A los 11 años, Johan fue diagnosticado con cirrosis hepática congénita. Necesitaba un trasplante de hígado para seguir viviendo. En el Perú, el camino para obtener una donación de órganos está plagado por trabas administrativas y baches culturales. Solo queda esperar; nada de lo que esté al alcance del paciente puede contribuir a acelerar a la maquinaria estatal.

Además, la expectativa cobra un impuesto emocional en la tranquilidad del paciente y de su familia. Es un período marcado por ansiedad y miedo, en el que urge revisar constantemente si el turno en lista de espera se mantiene y verificar que no haya errores o confusiones. Si finalmente hay un donante compatible, hay que esperar que el órgano esté en buenas condiciones. De hecho, eso fue lo que pasó con Johan: todo estaba listo para la operación, pero el hígado no estaba en buenas condiciones y la operación tuvo que ser postergada.

Este drama tiene una causa clara: la demanda de órganos en el Perú excede largamente a la oferta. Así, solo 2.6 personas de cada millón de habitantes en el Perú es donante efectivo. En contraste, hoy en día aproximadamente 9 mil peruanos requieren de un trasplante, mil de ellos con carácter de urgencia. El resultado es predecible: aproximadamente 200 personas al año mueren en nuestro país esperando un trasplante.

Con números tan bajos, uno esperaría que la percepción frente a la donación sea negativa. Ello no es así. En contraste, el 83.7% está de acuerdo con la donación de órganos. Y más aún, el 75% estaría dispuesto a ser donante. Entonces, ¿cómo se puede lograr que la percepción se traduzca en una donación efectiva?

El reciente Proyecto de Ley N° 110-2016-CR, impulsado por Carlos Bruce y el grupo parlamentario Peruanos Por el Kambio, propone modificar el mecanismo de consentimiento brindado al tramitar o renovar el DNI. Así, en vez de suponer —como se hace actualmente— que nadie es donante hasta que exprese lo contrario (opt-in – consentimiento expreso), se plantea que la regla predeterminada sea una de apoyo a la donación, a menos que se exprese algo distinto (opt-out – consentimiento presunto). El proyecto no obliga a nadie a ser donante. Cada quien es libre de decidir si quiere serlo o no. El cambio está enfocado en la regla por defecto y en el formato de las opciones.

¿Puede un cambio tan simple en el papeleo estatal tener un impacto? Al respecto, Johnson y Goldstein alegan que pasar de un consentimiento expreso a un consentimiento presunto es responsable de la diferencia en los índices de donación de órganos de países con culturas similares como Alemania (12%) y Austria (99.98%), Holanda (27.5%) y Bélgica (98%), o Dinamarca (4.25%) y Suecia (85.29%).

En concreto, las personas tendemos a no modificar una situación que ya se encuentra establecida. Somos “víctimas” de un sesgo a favor del estado actual de las cosas (status quo bias). Por lo tanto, si la opción por defecto es a favor de la donación, solo quienes realmente estén seguros de no querer ser donantes dedicarán suficiente tiempo para cambiar la opción default.

Si bien el proyecto de Bruce probablemente generaría un aumento en la donación de órganos, anticipamos que no tendrá un camino fácil. Como ya sucedió con una propuesta similar en el 2014, distintos sectores reclamarán que un consentimiento presunto en realidad estaría vulnerando la libertad de los ciudadanos de escoger y esquivando la capacidad racional de las personas. Así, al tratarse de un asunto sensible, cierto sector reclamará una manifestación de voluntad expresa y clara.

A nuestro entender, modificar la opción por defecto no anula la autonomía de la voluntad. Salvo que medie amenaza, engaño o imposición, incentivar la elección de una opción específica no viola el derecho de una persona a elegir una opción distinta. En estricto, el cambio planteado por Bruce implica enmarcar la elección manteniendo la libertad del ciudadano a elegir otra opción. Es un empujoncito light que genera una predisposición a elegir la opción planteada en el formulario.

En ese sentido, la propuesta será criticada por la incertidumbre que un consentimiento presunto ocasionaría, pero será impulsada por quienes vean en ella una forma simple de elevar el número de donantes y salvar vidas. Y si bien se podría discutir si reducir un poco la libertad enmarcando una opción default podría ser aceptable a cambio del beneficio de salvar a una mayor cantidad de personas, lo cierto es que se requeriría de un análisis costo-beneficio (que el proyecto no presenta hasta el momento), y que será difícil aceptar para una sociedad tan conservadora como la peruana. Mientras tanto, ¿qué hacemos con los pacientes que esperan por un trasplante?

Frente a ello, conviene tomar en cuenta una opción que preserve la libertad de elección de manera íntegra y prometa incrementar el número de donantes. Este camino implicaría eliminar cualquier regla por defecto y obligar al ciudadano a escoger entre algunas de las opciones (a favor / en contra). De esta manera, el ciudadano tendría la libertad de elegir entre ser donante o no serlo, en igualdad de condiciones o, de lo contrario, no recibiría el DNI.

La donación es un acto íntimo; implica dar un pedazo de uno para que otro pueda vivir. Ello no es siempre entendido por los familiares y aún existen muchos mitos que rodean esta práctica. En definitiva, regular exitosamente un asunto tan sensible debe partir por respetar e informar adecuadamente al ciudadano. En el caso concreto, esto implica realizar un análisis adecuado de los costos y explicar los factores psicológicos sobre los que se basa la propuesta.

En resumen, si se quiere promover un consentimiento presunto para donar órganos, hay que explicar los costos y los beneficios de la propuesta. No vale presumirlos ni colocar, como se ha hecho, que la propuesta “no genera ningún costo al Estado”.