El tema del “Baguazo” sigue moviendo tensiones, disputas y diferentes formas de memoria en diversos sectores sociales. Si, por un lado, este trágico evento pasará a la historia como el punto de quiebre dentro de la política estatal “democrática” en la primera década del siglo XXI, del otro lado, el «Baguazo» será también mencionado dentro de la historia de la justicia institucional, y en particular en el desarrollo de una posible justicia intercultural dentro del escenario de posconflicto. 

Hace algunas semanas se celebraron los diez años del Baguazo. Pocas fueron las manifestaciones publicas en conmemoración del acontecimiento, y menos todavía las organizadas por los representantes oficiales del Estado. Esta situación no tendría que ser extraña: muchos estudios demuestran lo difícil que es para las sociedades celebrar el recuerdo de una acción bélica, hasta que las instituciones publicas (y el sistema de justicia institucional, en primer lugar) no hayan establecido oficialmente quienes son los héroes, quiénes las víctimas y, finalmente, quiénes los culpables. Un ejemplo clave en ese sentido se dio en los Estados Unidos con el tema de la conmemoración de la Guerra de Vietnam y el trato a sus veteranos de guerra: el dilema entre celebrar una victoria o conmemorar la más grande derrota militar nacional se prolongó hasta la construcción del famoso muro “Vietnam Veterans Memorial” en Washington, donde todos los grupos afectados pueden conmemorar a sus seres queridos, sin necesidad de establecer distinciones entre víctimas y victimarios.

Algo muy parecido parece que está pasando ahora en el Perú en relación al recuerdo del «Baguazo». ¿Qué cosa tenemos que recordar y qué conmemorar? ¿Quiénes fueron los culpables de aquel desperdicio de sangre: los malvados policías o los “brutos salvajes”?

A lo largo de estos diez años se ha desarrollado un proceso bastante complejo de acumulo de relatos y representaciones sobre ese acontecimiento (informes oficiales, escritos y libros, documentales y servicios televisivos, exposiciones fotográficas y debates públicos, hasta la difusión de las informaciones manejadas en los procesos judiciarios). Gracias a todos estos elementos, la opinión pública nacional ha podido tener a su disposición diferentes fuentes de información y un repertorio de imágenes bastante variada, para formular una idea sobre los múltiples puntos de enfrentamientos de ese día, así como sobre sus consecuencias.

Sin embargo, la pregunta clave sigue problemáticamente abierta tanto en la opinión publica nacional como en las instituciones estatales. ¿Quién fue la víctima y quién el agresor? ¿Podemos hablar de un clamoroso ejemplo de la ineficiencia de la autoridad estatal? ¿O de un sorprendente caso de la fuerza bélica de unos indígenas, ajenos a la integración en la sociedad civil nacional?

En Lima este debate parece ser todavía altamente enredado y poco manejado institucionalmente. En lugar de formular estrategias judiciarias que puedan poner un punto final en el debate y sanar ciertas “heridas emocionales” de los diferentes sectores damnificados, el debate político termina por alimentar las fragmentaciones y frustrar los avances judiciarios obtenidos. En ese sentido, la Corte Suprema de Lima está considerando invalidar los resultados de la sentencia absolutoria del caso Curva del Diablo (de setiembre 2016), en lugar de reconocer su importancia dentro del marco legal intercultural a nivel internacional, y su rol dentro del proceso de pacificación local y nacional.

Esta triste noticia está, sin embargo, acompañada por una serie de felices iniciativas locales que nos proponen diferentes estrategias para formular otras maneras de pensar el pasado y de conmemorar a los muertos. Y eso a través de una manera más pacífica, que deja definitivamente de lado la búsqueda de una visión maniquea entre “buenos” y “culpables”. Esta maniobra respondería a las necesidades de una sociedad local compleja y fragmentada, que quiere dejar atrás un recuerdo del pasado, doloroso e incómodo, para pensarse como parte de una única que, bien que haya sido violenta y autodestructiva en un específico momento histórico, actualmente quiere pasar a una etapa distinta.

En este sentido, es necesario valorar cómo el 5 de junio de este año, en diferentes puntos de la región Amazonas, en las provincias de Bagua y Condorcanqui, se desarrollaron múltiples espacios de conmemoración del doloroso acontecimiento por iniciativas privadas o de los organismos estatales provinciales. En Bagua , a la altura de la tristemente famosa Curva del Diablo, se realizó una intensa celebración organizada por el Vicariato de Jaen, acompañada por diferentes actores que han jugado un papel clave en los acontecimientos del 2009. También, dentro de los diferentes distritos amazónicos, se realizaron marchas pacíficas acompañadas por discursos institucionales pronunciados por las autoridades civiles, los representantes de las organizaciones indígenas y los de la PNP. El todo frente a una sentida participación de la sociedad civil local, tanto mestiza como indígena. Los polos blancos y las lucientes banderas de los estudiantes en marcha por las calles manifestaban el deseo de poder imaginar una sociedad local pacificada y no fragmentada por continuas disputas políticas. Dentro de la intimidad de diferentes comunidades indígenas de la región se improvisaron también diferentes formas de celebración: tomas de masato, bailes, pero también escenificaciones del conflicto pasado y reflexiones sobre el futuro. En esos espacios, niños y adultos personificaban tanto a los manifestantes como a los policías y a los representantes políticos, volviendo a revivir la historia y buscando una manera más performativa y menos politizada de recordar, revivir y “pacificar” las emociones del pasado.

Finalmente, existe un ultimo grupo, minoritario, que decidió realizar ese día una celebración particular. Se trató de una conmemoración silenciosa pero altamente sentida: algunos representantes de la PNP de la región decidieron viajar, de manera individual o en pequeños grupos, hasta la Estación 6 de Petroperú para rendir homenaje a las cruces de los policías víctimas de ese enfrentamiento. Uno de ellos decidió invitar también a unos líderes indígenas a acompañarlos, para remarcar que se trataba de la conmemoración de una historia común. La  sorpresa más grande para todos ellos, al llegar a las proximidades de la Estación 6 de Petroperú, no fue solamente el encontrarse con otros colegas que habían tenido la misma iniciativa, sino, sobretodo, encontrar las cruces de los policías muertos decoradas con flores frescas. Estos homenajes floreales habían sido dejados por unos habitantes de los distritos vecinos. “Este día es un momento de conmemoración también para nosotros, los policías”, recuerda uno de ellos. “Si bien es cierto que recubrimos un lugar marginal dentro del debate nacional, y no podemos dejar declaraciones públicas, nosotros también tenemos nuestra versión de los hechos, y nos sentimos profundamente afectados por ese acontecimiento y sus muertos, indígenas, mestizos y policías. Yo, personalmente, todavía sigo muy dolido por la pérdida de esos muchachos”.

Quizás los discursos públicos propuestos a lo largo de estas ceremonias no podrán ayudar mucho en la reconstrucción fatídica de los hechos ni en la redistribución exacta de las responsabilidades entre sus autores. Sin embargo las plazas de armas o los diferentes contextos de celebración de estas conmemoraciones están terminando por transformarse en un espacio de reencuentro, transmisión de memorias y, sobre todo, de rehumanificación de los “enemigos”: y, de alguna forma, en un espacio apto para la pacificación de los sentimientos encontrados de muchos de los autores de esos dramáticos momentos. ¿En qué momento las instituciones jurídicas nacionales y los representantes políticos de Lima se darán cuenta de ello y apoyarán tal proceso en lugar de obstaculizarlo?