Yo también me llamo Perú: Parte 8: Categóricamente superior

Yo también me llamo Perú: Parte 8: Categóricamente superior

Bartolomé Clavero Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas
Ideele Revista Nº 199

La Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua fue nombrada a principios de septiembre del 2009 por el Ministro de Agricultura del Gobierno del Perú para “determinar las causas y consecuencias […] con fines de reconciliación” respecto del proceso que había conducido en esa provincia, la madrugada del 5 de junio del 2009, a la provocación de muertes de policías, civiles e indígenas, si nos referimos a las víctimas en el orden de los concernimientos manifestados por el Gobierno.

De la Comisión han resultado dos informes contradictorios: el Informe I, oficialista, a fines del 2009, y el Informe II, crítico, a mediados de abril del 2010. De un grupo de siete miembros reducido a seis por una renuncia, cuatro suscribieron el primero —uno fue luego desautorizado por quienes lo habían propuesto—, y dos, comprendido el presidente, el segundo. El primero exonera al Gobierno responsabilizando, más que a las comunidades indígenas, a todo tipo de agentes que las habrían engañado y manipulado. El segundo, en cambio, resalta la responsabilidad del Gobierno al tiempo que pone de relieve la capacidad demostrada de agencia indígena. ¿Cómo se dirime ahora la contradicción en aras de la reconciliación?

El criterio de discernimiento entre posiciones contradictorias para un asunto sometido a estudio habrá de ser cualitativo y no cuantitativo. Aunque el primer Informe fuera de la mayoría escasa de cuatro entre siete, esto sin más no le conferiría crédito ni fiabilidad. En rigor, si los comparamos como productos de investigación, el Informe I no aguanta el cotejo con el Informe II. La prueba ha de ser la de una lectura detenida y contrastada de ambos.

Mientras que el I se muestra prejuicioso y atropellado, el II resulta analítico y documentado. La misma información conseguida por la Comisión es más y mejor aprovechada por el Informe II, que, además, añade la propia. Si se tratase de un simposio académico sobre dos trabajos científicos de conclusiones encontradas sobre un mismo asunto, el enjuiciamiento estaría sentenciado al menos en cuanto a la descalificación definitiva del Informe I, no necesariamente, por esto solo, con el aval concluyente del Informe II. En todo caso, entre ambos, habida cuenta de sus aportes, el Informe Final de Bagua debe ser el II y no el I.

Sin embargo, a nadie se le escapa que la contradicción entre los dos informes no está planteándose en torno de los respectivos méritos para averiguar lo ocurrido “con fines de reconciliación”, sino en relación más directa con las conclusiones y recomendaciones de alcance político a las que se llega. Más concretamente, la posición oficialista, la que exonera sin más averiguaciones al Gobierno, no se muestra en absoluto dispuesta a confrontar informes —ni el Informe II ni otro ninguno que pudiera todavía convenir que siguiera, como el del Congreso que está en curso—.

Hace falta no cejar. Mientras que el Informe I pretende dar por cerrada la indagación en sus aspectos esenciales, el Informe II no solo la prosigue, sino que la deja abierta en algún extremo clave, como el de desapariciones y muertes no registradas, sobre lo que no puede tenerse la certeza que ya quiso transmitir el temprano Informe de la Defensoría del Pueblo. El Gobierno ha eludido desde un primer momento los controles, lo que ha impedido que hoy se tengan datos completos y seguros incluso sobre el número de víctimas.

Si de dirimir responsabilidades y alcanzar la reconciliación se trata, el problema no parece que se sitúe en el esclarecimiento entre informes contrastantes, sino en el empecinamiento de una posición determinada, la oficialista. Ilustro con un episodio del que, como miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, puedo ofrecer testimonio.

Cuando el Informe I fue publicado, el Gobierno se apresuró a transmitirlo a través de su servicio exterior. El Foro Permanente lo recibió de manera oficial de la Misión del Perú ante las Naciones Unidas en Nueva York. El envío fue peculiar, por sesgado, pues se sustraían elementos esenciales para situarlo y evaluarlo. Antes de su difusión, el Informe —por entonces todavía único— fue objeto de una evidente manipulación de origen (esto es, por parte del Gobierno peruano).

El Informe I no solo estaba suscrito por cuatro miembros de siete, sino que, además, lo acompañaba el voto particular de los dos que se oponían, que incluso anunciaban su informe de minoría como enmienda prácticamente a la totalidad del primero. Pues bien: cuando la Misión del Perú remitió el documento a Naciones Unidas, lo presentó como definitivo, eliminando tanto el voto adverso de la minoría, con su anuncio de un informe alternativo, como el folio de firmas, con la evidencia de las que faltaban, comprendida la del Presidente de la Comisión. La carta de remisión del Informe afirma, en falso, que se ha procedido conforme a las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Como la paginación del original no es continua, sino por piezas, la manipulación fue factible. Y la mala fe, flagrante.

Cuando se celebraron las sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en Nueva York durante la segunda semana del mes de abril, el Informe II ya se había hecho público. La diligencia desplegada en la difusión del Informe I brilla ahora por su ausencia. La Misión del Perú no puede negar su existencia, pues ya está corriendo por Internet. Pretende ahora que las conclusiones de la Comisión que presenta —o que más bien reitera— responden a la toma en cuenta de ambos informes, aunque todavía no se haya comunicado el segundo por no habérsele recibido oficialmente, se nos dice. Las conclusiones que se presentan como nuevas son en realidad las viejas, como si el Informe II no las modificase, o como si las ratificase. Se repite la narrativa de las comunidades manipuladas y del Gobierno sorprendido. A estas alturas, ya solo se trata de un órdago confiado en que la información de la interlocución internacional no esté completamente al día. ¿Buena fe? Júzguese.

¿Fines de reconciliación? El Informe Final —esto es, el Informe II— ofrece bases, por el mismo esclarecimiento que aporta. No basta con aceptarlo, por supuesto, pues lo que se precisa es obrar en consecuencia. Pendientes hay, por una parte, responsabilidades que apuntan a las más altas instancias del Poder Ejecutivo; por otra, reparaciones que se les deben a las víctimas; a todas ellas: personas, comunidades y pueblos. Finalmente, queda por resolver el problema de fondo del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, cuya violación masiva y creciente fue el factor que desencadenó los sucesos de Bagua.

En el Congreso peruano se manejan actualmente varios proyectos de ley sobre consulta. Uno de ellos, el aprobado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, cuenta con la aceptación expresa, formalizada el 9 de abril, de las organizaciones indígenas. Su aprobación final sería un paso indudable hacia la reconciliación. El tiempo no corre a su favor, aunque otra cosa parezca creer el Gobierno. La situación ha sido de emergencia y es de urgencia.

 

El dicho ése de que el tiempo borra las heridas podría tener su corroboración en la forma natural y apacible en que la Región Amazonas desarrolla su vida. Con los mismos problemas cotidianos, los mismos retos, las mismas paltas, apuestas, ganancias y pérdidas. Pero las apariencias son grandes mentirosas. Pasando el peaje de la Curva del Diablo, nadie podría suponer que, un año después, el mismo Satanás salió huyendo de un infierno, del que hasta el momento solo hay víctimas para contar.
“¿Será verdad que murieron cinco indígenas por acá?”, preguntamos con una mal lograda ingenuidad. “¿Tú eres de Lima, di? Esas cosas que les hacen creer”, se burla Roberto Ochoa, un chofer que hace ocho años hace la ruta Jaén- Bagua Grande.
Volver a Bagua. Internarse por algunos rincones de la zona. Cumba, Siempre Viva, Reposo, subir a Sokojanka, Challco, escalar Nuevo Mundo, bajar por Jahuanca. Imaginar correr despavoridos a miles de nativos. Llegar, buscar refugio. Gritar, reclamar, llorar, hablar.

Callar.

“Acá llegaron a refugiarse como 20 nativos. Yo pude alojar a ocho en mi casa. Daban pena. Estaban llorando, decían que les habían matado a sus familiares”, refiere Zoila Bermúdez, una profesora jubilada que socorrió a los indígenas en Jahuanca.
En el mundo de arriba han ocurrido muchas cosas. Se han formado comisiones, se sortean responsabilidades. Pero la gente en Bagua no conoce de informes ni comisiones. Y si la desconfianza era infinita antes, ahora es el doble. Las versiones oficiales difundidas, simplemente no las cree nadie por allá.

Menos aun quienes, además de testigos, fueron víctimas de la manera más absurda. Es el caso del profesor de karate Alejandro Canto. Estaba saliendo de dictar clases el día del enfrentamiento y una mal llamada bala perdida tuvo la bondad de posarse en su mano antes de volarle el corazón.

Lo de “bala perdida” es una ironía. No existen. Son balas tiradas a matar, pero a menudo la falta de pericia del matador y la buena leche del acechado hacen que el objetivo mortal se esfume.
Para la madre de Alejandro, el calvario no pasa. Su hijo, que no tenía vela en ese velorio, casi termina de protagonista en el suyo. Doña Zoila León se queja de que en EsSalud lo paran meciendo y la operación para que le extraigan la bala no tiene cuándo realizarse:

“Me llaman, vienen cientos de comisiones, pero hasta ahora nada; yo ya estoy cansada”.

“Nosotros estamos preparando para el 5 de junio una marcha para exigir justicia. Queremos que se libere a los detenidos”, expresa Wilmer Taype, miembro de la Ronda de Challco.

El enigma de los desaparecidos es una de las cosas más complicadas en Bagua. Desde el día del enfrentamiento se estuvieron repitiendo versiones de decenas de indígenas asesinados. Nunca aparecieron los cuerpos. Ni siquiera indicios. Pero cualquiera que crea en la cifra oficial de muertos es tildado, cuando menos, de ingenuazo.

Pero hay un problema: la creencia, por más arraigada que esté, no es evidencia, y no da para más.

Pero hay otro problema: si todo un pueblo afirma que hubo una cantidad de muertos mucho mayor que la cifra oficial, tendría que ser escuchado hasta su último murmullo. Es que nuestro país conoce de estas cosas. “¿Qué fosas?”, preguntaban algunos indignados ministros de la década de los 90.

Lo cierto es que mientras los propios afectados no salgan a decir “éstos son mis familiares que aún no regresan”, nada se puede hacer.

El caso del mayor Bazán es otra de las historias que esperan resolución. Hasta ahora hay un cuerpo que no aparece y una familia que espera certezas, sea cual fuere la noticia.

Circulan muchas teorías sobre el silencio indígena. Dicen que no quieren decir nada hasta que no cambien de Gobierno.

“Yo estudio con un amigo que es awajún; él me dice que tiene un hermano y un primo que hasta ahora no regresan a su comunidad. Nosotras le decimos que lo denuncie, pero él no quiere”, cuenta Karina Valencia, una estudiante de enfermería de Jaén.

  • Hay un poema que parece reflejar el canto de una población que aún mastica la desazón y el espanto:
  • Jaén, provincia guerrera, también se solidarizó
  • Hizo izar su bandera y en busca de cadáveres salió
  • Navegando duramente por aguas del Marañón
  • Con coraje y valentía, alma vida y corazón
  • Ellos son nuestros testigos y vieron a plena luz del día
  • Que los cuerpos de los nativos en humareda salían
  • Les digo a los abusivos que todos
  • Somos peruanos
  • Policías y nativos ya no están desamparados
  • La escribió el campesino Basílides Coronel, y de boca a oído la va difundiendo su sobrino el catequista Eliseo Coronel.


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Mentira, mentira, el tiempo no cura las heridas. Y la memoria no es tan frágil como creen algunos. (Sebastián Santiago)

 

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