (solo la arrienda). El 11 de noviembre del año pasado, antes que la empresa solicite la aprobación del Ministerio de Energía y Minas, de la ampliación de su depósito de relave- y por lo cual precisaban tres hectáreas más -, enviaron una carta  a la comunidad en donde dan cuenta  de la usurpación de las hectáreas.

“Justamente, el punto es que en los últimos meses, muestra empresa estuvo hablando con la Comunidad de Aquia, sobre el pago de un monto por el uso de 3 hectáreas, desde el actual límite de la relavera. Sin embargo preparando la documentación para el debido registro, nuestra área legal recién se ha dado con la sorpresa de que nuestra actual relavera ha excedido los límites de la concesión de beneficio en aproximadamente 8.06 hectáreas”

Chévere la transparencia, pero la carta continúa hasta llegar al tema duro: la plata.

“(…) deseamos proponerles pagar  por el uso de las 11.06 hectáreas la cantidad total de 220,000 nuevos soles de los cuales s/: 60,000 serían por las 3 hectáreas  y 160,000 por las 8.06 hectáreas que fueron usadas anteriormente ; de esta manera ICM Pachapaqui estaría indemnizándolos  por el uso de estas 8.06 hectáreas  que fueron usadas por los anteriores dueños”.

Como vemos la primera propuesta  fue de 220,000 en total, lo cual indignó a los pobladores. Luego fueron mejorando la oferta. ICM Pachapaqui pretendía  pagar por las tierras usadas como si fuera un alquiler normal. Así mencionen en su carta la palabra  “indemnización” por la ocupación ilegal durante todos estos años, en realidad solo estaban ofreciendo  20,000 soles por cada hectárea. A veces la transparencia llevada al extremo puede parecer impudicia.
El 5 de julio de este año Sug Chae Lee, el apoderado de ICM Pachapaqui  remite a la  Comisión Negociadora de Aquia una carta en la que ofrecen pagar 260,000 soles por la molestia (penalidad por haber hecho uso de las 8  hectáreas) y 220,000 por la ocupación de las 11 hectáreas que necesitan.

Tierra quemada
Ellos ponen el precio y determinan la cantidad de tierra. A propósito: tampoco está clara la cantidad exacta de hectáreas invadidas puesto que quienes han hecho la medición es la propia empresa y no un organismo independiente.

Acá se habla de un pago único por el uso de la tierra mientras dure el proyecto. En realidad lo que dure el proyecto es lo que dure la tierra para la comunidad. Los efectos del relave son letales para la productividad de la tierra. Una vez usadas por la empresa esas tierras no podrán servir  para la agricultura, lo cual debe valorarse en la  indemnización.   

La empresa actúa con mucha autoridad, Julio Cano relata que  incluso algunos funcionarios los amenazan  con irse del lugar y dejar sin beneficio a la comunidad si esta no quiere aceptar sus condiciones.

Pero es la comunidad quien tiene la sartén por el mango, aunque no todos  sean conscientes de ello. Existe una clausula en el contrato en donde se señala  que si la empresa trasgrede alguno de los puntos pactados (en este caso excederse en el uso de la tierras arrendadas) el convenio puede disolverse.
En un país en donde se respete el estado de derecho una empresa como la que está a cargo del proyecto ICM Pachacati, tendría todas las de perder.
Pero el conflicto por las hectáreas invadidas no es el único problema con la empresa. La comunidad le pide también que asfalte la calle principal que conduce a su proyecto. Se quejan que el polvo que genera les perjudica a la salud.

La empresa ha cotizado  el asfaltado en un  millón y medio, sin tener en cuenta que esta obra debería estar fuera de la negociación porque es  necesaria para que el polvillo del camino deje de perjudicar a la comunidad. En la carta del 5 de julio les responden que no están en condiciones de poder asumir dicho gasto debido a “su baja capacidad de producción”.

En la comunicación dirigida a la comunidad la empresa habla del cumplimiento estricto de lo acordado y de que siempre han actuado conforme a los requerimientos legales. Sin embargo estas palabras parecen ser solo  una suma de buenas intenciones. Según el informe de la  OEFA  del año pasado, ICM Pachapaqui encabezada la lista de las empresas más contaminadoras.  Le pusieron una multa  405,000 soles, por exceso a los Límites Máximos Permisibles (LMP) de efluentes líquidos minero metalúrgicos. Sin embargo el informe de la OEFA también  destaca  que esta empresa logró saldar aquel pago.
De manera sorprendente  cuando consultamos sobre este tema el ingeniero Vargas dijo que no estaba al tanto:

“ICMP desconoce sobre el informe en mención, sin embargo desde que la nueva administración tomo las riendas de la unidad minera se han venido implementando mejoras significativas en lo que a Manejo Ambiental se refiere”.

¡Págueme la renta!
Lo que hasta ahora no salda ICM Pachapaqui es la deuda que tiene con los pobladores de Aquia por el uso de sus tierras. Desde hace  tres años les deben la renta. La empresa dice que están a la espera que la comunidad les indique en que obra deberá invertir  ese dinero, sin embargo el contrato no estipula que el pago deba  ser en obras, sino en efectivo.

Pero al margen de esta deuda, la cantidad de pago por dicho   alquiler es un tema que también tiene disconformes a los pobladores de Aquia. Actualmente reciben 150,0000 de soles por el arriendo, pero según refiere Cano  de acuerdo a la tasación hecha por instituciones especializadas el pago debería ser el doble.
En problema con ICM Pachacati no ha surgido hace unos meses sido data de hace varias décadas. Tal como se reporta en el Diario de Adquisiciones y Fusiones se trata de un asentamiento minero  que ha tenido una actividad intermitente en nuestro país. En la década de los 80 estaba a cargo de una familia que nunca inició su explotación, motivo por el cuál fue tomada por el gobierno a inicios de los 90 y en 1995 fue vendida a  Babcock  y constituye  la   Plata Perú Resources Inc. Esa sociedad solo funcionó de manera parcial. Duró hasta 1999  año en que fue cesada por una serie de irregularidades que detectó la Comisión de Valores.
En el año 2005 la empresa británica  International Consolidated Minerals Inc. (ICM) compró el integro de acciones de la mina.  Sin embargo esta empresa también tuvo problemas para desarrollar la explotación. Fue así que en el año 2010 la segunda compañía fundidora de Zinc en el mundo: Korea Zinc,  adquiere por casi 50 millones de dólares ICM Pachapaqui.

La buena experiencia
No es la primera vez que la comunidad Aquia tiene problemas con alguna empresa minera. En el año 2010 tuvieron un impasse  con Millpo, quienes para hacer el camino de su proyecto usaron seis hectáreas de la comunidad. En esta oportunidad conversaron y llegaron a un acuerdo: un millón de soles de reparación pero no contante y sonante sino a través de una fábrica de queso. Millco va.

Con ese antecedente los pobladores de Aquia reflexionan: Si Millpo nos dio un millón por las 6 hectáreas que usaron ¿por qué ICM Pachapaqui nos quiere dar solo 260,000 de reparación?

Si bien este conflicto aparece como monetario, en el fondo va más allá de soles más o soles menos.   Se trata de una población que resiente la poca atención del Estado a sus demandas. Y  también desnuda una política mentecata. A los que protestan en Conga los acusan de anti mineros y de  no querer el desarrollo del país. En Aquia los pobladores si quieren la mina, pero igual el Estado se desentiende de sus demandas.  

 Pd: La versión de la empresa. Les remitimos al presente documento en el cuál la empresa ICM Pachapaqui expone su punto de vista.

Entrevista