Muchas mujeres y otros integrantes del grupo familiar son víctimas de hechos de violencia física y emocional que en casos extremos las conducen a la muerte o les producen lesiones graves, visibles o invisibles al ojo de la comunidad. Este peligroso fenómeno que bastante preocupación ha despertado en los últimos meses en el seno de la sociedad y del Estado, convocando a decenas de miles de personas protestando en plazas y calles de las capitales del país, es menos conocido y discutido cuando tiene como epicentro el espacio rural. ¿Cuántas mujeres y niñas son víctimas de hechos de violencia en el área rural?, ¿ante quién acuden para hacer sus denuncias?, ¿qué apoyo reciben del Estado y de la sociedad? Nos hemos conmovido con los casos más mediáticos, pero a esa misma hora, a metros o kilómetros de nuestro hogar, una o más mujeres campesinas e indígenas eran víctimas anónimas del problema.

Según las últimas estadísticas del INEI, el 2014, un 32.3% de peruanas fue víctima de violencia física por parte del esposo o compañero. Las cifras de la violencia psicológica o verbal eran superiores, llegando al 69.4% de peruanas. Examinando estos dos promedios nacionales por área de residencia de las víctimas, a primera vista, no se aprecian mayores desbalances entre la cantidad de mujeres víctimas de violencia en el área urbana y rural del país. Sin embargo, cuando examinamos las mismas cifras según departamento y su porcentaje de población rural, el resultado es más complejo: la mayoría de departamentos con mayor proporción de habitantes rurales en relación al promedio nacional (23.29%) son los que registran la mayor cantidad de casos de violencia contra la mujer y de feminicidios en el país.

Veamos, de acuerdo con la siguiente tabla 1, los departamentos de Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Ayacucho, Puno y Cusco, que ocupan uno de los 10 primeros puestos en cantidad de población rural, son a la vez los que registran los más altos porcentajes de mujeres víctimas de violencia física, emocional o de feminicidios. En la orilla opuesta, Arequipa es un departamento predominantemente urbano, pero con altos porcentajes de agresiones contra la mujer. Esto último nos sugiere que la violencia no es exclusiva de la zona rural, pero, a la vez, nos confirma que es necesario incidir en las zonas rurales del país.

Tabla 1
Diez departamentos con mayor cantidad de población rural, según cifras de violencia contra la mujer

Fuente: INEI, 2015, a partir de los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar y del Observatorio de la Criminalidad. Elaboración propia.

¿Ante quién recurren estas decenas de miles de mujeres rurales o sus familiares para denunciar que han sido víctimas de agresiones en el entorno del hogar? Según la Ley 30364 de noviembre de 2015 , los llamados a conocer las denuncias por actos de violencia contra la mujer son los juzgados de familia o “los que cumplan sus funciones” dice la norma. Pues bien, en Huancavelica existe un juzgado de familia permanente; en Huánuco existen 4 juzgados de familia permanentes; en Apurímac, Cusco y Puno también son 4; y en Ayacucho existen 2. Si les agregamos a estos juzgados especializados, los juzgados mixtos y los juzgados de paz letrados, que podrían cumplir las mismas funciones, el número total bordea los 200 órganos jurisdiccionales para estos 6 departamentos. A este reducido número de juzgados especializados, se le suma que la mayoría de ellos se establecen en capitales de distritos, de provincias o en grandes centros poblados, es decir, por lo general, se ubican en zonas urbanas o periurbanas, distantes a decenas de kilómetros o varias horas de los asentamientos rurales del país. El Poder Judicial ha anunciado la creación de más juzgados de familia, pero a pesar de este importante esfuerzo, la oferta estaría muy lejos de satisfacer la demanda de servicios judiciales.

El problema es que la Ley 30364 olvidó involucrar, expresamente, a los juzgados de paz —incorrectamente denominados juzgados de paz no letrados—a pesar de que durante décadas los jueces de paz son los únicos que resuelven conflictos en la zona rural a nombre del Estado; a bajo costo (a veces sin ningún costo); con altos índices de legitimidad; y en el idioma materno de los usuarios. Esta omisión ha intentado remediarse hace poco más de un mes, a través de la publicación del Reglamento de la Ley 30364, el cual considera la participación “supletoria” del juez de paz, pero el punto es que para buena parte del Estado los grandes problemas del país, como el problema de la violencia contra la mujer, continúan ocurriendo primero en la ciudad y solo a través del reclamo o de la capacidad de lobby de instituciones de la sociedad civil se “logra” que se consideren los problemas del campo.

Mientras nos tomamos un tiempo para investigar más casos de comuneras, nativas, agricultoras, indígenas, etcétera, víctimas de violencia física y verbal, estas mujeres necesitan una vía óptima y urgente para la atención de sus denuncias y demandas. Sabemos que la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena del Poder Judicial (ONAJUP) tiene registrados 4962 juzgados de paz con competencias para conocer los casos de violencia contra la mujer que ocurren en su localidad. Es decir, que por cada juzgado de familia, mixto y de paz letrado, existen 25 juzgados de paz que podrían satisfacer la demanda de justicia de las víctimas de violencia física y verbal. La pregunta es, ¿cuántos juzgados de paz trabajan en la zona rural?, ¿en qué condiciones brindan sus servicios?, ¿han sido capacitados los jueces de paz?, ¿qué clase de apoyo reciben de medicina legal o de la Policía para cumplir su labor?, ¿cuánto presupuesto le destinará el Estado a los juzgados de paz para que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer de la zona rural?

Tomemos como ejemplo la situación de Apurímac, el departamento que ocupa el primer y el segundo lugar, respectivamente, en número de casos registrados de violencia física y verbal a nivel de todo el país. Según la ONAJUP, en Apurímac existen 270 juzgados de paz, de los cuales 265 tienen competencia en casos de violencia contra la mujer, casi todos ubicados en los centros poblados rurales del departamento. Sin embargo, este considerable número de juzgados de paz, ofrecen sus servicios sin una remuneración a favor de los jueces de paz; sin un reembolso a los jueces de paz que se desplazan fueran del despacho para hacer inspecciones o verificaciones; con una mínima dotación de útiles de escritorio (papeles, archivadores, máquinas de escribir, etcétera); y en locales o habitaciones del propio juez de paz o de la comunidad. A estas dificultades se suma, que la exclusión de los juzgados de paz de la Ley 30364, ha ocasionado que recién en octubre de este año se realizará un taller de capacitación sobre violencia contra la mujer dirigido a jueces de paz de Apurímac. Recordemos que estos jueces son legos en derecho, no son abogados como los jueces de familia o los jueces de paz letrados, es decir, son vecinos que desconocen los procedimientos y los términos jurídicos incluidos en la Ley 30364 y su reglamento. Por último, los juzgados de paz de Apurímac no suelen recibir el apoyo de la Policía Nacional ni tienen al alcance de la mano los servicios de la medicina legal (médicos legistas), estas dos últimas piezas importantes para que se garantice la integridad de las mujeres víctimas de violencia y se determine el grado de sus lesiones. En general, son una pieza importante del Poder Judicial que ha sido subestimada, por esa razón, hace varios años no dispone de una partida presupuestal que facilite o fortalezca su servicio y no hay viso que la situación cambie el 2017.

El problema descrito para Apurímac es más o menos común en todos los otros departamentos del Perú. Entonces, cómo no afirmar que las mujeres rurales víctimas de violencia física y verbal tienen mecanismos de protección precarios.