¿Fue Alberto Fujimori, como aseguran sus seguidores, el líder que alió al ejército a los campesinos y liquidó a Sendero Luminoso en la sierra? El secuestro y desaparición de tres autoridades y un menor de edad en Chuschi (Ayacucho), ocurrido el 14 de marzo de 1991, opaca ese discurso fujimorista. En realidad, durante su periodo continuó la represión y se mandó al olvido este y otros procesos judiciales con las Leyes de Amnistía. 

La puerta de entrada de la casa de la familia Rocha Pacotaipe tembló varias veces, pero Antonio Rocha (14 años) no estuvo seguro de haberla oído. Dormía en el segundo piso de la casa y creyó que podía tratarse de un simple rumor de la noche. A un metro, su hermana Teófila Rocha y su esposo Marcelo Cabana dormían también hace un par de horas y no parecieron percatarse, por lo que Antonio se reacomodó en la cama y trató de dormir. Un momento después, no obstante, volvió a oír que la puerta temblaba. Esta vez el ruido era inconfundible: la puerta de entrada se abría y se oían pasos en la sala y en las escaleras de madera. Antes de que Antonio pudiera reaccionar, un grupo de sombras entró en la habitación y apuntó a las camas con linternas. “Marcelo Rocha”, preguntaron por el padre de Antonio y los tres familiares, cubiertos por varias mantas, negaron con la cabeza. “Marcelo Cabana”, volvieron a gritar y, al no obtener respuesta, tomaron al cuñado de Antonio de los cabellos y lo tiraron al suelo.

Lo condujeron al pequeño jardín que había en el primer piso de la casa, donde la familia Rocha Pacotaipe había sembrado algunas plantas de granadilla que a esa hora no eran más que pequeños bultos en la oscuridad. Antonio y su hermana apenas salían de su asombro cuando oyeron los gritos. El miedo no los dejaba moverse de las camas. Desde allí, oyeron cómo arrastraban a Marcelo Cabana hacia la calle. El cuadro volvió a repetirse a fuera: ruidos sordos de golpes y gritos. Un momento después, la casa quedó en silencio. Ambos hermanos lloraban.

Tuvieron que pasar diez minutos antes de que Antonio se decidiera a vestirse y salir a la calle. Se asomó a la puerta y desde allí vio los angostos caminos de tierra que eran las calles de su pueblo, pero no vio a su cuñado por ningún lado. Chuschi, el pequeño pueblo ayacuchano enclavado en los cerros de los Andes donde vivía Antonio junto a su familia, estaba en absoluta oscuridad. Antonio no terminaba de entender lo que había sucedido, pero estaba seguro de que su cuñado había sido llevado al puesto policial. Esperó a su hermana, pero ésta, según declaró muchos años después a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), no podía moverse por el miedo. Eran casi las 11:45 de la noche del jueves 14 de marzo de 1991. En ese momento, empezaron los disparos.

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Once años antes de que Marcelo Cabana fuera secuestrado, en la mañana del 18 de mayo de 1980, el pueblo de Chuschi amaneció con dos manchas de tierra quemada: una en la plaza de armas, frente a la iglesia y el municipio, y otra cerca al puente de Quispillaqta. En ambas humeaban los restos de ánforas y padrones electorales. La historia oficial cuenta que durante la noche anterior, un grupo de encapuchados maniató a Florencio Conde, en ese momento registrador electoral, y robó y quemó el material que iba a servir para las presidenciales de ese año.

El acto ansiaba un valor simbólico: el grupo terrorista Sendero Luminoso (SL) iniciaba uno de los más cruentos periodos de nuestra historia negándole a un pobre y olvidado pueblo de los Andes la posibilidad de votar. El fuego purgaba una democracia que era, para ellos, de papel. Esa fue su primera aparición violenta. El acto, no obstante, pasó desapercibido. Algunos diarios lo atribuyeron a simples vándalos. Como las manchas de tierra quemada en la plaza y el puente, el gesto simbólico se diluyó y llegó a la capital solo como un eco lejano. Más tarde sobrevino la historia: en Ayacucho, el departamento donde más víctimas dejó el conflicto armado interno, la proyección total estimada por la CVR fue de 26,259, casi 13 mil correspondientes a SL y casi 10 mil a agentes del Estado. Los datos reflejaron una de las verdades más duras de aquel periodo: los habitantes fueron el blanco de senderistas, pero también del Estado. El miedo se constituyó, en Chuschi primero, luego en Ayacucho y más tarde en el resto del país, en la reacción más instintiva de aquellos años.

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Agitado, Antonio Rocha volvió a la habitación donde su hermana lloraba. Esa noche solo Antonio y su hermana estaban en casa. Su madre estaba cuidando sus parcelas en la puna y su padre, Marcelino Rocha Cayllahua, juez de paz letrado de Chuschi por quien inicialmente habían preguntado los captores, estaba en Huamanga realizando diligencias. Antonio trató de consolar a su hermana explicándole que había sido un malentendido que se resolvería en cuanto fueran al puesto policial. Era cierto que, si bien los policías y militares acostumbraban amenazar y golpear a los habitantes de Chuschi, nunca antes se habían llevado a un familiar suyo de esa manera. Sin embargo, Antonio sostuvo su tesis: todo se arreglaría por la mañana. Se volvieron a acostar e intentaron dormir. A lo lejos aún se oían disparos.

Poco antes de las 5 de la mañana, Antonio volvió a asomarse a la puerta de entrada de su casa. Como a una cuadra de ahí vio que una pequeña multitud conversaba. Eran, según su recuerdo, unas 15 personas. Se les acercó y les contó lo que había ocurrido. Luego supo que esa noche, además de su cuñado Marcelo Cabana, teniente gobernador de Chuschi, se habían llevado a Manuel Pacotaype Chaupín, alcalde y primo de Antonio; a Martín Cayllahua Galindo, secretario del Consejo Municipal; y a Isaías Huamán Vilca, un menor de edad al que habían capturado al no encontrar al padre. Tres de los cuatro secuestrados eran autoridades elegidas democráticamente de Chuschi.

Antonio recorrió junto a la pequeña multitud las tres cuadras que separaban su casa de la plaza de armas y el puesto policial. Una vez en la plaza, un policía los interceptó. Le preguntaron por sus familiares, pero el policía les dijo que en el puesto policial no había nadie y los obligó a que no se acercaran. Un momento después, unos comuneros de la localidad de Uchuyri que venían a comprar insumos para una feria regional, les confirmaron que sus familiares no estaban en el puesto policial sino en la carretera. Una patrulla militar se los estaba llevando a la base de Pampa Cangallo.

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Ignominia y miedo. Si habría que buscar palabras para definir que se vivió en Chuschi en los años del conflicto armado interna esas serían las indicadas. Es posible que, por su ascendencia aymara, no muchos de los habitantes de este pueblo supieran lo que significa la ignominia, pero la experiencia les dio una idea mucho más cercana de lo que es. “Los policías y militares eran los reyes de la sierra. Eran bien autoritarios y bien abusivos. Nos pegaban y nos insultaban por cualquier cosa. Nunca nos respetaron”, recuerda Antonio Rocha.

Miedo e ignominia. El miedo era una reacción instintiva y permanente. Había sido implantado en sus cuerpos a la mala. El miedo llegaba por mano ajena: los chuschinos temían que los militares y senderistas los insulten, que los golpeen, que los secuestren y que los maten. Pero el miedo definía solo esa capa exterior e instintiva. Por dentro, recorriendo silenciosamente sus cuerpos, permanecía latente la ignominia: despreciaban las vejaciones a las que su pueblo era sometido.

En Chuschi, los policías entraban a la casa de los campesinos y se llevaban comida e insultaban a las familias. En Chuschi, los senderistas los obligaban a presenciar torturas en la plaza de armas. En chuschi, los policías los obligaban a vigilar la comisaría por las mañanas, por las tardes y por las noches. En Chuschi, los senderistas quemaron el municipio y sus registros de identidad. En Chuschi, la organización comunal, esa estructura política que les había permitido lograr el título de distrito, de comunidad campesina y que los defendía de terratenientes y curas déspotas y que trabajaba sin sueldo, no valía nada: policías, militares y senderistas podían llegar un día y cambiarlo todo. Los chuschinos debían someterse al humor voluble de personas que antes jamás los habían escuchado. A inicios de los ochentas, Chuschi no tenía posta, no tenía luz, no tenía desagüe y no tenía comisaría. A partir de entonces, tampoco tendría autonomía. Había miedo. Miedo e ignominia.

Cuatro días antes de que ocurriera el secuestro de sus autoridades, durante la ceremonia de izamiento de bandera que se celebraba por orden policial en la plaza de armas, el alférez Luis Mariano Juárez los amenazó. “Ustedes no quieren formar las rondas de autodefensa. Ustedes son terroristas. Algún día los voy a ver enterrados bajo cuatro metros”, dijo. Unas semanas antes, en el Consejo Municipal, Chuschi había acordado no formar las rondas, pues tenían miedo de lo que les pudieran hacer los senderistas. Más tarde se supo que esa decisión selló el secuestro. “Esas autoridades prácticamente dieron su vida por el pueblo”, dice Antonio.

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Ya había luz de día cuando la pequeña multitud que había remontado cerros y quebradas vio, entre una plantación de maizales cercana al centro poblado de Cancha Cancha, a la patrulla que había capturado a sus familiares. Veinte soldados del ejército y los cuatro chuschinos secuestrados, vestidos casi con las mismas prendas que llevaban la noche anterior, reposaban en la mañana helada. Antonio y la multitud, esposas, madres, hermanas y hermanos de los secuestrados, se acercaron a la patrulla, pero los soldados los amenazaron con disparos al aire y gritos. Algunos de los familiares lloraban de impotencia. Entonces decidieron esconderse en las montañas y seguirlos desde una distancia de trescientos metros. La patrulla se puso nuevamente en marcha y la pequeña multitud fue tras ellos. Cuando estuvieron cerca de Uchuri, otro centro poblado, los militares pararon una camioneta, subieron a los detenidos, los camuflaron debajo de mantas y emprendieron la marcha. La pequeña multitud, consciente de que se estaban yendo a Pampa Cangallo, tomó un atajo por las montañas. A eso de las 11 de la mañana, mientras bajaban por la ladera de un cerro colindante a la base, una pendiente completamente verde en aquella temporada de cosecha, vieron cómo la camioneta entraba con sus familiares por la puerta trasera de Pampa Cangallo. En ese momento no lo sabían, pero esa sería la última vez que los verían.

Tocaron puertas, rogaron a los soldados pero ninguno de sus pedidos fue atendido. Esperaron por varias horas en el cuartel hasta que los militares los amenazaron. Entonces se dividieron en dos grupos: la multitud se fue a buscar al fiscal y Antonio Rocha se fue a buscar a su padre en Huamanga. La diligencia de los familiares volvió con el Fiscal Provincial Mixto de Cangallo, Guillermo García Zamora, pero los militares no quisieron recibirlos. Negaron al jefe de la base militar y negaron el secuestro. Mientras los familiares se alejaban, se escucharon detonaciones al interior de la base, tal como consta en la CVR. Por ocho días los familiares se apostaron en las afueras de la base militar esperando ver a sus familiares, pero nada ocurrió.

Antonio y su padre iniciaron un proceso judicial que se ha prolongado más de veinte años, pero que hasta hoy no ha logrado ninguna reparación económica para los familiares. 

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Marcelo Rocha, exalcalde, exgobernador, ex teniente alcalde y en ese momento juez de paz de Chuschi y padre de Antonio, estaba en la lista de personas que debían ser secuestradas. “Marcelo Rocha”, había llamado la patrulla que irrumpió en la casa de los Rocha Pacotaipe aquella noche. Pero no lo habían encontrado. Un día después, su hijo le contó lo que había ocurrido. Entonces decidió iniciar el proceso judicial. Consiguió los nombres de los policías y presentó la denuncia junto a la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), que también presentó una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al poco tiempo empezaron las amenazas. Policías del puesto vigilaban día y noche la casa de los Rocha Pacotaipe. Cuando encontraban a Marcelo Rocha en la calle lo amenazaban. En los diez años del conflicto armado, Marcelo Rocha había pagado el precio de ser autoridad en Chuschi. Le habían robado a su familia, le habían insultado, le habían pegado y le habían amenazado. Sabía lo que significaba eso, pero esta vez sintió que las amenazas iban en serio, así que viajó a Lima.

En Lima vivió junto a su hermana en el distrito de Ate. Ya no ocupaba puestos dirigenciales, sino uno de vendedor en una tienda de abarrotes. Seguía de cerca todos los entretelones del caso. En las alturas de Chuschi, su hijo Antonio, quien había presenciado los secuestros y había sido amenazado, debía vigilar la comisaría. Así lo habían dispuesto los policías. Antonio Vigilaba a los secuestradores de su familia.

Poco tiempo después de que comenzara el proceso judicial, en junio del año 1991, los congresistas Javier Diez Canseco y Gustavo Mohme Llona validaron los testimonios de los familiares. Las pesquisas continuaron en el fuero de Ayacucho hasta que en noviembre del año 1996 Alberto Fujimori dio las Leyes Nº 26479 y Nº 26492, leyes de amnistía creadas para mandar al archivo investigaciones judiciales abiertas contra policías y militares. En el 2001, ya con el conflicto acabado y Fujimori escondido en Japón, se reiniciaron las investigaciones de algunos casos sobre los que la CIDH había arrojado informes de fondo, entre ellos el de Chuschi. En aquel informe ya figuraban los nombres de Collins Collantes, oficial encargado del operativo de secuestro; y el de Luis Mariano Juárez, policía a cargo del puesto de Chuschi.

En el 2007, Collantes y Juárez fueron condenados a catorce años de prisión y al pago de una reparación. En el proceso, Collantes aceptó que se le había ordenado detener a las cuatro autoridades de Chuschi y Juárez declaró que los disparos y explosiones ocurridas durante la noche, atribuidas a una lucha con Sendero Luminoso, fueron simulados para facilitar el secuestro. Ambos cumplieron la mitad de sus condenas y nunca pagaron la reparación. Tampoco dieron pistas del paradero de los cuerpos.

En el 2014, José Humberto Zavala y Néstor Raúl Oblitas, oficial de inteligencia y oficial de operaciones de la base de Pampa Cangallo, esperaban en la Sala Penal Nacional el dictado de sus sentencias, pero antes de recibirlas, fueron advertidos de que serían condenados y escaparon. Hasta ahora están prófugos. En las declaraciones de ambos oficiales a la justicia consta que los secuestrados en Chuschi llegaron a la base militar y fueron torturadas durante dos días. Mario Caldas Dueñas, oficial a cargo de Pampa Cangallo bajo cuya jurisdicción estaban todos los hechos que ocurrían dentro, jamás participó de las audiencias. Hasta ahora está no habido.

La única reparación que obtuvieron los deudos de los desaparecidos fue ordenada por la CIDH y entregada a medias por el Estado. Debían recibir reparaciones en dinero, educación, salud y vivienda, pero solo recibieron unos terrenos en Huachipa que por poco se los arrebata el entonces gobernador aprista de Chosica, Luis Alberto Sánchez, quien quería entregárselos a traficantes de terrenos.

No tienen título de propiedad de los terrenos, pero están contentos y han empezado a construir sus casas. Antonio, quién aprendió a ser albañil por su padre y hoy es uno de los principales encargados de seguir con la difusión del caso, lo está. “Yo miro a esa casita como si fuera mi cuñado y otras personas las ven como si fueran sus papás, sus tíos, sus hermanos. Es un orgullo. Mi papá vio el terreno poco antes de morir, pero no vio la casa construida. El soñaba con eso”, recuerda.