La medicina “low cost” y los años de vida perdidos

La medicina “low cost” y los años de vida perdidos

Juan Arroyo Investigador en salud pública. Universidad Peruana Cayetano Heredia
Ideele Revista Nº 286

Andina.pe

Vivimos una grave crisis del sistema de salud en el Perú. Por donde miremos el tema, afloran graves problemas. La prueba de que hay una crisis es que todos los actores están descontentos, tanto los que se encargan de la atención, como los que la reciben o la necesitan. Los médicos se han ido al paro la semana pasada y no hay día en que no aparezcan manifestaciones de un retroceso del sistema sanitario peruano. En este contexto es curioso que las autoridades de las dos instituciones más grandes, el MINSA y ESSALUD, estén aplicando remedios para tratar los síntomas y no la enfermedad, con lo cual la enfermedad seguirá agravándose. El sistema de salud es un sistema de protección social, no de emergencias médicas.

Lo nuevo de los últimos años es que hay una desconfianza de la población sobre lo que pueda resolver el sistema de salud, como no había hace mucho. Antes la gente no acudía a los servicios de salud principalmente por falta de dinero, elemento que sigue pero en menor medida; hoy no acude por las enormes demoras en la atención y por la percepción de un posible maltrato del personal de salud.

 Por eso, la cantidad de personas con algún problema de salud crónico que va a los servicios de salud es menor que la de hace algunos años: en el año 2004 era el 41,7%, el 2013 llegó a representar el 53,6% y el 2019 (primer trimestre) ha disminuido al 36,9%. La gente no puede ya esperar horas, días y meses porque se ha encarecido el valor del tiempo, y tampoco puede arriesgarse a invertir tiempo sin una solución. La gente también hace su evaluación costo/beneficio y de riesgos.

 Esta percepción negativa ha hecho que se desplace cada vez más la demanda de atención por fuera del MINSA y ESSALUD. En el año 2004 el MINSA atendía al 19% de todos los pacientes y ESSALUD al 7,2%; en el año 2019 (primer trimestre), el MINSA atendió sólo al 12,8% y ESSALUD al 5,9% de la demanda. La demanda que no va al sector público se ha desplazado hacia las farmacias y el sector privado. Las farmacias no sólo venden medicamentos, también prescriben y aconsejan, dan consulta. En este sentido, ellas atendían el 2004 al 9,3% de la demanda de atención, pero este porcentaje aumentó el 2010 al 17,3% y el 2019 está en el 16,9% del total de personas con problemas de salud. El sector privado representaba el 2004 al 4,7% de la demanda atendida y el 2019 está en el 6% de la misma. En síntesis, han perdido demanda los dos prestadores públicos, que curiosamente están rebasados por la demanda pero no pueden atenderla y hacerlo bien.

El problema es de presupuesto, sí, pero no sólo de presupuesto. La prueba es que en los últimos años ha habido un mayor financiamiento público, es verdad nunca el suficiente, pero no ha mejorado el sistema, porque el problema ya es sistémico y su manifestación hoy más visible es la baja calidad de la atención.

En el origen de este magro desempeño está la política pública de salud, que ha estado centrada durante quinquenios en el financiamiento del SIS, bajo el enfoque de aseguramiento en salud como la clave de las soluciones, poniendo el foco en el incremento de la población afiliada al SIS, que se convirtió en sinónimo de cobertura universal. Ahora queda claro que no es así. No hay buenos aparatos prestadores públicos que sustenten atenciones de calidad. El SIS apenas paga una parte del costo de cada atención. Cuanta más extensa la afiliación, más delgado el per cápita real de atención.

El declive de lo público seguirá siendo lamentablemente la tendencia principal mientras no exista este punto de quiebre, que no es otra cosa que el planteamiento de una reforma sanitaria adecuada a nuestra realidad. 

La calidad requiere, sin embargo, no sólo más recursos, sino también más motivación, y para ello es necesario más claridad sobre cuál es el mejor sistema de salud para el país en esta situación y cómo arribar a él. Este proyecto sanitario nacional no existe en las inmediaciones de la cuadra ocho de la avenida Salaverry en Lima, tampoco en Cueto Fernandini. Entre el MINSA y ESSALUD suman un total de 265,000 profesionales y trabajadores de salud, para la atención y cuidado de la salud de los 32 millones de peruanos. Nadie gobierna bien un contingente tan grande sin un proyecto programático. Las personas que atienden personas necesitan un liderazgo y motivación para desplegarse al máximo. Cuando la operación cotidiana de las urgencias se convierte en el programa, el sistema de salud se rutiniza y no adquiere el tono para desplegarse con fuerza nacional. Los funcionarios y el personal saben y sienten cuando no hay brújula.

El declive de lo público seguirá siendo lamentablemente la tendencia principal mientras no exista este punto de quiebre, que no es otra cosa que el planteamiento de una reforma sanitaria adecuada a nuestra realidad. El correlato necesario del declive seguirá siendo la progresiva generalización de la medicina “low cost”, que es la atención al paso, a conciencia de estar postergando problemas que regresarán. La punta de lanza de esta medicina facilista es la medicina informal. La estadística muestra que en los últimos años se han multiplicado exponencialmente los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo en las categorías 1 y 2, que han iniciado recién sus actividades. La demanda insatisfecha no sólo se desplaza hacia arriba sino también hacia abajo, no sólo hacia la oferta de clínicas y seguros, sino también hacia la seudo-oferta de atención.

El costo que lamentablemente viene pagando la población es la enorme carga de enfermedad que sobrelleva. El Centro Nacional de Epidemiología del MINSA acaba de publicar los resultados de un estudio sobre los años de vida perdidos por toda la población peruana debido a la carga de mortalidad evitable y morbilidades discapacitantes y ha concluido que esta pérdida representó el año 2016 un total de 5 millones trescientos mil años de vida saludables perdidos. Este es el costo monumental que nuestra población paga anualmente en razón de esta otra brecha de la que nunca se habla, la brecha de calidad de gobierno sectorial. Se habla mucho de las brechas de recursos humanos, de infraestructura, equipamiento y acceso a medicamentos, pero nunca de un tema central, los recursos directivos. Mientras no generemos una capa tecno-política, técnica y humanística, apegada a principios, que haga dialogar los números y la política pública, incorruptible, no saldremos adelante. Felizmente hay en este campo energías por demás en el sector salud. Permitamos desplegarlas.

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