A propósito de lo sucedido en Cajamarca

A propósito de lo sucedido en Cajamarca

Ideele Revista Nº 245

(Foto: Andina)

Se ha dicho bastante sobre la “brutalidad policial” durante el desalojo de una vivienda en Cajamarca, brutalidad que trajo como consecuencia la muerte de Fidel Flores, quien se oponía a ser desalojado. Como no puede suceder de otra manera, el o los culpables del homicidio y las lesiones ocasionadas a quienes se resistían al despojo de su residencia, tendrán que asumir sus responsabilidades frente a la ley, mientras las autoridades del sector intentan salvaguardar su prestigio, pidiendo perdón y gestionando las indemnizaciones a los deudos de la víctima.

Frente a este lamentable acontecimiento, insistimos en decir que la reacción de los policías obedece a la exagerada formación militar que reciben en las escuelas. Si no se entiende que la función que cumple la policía es de naturaleza exclusivamente ciudadana, seguiremos equivocándonos al entregar a la sociedad a policías formados militarmente y habilitados para acciones puramente reactivas.

La oferta formulada por la actual administración, de entregar 30 mil nuevos policías, ha activado un frenesí por crear escuelas y prácticamente “fabricar” policías, sin reparar en la calidad de estos.

Resulta una práctica frecuente en el proceso de captación de alumnos, aligerar peligrosamente las condiciones para acceder a estos centros de formación. No resulta misterioso que los últimos procesos han tenido que ser maquillados con medidas denominadas “ponderación”, a través de las cuales tienen que aumentar puntajes a los postulantes para que puedan superar la nota mínima de aprobación en los exámenes psicoevaluativos y de conocimientos para cubrir las vacantes y se permita anunciar con insistencia que se cumplirá con la promesa de 30 mil nuevos policías. No se necesita de un exceso de imaginación para darse cuenta que los alumnos ingresantes, sin haber superado exigencias académicas mínimas, difícilmente podrán asimilar la formación técnico-policial, doctrinaria y jurídica, básicas para poder ejercer la función policial. Si a este debilitamiento en los procesos de admisión se adiciona que las postulaciones traen a concursantes, que además de su precaria preparación, muchas veces están vinculados a organizaciones criminales y aprovecharan su condición de policías para favorecerlas.

Si lo anotado líneas arriba no resulta suficiente para convencernos de lo equivocado que resulta este proceso de formación policial, tendríamos que adicionar que la Policía Nacional no está en condiciones de sostener calidad formativa en las 28 escuelas, debido a la falta de calidad en el claustro docente, como en la debida implementación de estos centros de formación. Generalmente se recurre a los oficiales que laboran en la jurisdicción policial donde se encuentra ubicada la escuela, para que ejerzan docencia, y obviamente no en todos los lugares encontraremos instructores idóneos, de tal manera que se hacen nombrar profesores para acumular puntajes adicionales en su hoja de vida, pero sin que se refleje en una entrega enterada a la actividad docente. No es infrecuente comprobar que los oficiales nombrados como docentes, se hacen cubrir con personal de sub-oficiales que trabajan bajo su mando, haciendo que los mismos asuman la responsabilidad académica, leyéndoles los reglamentos y las leyes sin ninguna dimensión didáctica. Ante la ausencia frecuente de instructores y profesores, las holguras que esto produce, son cubiertas por formación típicamente militar y la participación de las escuelas en cuanto desfile popular se celebre, para lo cual obviamente tiene que suspenderse las horas de formación técnico profesional.

Para agravar la situación de la formación policial, se ha anunciado que se favorecerá el ingreso de licenciados de las Fuerzas Armadas a las escuelas de formación policial. Seguimos en el error de considerar que la experiencia de formación militar es utilizable para ser policía, no queremos darnos cuenta que son profesionales de distinta naturaleza. Los soldados son combatientes, que tienen que ser adiestrados agresivamente para imponerse al enemigo que pretende ofender la soberanía nacional, mientras el policía debe ser formado en el equilibrio de quien debe proteger vida, bienes y ejercicio de libertades y derechos. Las armas en los soldados son empleadas para abatir al enemigo, en manos de policías son para evitar daños mayores y utilizadas solo en graves contingencias que pongan en peligro la vida de ciudadanos o de los propios policías.

Como antecedente que ilustre a quienes deben adoptar decisiones finales al respecto, consideramos pertinente alcanzar las conclusiones de un estudio, hecho por la ONG Ciudad Nuestra, sobre quienes son criminales en Perú y encontraremos con sorpresa que un significativo 22.2% de la población penitenciaria del país ha tenido experiencia militar, duplicando a México, que registra un 11% de penados con experiencia militar (referida al servicio militar). Esto pareciera desconectado de la temática policial, pero si se facilita el transvase de licenciados del servicio militar a la policía, seremos conscientes que un alto porcentaje derivará en problemas de conducta.

Finalmente, volviendo al caso de Cajamarca, se sancionará a los autores del crimen, pero quedará siempre la duda de si se volverán a registrar hechos similares, si seguimos acelerando la producción de policías, mal formados e indebidamente entrenados solo con fines de satisfacer metas puramente cuantitativas, e insistimos en la marca militar para su formación. Debemos grabar indeleblemente en los policías que el valor prevalente es la defensa y protección de la vida de los ciudadanos y estaremos seguros de ellos en el momento en que sepan oponerse a una orden que ponga en riesgo la vida de las personas.

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