La política del desprecio

La política del desprecio

Ideele Revista Nº 200

Comenzamos en 1990 con la región amazónica central convulsionada por la violencia originada por la subversión, el combate contra ésta, el narcotráfico y los oportunistas pescadores en ríos revueltos. Justo ese año, la pacificación de la zona adquirió un nuevo signo, por el surgimiento del “ejército asháninka” liderado por el hijo de don Alejandro Calderón, líder de la federación indígena del Pichis desaparecido (nunca se halló su cuerpo) por el MRTA, que vengaba así las supuestas traiciones cometidas por él en perjuicio de comandantes de las guerrillas de 1965. Injusticia histórica y torpeza estratégica la del MRTA, que propició así la furia de los asháninkas y fue erradicado de la cuenca por un ejército armado con arcos y flechas y escopetas, y fortalecido con el poder del piri-piri, el que luego iría en búsqueda de SL para liberar a sus paisanos secuestrados y recuperar a otros ocultos en las cumbres que separan al Ene del Urubamba.

Estos trágicos enfrentamientos, que originaron la muerte de centenas de personas y dieron inicio a una etapa que dejó varios miles de asháninkas asesinados, siguen siendo objeto del más grande silencio de los diferentes gobiernos, que no solo no les atribuyen los créditos debidos, sino que se los usurpan para otorgarlos a otros. Peor incluso: se han negado a restituir a las comunidades los territorios que debieron abandonar, y que luego usaron para asentar colonos y entregarlos a madereros que hoy pagan protección a bandas remanentes de la subversión.

En esos primeros años la selva central fue escenario de otra de las gestas más heroicas libradas por el movimiento indígena en el Perú, que resultó en la liberación de miles de pobladores del lugar asentados en lo que se conoce como Alto Ucayali (incluye el tramo superior de este río y las partes bajas de sus formantes Tambo y Urubamba), sometidos hasta entonces a condiciones de esclavitud por “patrones” dedicados a la extracción de madera y a la crianza de ganado. En medio de los fuegos cruzados en una región afectada por la violencia política, el narcotráfico y el poder de caudillos locales, la confederación AIDESEP logró arrastrar al Estado para constituir comunidades libres allí donde antes había barracas de esclavos y articular organizaciones para que la gente pudiera defender sus derechos.

Esa década comenzó también con un Código del Medio Ambiente excepcional, herencia del desastroso régimen anterior, que confirmaba así que los goles también se hacen por error, aunque éste estaba condenado a durar muy poco. El Gobierno de Fujimori lo destrozó convirtiéndolo en materia inerte, en estopa, que sería y es la tendencia en todo lo referido a seguridad ambiental de entonces en adelante.

En lo concerniente a pueblos indígenas, un nuevo tanto por equívoco fue la suscripción, a fines de 1993, del Convenio 169 de la OIT, que entró en vigencia como ley 26253 un año más tarde. Y la historia volvió a repetirse con regularidad anual cuando, en 1995, ese Gobierno, mediante decreto legislativo (un recurso muy apreciado por todos los regímenes autoritarios), promulgó la Ley de Tierras (26505). A contracorriente del reconocimiento de derechos incluidos en el Convenio, el decreto arremetió con furia contra la autonomía que la Constitución (artículo 89.º) garantiza a las comunidades, al rebajar de manera inconsulta el quórum para su disolución (otra vez el verbo “disolver” resonó con toda su potencia), primer paso para promover la enajenación de sus tierras, hoy tan buscada por la política del perro del hortelano del presidente García.

Varias de las ideas del Primer Mandatario para agredir los derechos de las comunidades indígenas han sido tomadas de iniciativas similares impulsadas por el presidente Fujimori, como la ya citada reducción del quórum de las asambleas comunales. La diferencia es que en este caso, con la astucia que le era propia, éste hizo las cosas en silencio y logró su objetivo de manera desapercibida: gran parte de las tierras de las comunidades costeñas, en especial las del norte, fueron reconcentradas en manos del capital privado. En cambio, los artículos del perro del hortelano, vanidosos ejemplos de malos intentos para caracterizar problemas sociales, originaron las tempestades que hemos vivido en los últimos cuatro años.

Los cinco años del presidente Toledo, en lo que atañe a los pueblos indígenas amazónicos, se perdieron en la vacuidad de una comisión que se convirtió en instituto, pero que en ningún caso aportó nada para la construcción de una ciudadanía que implica derechos colectivos. El “Cholo Sagrado” no fue más que una grotesca caricatura de un Gobierno que perdió una oportunidad histórica para establecer nuevos derroteros de un país que la dictadura había destrozado. En el momento en que el ave Fénix debiera haber renacido de sus cenizas, se avivó en cambio la hoguera que continúa quemándolo.

En las últimas dos décadas, los pueblos indígenas se enfrentaron de manera aguerrida contra la subversión, la esclavitud y la usurpación de sus tierras.

La arremetida actual contra los pueblos indígenas no tiene precedentes en la historia del Perú, considerando que ahora, como nunca, ellos cuentan con derechos claramente establecidos en leyes nacionales y en convenios y declaraciones internacionales de obligatorio cumplimiento por el Estado del Perú. Otra vez la esquizofrenia ha hecho que este Gobierno, promotor internacional de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, sea su principal transgresor.

El primer derecho de los indígenas pisoteado por este régimen es el derecho a la vida y la salud, como se desprende de las protestas presentadas en el 2006 por la organización de las comunidades achuares de la cuenca del Corrientes reclamando que la actividad petrolera contaminaba su medio ambiente y afectaba su salud. En vez de ser escuchados por un Gobierno que debe garantizar que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” (Constitución, artículo 1.º), ellos tuvieron que recurrir a medidas de fuerza, como la toma de las instalaciones petroleras, para lograr ser atendidos, a pesar de las evidencias de contaminación y enfermedades presentadas incluso por dependencias del propio Estado, como los ministerios de Salud y Produce.

Los sucesos de Bagua han sido finalmente bien analizados por dos informes en minoría, que refutan la visión banal y prejuiciada presentada en el de la “mayoría”, firmado por dos ex ministras. Se trata del informe de la Comisión del Parlamento presidida por el congresista Güido Lombardi y del suscrito por el profesor awajún Jesús Manacés Valverde y la religiosa Carmen Gómez Calleja, quienes señalan como causas del conflicto la “falta de respeto por las formas de vida de los pueblos indígenas y el menosprecio por las características intrínsecas de los bosques amazónicos”.

El desprecio por la vida y los derechos de los pueblos indígenas no son producto del error, sino del cálculo para favorecer a otros intereses. Después de los sucesos de Bagua, para este Gobierno la historia no ha cambiado. La dolorosa experiencia de muerte de policías e indígenas no le ha servido para nada, y sigue actuando de la misma manera arbitraria, prepotente y provocadora. Así, ha continuado suscribiendo contratos inconsultos para explotar recursos naturales y dando leyes que afectan a los pueblos indígenas. El “interés nacional” es otra vez el eufemismo predilecto para ocultar intereses subalternos de autoridades coludidas con grandes empresas.
En estos 20 años, la revista ideele ha cumplido la valiosa labor de analizar y denunciar los atropellos y de realizar propuestas para construir un país mejor, donde la unidad se logre a partir del respeto de las diferencias. Estoy seguro de que seguirá por este camino mucho tiempo más

Después de los sucesos de Bagua, para este Gobierno la historia no ha cambiado. La dolorosa experiencia de muerte de policías e indígenas no le ha servido para nada, y sigue actuando de la misma manera arbitraria, prepotente y provocadora

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