¿Se está magnificando la amenaza del Movadef? ¿Es el neo-senderismo el principal problema de las universidades peruanas? ¿Quién está detrás de este sobredimensionamiento y con qué intereses? ¿Cuáles son los peligros? Este análisis, realizado por dirigentes estudiantiles que día a  día lidian con Sendero nos da importantes pistas sobre este asunto.

El papel de la prensa en la magnificación del Movadef
El papel de los medios de comunicación, magnificando la presencia del Movadef en las universidades, no ha extrañado. Ya a fines de los años ‘90 Degregori¹ señalaba cómo de la política como espectáculo se había pasado al espectáculo como política: los escenarios propios del espectáculo —sets de televisión, estrados de baile, etcétera— se convirtieron en escenarios de la política. Degregori describía este fenómeno como propio de la década de la antipolítica; éste, a su vez, era uno de los tantos instrumentos para afianzar la autocracia fujimorista.

Han pasado más de 12 años desde esta afirmación y al parecer la cosa no ha cambiado mucho. No fue difícil, con portadas y noticias estruendosas, magnificar la presencia del Movadef en las universidades. Este nuevo escenario del espectáculo, donde aún se mueve la política, nos ha mostrado al Movadef —como antes lo fueron la paternidad de Toledo y los ‘malos’ en los casos de la señorita Laura— como el flagelo que se ha de derrotar en nombre de la siempre socorrida democracia. Esta magnificación tenía que tener un desenlace —como cuando Toledo aceptó la paternidad o la señorita Laura mandaba al desgraciado a la cárcel—, y éste fue la Marcha por la Paz. Todos de blanco, y Cotillo, el rector de San Marcos, saludando como político en mitin a media ciudad. Pero ¿cuáles fueron los errores de la prensa al cubrir esta “noticia”?

Primero, Sendero Luminoso (SL), directa o indirectamente —mediante organismos generados; por ejemplo, el FER-A²— ha existido, desde su aparición, a fines de los años ‘60, en las universidades. Hoy mantiene esa presencia mediante el Movadef, con su propuesta de amnistía general, pero hay que señalar que ella, a diferencia de los años de su surgimiento, es minoritaria entre el estudiantado.

Segundo: el cómo lo difunde la prensa. La mayor parte de ella, como en los ‘90, sigue manejando temas trascendentales de manera trivial e irresponsable. Ausente, pues, la investigación periodística, se sigue apelando al espectáculo siendo la realidad diametralmente distinta, con lo que se genera una “senderización” de la protesta estudiantil y zozobra entre la ciudadanía.

Así, del espectáculo como política de los ‘90 casi no hemos cambiado mucho; lo preocupante es que ya no estamos ante una autocracia que necesitaba este espectáculo para banalizar la política, para legitimarse ante la población y debilitar las instituciones. Si esto es así, ¿a qué intereses responde la prensa al hacer de este tema un espectáculo más, cuando la realidad nos dice que la historia es distinta? 

Las formas de luchar contra el Movadef
Frente al espectáculo del Movadef, montado por los principales medios de comunicación, desde el terreno de la política sus distintos actores han presentado propuestas para “derrotar” a ese movimiento. A diferencia de lo planteado por Sinesio López, creemos que la estrategia del Gobierno se acerca cada vez más a la de aquellos sectores de la derecha más recalcitrante (el fujimorismo, su principal exponente), al punto de hacerse indiferenciables; ella considera la lucha antisubversiva excusa suficiente para relajar el respeto por los derechos humanos y flexibilizar los valores que sustentan la democracia.

Por un lado tenemos la propuesta del Gobierno, respaldada por el fujimorismo, el APRA y el PPC, y que, a pesar de algunas críticas, también es apoyada por Perú Posible y Acción Popular. Ésta se resume en dos palabras: represión e ilegalización; y se sustenta en una explicación perversa del fenómeno del Movadef: lo iguala, sin más, a SL, que, a pesar de tener una línea de continuidad, adquiere una dimensión distinta al derivar del “Acuerdo de Paz” firmado entre Abimael Guzmán y Alberto Fujimori; tiende a identificar, ligeramente, a cualquier militante de izquierda como miembro del Movadef; y, por último, pretende combatir al movimiento con propuestas que no fomentan el debate político-ideológico y su capacidad de educación ciudadana, sino, como ya se ha señalado, la vulneración de derechos humanos. Expresión de dicha “propuesta” es el poco interés por discutir el impedimento de inscripción del Movadef en el ROP³, su constitucionalidad en materia de vulneración de los derechos a la libertad de pensamiento y a la participación política, los vacíos de la Ley de Partidos Políticos, las pocas garantías de que éstos sean limitados por una instancia administrativa, y la ventana que se ha abierto para proscribir a algún otro partido que se considere “potencialmente violento”. También lo son la Ley del Negacionismo, como una amenaza a la libertad de expresión; o la reciente propuesta del premier Juan Jiménez de ampliar la capacidad de la Policía para que pueda intervenir en las universidades, en clara contravención a los principios de la autonomía universitaria. (En estas dos últimas propuestas, la intención de criminalización es evidente.)

Por el otro lado está el planteamiento de la lucha política e ideológica, levantada por las organizaciones de izquierda y practicada en las distintas instancias en las que participan. Ejemplos de lo dicho pueden ser la confrontación que Patria Roja mantiene en el magisterio con el Movadef, o el debate que distintos militantes de izquierda sostienen en las universidades con los miembros de esta organización. Las ventajas de la propuesta señalada son el irrestricto respeto de los derechos humanos, pero, además, y en eso sí coincidimos con Sinesio López, la posibilidad de “derrota total” que ofrece la propuesta: arrastrar al Movadef a renunciar al fundamentalismo del “Pensamiento Gonzalo” si pretenden continuar en el escenario político.

Es en este escenario nacional en el que se enmarcan las distintas medidas que el rector Cotillo ha propuesto para “solucionar” el “problema” de la presencia del Movadef en San Marcos; medidas que se enmarcan claramente en la primera de las propuestas señaladas: la represión e ilegalización. El más claro ejemplo de ello es la aprobación del “Reglamento Disciplinario para Alumnos de la UNMSM”, que incorpora supuestos de sanción tan abiertos como “actos que dañan o afectan el prestigio de la Universidad”⁴; que contempla la sanción contra difamaciones o calumnias, que son competencia del Poder Judicial y no de la autoridad universitaria⁵; y que, por el procedimiento establecido, vulneraría los principios de motivación, legalidad, presunción de inocencia y debido procedimiento administrativo.

Mención aparte merece la supuesta “Marcha por la Paz”, convocada por el Rector en contra del Movadef y que fue utilizada para victimizarse denunciando una supuesta amenaza de muerte, pero, sobre todo, le sirvió para apuntalar su propuesta de represión al aprovechar la cobertura mediática y sindicar a distintas organizaciones estudiantiles opositoras a su gestión como miembros del Movadef, ⁶ con lo que justifica medidas contra ellos. Es preciso señalar que las organizaciones estudiantiles mencionadas por el rector (La Zurda, Integración Estudiantil, entre otras) no tienen vinculación alguna con el Movadef u otro grupo prosenderista, y que muchas de estas agrupaciones se han enfrentado ideológicamente a ese movimiento.

En la otra orilla nos encontramos muchos estudiantes organizados en distintas organizaciones de izquierda, organizaciones estudiantiles o centros de estudiantes, quienes asumimos la propuesta de la lucha política e ideológica y exigimos que el epíteto del “enemigo común” atribuido al Movadef no sea la excusa para vulnerar nuestros derechos a la libertad de expresión, a la participación política, al cogobierno universitario o a la organización gremial de los estudiantes.

Los verdaderos problemas de la universidad pública: Una perspectiva desde la UNMSM
La crisis generalizada que sufre la universidad pública en nuestro país se nos presenta como uno de los principales problemas por enfrentar si aspiramos a constituirnos como una sociedad buena y justa. Por ello, pensar en un desarrollo a mediano y largo plazo sin contar con instituciones educativas de alta calidad que puedan encargarse de la producción de conocimientos y tecnologías, debería parecernos, simplemente, inviable. En este sentido, vale preguntarse por la situación real en la que se encuentran nuestras universidades.

¿La educación pública superior, en nuestro país, es de calidad? ¿La Universidad contribuye al desarrollo del Perú? Al menos los rankings nos responden con un rotundo no.

Las causas que explican la profunda crisis que atraviesan las universidades públicas peruanas son complejas y diversas; se puede mencionar entre las principales el persistente abandono de la educación por el Estado y los sucesivos gobiernos universitarios que no han hecho más que agravar la crisis, profundizando y consolidando sus redes de corrupción y clientelismo.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad más antigua del país y la Decana de América, pasa por un periodo de creciente degradación institucional que se expresa en la mediocridad académica, el autoritarismo y la corrupción imperante. Las autoridades universitarias comparten con el Estado la responsabilidad del desgobierno que reina en la Universidad y son piezas medulares en la reproducción de una extensa red de clientelas y de corrupción en la que participan docentes, estudiantes y trabajadores administrativos.

En los últimos años se ha agravado la crisis de San Marcos: luego de la estrepitosa gestión de Luis Izquierdo, el cargo de Rector lo asumió Pedro Cotillo Zegarra, personaje vinculado al APRA (su hermano ha sido rector de la UNFV con los apristas). En el proceso que terminó con su elección fue denunciado por haber comprado votos a los representantes estudiantiles. Cotillo representa, sin lugar a dudas, la continuidad de la mediocridad académica y del manejo poco transparente del claustro universitario.

Su gestión ha tenido cuestionamientos tan graves como los de su elección. Así, se ha denunciado que el Rector mantiene siete facultades con decanos encargados elegidos a dedo por él mismo, lo que contraviene no solo el estatuto de nuestra Universidad, sino también el artículo 37.° de la Ley Universitaria. También se ha denunciado el ingreso de matones a vista y paciencia de las autoridades para amedrentar a estudiantes en época electoral. Un rector que gobierna con autoritarismo y corrupción, ¿puede ser el abanderado de la paz?

La responsabilidad del Estado es clave para entender la crisis en la que se encuentra la educación superior y, específicamente, la UNMSM. La reducción de los presupuestos para las universidades públicas lleva a éstas a la lógica del autofinanciamiento, que tergiversa el real sentido de la universidad pública con cobros por concepto de matrícula o los excesivos trámites administrativos para egresar, la reducción de las vacantes para el ingreso por examen de admisión a favor del ingreso directo por la Pre-Universitaria, o la desvirtuación de la Proyección Social para reducirla a la organización de cursos que no sirven a la investigación y no responden a la retroalimentación de conocimientos Universidad-Sociedad, entre otros ejemplos; y a reducir los fondos para la investigación, ahuyentando también a los mejores profesores, debido a los bajísimos y desiguales sueldos. Todo esto, sumado a la corrupción y a la ineficiencia de las estructuras burocráticas de la Universidad, incentiva la reproducción de la mediocridad en las aulas.

Los sucesivos gobiernos nacionales no han tenido la voluntad para promover una reforma universitaria integral acorde con los cambios políticos, económicos y culturales del Perú contemporáneo, reforma que tenga como eje central las mejoras académicas y el establecimiento de un marco democrático y plural en armonía con un nuevo modelo de gestión universitaria sostenible en el tiempo.

El debate acerca de la crisis de la universidad pública se desarrolla de manera muy limitada e incipiente en los claustros universitarios: los sectores docentes y las agrupaciones estudiantiles se han caracterizado en general por enfocarse más en la disputa por cuotas de poder dentro de los órganos de representación universitaria que en elaborar proyectos que contemplen los cambios y las reformas que puedan reorganizar la Universidad de tal manera que ésta pueda salir del hoyo institucional en que se encuentra.

Finalmente, es pertinente señalar la importancia de retomar el debate público en torno a una nueva ley universitaria, para discutir temas como el voto universal para la elección de autoridades en las universidades como mecanismo de democratización; la reafirmación en la gratuidad de la enseñanza como característica esencial de la educación pública; y el papel que la Universidad debe jugar como centro de producción de conocimientos que sirvan al desarrollo de un proyecto de país democrático y soberano.

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