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El punto 7 del juramento

En junio del 2006, en plenas elecciones, se dijo: “El APRA gobernará con tolerancia cero a la corrupción, sin excepciones ni medias tintas. Éste es el gran cambio que exige el pueblo y eje del cambio responsable que proponemos”. Era un comunicado aprista, titulado “Compromiso de Lucha contra la Corrupción”, y en él se establecían diez políticas anticorrupción. Lo firmaba Alan García Pérez, “el cambio responsable”.

“Se dará plena autonomía y presupuesto a las instituciones estatales encargadas de velar por la transparencia y ética del gobierno. La Contraloría y las Procuradurías anti-corrupción […]”.

Las procuradurías anticorrupción para ver los graves casos del gobierno fujimorista terminaron con un solo contador, y de 54 abogados pasó a tener 13. Mientras el procurador encargado, Pedro Gamarra, perdía facultades y capacidad de decisión, los casos empezaron a perderse y a prescribir.

Este hecho, a su vez, tuvo como consecuencia que el nivel de recuperación del dinero robado durante la década de 1990 disminuyera dramáticamente. La corrupción fujimorista sustrajo aproximadamente 6 mil millones de dólares, de acuerdo con las cifras más conservadoras. (Otros estudios señalan 14 mil millones. Quiroz, Círculos de Corrupción.)

Sin embargo, estamos lejos de haber recobrado, aunque sea, el monto mínimo. Conforme se puede ver en el gráfico, el gobierno aprista recuperó prácticamente nada (el 3%) de los más de 185 millones rescatados. Se perdió mucho tiempo, y es seguro que retomar el proceso de repatriación será complicado, si no imposible.

 

Dinero recuperado por el Estado. Caso: Corrupción Fujimori-Montesinos

Fuente: FEDADOI.
Elaboración: Justicia Viva. 

A su vez, las famosas procuradurías públicas descentralizadas anticorrupción (PPADS) terminaron siendo un caos. Afirma el actual procurador Julio Arbizu que de los 30 procuradores descentralizados en provincias, solo existían 48 personas apoyándolos, lo que significa que en casi todas las procuradurías descentralizadas hay una persona trabajando con cada procurador en su respectiva jurisdicción. Muchos de los abogados tienen más de 100 procesos en sus jurisdicciones, pues en total son 7.997 causas con las que cuentan estas PPADS ¿Cómo dos personas pueden arreglárselas para conocer cientos de casos y no perderlos en el intento? Todo servido para que siga la impunidad en estos delitos.

Por otro lado, el equipo anticorrupción de Lima estaba compuesto por 22 personas, entre procuradores adjuntos, técnicos legales y asistentes administrativos: la desproporción es visible. Mientras que Áncash tenía dos personas para ver 1.106 causas, en Lima eran 22 para ver una carga de 1.837 (de éstos, 14 son considerados emblemáticos). Y aunque la justificación podría ser que en Lima hay procesos bastante complejos e importantes, esa abismal diferencia refleja el centralismo y la evidente falta de presupuesto.

Por cierto, dentro de los procesos trascendentes no estaban incluidas la compra de los camiones portatropas de la PNP, tremendo faenón, ni las denuncias contra el ex ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca, ni las cuantiosas indemnizaciones del ex ministro del Interior Fernando Barrios. Igualmente, de los 14 casos, que debieron ser la niña de los ojos de esta procuraduría, solo uno estaba en etapa de juicio oral (BTR); mientras, en el caso SIS, dejaron pasar la injustificada gracia presidencial a Julio Espinoza; para no hablar del porqué de la reciente excarcelación de Rómulo León, que salió diciendo del penal “el APRA nunca muere”.

“La Contraloría y las Procuradurías anti-corrupción serán lideradas por profesionales propuestos por la oposición […] Los cargos claves dentro del Estado serán asumidos por profesionales de trayectoria limpia y conocimientos sólidos en el área para la que sean seleccionados. No habrá espacio para puestos ‘carnetizados’ ni nepotismo.”

Una de las primeras cosas que hicieron Alan García y su ministra María Zavala fue nombrar como presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado (CDJE) al aprista Moisés Tambini del Valle, quien fue abogado de Alan García. Tambini fue una piedra en el zapato para la investigación de casos de corrupción (www.lamula.com). Basta su declaración a Perú.21: “En un caso penal en que haya operado la prescripción, ¿para qué se va a interponer recursos impugnatorios? Si se tiene que declarar la prescripción no queda otra cosa” (Perú.21, 31/10/6).

Junto a esto, el APRA nombró como encargado de las procuradurías anticorrupción nada menos que a Gino Ríos Patio, abogado altamente cuestionado por plagio y eterno postulante, sin mérito, a cargos judiciales. Éste luego fue reemplazado por José Caldas Malpica, conocido no tanto por su trabajo sino por el embrollo que armó cuando se conoció su relación con la testigo del caso BTR, Martha Silva, ex pareja de César Gutiérrez, denunciado en el proceso. Y finalmente, el último en el cargo fue Julio Roca Fernández.

Por otro lado, de forma abrupta e inesperada, en el 2009, tras siete meses se eligió al nuevo contralor general de la República, el contador Fuad Khoury Zarzar, a propuesta del entonces presidente Alan García y no de la oposición. Su actuación durante el gobierno aprista fue penosa. No dijo nada cuando una serie de decretos de urgencia le quitaban capacidad de fiscalización a la Contraloría. Solo empezó a hablar de corrupción aprista cuando García salió de Palacio. Una de sus primeras medidas al asumir el cargo fue subirse el sueldo; ahora se encuentra investigado ante la Fiscalía por su ilegal aumento.

No hablemos de las denuncias por las masivas contrataciones mediante la modalidad de contratos administrativos de servicios (CAS) que se dieron en diversas instituciones como SUNAT, Registros Públicos, Ministerio de Justicia, Salud, etcétera. Contratos que mediante un último decreto (DS 065-2011-PCM) quiso mantener más allá de su periodo. 

“Las compras del Estado se harán a través de procesos transparentes. En las páginas web de las instituciones públicas se podrá seguir en línea las licitaciones.”

Los decretos de urgencia constituyen una facultad cuya naturaleza es eminentemente excepcional, en tanto implica el uso de facultades legislativas por el Poder Ejecutivo. No obstante, ésa no ha sido la forma en la que el gobierno aprista utilizó dicha facultad. “El segundo gobierno del Presidente Alan García se ha caracterizado por hacer un uso constante e indiscriminado de los decretos de urgencia, abarcando materias que van desde la regulación de las escalas salariales de los altos funcionarios del Estado hasta la disposición de excepciones en lo que respecta a los límites presupuestales” (Aldo Blume).

 


 Gobierno Alan García 2006-2011

 


 

2006*

2007

2008

2009

2010

2011 **

Total

Decretos de urgencia

21

51

52

125

89

19

357


Decretos legislativos

9

22

105

1

5

0

142

Leyes

74

170

111

165

123

29

672

* A partir del 1 de agosto del 2006.
** Hasta el 30 de abril, fecha de cierre del informe.

Fuente: Blume, Aldo: “Los decretos de urgencia de Alan García: El abuso y la usurpación de la facultad normativa por parte del Poder Ejecutivo”. Lima: Justicia Viva, septiembre del 2011. 

Debido a la crisis financiera, en el año 2008 el Estado inició un boom de inversiones y compras estatales: se hablaba de más de 25 mil millones de soles. Para realizar estos gastos se implementaron procedimientos excepcionales para promover la concesión de grandes proyectos de infraestructura y obras públicas sobrepasando los límites establecidos por la Constitución. Empezó otro faenón. Un conjunto de decretos de urgencia emitidos durante el gobierno aprista redujeron los controles para grandes procesos de concesión: un marco especial, con controles reducidos, a determinados proyectos y concesiones. El paraíso de la corrupción.

En esa línea, aparecen las concesiones de los terminales portuarios del Callao y Paita, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada, entre otros. Un referente normativo que marca esta tendencia fue el decreto de urgencia 047-2008, que declaraba de interés nacional y prioritario —a cargo de ProInversión— la concesión de 12 proyectos de inversión, relacionados con puertos, autopistas, carreteras, aeropuertos, proyectos especiales y saneamiento (Grupo de Trabajo contrala Corrupción).

Lo ocurrido es tan grave que la comisión parlamentaria encargada de investigar la corrupción aprista se centrará en estos hechos como línea de investigación.

“Se castigará todo tipo de coimas y prebendas dentro del Estado […] No vacilaremos en denunciar y pedir cárcel a los que delincan.”

La ministra Rosario Fernández anunció en el 2010 la implementación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en Lima para los casos de corrupción. La entrada en vigencia anticipada no estuvo adecuadamente sustentada, no se fundamentó debidamente su necesidad; no se previeron los problemas que generaría la vigencia simultánea del NCPP, el Código de Procedimientos Penales de 1940 y el Código Procesal Penal de 1991; tampoco se previó que se requería preparar a las instituciones involucradas y capacitar a los funcionarios que aplicarían la norma. A pesar de ello, la entrada en vigencia fue planteada de manera acelerada.

Varios jueces, fiscales y especialistas denunciaron y siguen denunciando los riesgos de impunidad que se están produciendo por haber implementado al caballazo esta norma, sin preparar a los magistrados ni tener los recursos suficientes. Los casos que conocerá esta nueva legislación son, precisamente, los de la corrupción aprista. ¿Coincidencias?

Junto a ello, ciertas concesiones y declaraciones indulgentes del mandatario a favor de procesados por corrupción evidenciaron el sentir del Presidente hacia los que cometen estos delitos. Mientras hablaba de las comunidades campesinas como “perros del hortelano”, los corruptos tenían clemencia del Jefe de Estado. Así, de Moisés Wolfenson el presidente Alan García declaraba ante un medio de prensa que era víctima de una “venganza”, una “persecución política” y una “violación de los derechos humanos” (La Razón, 18/11/2007), y que ya debería salir de la cárcel.

Otros escándalos han sido las gracias presidenciales concedidas por Alan García. Aparte del indulto bamba otorgado por el saliente presidente al ex jefe del Seguro Integral de Salud (SIS), Julio Espinoza, procesado por el escandaloso caso de corrupción en la compra de raciones de alimentos para los damnificados del terremoto de Pisco, el otro sonado indulto fue el del empresario José Enrique Crousillat, ambos procesados, y, en el caso de Crousillat, sentenciado por el robo de cuantiosas sumas de dinero al Estado.

Sin embargo, la “mala suerte” del gobierno aprista ha sido única. Han indultado a cerca de 5.313 personas. La mayoría de éstas procesadas por tráfico ilícito de drogas, robo agravado y por corrupción. 

Gracias presidenciales otorgadas durante el gobierno aprista

(Total: 5.313)

Fuente: Informe Final de Comisión de Transferencia.
Elaboración: Justicia Viva. 

Ninguno de los puntos del comunicado hablaba de crear la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) o la Comisión de Alto nivel, ni señalaba la necesidad de “una limpieza del alma”, como punto prioritario en la lucha contra la corrupción, como después oímos de Alan García. El pronunciamiento terminaba:

“[L]a lucha contra la corrupción será uno de los principales legados del APRA al finalizar su gobierno. El primer gran paso hacia la consolidación de un país más fuerte y seguro para todos los peruanos”. 

Ahora un juramento
“Me comprometo a que la lucha contra todo caso de corrupción que se haya cometido en el pasado y que se pudiera cometer en mi gobierno, será mi primera prioridad investigarla, y fortaleceremos los poderes constitucionales para que no queden impunes estos delitos.”

Ése fue el punto siete del primer juramento realizado por Ollanta Humala, antes de las elecciones. Después de éste vendrían dos discursos más: uno del 28 de julio y otro del 25 de agosto, con la presentación del Gabinete de Salomón Lerner.

En este último se prometieron medidas más concretas: (i) reestructuración y unificación de las Procuradurías Anticorrupción; (ii) imprescriptibilidad de la persecución penal para los delitos de corrupción cometidos por los altos funcionarios; (iii) inhabilitación perpetua para los que cometan actos de corrupción; (iv) los condenados por corrupción pagarán sus gastos de permanencia en cárcel, pues se incluirán en la reparación civil; (v) se creará una procuraduría general para casos de corrupción y criminalidad para altos funcionarios del estado; (vi) fortalecimiento de la Contraloría; (vii) reorganización del organismo supervisor de compras del Estado (OSCE); y, (viii) inicio de investigación de las denuncias realizadas en torno al Banco de Materiales.

Sin embargo, a la par de estos rimbombantes anuncios, empezaron a aparecer algunos actos que nos llamaban la atención. El primero fue la visita del hermano Alexis Humala a una reunión que no le correspondía. Seguidamente, el nombramiento como uno de sus asesores presidenciales del abogado Eduardo Roy Gates, quien defendió penalmente a algunas conocidas personas acusadas de narcotráfico y lavado de dinero: parte del clan familiar de los Sánchez Paredes, al señor Cataño y al acusado de corrupción Rómulo León Alegría. Pese a los cuestionamientos a este nombramiento, el presidente Ollanta Humala se mantuvo en sus trece, sin tener en cuenta “[…] lo altamente inconveniente para la ética pública de la Nación y para la imagen nacional e internacional del nuevo Gobierno, que un abogado que ha patrocinado casos de narcotráfico, lavado de dinero o corrupción, sea designado como uno de los asesores del Presidente de la República” (David Lovatón).

Regresando a los anuncios, de los ocho hasta el momento solo se viene cumpliendo uno: la reestructuración de las Procuradurías Anticorrupción, con el nombramiento de Julio Arbizu como procurador encargado. Las intenciones de Arbizu son evidentes: quiere hacer bien su trabajo. Ya se fusionaron las Procuradurías Anticorrupción y se han creado un Observatorio Anticorrupción y una Unidad de Análisis Financiero (UAF), anuncios importantes para mejorar un área abandonada por cinco años.

Sin embargo, de las otras medidas nada. ¿El Ejecutivo presentó algún proyecto sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción? La respuesta es no. Si bien el debate se ha presentado en el Parlamento y entre la ciudadanía, el Gobierno no ha vuelto a hablar del tema y ha dejado esta materia  en el Congreso, sin siquiera presentar un documento de respaldo o exigiendo su aprobación, que nuevamente ha sido pospuesta.

Lo mismo ocurre con la propuesta de inhabilitación perpetua para aquellos funcionarios que han sido condenados por delitos de corrupción. Del fortalecimiento de la Contraloría tampoco hay nada: las investigaciones están paradas o apenas empezando.

A su vez, la otra medida anticorrupción importante, la creación de una Procuraduría General Anticorrupción para Altos Funcionarios, está en nada. Según lo propuso el propio Gobierno, tal instancia se encargaría de defender los intereses del Estado ante denuncias de corrupción cometidas por los funcionarios del más alto nivel y en los casos emblemáticos que ameritaran especial atención.

Aun así, esta urgencia anda a paso de tortuga. A inicios de septiembre último, el ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, ratificaba la propuesta: “En los próximos días el Ejecutivo formalizará la creación de la Procuraduría Especial para Altos Funcionarios, que tendrá a su cargo la investigación de los delitos de corrupción cometidos por servidores del Estado”. Pero nada: esos próximos días se convirtieron en semanas. A fines de septiembre, nuevamente el Ministro de Justicia volvía a señalar la necesidad de la creación de una procuraduría para casos de corrupción de altos funcionarios.

Y… nada.

Llegó el caso del vicepresidente Omar Chehade y no se habló más del tema. Ahora último el asesor brasileño-argentino Luis Favre (que en realidad se llama Felipe Belisario Wermus) está altamente cuestionado por el ex asesor Carlos Tapia, que incluso denuncia haber sufrido reglaje, lo que genera escalofríos si recordamos nuestro nada bonito pasado de asesores en la sombra.

Insistimos: ¿Se creará esta Procuraduría especializada que, decían, estaría a cargo del reconocido ex fiscal Avelino Guillén? A estas alturas, lo dudamos… Y, si no, ¿tendrá Julio Arbizu el respaldo para investigar ésta y otras denuncias? No sabemos.

Como ven: muchos discursos, pronunciamientos y comisiones; mucha campaña de valores, muchos proyectos de ley. Pero al final, salvo algunas mínimas excepciones, el escenario queda en blablabla… La investigación, sanción y lucha contra la corrupción está en nada. “El lenguaje se oye, pero el pensamiento se ve”. Claro y patético lo visto en el gobierno aprista, y decepcionante lo de estos cuatro meses de Humala. Dan ganas de arrancarse los ojos. 

Entrevista