Esperanzas y frustraciones

Esperanzas y frustraciones

Ideele Revista Nº 200

Cuando el 28 de Julio de 1990, Alberto Fujimori prodigó al asumir el mando una severa crítica al sistema de justicia, sintetizada en la referencia al Palacio de Justicia como “palacio de la injusticia”, puso en la agenda de gobierno, después de una década de desinterés, el tema de la reforma judicial.

La década de 1980 había concluido con un sistema judicial colapsado e incapaz de enfrentar los nuevos retos planteados por la violencia del terrorismo y del narcotráfico. La sumisión mayoritaria de los altos niveles de la judicatura al partido de gobierno y el incremento de la corrupción, resultaban componentes alarmantes.

Parecía que el sistema judicial había “tocado fondo” y que vendrían mejores tiempos, pero una evaluación al finalizar la década de 1990 nos hizo constatar que el fondo estaba aun más abajo. ¿Qué había pasado?

La reforma judicial fue un tema central en la década de Fujimori, pero conforme mutaba el Gobierno mutaban también sus propósitos; es así que encontramos diversas etapas y casi todas las “recetas”. Primero, el Gobierno concibió la reforma como un cambio de normas legales, y promulgó para ello nuevas leyes y códigos. Luego, producido el golpe de Estado de 1992, la reforma judicial cambió de método y, evidentemente, de propósito. Se volvió a la vieja práctica del cambio de personas. A la destitución de casi todos los altos funcionarios del sistema judicial, sucedió un proceso de separación de la mayor parte de jueces y fiscales del país, sin expresión de causa y sin derecho de defensa.

El mantenimiento de la provisionalidad de jueces y fiscales evidenció que era un diseño para tener una judicatura desestabilizada. Por otro lado, usando la crítica social al rol de la justicia frente al terrorismo, Fujimori dictó en 1992 una nueva legislación antiterrorista que, entre otras características, daba un importante papel al fuero militar. Años después la Corte Interamericana de Derechos Humanos la descalificaría.

Cuando se impuso internacionalmente una re-institucionalización, se convocó al Congreso Constituyente Democrático (CCD), que nos dejó la Constitución de 1993. En materia de justicia, ella trajo novedades positivas y un diseño razonable. 

Fue a partir de la reelección del presidente Fujimori, en 1995, que la reforma judicial anunciada intentó traducirse en algo sistemático con la creación de las comisiones ejecutivas en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Los objetivos iniciales, ampliamente compartidos, concitaron un importante apoyo de sectores académicos y profesionales y el respaldo de la cooperación técnica internacional.

Pero ¿era posible tal reforma en un contexto político crecientemente autoritario? Mientras el proceso de reforma se llevaba a cabo, ocurría en el Perú la consolidación del gobierno dictatorial y un proceso de desconstitucionalización que, a través de normas y prácticas, fue vaciando de contenido la Constitución. Pronto el proceso de reforma se transformó en un instrumento de control político del sistema judicial.

¿Qué nos dejó esa “reforma judicial”? Es cierto, modernización, pero fundamentalmente un sistema judicial mayoritariamente sometido y corrupto. Al concluir la década, la desconfianza ciudadana en el sistema se acentuó. Nos dejó, asimismo, la reiteración de una lección: no es posible una reforma judicial sin un propósito democrático para que todo se alinee con el objetivo de conseguir un sistema de justicia autónomo y jueces independientes.

Al iniciarse el siglo XXI, existía un amplio consenso sobre la gravedad en que se encontraba el sistema de justicia. En el 2000 se inició la reconstrucción democrática con el Gobierno de Transición de Valentín Paniagua, que continuó el 2001 el Gobierno de Alejandro Toledo. Se abrían nuevas y anchas esperanzas.

¿Qué nos dejó esa “reforma judicial”? Es cierto, modernización, pero fundamentalmente un sistema judicial mayoritariamente sometido y corrupto. Al concluir la década, la desconfianza ciudadana en el sistema se acentuó.

El Gobierno de Transición se esforzó por devolver institucionalidad y combatió la corrupción. Se creó la Procuraduría Especializada y el sistema especial anticorrupción del Poder Judicial y del Ministerio Público. No hubo la impunidad del “borrón y cuenta nueva”. El Poder Judicial respondió al reto de procesar y sancionar a quienes habían delinquido en una red de corrupción sin precedentes en el país. Las reservas morales existentes en la judicatura asumieron la responsabilidad con gran entereza.

En el 2003 se intensificó la esperanza; se dieron dos movimientos que debieron confluir. Uno desde la judicatura y otro desde el poder político. Hugo Sivina asumió la Presidencia del Poder Judicial y movilizó a la judicatura con un mensaje reformista; convocó al Acuerdo Nacional por la Justicia (ANJ) y conformó un Grupo Impulsor que realizó audiencias en diversas ciudades del país, con lo que estructuró una experiencia inédita de diálogo del Poder Judicial con la sociedad civil. Por otro lado, el Congreso, por iniciativa del Poder Ejecutivo, creó la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS), en la que reunió a representantes de todos los órganos encargados de la impartición de justicia —Poder Ejecutivo, Congreso y sociedad civil— para elaborar en seis meses un plan integral de reforma.

La CERIAJUS, con el aporte del ANJ, produjo en abril del 2004 un plan completo, en nueve áreas temáticas. El plan fue bien acogido por la opinión pública enterada, pero la sucesión de hechos posteriores expresó la falta de voluntad de las instituciones vinculadas al sistema de justicia por implementar el plan. Así, concluido el periodo gubernamental en el 2006, no obstante existir un plan integral y haber ocurrido una gran movilización por la reforma, ésta quedó como tema pendiente, y se perdió una gran oportunidad, pues las condiciones para abordar una suerte de “refundación” del sistema eran óptimas.

No obstante esta frustración, no son pocas las cuestiones que merecen ser resaltadas en esta primera mitad de la década. Destacamos dos: el desarrollo en el sistema judicial de los dos subsistemas, anticorrupción y de derechos humanos, que muestran el compromiso de jueces con lo esencial de su función; y el rol cumplido por el Tribunal Constitucional, que desarrolló una amplísima y bien motivada jurisprudencia.

La evaluación a partir del 2006 no nos deja un balance alentador. No obstante que todos los partidos políticos en las elecciones generales habían anunciado la implementación del plan de la CERIAJUS, esto no ha ocurrido. Asimismo, el Gobierno no ha dado muestras de interés real por la reforma integral de la administración de justicia. El tema ha generado interés a propósito de diversos escándalos que se han sucedido en la prensa en estos años. Probablemente el más llamativo y persistente sea el de los ‘petroaudios’, que parece mostrar “la punta del iceberg” en un caso de tráfico de influencias que pronto se focalizó en investigar a los ‘chuponeadores’. En medio de esto, desaparecieron los USB que contenían conversaciones y documentos obtenidos ilegalmente. El debate se centró en saber si ello ocurrió en la Fiscalía o en el Poder Judicial. Un año y medio después de que estalló este escándalo, no hay nada claro, salvo la convicción de la opinión pública de que este incidente oculta a gente poderosa y muestra hasta el absurdo inoperancia, si no corrupción, en el sistema de justicia.

Por otro lado, el debate que propiciaban sectores gubernamentales sobre la extensión de las funciones del TC está acallado. Parece haberse optado por una vía rápida y conocida: el control político a través de los nombramientos por el Congreso.

En esta sucesión de esperanzas y frustraciones, apreciamos cómo el persistente contrapunto sobre si la reforma judicial debe hacerse “desde fuera” o “desde dentro” ha resultado pernicioso en momentos cruciales. Cómo ha habido “momentos reformistas” vinculados a determinadas presidencias del Poder Judicial y a la creación de la CERIAJUS. Cómo la sociedad civil, a través de sus representantes, no ha estado a la altura de las circunstancias, y apreciamos, centralmente, cómo la falta de voluntad política —o ésta mal encaminada— ha terminado por frustrar los mejores esfuerzos de la década para avanzar en el camino de la reforma.

¿Cómo reabrir el camino de la esperanza? Dos temas parecen cruciales. Primero, hay que tejer consensos para que todos los sectores concernidos se involucren en un proyecto de reforma; es indispensable un mecanismo de coordinación interinstitucional, el compromiso de las fuerzas políticas y la participación de organizaciones de la sociedad civil. Y, segundo, si bien resulta difícil priorizar entre múltiples emergencias en el sistema, creo que el combate eficaz de la corrupción es fundamental para intentar la confianza ciudadana.

Concluido el periodo gubernamental en el 2006, no obstante existir un plan integral y haber ocurrido una gran movilización por la reforma, ésta quedó como tema pendiente, y se perdió una gran oportunidad.

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