En el Perú, los problemas y las posibilidades de la papa no dependen exclusivamente del factor producción y rendimiento. Es decir, no tienen que ver únicamente con producir más o menos papas cada año, o con cuántas papas producimos por cada hectárea de tierra trabajada (rendimiento). En el mejor escenario, si hay sobreproducción podemos incrementar la exportación y el consumo interno.[1] Sumado a ello, en las dos últimas décadas, el rendimiento en la producción de papas en el Perú ha crecido a una tasa anual promedio de 2,2%, según el propio Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).[2] Sin embargo, mejorar la producción y el rendimiento no resuelve los problemas de este subsector, como lo ha demostrado el paro de agricultores liderado por los productores de papa en enero de este año. Este paro es una excelente oportunidad para examinar la complejidad del fenómeno de la papa en el país. 

La papa no solo es oriunda de los Andes, sino que el Perú en particular tiene la suerte de contar con una aptitud natural para el cultivo de este producto en la mayoría de sus regiones y durante todo el año. La papa se produce en distintas temporadas en 19 regiones ubicadas a lo largo de la franja costera y en el área andina. Aún con este potencial natural, estamos muy lejos de alcanzar los niveles de producción de este tubérculo que actualmente tienen China, India, Rusia, Ucrania y Estados Unidos, que juntos producen casi el 60% de las papas que consumen la humanidad, o los niveles de rendimiento por hectárea que demuestran Alemania, Francia y Holanda, que por cada hectárea obtienen tres veces más de papa que el Perú.[3] En nuestro país, ojalá pudiéramos tener la cantidad de tierra que tiene China, o la tecnología, la infraestructura y los servicios que tiene Alemania. Pero lo primero es imposible y lo segundo debería ser una de las principales metas de la política agraria en los siguientes años. Entretanto, hay otros asuntos que deberíamos considerar con igual preocupación.

Lo que debemos considerar es que ninguno de los países antes mencionados tiene un sector y un productor de papas con un perfil similar al peruano. En nuestro país uno de cada tres agricultores está relacionado con la producción de papas. No todos los agricultores producen la misma variedad de papa, esta va a depender de varios factores, entre ellos de la demanda, del mercado de destino y del precio del producto. La mayoría de estos agricultores se ubican en la sierra y, entre ellos, la mayoría están situados en los niveles de pobreza y pobreza extrema. Los agricultores de la sierra tienen menor cantidad de tierras (pequeños agricultores y minifundistas) y con un rendimiento menor por hectárea comparadas con las de los agricultores costeños.[4] Asimismo, los agricultores de la sierra tienen menos alternativas de cultivo que los de la costa, lo cual los hace más dependientes del cultivo de la papa. Por último, los productores de papa comercializan sus productos en diferentes mercados. Todas estas variantes y cómo influye una sobre la otra las pudimos ver en el paro de agricultores de enero de este año.

En primer lugar, el reciente paro de productores de papa estuvo lejos de representar el verdadero poder de convocatoria que tiene este gremio agrario. En efecto, los agricultores que se sumaron al paro de enero procedían principalmente de Ayacucho, Junín, Huancavelica y Huánuco. Estas cuatro regiones albergan a alrededor del 25% del total de productores de papa del país. El 75% restante vive disperso en otras 15 regiones. En cifras, el total nacional de productores de papa, según el Censo Nacional Agropecuario (Cenagro) de 2012, suman poco más de 700 mil personas, sin contar a sus familias y a las otras personas que obtienen ingresos de este producto.[5] En ese sentido, sería un error subestimar las demandas de este gremio y su capacidad de movilización, ante una política nacional que ponga en riesgo su principal fuente de subsistencia. Lo ocurrido en enero fue solo una muestra.

En segundo lugar, el factor precio de venta fue importante en la protesta de enero, pero principalmente para cierto segmento de productores de papa. En efecto, la estadística del Minagri informa sobre el incremento sostenido del precio del kilo de papa vendido en chacra, cuyo precio promedio ponderado pasó de S/. 0,45 en 2007 a S/. 1,03 en 2016. El asunto es que este precio promedio ponderado no toma en cuenta las diferencias de precio entre las variedades de papa existentes y tampoco el volumen de producción de cada una. En términos generales, la papa amarilla es la que más cuesta, le siguen en orden descendente las papas de color y la papa blanca. Pese a su menor precio, la papa blanca es la que más se produce y comercializa en el país.

Aclarado ello, la caída en los precios de la papa que denunciaron los productores durante el 2017 y en enero de este año afectó sobre todo a la papa blanca y, en mayor medida, a los que la produjeron en la sierra sur y central (Ayacucho, Junín, Huancavelica y Huánuco). Estos últimos sufrieron un mayor perjuicio, principalmente, por la forma en que está organizada la campaña de siembra y cosecha de papas en el país: en el primer semestre de cada año le corresponde a la sierra, en tanto que la costa se ocupa del abastecimiento durante el segundo semestre. El problema fue que la caída del precio de la papa blanca indujo a los productores de la costa a aguantar sus cosechas con la esperanza de que el precio subiera, y como tal cosa no ocurrió durante el segundo semestre de 2017, llegamos a enero de este año con una “sobreproducción”, que no era otra cosa que el stock no vendido de papas de la costa más la producción que llegó, como todos los años, de la sierra. Como es lógico el precio del producto cayó aún más. En ese sentido, el Minag y los productores deberían analizar el modo en que ha venido funcionando el calendario anual de siembras de papa, tratar de perfeccionar las herramientas de monitoreo de cuotas y metas, pero sobre todo que se prevean medidas de contingencia ante una nueva caída de los precios de la papa. Para esto último será indispensable que se considere como premisa que los productores de la sierra no están en la misma situación que los de la costa. En la sierra la papa se produce, sobre todo, en tierras de secano (con agua de lluvia). Asimismo, en esta región, el productor no tiene la posibilidad de diversificar su producción, eligiendo entre producir papas, frutales (paltas, mandarinas, etc.), leguminosas, etcétera. Uno de los pocos cultivos que se producen en la sierra y que puede ser rentable es la papa. Sumado a ello, para un pequeño agricultor de la sierra, una parte importante de sus ingresos lo obtiene del comercio de este tubérculo.

Por último, se sostiene que la importación de papas no tiene impacto en la situación general del sector, menos aún debería ser motivo de protestas como la de enero, porque es insignificante la cantidad de papa que importamos (31 toneladas anuales aproximadamente), sobre todo de Holanda, comparada con nuestro volumen anual de producción del tubérculo, el cual supera los 4 millones y medio de toneladas al año. Esta afirmación, sin embargo, tergiversa la situación. Para empezar, los volúmenes de importación no hay que analizarlos en relación con nuestra producción anual de papa, por la simple razón que el 100% de papa importada está destinada para el comercio, mientras que de nuestra producción total de papas, los agricultores (sobre todo los pequeños agricultores y minifundistas) destinan una gran parte a su propio consumo. De modo que, si se importa más o menos papa, esto en nada afecta a la fracción de la producción nacional destinada al autoconsumo, pero sí puede competir con la fracción orientada al comercio. En segundo lugar, las críticas contra la importación de papas nos recuerdan que esta importación no está dirigida a abastecer a todo el mercado nacional, sino sobre todo a las principales ciudades, en particular a Lima. Entonces, para saber si esta importación amenaza o no la producción nacional, nuestro universo de análisis es la producción de papas que se destina a la venta y, entre ella, la que abastece los mercados de las principales urbes, en especial el de Lima.

Explicado ello, según la estadística del Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML), solo el 2016 se comercializaron en la capital un total de 540 mil 477 toneladas de papa de distintas variedades. Aún así, sigue siendo insignificante la proporción de papa importada en comparación con la papa que se comercializa en la capital. Pero, atención al siguiente detalle, el subsector de negocios que más papa adquiere en los grandes mercados es el sector de restaurantes y pollerías. Según cálculos del Minagri estos establecimientos consumen alrededor de 300 mil toneladas de papa anualmente. La adquisición del producto la realizan, por ahora, en los mercados mayoristas, en minoristas, pero también de redes de proveedores directos quienes llevan el producto “de la chacra a la olla”. ¿No es lógico, entonces, que toda esta cadena de la papa exprese su preocupación al conocer que empresas como Alicorp, responsable de más del 50% de la importación de papas en el país, tienen la política actual de abastecer directamente a restaurantes y pollerías con papa preparada prefrita de origen extranjero[6]? ¿O que tengan similar preocupación al conocer que, en lugar de apostar por la instalación de una planta de procesamiento de papas de origen nacional, algunos de los importadores de papa prefrita elijan “la práctica comercial de entregar gratuitamente a las pollería equipos o congeladoras para la conservación de las papas, así como la venta de un aceite especial para frituras de mayor densidad y conservación que el que usa el público normalmente” (El Comercio, 13.8.2015)?

Puestas así las cosas, no hay duda de que el ascenso en la importación de papa es un dolor de cabeza para el agricultor y el mayorista local. A medida que disminuyan sus posibilidades de acceso al mercado de restaurantes y pollerías, se incrementará la cantidad de agricultores y sus familias que deberán abandonar el campo en busca de otras oportunidades para ganarse la vida, con ello además se perderán los millones de jornales que genera anualmente esta actividad, por último, el gobierno se verá en la obligación de incrementar la inversión en los programas sociales para contrarrestar el efecto de los fenómenos descritos en el incremento de la pobreza y pobreza extrema entre los campesinos. Por eso, en lugar de subestimar las críticas y preocupaciones de los agricultores, el gobierno deberá consensuar una política que beneficie a todos, no solo al gran inversor.

*Quisiera agradecer a los señores agricultores y, en particular, a Edilberto Soto Tenorio, presidente de la Coordinadora Nacional de Productores de Papa del Perú (Corpapa), por haber compartido conmigo su valiosa opinión sobre la situación en este subsector.