El 9 de abril el Gobierno anunció un golpe demoledor y definitivo al terrorismo en el país, luego de detener a 24 personas que no estaban realizando actos terroristas ni planeaban hacerlos.

En efecto, el Movadef nunca ha sido acusado de haber realizado ningún atentado terrorista. Tampoco la Policía le ha encontrado armas, explosivos o campos de entrenamiento para realizar acciones armadas. El Movadef no ha realizado ni realiza propaganda a favor de la lucha armada o la violencia revolucionaria.

Es un grupo que aplica la nueva estrategia de Abimael Guzmán, expresada públicamente en 1993 y ratificada varias veces después: la guerra terminó, fueron derrotados y ahora hay que buscar soluciones políticas. Actualmente están dedicados a hacer propaganda a favor de la amnistía para sus líderes y a tratar de conseguir la inscripción legal de su movimiento para participar en elecciones. Son repudiados y repudiables, pero no terroristas.

No se necesitan dos años de investigación ni 300 policías y 47 fiscales y abogados dedicados a eso —como dijo el presidente Ollanta Humala desde Canadá— para llegar a esa conclusión.

Tampoco para detener a decenas de dirigentes del Movadef —varios de la tercera edad— que no estaban en la clandestinidad sino haciendo vida pública, con direcciones conocidas.

La acusación se basa en declaraciones de arrepentidos, algunas de las cuales se han demostrado falsas. Por ejemplo, como ha verificado IDL-Reporteros, la reunión entre Alfredo Crespo y Artemio el 14 de abril del 2008 en el Alto Huallaga, en la que Crespo supuestamente dijo “hay que liberar a los camaradas para que la lucha armada no caiga”, nunca se realizó. En esa fecha Crespo estaba en la Base Naval visitando a Guzmán. El otro abogado y dirigente del Movadef, Manuel Fajardo, tampoco estuvo en Tingo María en esa oportunidad.

Es más: desde principios del 2013 la Policía sabía que esa versión del arrepentido era falsa, y un informe de Dircote enviado al ministro del Interior y los mandos policiales así lo confirmaba.

Sin embargo, un año después el Mininter filtró a sabiendas esa falsa información a los medios para apoyar y sustentar la denuncia del Gobierno.

La versión del medio millón de soles proveniente del narcotráfico que supuestamente entregó Artemio al Movadef se basa en una suposición con muy poco asidero. Según el semanario Hildebrandt en sus Trece, un contador de la Policía calculó que eso es lo que habría gastado el Movadef para intentar su inscripción, y luego deduce que el dinero proviene del narcotráfico. Ambos supuestos sin prueba alguna.

Aún más: toda la acusación se basa en hechos presuntamente ocurridos hace seis u ocho años. Artemio fue detenido en febrero del 2012 y en ese momento su banda ya estaba agonizando.

Que existe una relación directa entre Guzmán y Crespo es algo obvio y no se requiere dos años de investigación e inmensos recursos para demostrarlo. Como no se requiere una gran pesquisa para saber que el abogado de Alberto Fujimori, William Castillo, está tratando de crear un movimiento —ya compró el kit electoral— para abogar por el indulto de su defendido. El tema es que eso no es un delito, como afirman Humala, el ministro Walter Albán y el Gobierno.

Desde Canadá Humala se dio tiempo para anunciar el gran éxito: los del Movadef “fueron capturados en la operación Perseo 2014 por ser presuntos autores de los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo con dinero proveniente del narcotráfico”. Pero, como ya es indudable ahora, hasta hoy no hay ninguna evidencia de ninguno de esos delitos.

El periodista Pedro Tenorio ha revelado que en octubre del 2013 las más altas autoridades del Mininter dijeron confidencialmente que ya tenían todo listo para dar un gran golpe contra el Movadef. Probablemente era cierto. Tenían preparada la operación propagandística para hacerla pública cuando creyeran que la necesitaban.

Esto abona la idea de que se trata de una maniobra política del Gobierno destinada a mostrar a la ciudadanía que hace algo por la seguridad y cubrir su rotundo fracaso en la lucha contra la delincuencia.

Con la ayuda de los medios, han tenido relativo éxito: el 77% de los que conocen el asunto (que son el 65% del total) aprueba la detención de los dirigentes del Movadef, según la encuesta de Ipsos de abril.

Han repetido la experiencia del operativo “Bokassa 2012”, cuando anunciaron que habían descubierto a “narcoterroristas” que lavaron 100 millones de soles de los senderistas del VRAE. El ministro del Interior de aquel entonces recorrió las propiedades incautadas en el sur chico. Tuvieron primeras planas durante una semana. El presidente Humala mencionó la operación en su mensaje del 28 de julio de ese año como una muestra de los avances de su Gobierno en la lucha contra el terrorismo.

Dos años después, todos los capturados están libres. Jamás se demostró su relación con los senderistas del VRAE. Pero sirvió para el propósito propagandístico del Gobierno en ese momento. Los medios que le dieron cobertura nunca se ocuparon de rectificar las mentiras oficiales.

Finalmente, es triste que un ministro como Walter Albán, que adquirió prestigio en la Defensoría del Pueblo como sostenedor de los derechos de los ciudadanos y garante de la justicia y la legalidad, hoy se preste a una artimaña burda con el único propósito de tratar de levantar la alicaída popularidad de su jefe, en lugar de dedicar sus energías a luchar contra los verdaderos enemigos, la delincuencia y los remanentes terroristas del ahora VRAEM.