El gobierno del presidente Ollanta Humala inició prácticamente su gestión, en Julio del 2011, enfrentando una crisis social y política derivada del proyecto minero Conga, en tres provincias de Cajamarca, y actualmente se encuentra aun lidiando con otra crisis de similar dimensión en la provincia de Islay, Arequipa, derivada del proyecto minero Tía María. En qué se parecen estas situaciones de altísima conflictividad social (crisis), qué nos están diciendo y cuáles son las lecciones que deberían obtenerse de ellas, son algunas de las preguntas que intenta responder este artículo.

Partiendo de la premisa que si bien todos los conflictos comparten una estructura similar en su conformación y desarrollo, también es cierto que no existe conflicto idéntico a otro debido a las particularidades de los contextos, los actores, el lado emocional, los temas en discusión y la manera como el conflicto es administrado por todos ellos.

Entre los conflictos sobre proyectos mineros como Conga y Tía María existen sin embargo similaridades que nos invitan a generar una reflexión sobre cómo vienen operando las capacidades estatales para prevenir y administrar conflictos sociales constructivamente.

Entre Conga y Tía María: similaridades

• Ambos proyectos mineros de cobre¹ representan una importante inyección a la economía nacional, en el caso de Conga se estimaba una inversión de aproximadamente 4,800 millones de dólares y en el de Tía María de 1,400 millones, sin contar con otros beneficios adicionales que dinamizarían la economía local y nacional (empleo directo e indirecto, cadenas productivas, canon, crecimiento del PBI, etc). Esta es la principal razón que ha motivado al gobierno nacional a insistir en la viabilidad de ambos proyectos, especialmente durante ambas crisis.
• En ambos casos existe una válida preocupación de la población local sobre el impacto de la actividad minera sobre el recurso hídrico, cuestionándose los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)², para lo cual se ha propuesto la revisión de los mismos y, se ha barajado como una opción de solución la realización de un estudio técnico, a través de sendos peritajes a cargo de terceros especializados, que tengan la legitimidad que actualmente no gozan las entidades competentes del Estado. 
• La población, sus autoridades y organizaciones se organizaron en contra de ambos proyectos durante meses antes del surgimiento de la crisis, expresando verbalmente su franca oposición al proyecto, movilizándose y realizando diversas acciones de fuerza para convencer al gobierno nacional sobre la inviabilidad del proyecto minero.
• Las empresas mineras titulares de ambos proyectos mineros han estado involucrados en situaciones de tensión y conflicto con las poblaciones del entorno y no han generado la confianza suficiente en su relacionamiento, a lo largo de los años.
• El nivel de polarización dentro de las zonas de conflicto llevó a que surja la intolerancia de las organizaciones en contra del proyecto minero sobre aquellas personas y grupos a favor de éste. En algunos casos se ejerció presión, intimidación y violencia para silenciarlos. Al mismo tiempo se escucharon calificativos de funcionarios del Estado y del sector empresarial estigmatizando la protesta social, vinculándola a sectores subversivos o terroristas.
• La situación de crisis en ambos conflictos se prolongó por varias semanas o meses sin mayores visos de solución y tuvo como resultado muertos, heridos, daño a la propiedad privada y pública, y una seria afectación a la gobernabilidad del país. Finalmente, el nivel de tensión y de violencia llevó a que en ambas crisis el gobierno declarara el estado de emergencia en las zonas del conflicto, para calmar a las organizaciones locales y restablecer el orden con diferentes resultados.

Lecciones aprendidas

Entre las lecciones aprendidas se puede mencionar las siguientes:

• Conga llevó como aprendizaje principal que el gobierno nacional requería urgentemente un sistema de prevención y gestión de conflictos sociales nuevo y eficiente, que ante todo se esfuerce por evitar las situaciones de crisis. Esto llevó a la creación y fortalecimiento de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (ONDS-PCM), la cual cuenta con un marco conceptual, un sistema de análisis y monitoreo de conflictos y un equipo profesionalizado más amplio y desconcentrado, de cobertura nacional.
• Se ha privilegiado el diálogo como mecanismo vinculado a temas de desarrollo para la prevención y mejor gestión de los conflictos sociales. Este se ha venido practicando asociándolo al desarrollo.
• En Tía María el Gobierno Nacional evitó pronunciarse explícitamente a favor del proyecto en términos de factibilidad o no. Recordemos que en el caso de Conga, la frase “Conga va” versus “Conga no va”, estimuló una mayor polarización dentro de Cajamarca y en todo el país, evitando que los argumentos de los distintos niveles de gobierno implicados (nacional y regional) puedan ser planteados o escuchados, y que la posibilidad del diálogo se abra. 
• En el caso Tía María se evaluó cuidadosamente el tema de la implementación del estado de emergencia, lo cual tuvo como solución previa e intermedia la intervención de las fuerzas armadas como apoyo a la Policía Nacional en Islay, y solo se puso en vigor cuando la violencia siguió aumentando en la provincia. Esta medida ha neutralizado la situación de violencia en la zona aunque no ha resuelto el conflicto.

Lecciones por aprender

Muchas más son las lecciones que quedan por aprender y, en verdad deberían ser vistas como temas de agenda pendiente, tanto en los temas sustantivos como en aquellos de procedimiento, referidos a los conflictos sociales:

• Urge reformular el mecanismo de aprobación de los EIA. El cuestionamiento a los procedimientos para obtener la aprobación del EIA han desatado estas dos situaciones de crisis, las cuales han afectado la vida y futuro de vida de las personas, y la gobernabilidad democrática del país. Se les critica el hecho de ser realizado por una consultora pagada por la empresa, no ser gestionados tranparentemente, ser ininteligibles, no generar confianza, no contribuir a fortalecer la participación ciudadana y ser aprobados por el sector que fomenta la inversión minera. Paralelamente deberían discutirse otros asuntos referidos al ordenamiento territorial, a la institucional ambiental, gestión de recursos hídricos, la articulación con los gobiernos regionales y locales, articulación intergubernamental, entre otros temas estructurales. 
• Los procesos de diálogo, en general, deben orientarse a construir relaciones de confianza, de buena comunicación, respeto y transparencia entre el Estado (en sus diferentes niveles), comunidades y empresas dentro del marco de una discusión sobre el desarrollo sostenible de sus territorios. Pensar que realizando las audiencias públicas y talleres que exige el procedimiento de aprobación del EIA ya se cuenta con espacios dialógicos que lleven a una licencia social es errado y falaz. Estamos, en su lugar, hablando de espacios de diálogo genuino, mucho más ambiciosos, bien diseñados, conducidos horizontalmente y que ante todo fortalezcan la relación entre las partes. Desde una perspectiva legalista, se puede satisfacer los requisitos que señala la normativa y avanzar en el proceso minero, pero los conflictos sociales demuestran que es necesario construir una relación de confianza con los actores sociales del entorno desde el inicio. El Estado debería contribuir con esta visión, poniendo especial cuidado en los proyectos de gran envergadura, insertándolos como componentes de una discusión más amplia sobre desarrollo sostenible.
• La crisis de Tía María ha puesto igualmente en crisis al sistema de prevención y gestión de conflictos del gobierno nacional (ONDS-PCM). Se requiere hacer una revisión exhaustiva para identificar las falencias, fortalecerlo y lograr una intervención efectivamente preventiva. En Tía María era conocido desde el 2014, antes de la aprobación del EIA del proyecto, que existían las condiciones para reproducir nuevamente una contundente oposición al proyecto. Además, recordemos que la crisis del 2014 tiene su antecedente inmediato en la crisis del 2010-2011 sobre el mismo proyecto minero. Una de esas debilidades tiene que ver con la lentitud estatal y la débil articulación intersectorial e intergubernamental.
• Especializar a la Policía Nacional en intervenciones en conflictos sociales y crisis derivadas. Se requiere que el Ministerio del Interior cuente con una entidad especializada que dirija la estrategia desde el sector y coordine con los mandos policiales, se le provea de equipamiento de última generación y un cuerpo especializado capaz de actuar estratégicamente, logrando restablecer el orden público, dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales.
• Las gestiones del Estado durante estas crisis han fortalecido la imagen de ser un aliado de la empresa minera cuestionada por la implementación del proyecto minero. Se requiere en principio que el gobierno nacional tenga un discurso propio y actúe dentro del marco de sus roles y funciones, con una sola voz, evitando que sea percibido como representante de la empresa.
• Finalmente en Tía María se han presentando dos patrones muy preocupantes. El primero, la insistencia de la empresa minera SPCC en cuanto a la viabilidad del proyecto minero en plena crisis, debido a contar con la aprobación del EIA por el Estado. Y el Gobierno Nacional manifestar que no tiene más opción que la de asumir este compromiso. Si bien es importante fortalecer el orden y la seguridad jurídica, y fomentar la inversión, también en este caso era importante que el Gobierno Nacional ponga en la balanza todo aquello que estaba poniéndose en juego al mantener este discurso: se puso en riesgo la gobernabilidad del país, se afectaron vidas y proyectos de vida de la población y de policías, se afectó la propiedad, se vulneraron derechos fundamentales. Debió tomar acciones más ejecutivas y evitar que el conflicto se exacerbe dentro de este marco discursivo. El segundo, referido a la coexistencia de grupos violentistas dentro de la protesta social. Hemos visto que existen grupos que han actuado como grupos de choque enfrentándose violentamente con la policía y no se ha escuchado, de las autoridades y organizaciones sociales o políticas movilizadas, una voz de deslinde y condena a esos grupos y acciones. La violencia no hace más que deslegitimar las agendas sociales. Ese no es el camino que debe tomar la acción colectiva. Las organizaciones en conflicto deberían optar por la acción no violenta e incorporar su filosofía y estrategias a la hora de movilizarse³.