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Juzgarlo a partir de la hoja de ruta

El tiempo tiene la irónica costumbre de poner las cosas más o menos en su sitio. Cuatro meses después de asumir el mando, el presidente Ollanta Humala goza de una popularidad superior en los sectores pudientes que en los rezagados, aunque en éstos su aceptación es todavía notable. La mayor parte de sus problemas no vienen por su derecha, donde, exceptuando a las miasmas políticas y periodísticas del fujimontesinismo, hay un entusiasmo por el actual Gobierno con ribetes de epifanía, sino por su izquierda, donde la tensión entre los ideales originales (“gran transformación”) y la realidad (”hoja de ruta”) provoca tensiones perfectamente previsibles que irán resolviéndose.

Para quienes optamos en la segunda vuelta electoral por un elemental sentido de la realidad y de las prioridades, nada de esto es como para restregarse los ojos. Bienvenidos los (y las) mercantilistas y rastacueros que han visto la luz y disfrazan su mudanza con frases como “Humala ha cambiado”, como si no hubiese sido obvio, en la campaña electoral, que ya no era el del 2006. Con suerte estos espíritus itinerantes cambiarán también porque, como dice la genial frase de Pascal, “empieza por beber agua bendita y acabarás creyendo”.

A Ollanta Humala hay que juzgarlo a partir de su compromiso de la segunda vuelta, no de la orientación ideológica que tenga cada uno de nosotros. El compromiso público ante varios testigos fue meridiano: hacer cambios respetando la democracia como la entendemos los demócratas, preservando el sistema de propiedad privada e intercambios libres tanto internos como externos, y atajando la corrupción. ¿Qué cambios? Los orientados a que los beneficios del sistema alcancen a los peruanos que han visto hasta ahora la fiesta de la abundancia por la ventana exterior de la casa.

Esto último es un rompecabezas laberíntico por tres razones. Primero: no siempre está clara la frontera entre quienes han quedado excluidos y quienes se han beneficiado del sistema pero por eso mismo tienen hoy mayores expectativas con respecto a sus ingresos y a los servicios públicos. Segundo: en un ambiente con más de 200 conflictos sociales activos o latentes, en el que grupos radicales o caciques locales pescan a río revuelto, la negociación inteligente y mutuamente provechosa es más fácil imaginarla que hacerla. Por último, el Estado peruano es un desastre y cualquier reforma acaba en agua de borrajas con mucha facilidad.

En cualquier caso, solo un idiota (especie tenaz y resistente) puede afirmar que Humala no ha respetado la democracia, que ha puesto en peligro el sistema económico o que ha prohijado la corrupción. No sabemos lo que ocurrirá en el futuro, pero sí sabemos que los gobiernos antidemocráticos con los cuales se comparaba a su proyecto ya habían dado muchas señales claras, a estas alturas del partido, de que entendían por democracia, economía de mercado y moral pública algo distinto a lo que el Gobierno peruano practica o respeta en el Perú desde hace cuatro meses (lo de moral pública no incluye, claro, a ciertas zonas del Congreso).

Además, hay cosas que valorar en el estilo presidencial, alejado de la megalomanía presencial, la estridencia verbal, la matonería barriobajera o la sensualidad milyunanochesca del poder. En el entorno del mandatario se ha confirmado lo que ya era obvio: que Nadine Heredia es, con diferencia, el mejor activo que tiene Ollanta Humala. Otros personajes son menos reconfortantes y merecen más fiscalización. Algunos colaboradores ya han dado muestras de empacharse fácilmente con las mieles del poder, como ocurre con todos los gobiernos. Lo importante es que se los ha podido poner en evidencia desde la prensa respetable y se los está investigando. Ojalá que los castigos sean dignos de ese nombre y no el proverbial saludo a la bandera.

Comprobada la lealtad democrática y la moderación ideológica, la discusión está —y estará a lo largo de los próximos cuatro años y ocho meses— en los cambios ofrecidos o, como dicen ahora tirios y troyanos, la “inclusión social”. Sobre eso los peruanos nunca estaremos totalmente de acuerdo. Hay quienes dirán, hechas las sumas y restas, que Humala debió hacer más y quienes dirán que hizo lo que los constreñimientos de la democracia, el equilibrio fiscal y la convivencia pacífica permitieron. Habrá quienes acusen al Gobierno de mano blanda y quienes le achaquen una mano excesivamente dura.

Humala hay que juzgarlo por el mandato que pidió y el mandato que recibió, no por el gobierno que cada uno de nosotros tiene en la cabeza.

Yo tendré, como cada uno de ustedes, mi propia opinión sobre esto, llegado el momento. Es demasiado pronto para tenerla. Lo que sí se puede hacer a estas alturas es advertir dos hechos que apuntan a un esfuerzo por cumplir la promesa social. El primero es el presupuesto del Estado para el año 2012. Dentro de un marco de equilibrio fiscal, se amplía en más de 30% el monto destinado a los programas sociales y se produce un reordenamiento de las prioridades, de tal forma que el pedazo de la torta que corresponde a los gobiernos locales crece exponencialmente. Así, mientras que el presupuesto general sube 8%, la parte destinada a los gobiernos locales aumenta 31% (por contraste, la destinada a los gobiernos regionales se eleva 8% y al gobierno central 4%). Tanto la educación como la salud públicas experimentan a su vez, en términos relativos, un aumento bastante superior al aumento que sufre el presupuesto general con respecto al año anterior.

El esfuerzo, pues, por poner en números lo que estaba en palabras, es innegable. ¿Será suficiente para alcanzar el objetivo? Esto es imposible saberlo ahora. Dependerá en gran parte de los esfuerzos de reforma del Estado. Por lo pronto, hay una buena señal: el Gobierno ha elevado el número de programas presupuestales sujetos al sistema de “presupuesto por resultados”. Pero con un Estado cuya capacidad de gestión es una calamidad en los tres niveles (cuando Humala asumió el Gobierno, solo se había ejecutado la cuarta parte de lo proyectado en inversiones públicas para todo el año), está por verse lo que tienen reservado para el Perú las Parcas del porvenir. Por el momento, el Gobierno lo intenta. No reconocer esto sería cegarse a la realidad. Podemos discrepar, desde la izquierda, la derecha o el liberalismo, de las prioridades, el ritmo o los números, pero a Humala hay que juzgarlo por el mandato que pidió y el mandato que recibió, no por el gobierno que cada uno de nosotros tiene en la cabeza.

Además de la presupuestaria, otra señal de intenciones que se hacen eco del mandato recibido es la actitud mostrada hasta ahora en los conflictos sociales, especialmente (pero no solo) el de Cajamarca en torno al proyecto Conga. Prevalecen —o prevalecían hasta ahora— en el país dos actitudes con respecto al combustible asunto de la conflictividad social asociada a la minería. Para los unos, las empresas mineras son el progreso y las comunidades que protestan, la barbarie; para los otros, las primeras son el mal y las segundas, las víctimas de un expolio. Quienes tenemos una visión distinta no encontramos todavía un espacio para introducir con fuerza una tercera visión en el debate. No sé si Humala logrará establecerla porque, como en casi todo lo demás, es pronto para saberlo.

Resumo —simplificando mucho el drama— mi posición personal. El Perú y todos los países del mundo necesitan inversiones privadas y tecnología de punta. La minería también las necesita. Pero por obra de una herencia histórica nefasta, el Estado, en lugar de los habitantes de las tierras donde hay recursos naturales, acabó apropiándose de todo. Por consiguiente, cada vez que el gobierno otorga una concesión a empresas privadas, hay comunidades que se sienten invadidas, expropiadas o simplemente marginadas por dos forasteros: el Estado basado en Lima y los concesionarios. Los mecanismos —incluyendo el canon— ideados para compensar esta anomalía y para distribuir parte de esa renta por el país no bastan para corregir el error de partida y cerrar esa antigua herida. A ello se suman consideraciones ambientales que en el fondo son parte del mismo problema, pues muchas de las comunidades observan que los estudios que realizan el Estado y las empresas concesionarias son hechos por las partes que controlan la propiedad y el negocio de una riqueza que está en sus territorios.

Frente a eso, hay quienes pensamos que es hora de que las comunidades participen de modo más directo en la propiedad de los recursos y en los beneficios del negocio. En el escenario ideal, tendrían derechos de propiedad sobre ellos. En otro escenario posible, parte de las utilidades; en un tercero, no recibirían el canon a través de los gobiernos regionales o locales sino directamente en sus bolsillos. Todos estos escenarios y otros similares entrañan problemas y complicaciones, dado lo mucho que ha avanzado el sistema actual. Pero trato apenas de esbozar un principio. El principio de que hay que respetar el reclamo de las comunidades, que no es un simple acto de barbarie como creen ciertos falsos adalides de la modernidad, sino hijo de una injusticia histórica. Lo cual no quita ir segando el césped bajo los pies de la izquierda antimoderna. Hay que hacerlo con inteligencia, no con balas.

No sé cómo resolverá Humala esta herencia. Pero sí sé que dialogar todo lo que haya que dialogar, en lugar de usar la fuerza bruta, y ponerle mucha imaginación a una salida que permita ir reduciendo la dinámica sempiterna de los conflictos sociales, es importante en sí mismo.

Echo en falta una oposición digna de ese nombre y, con excepciones notables, una prensa que tenga mayor respeto por la verdad y por los usos del sistema democrático. Pero aun con estas severas limitaciones, es urgente que se siga fiscalizando muy de cerca al Gobierno. Todo gobierno tiene la tentación del abuso de poder y de la corrupción. El mejor antídoto que se conoce es la existencia de una prensa libre y de instituciones de contrapeso político y vigilancia. Los esporádicos escándalos ocurridos hasta ahora no configuran nada parecido a lo que los críticos severos del Gobierno anuncian o vaticinan, pero son bastantes para confirmar una y mil veces lo indispensable que es seguir observando de cerca y sin pausa las acciones de todos los funcionarios públicos y de los asesores formales o informales. A los buenos y a los mediocres, que, como vemos en estos tiempos, nunca faltan.

Entrevista