El estudio que acaba de lanzar Save the Children a nivel global —Nacer iguales: Cómo reducir la inequidad para brindar a nuestros niños y niñas un mejor futuro— nos plantea el reto de invertir HOY para contrarrestar las desigualdades que afectan a la niñez y así garantizar oportunidades de una vida mejor a las siguientes generaciones.

¿Es posible romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad? Sí. Y el estudio nos plantea ejemplos de políticas públicas en Brasil, China e inclusive en la India —donde todavía hay muchas disparidades— que han disminuido la pobreza y las desigualdades. El documento reconoce, asimismo, los avances que se están dando en el cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio (MDM). Muchos países en desarrollo, al igual que el Perú, han logrado reducir el porcentaje de niños con desnutrición, alcanzando tasas nacionales de alrededor del 18%, cuando al año 2000 se encontraban en 29%. Estas cifras nacionales, sin embargo, esconden una realidad diferente al interior de esos países, donde hay porcentajes de desnutrición de alrededor del 49%, como en el Perú, Madagascar y otras naciones del África.

El trabajo abunda en datos sobre las desigualdades; analiza información de 32 países, incluido el nuestro. Diferencias en los ingresos y en la riqueza basadas en distintos aspectos como la raza, el origen étnico, el idioma, el género, la discapacidad o la religión tienen efectos dramáticos en la vida de los niños y niñas. A través de información estadística se nos muestra que, por ejemplo, en Sudáfrica los niños y niñas de familias blancas tienen mucha más educación superior que sus contemporáneos de familias negras, quienes cuentan con mucho menos probabilidades de alcanzar estudios superiores y de tener movilidad social.

En el Perú, la proporción de poblaciones indígenas que alcanzan la educación secundaria completa es solo una quinta parte de la que logra la población blanca, que es la más rica y, proporcionalmente, la menos numerosa del país. Las diferentes formas de desigualdades exponen a algunos niños y niñas a un mayor riesgo de violencia que otros. Por ejemplo, son más vulnerables al abuso físico y sexual. Las niñas más pobres tienen tres veces más probabilidades de contraer matrimonio o quedar embarazadas antes de los 18 años —como en el Perú— en comparación con las de los sectores con mayores ingresos.

Las oportunidades para la mayoría de los niños y niñas están marcadas desde su llegada al mundo. Algunos nacen en familias con acceso a 50, 100 o incluso 200 veces los recursos disponibles para los hijos de los más pobres. Los países de la muestra con la mayor desigualdad entre los ingresos disponibles de los más ricos y los más pobres son Bolivia, donde los niños más ricos viven en hogares que tienen ingresos 222 veces superiores a los de los más pobres; Colombia, 161 veces; Haití, 142 veces; Guatemala, 142; Namibia, 72; y Perú (66 veces).

Estas desigualdades han ido acrecentando las brechas de los niños y niñas más pobres al acceso a la salud, la educación y a la alimentación, y afectado sus capacidades cognitivas, desarrollo de habilidades y oportunidades de movilidad social, observándose una relación directa entre oportunidades y resultados concretos en la vida de los niños y niñas.

El presidente Ollanta Humala, en el balance de su gestión del primer año de Gobierno del pasado 28 de julio, señaló que “no puede haber desarrollo sostenido y democracia solvente sin inclusión”, y dijo con total franqueza que si bien el porcentaje nacional de pobres es de 27%, “las tasas de pobreza sobrepasan el 60% en varias regiones del país; 6 de cada 10 peruanos en las zonas rurales son pobres y 1 de cada 4 padecen hambre”.

La aceptación pública de esta realidad por el Presidente de la República, siendo positiva, debe llevarnos a la implementación de políticas públicas con indicadores concretos a nivel local, regional y nacional que apunten a la disminución de las brechas. De acuerdo con el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas: “[…] en concordancia con el artículo 4 de la Convención, el Comité recomienda (al Estado Peruano), incrementar el presupuesto en los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente de aquellos niños que pertenecen a grupos con mayores desventajas, como los niños indígenas”.
Asimismo, recomienda

[…] redoblar sus esfuerzos para desarrollar un sistema integral de recopilación de datos sobre la aplicación de la Convención que abarque a todos los niños menores de 18 años, desglosados ​​por grupos de niños que necesitan protección especial, en particular los niños indígenas, los niños pertenecientes a grupos minoritarios, los niños que viven o trabajan en la calle, los niños trabajadores domésticos, los niños con discapacidad y los niños en las instituciones.

Cumplir con las leyes de financiamiento e inversión pública con especial énfasis en aquellos programas dirigidos a la niñez y otorgar mayores recursos al Plan Nacional de Acción por la Infancia —especialmente a todas las acciones estratégicas que aseguren una mayor y mejor inversión en las regiones quechuablantes— son tareas ineludibles.

Ad portas del año 2015, y ya iniciados las discusiones y encuentros de los funcionarios de gobiernos y de la sociedad civil sobre MDM post-2015, ésta es una oportunidad clave para centrar los debates en cerrar brechas, aprender de las buenas prácticas y modificar con urgencia aquellas políticas y programas que no ha contribuido a disminuir inequidades.

Del mismo modo, la violencia contra la niñez debe estar incluida en nuestros balances, pues éste es un tema transversal que impacta en el desarrollo integral de los niños y niñas: en su potencialidad intelectual, en su autoestima y en su salud.

Los países en desarrollo como el Perú tenemos una agenda común: invertir más pero con justicia social en la niñez, porque ésta es la que sufre el mayor impacto de la pobreza, pero sobre todo de la desigualdad y la inequidad. Hagamos la diferencia: démosle a cada niño y niña un mejor comienzo de vida.