Restableciendo el balance entre fuerza pública, empleo de armas y derecho a la vida

Restableciendo el balance entre fuerza pública, empleo de armas y derecho a la vida

Ideele Revista Nº 245

(Foto: utero.pe)

Todos los agentes del Estado, en el cumplimiento de sus respectivas funciones y atribuciones, tienen la obligación de enmarcar sus actuaciones en el respeto y garantía de los derechos fundamentales de las personas. Ello deriva, como es sabido, de normas nacionales e internacionales que los propios Estados se han impuesto y comprometido a cumplir. Pero existen agentes estatales que, además, deben compatibilizar esta obligación general con una obligación más específica de gran demanda social y riesgo: la de proveer orden y seguridad a la sociedad. Este es el caso de los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (FEHCL), que cumplen con este doble encargo a través de una atribución que les es exclusiva: el empleo de la fuerza pública.

Cuando los Estados, a través de la fuerza pública, priorizan el orden y la seguridad asumiéndolos como un fin en sí mismo más que un medio para el desarrollo de la sociedad, los derechos individuales de las personas se relativizan, se abre el camino a la arbitrariedad y se eleva la posibilidad de incurrir en violaciones de derechos humanos. Sin embargo, cierto es también que si no se admiten ciertas restricciones razonables a los derechos de las personas o si se los asume como absolutos, la seguridad y el orden pueden terminar resquebrajándose, dando pie al descontrol y, con ello, a la afectación de otros tantos derechos fundamentales. Equilibrar, a través del empleo de la fuerza, la garantía de orden y seguridad con el pleno respeto de los derechos humanos no es, entonces, asunto sencillo.

El dilema es aún más complejo cuando, en resguardo del orden y la seguridad, los FEHCL recurren al arma de fuego, máximo nivel del empleo de la fuerza pública. Recurrir a ella es una decisión difícil. Sin embargo, cuando finalmente esto ocurre y se producen como consecuencia de ello lesiones o muerte, se suele considerar que se ha incurrido en una violación a los derechos humanos, ya que la afectación proviene de agentes estatales y se han lesionado derechos individuales del llamado “núcleo duro” de los derechos humanos, tales como la vida o la integridad personal. Pero ¿es acaso que cada vez que un FEHCL emplea el arma de fuego contra las personas atenta contra sus derechos humanos a la vida o a la integridad física? ¿Existe realmente forma de conciliar la facultad de emplear el arma de fuego con el respeto de los derechos humanos?

El derecho humano a la vida es el más fundamental de los derechos, su goce “es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos” al punto que, “de no ser respetado todos los derechos carecen de sentido”. En su acepción positiva, implica que por parte del Estado tanto la obligación de adoptar medidas internas que aseguren su pleno y libre ejercicio, como la de crear las condiciones que garanticen una existencia digna de las personas bajo su jurisdicción. En su acepción negativa-que es la que guarda directa relación con el empleo de la fuerza pública- supone la proscripción de la privación arbitrariade la vida, tal como lo disponen dos de los principales tratados de derechos humanos.

Al respecto, el Comité de Derechos Humanos, ha agregado que “los Estados Parte no sólo deben tomar medidas para evitar y castigar los actos criminales que entrañen la privación de la vida, sino también evitar que sus propias fuerzas de seguridad maten de forma arbitraria”. Como se puede apreciar, la determinación de la “arbitrariedad” resulta clave para determinar si una muerte causada por un FEHCL deviene en violación del derecho humano a la vida o no. Ahora bien, ¿qué implica privar de la vida de forma arbitraria?

Para empezar debemos dejar sentado que el arma de fuego es una medida de fuerza excepcional que solo puede ser empleada por los FEHCL en defensa de una vida –propia o de terceros- real e inminente riesgo. Según el Comité de Derechos Humanos “la ley debe controlar y limitar estrictamente las circunstancias en que dichas autoridades [los FEHCL] pueden privar de la vida a una persona. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recalcado la necesidad de que el empleo del arma de fuego cuente con un previo sustento legal: “En un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de la fuerza letal y las armas de fuego (…). Su uso excepcional deberá estar formulado por ley, y ser interpretado restrictivamente (…)”. Finalmente, en el caso Makaratzis v. Grecia, la Corte Europea de Derechos Humanos expresó el siguiente razonamiento:

“Acción no reglamentada y arbitraria por agentes del Estado es incompatible con el respeto efectivo de los derechos humanos. Esto significa que, además de estar autorizado por la legislación nacional, las operaciones policiales debe estar suficientemente regulada por ella, en el marco de un sistema de garantías adecuadas y efectivas contra la arbitrariedad y el abuso de la fuerza”.

¿Existe realmente forma de conciliar la facultad de emplear el arma de fuego con el respeto de los derechos humanos?

Un primer elemento que contribuye entonces a delinear la arbitrariedad en el empleo del arma de fuego es la existencia o no de una norma legal previa que autorice tal empleo¬ y que establezca las específicas circunstancias en las que éste es válido(principio de legalidad). Podemos afirmar, por tanto, que una muerte causada por un FEHCL sin un objetivo legal,bajo procedimientos no previstos en la ley o a través de medios no autorizados legalmente, debe ser considerada una privación arbitraria de la vida y, por tanto, una violación a este derecho humano.

Un segundo elemento que define la arbitrariedad en la privación de la vida lo podemos encontrar en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El artículo 2.2 de dicho tratado, al reconocer el derecho a la vida, señala: “La muerte no se considerará como infligida en infracción del presente artículo cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario”.Este principio de necesidad lo encontramos también plasmado en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego por los FEHCL:

“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo (…) de armas de fuego. Podrán utilizar (…) armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.”

En otros términos, y volviendo a la delimitación del concepto de arbitrariedad, es factible afirmar que en aquellos casos donde el FEHCL emplee el arma de fuego sin haber intentadopreviamente agotar otras alternativas idóneas para el logro de su objetivo legal, se habrá privado arbitrariamente de la vida si, como consecuencia de tal empleo, se causa la muerte de una persona. Demás está señalar que esta exigencia solo aplica en circunstancias en las que este agotamiento de alternativas previas no supone poner en inminente riesgo la vida propia o de terceros.

Un tercer y último elemento que determina la existencia de arbitrariedad en la privación de la vida es el que vincula el nivel de fuerza empleado y el objetivo legal buscado. La regla, presente en los instrumentos y jurisprudencia internacionales sobre este particular, se basa en la lógica del menor daño posible, esto es, la búsqueda en toda circunstancia de minimizar la probabilidad de causar lesiones o muerte en el cumplimiento del objetivo legal buscado. Este principio, comúnmente conocido como proporcionalidad, apunta a una relativa equivalencia entre el nivel de fuerza a emplear y el nivel de resistencia o amenaza que se pretende superar para cumplir con el deber. En la misma lógica, todo nivel de fuerza que se emplee más allá de haberse alcanzado el objetivo legal deviene en desproporcionado y, por tanto, arbitrario. En el ámbito internacional, este principio es reconocido tanto en el Código de Conducta para FEHCL (CC)como en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los FEHCL. El artículo 3 del CC señala:

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.
(…) En ningún caso debe interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr.

Por su parte, el Principio Básico 5 añade:
Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley:
a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga;

En suma, un empleo de fuerza superior a aquel que demuestra ser idóneo o suficiente para el logro del objetivo de cumplimiento del deber es un empleo arbitrario de la misma. En otras palabras, en los casos en los que un FEHCL recurra al arma de fuego y, pudiendo recurrir a niveles inferiores de fuerza para lograr su objetivo, se configurará un empleo arbitrario de este medio y, en esa medida, si afecta la vida de una persona, habrá afectado ese derecho humano. La misma interpretación cabe para aquellos supuestos en los que el arma de fuego continúa empleándose incluso luego que los hechos demuestran que el objetivo legal ya fue alcanzado.

En conclusión, es factible afirmar que un FEHCL, al emplear su arma de fuego contra las personas, debe hacerlo siempre en defensa de una vida y, de causar la muerte, solo vulnerará el derecho humano a la vida, cuando lo haga sin objetivos, protocolos y medios previstos previamenteen la ley, sin haber intentado agotar otras opciones de diálogo o fuerza o excediendo el nivel de fuerza suficiente para el logro del objetivo legal que persiga.

Agregar comentario

Medio ambiente

Entrevista

Colaboraciones