La educación española en crisis

“En defensa de la enseñanza pública y contra la política educativa del gobierno” ha sido el lema con el que padres de familia y profesores de todos los niveles educativos —Primaria, Secundaria y Universitaria— se lanzaron a tres días de huelga en toda España la tercera semana de octubre. Por primera vez, la Confederación Española de padres y madres convocó a una huelga llamando a los padres de familia a que no envíen a sus hijos a la escuela.
Durante el transcurso de este año los docentes han tenido distintas estrategias para protestar. Primero desarrollaron huelgas, pero se dieron cuenta de que los más afectados eran los niños y niñas, por lo que pasaron a realizar marchas de protesta después de las 6 p.m., sin afectar el horario de clases. La alianza entre los diferentes gremios de la Educación, con los trabajadores públicos y con padres de familia, e incluso con la participación de los propios estudiantes, ha sido parte de una nueva forma efectiva de llamar la atención de las autoridades.
El principal motivo de esta larga lucha es por mejorar las condiciones educativas de sus alumnos, pero también buscan una mejora significativa de sus salarios. La raíz del problema está en los recortes presupuestales que ha acordado el nuevo Gobierno para, supuestamente, enfrentar la crisis y arrasar una política educativa de muchos años: una educación “concertada” público-privada que, a decir de la mayoría de profesores, no funciona para la España actual.
Los carteles portados por los profesores y padres de familia durante las jornadas de protesta permiten enfocar el problema, pero, sobre todo, dan luces para una posible solución: “Escuela de tod@s para tod@s”, “Educación pública gratuita, laica y excelente para todos”, “Más recortes = + desigualdad + injusticia – libertad”, y “Madre en lucha por la educación pública”, entre otros.
Pero, además de afectar a los maestros, los recortes han tocado directamente a los estudiantes: ahora hay más alumnos por clase, porque los docentes despedidos o cesados no son reemplazados y se cierran aulas obligando a unir salones de clase. Otra de las medidas del Gobierno que ha afectado a niños y niñas, especialmente a los más pobres y a los migrantes, es el cierre de la beca-comedor, situación que ya no les permite tomar sus alimentos en la escuela, lo que perjudica su rendimiento escolar.
La raíz del problema está en los recortes presupuestales que ha acordado el nuevo Gobierno para, supuestamente, enfrentar la crisis y arrasar una política educativa de muchos años: una educación “concertada” público-privada que, a decir de la mayoría de profesores, no funciona para la España actual.

“La escuela pública nos iguala, es el espacio que más iguala a los ciudadanos”, me dice una madre y profesora de la escuela pública que lleva un cartel durante las jornadas de protesta en Madrid. Y añade: “La escuela pública garantiza igualdad de oportunidades. Cualquier país que quiera que sus ciudadanos se eduquen con igualdad de oportunidades debe garantizar y asegurar una escuela pública y de calidad”.
España es el país europeo con más alto porcentaje de colegios concertados y con menos presupuesto en la escuela pública. Sin embargo, en los últimos días las dos confederaciones que representan a la inmensa mayoría de los padres de la escuela pública y de la concertada se han unido para denunciar los enormes recortes y reclaman al Gobierno una partida presupuestaria extraordinaria para el 2013 para ayudas de comedor, para crear un gran banco de libros de texto y solucionar otros temas relacionados con la educación.
Estas reflexiones y demandas de docentes y padres de familia —si bien de una realidad diferente y europea—, debe hacernos mirar nuestro propio proceso educativo y reflexionar sobre la necesidad de contar con profesores competentes que reclaman y proponen cómo sacar adelante una educación de calidad, igualitaria, con bajo índice de fracaso escolar y con una escuela pública fuerte con objetivos y que nos dé esperanzas de tener una generación mejor que la actual.