¿Por qué atacar ahora?

¿Por qué atacar ahora?

Ideele Revista Nº 200

La  conocida escopeta de dos cañones, típica del aprismo, esta vez se está usando  contra la Corte Interamericana. En abril Alan García no solo la invitó a  sesionar en el Perú; también la alabó públicamente. Hoy su ministro Rey la  ataca y su Primer Ministro hasta pide lo que ya se sabe que no se puede hacer  jurídicamente: el retiro parcial del Perú de este tribunal internacional, algo  muy parecido a lo que hizo Fujimori en su época y que fue declarado  inadmisible. Y a eso se suma el ensañamiento de autoridades y prensa  oficialista o ayayera con el presidente de la Corte: Diego García Sayán. Con él  conversamos especialmente para esta edición y en el programa No Hay Derecho,  conducido por Glatzer Tuesta.

—Nos  preguntamos qué cosa puede estar pasando en nuestro país que en abril, cuando  la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó sus audiencias en el Perú,  el propio Presidente de la República, el doctor Alan García, saludó la  presencia de la Corte Interamericana diciendo que respeta su trabajo, lo avala,  lo convalida y que le parece que es parte importante de la globalización de los  derechos humanos; y sin embargo, al mismo tiempo, la campaña contra la Corte  está siendo protagonizada por alguien de su propio Gabinete, el ministro de  Defensa, Rafael Rey. ¿Qué puede estar pasando para que exista esta evidente  contradicción?

—Efectivamente,  con una mano se está dando acogida a la Corte Interamericana, y en presencia de  los presidentes de todos los poderes públicos se dijo eso. Lo importante en  este momento es que la globalización, dijo el Presidente de la República en el  mes de abril, abarca los derechos humanos. Eso es absolutamente esencial. Y le  dijo a la Corte en pleno: los saludo, los felicito y les doy la bienvenida por  venir al Perú. Y por otro lado tenemos esta campaña en la que uno de los  principales protagonistas es un ministro del Gabinete, el señor Rey, que  reitera una serie de falsedades sobre los derechos humanos, sobre las  sentencias de la Corte en un curioso coro en el que se persiste en decir que la  Corte está dando indemnizaciones millonarias a los terroristas, que el Estado  está indefenso y dejando de lado algo que es absolutamente fundamental en el  origen de todo esto.

¿Por qué  el Perú ha tenido tantos casos sobre hechos gravísimos en la Corte  Interamericana? Por la sencilla razón de que durante la década de 1990 se  atropelló el Estado de Derecho, el debido proceso y el derecho a la vida; se  formaron grupos paramilitares desde el Servicio de Inteligencia del Ejército,  etcétera.

—En una  evidente campaña de desinformación, se pretende decir que el Estado peruano  está indemnizando a los terroristas por mandato de la Corte Inter-americana.

—Se  dice, sobre el Caso Lori Berenson, que recibió una indemnización, cosa que no  es cierta. El Estado argumentó que no correspondía hacerlo, y el único pago que  se hizo no fue a Lori Berenson sino a los padres por costas y gastos, que es un  pago que se hace en todos los juicios, nacionales e internacionales, por parte  de quien pierde un juicio a favor de quien lo gana. Este pago está destinado a  cubrir, en este caso, una parte de un largo proceso que duró como diez años en  espacios internacionales, lo cual cuesta muchísimo dinero. Pero en cuanto a la  reparación o indemnización a favor de Lori Berenson, la Corte dispuso cero, o  sea, acogió los argumentos del Estado […] y no solo los acogió, sino que además  elogió los cambios que había hecho el Estado para adecuar la legislación  antiterrorista a los cánones del Estado de Derecho.

—Además,  a través de esta campaña de desinformación se inculpa al Gobierno de Toledo por  la liberación de presuntos terroristas y luego se extrañan de que la Corte haya  fallado alegando que se violó el derecho de defensa de muchas personas cuando  éstas fueron indebidamente juzgadas ante el fuero militar, lo que permitió  eludir las garantías del debido proceso con abusos, con torturas y una gran cantidad  de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

—Se tuvo  que dar una ley para revisar los casos de inocentes condenados sin pruebas por  tribunales sin rostro, y eso no lo hizo la Corte Interamericana ni Sendero  Luminoso: esa ley la dio Fujimori, y Fujimori liberó a 513 personas que él  mismo había hecho condenar sin pruebas. Después, el Gobierno de Transición lo  hizo con ciento y tantos, entre ellos Yehude Simon. De manera que esa sola  señal indica que había problemas serios [durante el mandato de Fujimori]; la  destitución de los miembros del TC, la interferencia en los medios de  comunicación, la violación de las normas del debido proceso, personas  torturadas y muchos otros. ¿Por qué el Perú estuvo en tantos casos [ante la  Corte]? Prácticamente todos se refieren a la década de 1990. La explicación,  pues, está en el origen.

—No  debiera extrañar, a las personas que critican el Sistema Interamericano, que  tantos casos fueran vistos en dicha sede. Si esto sucedió, fue porque en el  Perú existieron graves violaciones de los derechos humanos durante la época de  la dictadura, y éstas no pueden quedar impunes.

"Rey quiere un juez al que se le hable al oído"

"Rafael Rey dijo el otro día que si bien García Sayán no es juez para los casos peruanos, tendría que haber convencido a los jueces de la Corte Interamericana de determinadas cosas sobre el Perú. Si ésos son los tribunales militares que este personaje quiere crear en el Perú, donde los jueces actúan sobre la base de que alguien les hable al oído y ejerza su influencia y su persuasión, Dios nos libre de un modelo de esa naturaleza, porque un juez tiene que guiarse solo por lo que se demuestra en el proceso. Y si un juez, por su nacionalidad, no puede participar en un proceso, eso es en serio, eso no es para que simplemente su firma no aparezca y él esté tras bambalinas digitando lo que haga en tal o cual sentido la Corte."

—Los  casos llegaron a la Corte después de un largo proceso. Los procesos son  públicos, las decisiones también son públicas; y no solamente las sentencias  son públicas, sino también el expediente completo. Cualquiera que quiera  revisarlo puede entrar a Internet y encontrará el expediente de todos los  casos. Yo no participo en los casos peruanos por mi nacionalidad, pero como  cualquier integrante del público puedo estar perfectamente informado de que ahí  se ha seguido el debido proceso. Y si se determinó que hubo una violación es  porque ocurrieron hechos contundentes debidamente corroborados por la Corte, lo  que no quiere decir que la persona considerada víctima sea necesariamente un  “angelito”. La Corte no hace calificaciones penales sobre individuos, sino  confirma o no si se violaron los derechos humanos con base en las pruebas  presentadas ante el Tribunal.

—Es un  absurdo pensar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos apaña al  terrorismo, pues son los mismos Estados de la región, en nuestro caso el Perú,  los que designan a los jueces que van a ser parte, tanto de la Asamblea General  de la OEA como de la Corte.

—La  Corte Interamericana ha sido creada por acuerdo de los Estados. Los jueces son  elegidos por los Estados, pero, a diferencia de jueces imaginarios que estarían  digitados por el poder político, se comportan de manera independiente. Además,  la Corte ha sido clarísima al reiterar la importancia de lo que la Comisión de  la Verdad dijo en el Perú, cundo señaló que Sendero Luminoso fue el principal  perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos. Se indica  también que la violencia terrorista lesiona a los individuos y al conjunto de  la sociedad y merece el más enérgico rechazo.  

—En todo  caso, ¿en qué debieran pensar estos críticos del Sistema Interamericano que no  quieren que los casos peruanos lleguen a la Corte?  

—La  manera de no tener casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el  sistema en general, es no violar los derechos humanos, o establecer canales  internos, en el país, a través del sistema de justicia, de investigación,  etcétera, que haga innecesario que las personas tengan que llegar al Sistema  Interamericano. Todavía hay muchas cosas que avanzar, pero creo que la gran  discusión se centra en cómo establecer un sistema interno que haga innecesario  que la gente llegue al sistema internacional. Hay países que están marchando bien  porque han pensado y decidido cómo hacer para no tener tantos casos; y la  opción no ha sido ponerse a atacar a la Corte Interamericana, creada por los  Estados, sino en decir cómo evitamos que haya estas violaciones o, si ocurren,  cómo hacer para que existan mecanismos nacionales. […] Finalmente, hay que  decir que el retiro de la competencia contenciosa de la Corte sin denunciar  todo el Sistema Interamericano, la Convención, es decir, el tratado  Interamericano de Derechos Humanos, no es jurídicamente posible.

—¿Cómo  tratan los otros países de la región al Sistema Interamericano? ¿Hay estos  ataques destemplados contra la Corte y el Sistema Interamericano en general?

—En  general, el trato con los Estados es muy respetuoso. Algunos de los países que  tienen la mayor cantidad de casos, y casos que se resuelven de manera muy  compleja y severa, tienen con la Corte una relación de respeto y de  colaboración permanente. En Colombia, por ejemplo, se han dictado algunas  sentencias que probablemente no sean del gusto de las autoridades, y sin  embargo estas sentencias están en proceso de aplicación. Los procesos penales  contra las Fuerzas Armadas sindicadas de haber cometido masacres, torturas o  desapariciones forzadas siguen su curso, y el presidente Álvaro Uribe me informaba  que más de 300 han sido ya condenados y que otros 700 están en proceso, y no  hay ahí ningún escándalo de persecución contra la Fuerza Armada. Nadie pretende  que las Fuerzas Armadas están representadas por unos cuantos violadores de los  derechos de la gente.

—A los  políticos, en el Perú, el tema del terrorismo les es políticamente muy  rentable, por la sensibilidad del asunto.

—Es muy  cierto que el tema del terrorismo es un tema sensible para todos los peruanos.  Nadie quiere que se recrudezcan ese tipo de atrocidades que hoy felizmente  están circunscritas a una porción del país, y en eso el Perú ha avanzado  muchísimo. Creo que nada progresamos levantando fantasmas a partir de datos que  no son ciertos, pues si es que ha habido ciertas violaciones [de parte del  Estado] contra personas que habían cometido eventualmente algún delito, el  sistema legal permite perfectamente las compensaciones. Es decir, si hay  alguien que ha delinquido, que le debe al Estado por una reparación una  cantidad de dinero, el Estado puede perfectamente hacer la compensación y  cobrarse de ahí, de manera que la solución existe. La Corte ha sido clara y  reiterada en una serie de sentencias y dice por ejemplo, en el caso Castro  Castro, que el Estado puede cobrarse lo que haya de reparación civil y no pagar  la reparación.

—Este  punto resulta clave y refleja que hay un interés en desprestigiar la actuación  de la Corte, pues soluciones existen, solo que no se ha decidido tomar las  medidas legislativas en el derecho interno para atender el problema. Prefieren  atacar a la Corte y desinformar a la población para parcializar a la opinión  pública. ¿Qué intenciones se esconden detrás de esta maniobra política? ¿Se  está preparando el terreno para escapar de las manos de la Corte ante futuras  violaciones de derechos humanos? ¿Futuros procesos? Nuestro pasado nos ha  dejado la responsabilidad de velar por los derechos humanos y nos ha enseñado  que la impunidad no se convalida con el tiempo.

—Es  cierto: sería bueno que el Sistema Interamericano no fuera utilizado por el  Perú, pues el mejor sistema es aquél que no requiere desplegar sus funciones  frente a un Estado, y esto se logra cuando el Estado genera los canales  internos y los recursos necesarios para que sus ciudadanos puedan acceder a una  justicia seria, imparcial y comprometida con los derechos humanos.

La escopeta de dos ... “La posición oficial del Estado y del Gobierno peruano, es de firme compromiso con los derechos humanos y con la Corte Interamericana. No solamente porque está expreso y dicho varias veces en el Plan Nacional de Derechos Humanos que está vigente y que obliga no solamente al Estado peruano en abstracto, sino a todos los funcionarios del Estado a priorizar los derechos humanos y a respetar a instituciones como la Corte Interamericana, sino que ha sido declaración expresa del Presidente de la República en una ceremonia formal, junto con el Presidente del Congreso y el Presidente del Poder Judicial, cuando ante 1.500 personas y en transmisión directa por televisión, en el mes de abril, inaugura el periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Perú.” (Lo dicho por Alan García, según García Sayán) “Nosotros no estamos planteando apartarnos de la jurisdicción de la Corte, lo que estamos planteando es que se pueda hacer una “reserva parcial” en el delito de terrorismo y especialmente en el tema de las indemnizaciones económicas. No vamos a pagar así de fácil”. (Javier Velásquez Quesquén)

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