Ofensiva para volver al pasado

Ofensiva para volver al pasado

Ideele Revista Nº 200

Indignación y repudio por la salida en libertad de la terrorista Lori Berenson. ¿Por qué va a salir esa gringa que vino a nuestro país a tratar de volar el Congreso? Qué me importa que ya haya estado casi 15 años presa y lo que diga la ley. Que se quede en la cárcel y allí se pudra y se muera. Pena de muerte para los terroristas. Fujimori nunca dejó que los gringos le doblaran la mano y no permitió siquiera que ella se fuera a cumplir la condena de cadena perpetua a su país, como lo permitía un tratado existente. Chino, Chino, Chino-Chino-Chino. 

Como en la película CanoaLa escena de la terrorista vestida a rayas gritando, cuando recién fue capturada, se repite una y otra vez en la mayoría de los canales de televisión, con el audio no muy alto, porque, como ella dice que no es terrorista, no conviene al libreto.

Grupos de vecinos del lugar donde escogió vivir Lori Berenson son azuzados por varios de los medios para que expresen su ira y exijan que se largue. Se enfocan rostros enfurecidos recordando que fue precisamente en Miraflores donde ocurrió el terrible atentado de Tarata, e inmediatamente aparecen las espantosas escenas del repudiable atentado, por más que fue cometido por SL y no por el MRTA, organización esta última a la que estuvo vinculada Berenson. Algunos hasta lanzan piedras contra el departamento en el que supuestamente ella está.

Como en una película mexicana de hace muchos años, Canoa, pareciera hay altoparlantes por todas partes, lo que crea un ambiente de histeria, persecución y linchamiento, sin importar lo que sea verdad o mentira, legal o ilegal, justo o injusto.

En los siguientes días, paralelamente, se levanta la noticia de que otros importantísimos y peligrosísimos terroristas también saldrán libres; entre ellos, Osmán Morote y la bailarina Marisa Garrido-Lecca.¿Y por culpa de quién está saliendo tanto terrorista de las cárceles? Del ex presidente Toledo, del ex ministro de Justicia, Diego García Sayán, y de nada menos que de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Fueron Toledo y García Sayán los que flexibilizaron la legislación y las condiciones carcelarias aplicables a los terroristas, y los que indultaron a un montón de ellos, además de haber restituido los beneficios penitenciarios.

Todo esto contrastaba con lo que se había hecho en época de Fujimori-Montesinos, quienes crearon los tribunales militares sin rostro para que en una semana un sospechoso de terrorismo pudiera ser condenado a cadena perpetua sin mayor defensa; para que luego pasara a una cárcel en la que se lo depositaba en un cubículo en el que apenas entraban, en el que debía permanecer 23 horas y media diarias, y sin ningún tipo de comunicación con el exterior; y, por supuesto, nada de beneficios penitenciarios. Qué importa que ese régimen inhumano e ilegal para todos atrapara también a miles de inocentes, como después se demostró. Nuevamente se habla de los costos de la guerra, de la única manera de derrotar al terrorismo.

A la vez, a la CIDH se le imputa la culpa de que, en coherencia con su habitual simpatía por el terrorismo, ordenó que se realizaran nuevos juicios a los terroristas, pues se les habían aplicado disposiciones como las mencionadas. Estos nuevos procesos concluyeron con la reducción de penas a muchos que habían sido condenados a cadena perpetua.

Una Corte que, además, ha indemnizado con sumas millonarias a terroristas convictos y confesos. Qué bien hizo Fujimori en salirse de esa Corte; es lo mismo que debería hacerse ahora, o por lo menos pedir una reforma del Sistema Interamericano para que no siga favoreciendo al terrorismo.

Por culpa de tanto terrorista que está saliendo suelto gracias a Toledo y a García Sayán, Sendero Luminoso ya está de vuelta. En el VRAE cada vez están más fuertes. Y en el Huallaga siguen actuando y matando.Si seguimos así, volverán los peores años del terrorismo. Prueba de ello es que ya se atreven a marchar abiertamente en San Marcos, con banderas rojas, pidiendo la amnistía para todos los terroristas. Y la escena de la marcha se repite una y otra vez.

¡Salvemos al pobre Grupo Colina!¿Y qué estamos haciendo frente a esta salida masiva de terroristas y a los avances del terrorismo? Paradójicamente, una campaña de persecución contra nuestros militares, que, arriesgando y dando sus vidas, fueron los que derrotaron al terrorismo. Cientos —y algunos hablan hasta de miles— de estos militares están siendo procesados y condenados.

Por eso, además, los militares y los policías ya no quieren salir a combatir al terrorismo, porque saben que después también serán procesados y condenados por violar los derechos humanos.

Peor aun: el gran artífice de la derrota del terrorismo, el ex presidente Fujimori, se encuentra preso y condenado a 25 años. Lori Berenson en libertad, igual que otros terroristas, y el Chino, el que nos salvó del terrorismo, preso.

¿Quiénes son los otros que ayudaron y ayudan al terrorismo y a los terroristas y que, por lo mismo, deben ser considerados cómplices y enemigos del país? Las organizaciones de derechos humanos, hoy llamadas caviares, las cuales, además, defienden los derechos humanos solo porque de esa manera pueden conseguir millonarios proyectos de la cooperación internacional, y hasta cobran porcentajes de las indemnizaciones que la Corte otorga a los terroristas.

Pero ahora las ONG ya no están solas frente a este tipo de acusaciones: comparten el nicho con la Comisión de la Verdad, a la que también se le acusa de caviar y de ser benévola en su informe con Sendero Luminoso y el MRTA, e injusta con nuestros militares y policías. Un informe en el que —se dice— a los terroristas se les llama luchadores sociales equivocados, y se habla de víctimas de la violencia política, cuando lo único que ha existido en nuestro país son víctimas del terrorismo.

Los militares y policías que están siendo procesados, no son los que se enfrentaron al terrorismo, sino los que violaron derechos humanos: desaparecieron, torturaron, asesinaron y violaron a personas.

Y Salomón Lerner, ex presidente de la ex CVR, filósofo, rector emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú (la misma que también es atacada de caviar y de la que Cipriani pretende apropiarse con la complicidad del actual Tribunal Constitucional, poco independiente desde hace un buen tiempo), es poco menos que Satanás, y muchas veces, cuando se hace referencia a él, se especifica que es judío. 

Es la guerra contra el terrorismo y en defensa de nuestras Fuerzas Armadas y el Perú, contra los caviares proterroristas y enemigos de la patria. Hasta apareció en Facebook un texto escrito por el hijo de uno de los personajes más identificados con esta campaña, Víctor Robles, asesor del vicepresidente Giampietri y del actual ministro de Defensa, Rafael Rey, que decía algo así como: “Papá, orgulloso de ti, haz patria y mata a un caviar”.

Hace meses, este libreto se escucha, ve y lee por todas partes. A la vanguardia está, cuándo no, la trilogía Correo-Expreso-La Razón. En la misma línea están gran parte de los noticieros y los que antes se llamaban programas políticos de la TV y la radio. Y los medios que no lo están, muchas veces optan por la ambigüedad o por, simplemente, el “silencio en la sala”. En Internet también encontramos pintorescos blogs que siguen la línea.

Bajo la mesa (o en el sótano, como antes)

Prueba de que esta campaña mediática no responde a una decisión independiente de determinados medios de comunicación, motivados por sus intereses o por sus propias y antiguas convicciones ideológicas, es que el mismo discurso es expresado hasta la saciedad por un buen número de altas autoridades o políticos, fundamentalmente pertenecientes a esa unión entre apristas y fujimoristas que viene cogobernando el país.

Y lo hacen sin importarles que el contenido de este discurso con el que pretenden “ganar” a la población sea contra el ordenamiento jurídico nacional e internacional, se base en hechos falsos y esté creando en el país un clima de intolerancia y de persecución muy peligroso.

¿Quién está a la cabeza de esta ofensiva? Rafael Rey, actual ministro de Defensa, quien parece creer que la función del cargo que desempeña, a cambio de un sueldo pagado por todos los peruanos, consiste exclusivamente en pasearse por los medios de comunicación defendiendo lo indefendible. Como cuando pretende convencernos de la inocencia de Salazar Monroe, impulsor principal del Destacamento Colina, grupo que asesinó a decenas de personas (como él mismo lo ha reconocido en el juicio Cantuta, en el que ya ha sido condenado).

Una muy rara manera de pensar la de Rey: se preocupa por la potencial unión entre un óvulo y un espermatozoide, en el caso de alguien que toma la píldora del día siguiente, según él abortiva, pero considera un héroe a quien fue parte de un plan para asesinar a personas de carne y hueso.

Por su gran dedicación y el tono que usa, pareciera que cree que Dios lo ha hecho Ministro de Defensa para que pueda iniciar una cruzada en defensa de los militares contra un ejército de perversos, en el que están Diego García Sayán (a quien realmente se le ha prendido), las ONG, la CVR, determinados periodistas y analistas, entre otros.

¿Qué pruebas hay de cada una de las afirmaciones que se hacen en esta línea? Ninguna. Pero tampoco hay necesidad de que las haya. Hace mucho tiempo que, en el Perú, autoridades y un tipo de medios de comunicación se atreven a decir cualquier cosa, por más que se trate de una afirmación reñida totalmente con la verdad y hasta absurda, y sienten que no tienen ninguna obligación de acreditar nada.

Algo grave, por razones obvias. Tan grave como que estas reacciones histéricas y basadas en hechos distorsionados, orientadas al uso político del miedo que comprensiblemente el terrorismo instaló en todos nosotros (aspecto que abordaremos más adelante), nos impidan hasta ahora hacer una verdadera y seria reflexión de lo que pasó en el Perú en las dos décadas de violencia política, para que, efectivamente, no vuelva a ocurrir.

¿Coincidencia? ¿Lo de siempre, pero en un tono más fuerte? ¿Estilos personales, propios de quienes son fundamentalistas en todo, como es el caso de los del Opus Dei?

Institucionalmente creemos que no, que lo que está ocurriendo ahora en el país tiene todos los elementos para ser calificado como una ofensiva o campaña proveniente de determinados sectores: la alianza apro-fujimorista, los sectores más conservadores y agresivos del poder económico y de la Iglesia (el Opus Dei), el sector de militares vinculados a violaciones de derechos humanos y actos de corrupción y, a la cola, pero muy activamente, los medios de comunicación creados por estos mismos sectores, o los denominados ‘mermeleros’, o los que siempre viven de la franela o de la ‘jugada en pared’ con el poder de turno.

Ofensiva premeditada y articulada, y con objetivos muy concretos, como los siguientes:

Si se logra que todos nos volvamos a asustar con la vuelta del terrorismo, se beneficiará al sector político que pretende presentarse como el que lo derrotó (el fujimontesinismo), y se perjudicará al que se le acusa de ser el que creó las condiciones para que SL se rearmara (Toledo, los caviares, todo lo vinculado a la Transición Democrática).

No solo eso: con la ofensiva se estarían creando además condiciones favorables para algo que puede parecer increíble pero de lo que ya se ha comenzado a hablar en distintos ambientes: el indulto a Fujimori.

Augusto Álvarez Rodrich, uno de los mejores analistas políticos del país, expresó en un evento público que él creía que Alan García indultaría a Fujimori antes de terminar su Gobierno. En los alrededores del Tribunal Constitucional, donde llegará sin duda un hábeas corpus a favor de Fujimori, ya se habla de movidas al respecto. Y allí, si nos atenemos a lo irregular de las últimas sentencias (la que sacó del proceso al general Chacón, o la que le dio la razón en todo a las posiciones de Cipriani frente a la PUCP, por poner solo dos ejemplos), cualquier cosa puede suceder.

Hay algunos que creen que la posible conmutación de la pena de Lori Berenson para que se pueda ir a los Estados Unidos (medida que, es cierto, resolvería un problema práctico y humanitario), allanaría el camino para poder decir después que si se usa la gracia presidencial para favorecer a una terrorista, por qué no usarla para beneficiar a un ex presidente que cometió graves errores pero que también hizo buenas cosas, que está viejo y enfermo.

Por estar Kouri identificado con este mismo sector fujimorista, la referida campaña también lo favorecería en su intento de ganar la Alcaldía de Lima, y si triunfara (posibilidad que, felizmente, por ahora está muy lejos), sería obviamente un peldaño hacia el triunfo de Keiko.

Por otra parte, nuestro análisis institucional apunta a que este tipo de campaña se ha lanzado para que ayude a justificar y legitimar una serie de medidas no solo controversiales sino reñidas con estándares universales de derechos humanos y democracia, que el Gobierno aprista se ha propuesto sacar antes de que termine su mandato, seguro con el fin de protegerse las espaldas, o a cambio de algún tipo de compromiso de quienes puedan resultar ganadores. Los famosos candados o elementos protectores de todo gobierno que se aleja del poder.

Solo así se explica que el Poder Ejecutivo haya pedido al Congreso facultades excepcionales para legislar nada menos que sobre justicia militar y uso letal de armas por los militares, a lo que el Congreso agregó un tema en la misma línea: procesos y condenas de policías y militares por violaciones de derechos humanos.

Y solo así se explica el ensañamiento con la Corte Interamericana, por más que hace poco sesionó en nuestro país como invitada de honor del Gobierno. Como las medidas que se adoptarán de seguro estarán reñidas con la Convención Interamericana, es mejor desprestigiar al Sistema Interamericano, donde irán a parar los reclamos que aquéllas originarán.

Expliquemos nuevamente el abc

Aclaremos conceptos e identifiquemos mentiras de la ofensiva o campaña:

- Los derechos humanos no son una invención nacional caviar; consisten en estándares mínimos universales contenidos en tratados internacionales, suscritos voluntariamente por la gran mayoría de los Estados, y en las constituciones de los diferentes países, por lo que son vinculantes y judiciables nacional e internacionalmente.

- La tendencia jurídica universal es que siempre deben contemplarse beneficios penitenciarios, aunque éstos pueden ser endurecidos por la gravedad del delito y otorgados solo cuando se evalúe que la persona no constituye un inminente peligro para la sociedad.

- Si se elimina todo tipo de beneficio penitenciario para los integrantes de SL o el MRTA, por la gravedad del delito en cuestión (terrorismo), también debería eliminarse para todos los condenados por los delitos cometidos en la época de Fujimori y Montesinos, ya que igual de grave es: formar parte de un destacamento asesino como el Colina; haber traficado con armas, para entregarlas a las FARC; haber dado un golpe de Estado y haberse apropiado de las instituciones del país para fines ilícitos; ser el autor mediato de matanzas como las de La Cantuta y Barrios Altos.

- Por definición, toda persona tiene derechos humanos, incluidos los miembros de SL y el MRTA, por lo que el Estado tiene la obligación de respetarlos frente a ellos (la famosa superioridad moral que debe caracterizar al Estado); pero su defensa y promoción sirven fundamentalmente para proteger a las personas que, sin cometer ningún delito, son víctimas del abuso y la arbitrariedad. Por ejemplo, en el caso de la violencia política, los asesinados, desaparecidos, torturados, violados, etcétera, no son ni lejanamente, en su mayoría, integrantes de SL o el MRTA, sino población local entre dos fuegos.

- Personas e instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos (líderes de opinión nacional o mundial, universidades, medios de comunicación, ONG, etcétera), hay en todas partes del mundo, y existen cada vez más normas y mecanismos nacionales e internacionales que sirven para proteger esta actividad.

- Los senderistas y emerretistas importantes o que tengan algún nivel de representación real o simbólica que vayan a salir libres son muy pocos, y es porque ya han cumplido la pena que el Poder Judicial les impuso, la que generalmente supera los 10, 15 o 20 años, o porque legalmente les toca algún beneficio penitenciario sumamente exigente, solicitado antes que los prohibiera este Gobierno. No permitirlo es pasar a ser un país que no respeta el Estado de Derecho ni los estándares mínimos universales de derechos humanos.

- La política de indultos no comienza con Toledo o García Sayán, sino con Fujimori, producto de la presión nacional e internacional por la gran cantidad de inocentes que había en las cárceles peruanas acusados injustamente de terrorismo. Y prueba de la existencia de estos inocentes, y de que los indultos por terrorismo solo comprenden casos de inocentes, es que el más grande “indultador” —de los tres presidentes que lo hicieron sucesivamente— fue el propio Fujimori, que en tres años indultó a más de 500 inocentes.

- Toledo y García Sayán, por tanto, indultaron, siguiendo la política establecida por Fujimori, como también lo hizo Paniagua durante la transición, y después Alejandro Toledo, hasta con Fernando Olivera como ministro de Justicia.

- No se ha demostrado que haya casos de indultados que han vuelto a actuar como parte de SL o el MRTA.

- Si Sendero se mantiene en el Huallaga y avanza en el VRAE no es porque se esté fortaleciendo con los subversivos que salen de la cárcel (hecho tampoco demostrado), sino por la absoluta ineptitud de este Gobierno para enfrentar tales situaciones.

- La responsabilidad por las indemnizaciones que tiene que pagar el Estado peruano por disposición de la Corte, no la tiene la Corte, sino los gobiernos que decidieron mantener la impunidad frente a violaciones de derechos humanos, o realizar juicios sin respetar estándares mínimos a los que el Perú está obligado por decisión propia.

- Los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, tipo el Interamericano, constituyen una realidad que abarca ya casi todos los continentes, y tienden más bien a fortalecerse, al igual que tribunales internacionales como el de La Haya (teniendo nosotros en éste actualmente el diferendo con Chile, es torpe atacar el rol del Derecho y la jurisdicción internacionales) o la Corte Penal Internacional.

- La firma de tratados internacionales como el de la Convención Interamericana y la adhesión a la competencia de la Corte, como lo hizo el Perú hace años, al igual que casi todos los Estados de la región, hace que las sentencias de la Corte Interamericana ordenando algún asunto al Estado peruano no constituyan un acto de injerencia en nuestra soberanía nacional. Los tratados de derechos humanos tienen justamente esa naturaleza especial: permiten que la comunidad internacional intervenga, a través de tribunales, cuando un Estado nacional no quiere o no puede garantizar la vigencia de los derechos humanos.

- El Estado peruano podría dar una norma disponiendo que si alguien le debe una reparación, se puede compensar con la indemnización que debería recibir por mandato de la Corte. Sin embargo, no lo hace, porque prefiere explotar la figura del pago de indemnizaciones a terroristas.

- Los militares y policías que están siendo procesados y condenados por hechos vinculados a violencia política, no son los que se enfrentaron al terrorismo, sino los que violaron derechos humanos: desaparecieron, torturaron, asesinaron y violaron a personas.

- Y no hay una persecución bajo ningún punto de vista, porque siendo las fuerzas del orden las que provocaron alrededor del 37% de las muertes de 69.000 personas, solo hay 361 procesados y el 85% de los procesados  ha sido absuelto en las sentencias ya dictadas. El número de condenados es ínfimo: 15.

- Prueba de que la Comisión de la Verdad no es esa caricatura que se hace de ella es que fue creada por Paniagua y sus ministros, entre los que había de todas las tendencias políticas, y dicha creación fue respaldada por los candidatos principales, en esa época García, Andrade, Toledo y Lourdes Flores. La gran mayoría de su composición fue escogida también por el mismo Gabinete que la creó.

- Jamás la CVR ha caracterizado a SL como “luchadores sociales”: los llama “organización subversiva y terrorista” y ha dicho que fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos.        

Los organismos de derechos humanos siempre hemos condenado de manera expresa los métodos terroristas de SL y el MRTA, así como el carácter totalitario de sus proyectos políticos. Es absolutamente falso que alguna vez la más mínima parte de una indemnización económica otorgada por la Corte a una víctima haya ido a parar a una de ellas.

- Es cierto que hay una presencia senderista en San Marcos que no hay que descuidar, pero más que servir de “caja de resonancia” de esa presencia, sería mucho más eficaz ayudar a esta universidad a salir de la crisis que a todo nivel padece (económica, moral, legitimidad d autoridades, etc.).

- No procede el retiro parcial de la Corte o hacer reservas. Estas últimas, de acuerdo a la Convención, solo se puede efectuar al suscribirla. Y para salirse la única vía válida es la denuncia del Tratado y esperar un año.

¿Qué fue de la "democracia"?

Lo peligroso es que son más y más poderosas las fuerzas políticas y económicas que están en esa línea. Y también son más los medios de comunicación militantes de la campaña, puesto que los que no lo son, en la mayoría de los casos o se autocensuran o se oponen de una manera tibia. Y hasta una buena parte de las organizaciones y representantes de la sociedad civil prefieren ponerse a buen recaudo para evitar riesgos y echarse tras de sí al monstruo por sacar la cabeza.

Pero aun así, estamos seguros de que la ofensiva no triunfará. Y no solo por la fuerte oposición que determinados movimientos políticos, sociales, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y líderes de opinión seguiremos haciendo, sin importar los ataques y campañas de amedrentamiento, sino porque, al tratarse de posturas tan primitivas y reñidas con los más elementales principios de la democracia y con la legalidad nacional e internacional, resultan inviables. Es muy difícil que un país como el Perú (que no es una potencia) conserve el reconocimiento y aceptación de los distintos niveles de la comunidad internacional luego de adoptar medidas absolutamente favorables a la impunidad, propias de un régimen autoritario y anti-derechos humanos. Sin embargo, esta nueva batalla entre, finalmente, democracia y autoritarismo puede causar, si se le deja avanzar tan fácilmente muertos y heridos.

Los DESC: El otro lado de la ofensiva 

Hacer la mínima crítica sobre determinados casos concretos —no todos— de inversión, explotación de recursos, relación con el medio ambiente, es ahora considerado subversivo. Y entonces se pasa a ser, también por esta vía, un caviar, comunista, perro del hortelano, bajo en autoestima, contrario a los intereses del Perú y de la modernidad. Un ser, por tanto, indeseable, peligroso y frente al que algo hay que hacer para evitar que siga haciendo daño.

Cada vez crece más la intolerancia para con todo lo que tiende a compensar el absoluto y objetivo desequilibrio entre los sectores más vulnerables e indefensos del país, y el poder económico, político, mediático o de cualquier tipo. Y en ese todo entran las ONG, determinados periodistas y medios de comunicación, algunos representantes de las iglesias, magistrados o autoridades en general disidentes, etcétera.

Los derechos y libertades, como el de propiedad o el de libertad de expresión, deben ser respetados y defendidos, solo cuando los invocan determinados sectores del país; pero cuando sus titulares son indígenas, mujeres, trabajadores, usuarios, etcétera, la exigencia es considerada un exceso que hay que flexibilizar o al que es necesario poner fin, en nombre del desarrollo, la modernidad y el bien común.

Como en el Perú la economía sigue creciendo; la pobreza se ha reducido; los índices de consumo se han incrementado; hay más tarjetas de crédito, carros, celulares y restaurantes (todos aspectos positivos, sin lugar a dudas, por lo que hay que mantenerlos), cualquier reivindicación económica, social o cultural es inmediatamente satanizada.

Y aumentan las voces que, coherentemente con esta parte de la ofensiva conservadora e intolerante, plantean la expresión que hace unos años popularizó el cardenal Cipriani: “¡Basta!”. De una vez por todas, hay que poner orden en el Perú, para poder actuar libremente en el campo económico, sin ningún tipo de obstáculo, conflictos, protesta o reclamo. ¿Bagua habrá sido una experiencia infructuosa de cómo deben resolverse por mano militar los conflictos sociales, al margen de la legalidad, en relación con demandas y métodos, una especie de plan piloto?

No es gratuito que el Gobierno haya pedido facultades extraordinarias para legislar sobre el uso de la fuerza letal por militares y policías.

Pero este tipo de posiciones extremas y hasta fundamentalistas en el campo económico también son inviables, como los hechos mismos se están encargando de demostrar. Hoy existe una mucho mayor conciencia de derechos en la mayoría de sectores del país, y son muchos más los mecanismos nacionales e internacionales a los que se puede recurrir contra actos ilegales y abusos también en este ámbito, lo que felizmente coincide con la evolución de la mentalidad y la manera de actuar de un número importante de empresarios e inversionistas.

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