Islandia, archipiélago álgido y poco poblado del Atlántico Norte, fue hace algunos años duramente castigada por la crisis económica mundial, hasta dejarla en  bancarrota. Ahora su economía crece vigorosamente. ¿Cuál fue su secreto? Islandia fue malcriada. No aceptó las recetas del FMI. Acá una historia que aún no tiene epílogo.

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Mientras Europa se hunde en el pantano de la recesión y del desempleo, Islandia experimenta un vigoroso —y sostenido— episodio de recuperación económica. Se espera que en 2012 el crecimiento alcance 3%, y que la tasa de desempleo, que oscila alrededor del 6%, siga cayendo. El desempleo promedio de la Zona Euro es de 11,6%, y sobrepasa el 25% en España y Grecia. El país nórdico incluso pagó, con anticipación, una quinta parte del préstamo de US$2,15 mil millones otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

¿Cómo logró ese resultado Islandia? ¿Asumiendo una política de austeridad fiscal aun más severa que la de los demás países europeos? Al contrario: Islandia dejó colapsar a sus bancos, adoptó un marco de protección social más amplio y se negó —por dos veces y por referéndum— a aprobar un reembolso de 4 mil millones, monto correspondiente a las deudas acumuladas por el banco islandés Icesave.

El derrumbe islandés
La liberalización acelerada de la economía islandesa, emprendida en la década de 1990, resultó en un crecimiento descontrolado del sector financiero. Islandia devino sinónimo de paraíso del neoliberalismo y fiscal para los inversores extranjeros —austriacos, holandeses, británicos y alemanes, entre otros—, gracias a una relajación generalizada de la reglamentación financiera y a una gran moderación fiscal (reducción del impuesto sobre el valor agregado y los ingresos). Fue así como empezó la burbuja.

Estimulado por la misma clase política, el proceso se acelera. En el 2007 se calculó que el total de los activos de los tres principales bancos (Glitnir, Landsbankinn y Kaupthing) equivalía a 800% del PIB islandés. Y en el 2008, cuando la fulminante crisis crediticia golpeó a Islandia, los bancos, sin liquidez, se encontraron incapaces de refinanciar sus deudas. La especulación los llevó a la quiebra.

Sin embargo, contrariamente a los demás países europeos, que salvaron —con la inyección de fondos públicos— a los bancos privados cuando éstos se desplomaron, el Estado islandés decidió dejar que los suyos se hundieran. Se limitó a garantizar los depósitos bancarios que había en la isla, luego procedió a nacionalizar las instituciones financieras, y devaluó la corona islandesa, o króna, que perdió más del 60% de su valor en apenas seis meses (en Islandia no circula el euro). Evidentemente, el golpe fue duro para los islandeses, cuyos ingresos cayeron bruscamente, y las tasas de crédito inmobiliario, indexadas a la libra esterlina, se dispararon.

¿Que tú me vas a cobrar qué?
Tras el estallido de la crisis financiera, se supo que las (ahora otrora) élites —un puñado de empresarios, banqueros y políticos estrechamente relacionados— habían jugado un papel clave en ésta. Desde los 90, líderes del poderoso y conservador Sjálfstæðisflokkurinn, o Partido de la Independencia (PI), contribuyeron —activamente y a sabiendas— al crecimiento de la burbuja islandesa, beneficiándose personalmente de la desregulación y de los abusos financieros. La crisis llegó a su clímax cuando se publicó evidencia de que el mayor banco islandés, el Kaupthing, otorgó créditos millonarios poco antes de hundirse, algunos sin garantías, a grandes accionistas y compañeros de éstos. Según el diario Fréttabladid, cinco personas recibieron unos 5 mil millones de euros, cifra que equivale al presupuesto total del pequeño archipiélago vikingo.

En este contexto, la aceptación por parte del primer ministro y cabecilla del PI, Geir Haarde, de las austeras exigencias del FMI —un préstamo de más de US$2 mil millones a cambio de una cura de austeridad: un corte draconiano de más de US$390 millones del gasto público, así como el alza del impuesto a las rentas salariales y productos, sean alimenticios u otros— desató una ola de protestas. Entre octubre del 2008 y enero del 2009, miles de islandeses se reunieron, cada sábado, y a pesar del frío, frente al Althingi, o Parlamento, para manifestar. Pedían la renuncia del gobierno y una nueva Carta Magna. Consiguieron lo primero el 21 de enero del 2009.

En las elecciones anticipadas de abril del 2009, la izquierda —una coalición entre socialdemócratas y ecologistas— ganó la mayoría absoluta en el Parlamento. No obstante, el nuevo poder adoptó la “Ley Icesave”,referida aunaentidad bancaria online (agencia dela islandesaLandsbankinn) que colapsó y cuyos 300 mil clientes eran, en su mayoría, británicos y holandeses. Es la gota que derramó el vaso: ésta contemplaba el reembolso —colectivo y público— de US$5,77 mil millones (a 15 años, entre todos los islandeses) avanzados por el Reino Unido y los Países Bajos para indemnizar a sus ciudadanos afectados por la quiebra del banco privado Icesave. O sea, socializar las pérdidas privadas.

En un clima de particular enfado, que provocó fuertes protestas, el presidente Ólafur Ragnar Grimsson se rehusó a firmar el acuerdo de reembolso adoptado por el Parlamento. Más bien, optó por someterlo a un referéndum. Fue ampliamente rechazado por los islandeses: 93% votaron en contra en marzo del 2010 (1,8% lo hicieron a favor). Y la negativa se repitió en febrero del 2011. ¿Deben los ciudadanos rescatar empresas privadas? La respuesta fue un rotundo “no”, y una victoria para los islandeses frente al FMI, que llegó a condicionar su ayuda a la isla a la sanción y ejecución de esa ley.

Mientras tanto, el Gobierno amplió su red de protección social, pasando, por ejemplo, el tope de las prestaciones por desempleo de 3 a 4 años. Islandia resiste tanto a las presiones internacionales como a la lógica de los mercados financieros. Logra, además, recapitalizar a sus principales bancos a fines del 2009 y recuperar, poco a poco, el funcionamiento normal de su sistema financiero. Pero los islandeses no se detuvieron allí.

¿Carta Magna 2.0?
No satisfechos con la evicción del Gobierno, al que responsabilizan por la crisis económica, los islandeses exigieron una reforma política y administrativa del país. El 4 de noviembre del 2009 la primera ministra, Johanna Sigurdardottir —la primera mujer en asumir ese cargo—, propuso revisar la Carta Magna. El Comité Constitucional redactó un informe en el que detalló los principales artículos por cambiar, y planteó una más que innovadora metodología. De hecho, el 6 de noviembre del 2010 se reunieron casi mil ciudadanos islandeses —escogidos por sorteo— para reflexionar sobre los valores fundamentales y las prioridades de la isla. De este inmenso foro nació un informe, el cual serviría de base a una Asamblea Constituyente bastante original: 25 ciudadanos “de a pie”, que no pertenecían a ningún partido político, fueron elegidos por sufragio universal entre unos 520 candidatos.

El entusiasmo reflejado por el alto número de candidaturas no se tradujo, lamentablemente, en una efectiva participación en el escrutinio (solo 36%), y el proceso se vio tachado por algunas irregularidades. Sin embargo, los elegidos: periodistas, médicos, un cura —pero ningún obrero o pescador— fueron juramentados por el Parlamento.

Aquí entra en juego toda la innovación que le valió a esta Carta Magna la ‘chapa’ de Constitución 2.0. Los islandeses supieron usar las nuevas tecnologías para garantizar un proceso de democracia directa y participativa: todas las reuniones del Consejo eran públicas, y transmitidas en vivo por Internet. El proyecto y los debates podían ser consultados online, no únicamente en la página web oficial sino también en Facebook, Youtube, Twitter y Flickr, un sitio dedicado al alojamiento de fotos y videos. Pero, ante todo, los ciudadanos fueron invitados e incentivados a publicar comentarios, sugerencias y críticas, así como enmiendas al proyecto.

Fue un éxito: la Asamblea Constituyente recibió casi 4 mil comentarios y 370 sugerencias en su página web, además de las propuestas enviadas a través de Facebook y Twitter. Dicha experiencia colectiva e inédita “visibiliza esa efervescencia democrática, la cual contribuye a reinventar nuestros modos de toma de decisión, de legitimación de la acción pública y de deliberación”, señala Yves Déloye, profesor de Ciencia Política en la Universidad Paris I Panthéon-Sorbonne. “[Ya que] cuestionan la concentración del poder y una profesionalización considerada excesiva, estas experiencias pretenden devolverle al pueblo un lugar central en el proceso de toma de decisión públicas”, añade.

A fines de octubre del 2012, en un referéndum de carácter consultivo y no vinculante, el proyecto de Constitución redactado on y offline fue aprobado por 66,3% de los islandeses. La consulta, que pidió a los ciudadanos pronunciarse sobre si la futura Carta Marga debía basarse en el proyecto que se les había presentado, también incluyó preguntas sobre temas como la nacionalización de los recursos naturales (respaldada por el 81%), el futuro sistema democrático de la isla, la existencia de una Iglesia nacional, y el sistema de votación.

El conservador Partido de la Independencia, cercano a los llamados “barones de la pesca”, pidió que se votara por el “no”. “Es el Parlamento electo el que debe tomar las riendas”, dijo Olölf Nordal, vicepresidenta del PI.

El proyecto de Constitución 2.0  también incluye una más estricta y definida separación de los poderes, eleva a la diversidad sociocultural al estatus de riquezadel patrimonio, y define la responsabilidad “ecológica” de cada uno de los islandeses. En este país de pesca, energía geotérmica e industria minera, apostar por la nacionalización de los recursos naturales cobra todo su sentido. La propuesta ciudadana también incluye medidas para aumentar, concretamente, la participación democrática: se instaura un derecho a la información, con acceso público a los documentos oficiales; se prevé la posibilidad de celebrar referéndums por iniciativa ciudadana (con un apoyo de 2% del electorado), así como la creación de un Comité de Control de la Responsabilidad del Gobierno.

“Es una gran victoria por el proceso democrático”, señaló la primera ministra Johanna Sigurdardottir.

Pero el referéndum de octubre del 2012 solo tiene un valor consultivo. Para que se adopte la nueva Carta Magna, ésta tendrá que ser validada por el Parlamento. Primero, por el actual y, luego, por el que se formará tras las elecciones de abril del 2013.

La participación (48,9%) en el referéndum, que los conservadores han tildado de “débil”, podría permitir al PI jalar agua para su molino. De hecho, hace ya algunos meses los sondeos apuntan a una vuelta al poder, en abril del 2013, del PI, tradicional dominador de la política islandesa… y responsable del hundimiento del país.

Sería una gran pena para esta pequeña isla de nombre helador.