En La Chorrera, poblado localizado en el departamento de Amazonas, Colombia, se realizó, entre el 6 y el 12 de octubre pasado, un importante evento que congregó a familias de los pueblos afectados por la barbarie cauchera hace un siglo y que hoy habitan en tres países: Colombia, donde se encuentra la mayoría de ellos, Perú y Brasil, este último con solo dos comunidades pequeñas.

La Chorrera se ubica a orillas del río Igaraparaná, afluente del Putumayo por la margen izquierda, y debe su nombre a los chorros o cascadas que se forman en el río justo antes del poblado. Un estrechamiento del río que rompe una formación rocosa del escudo colombiano convierte al tranquilo Igaraparaná en una corriente turbulenta y constituye una barrera para la navegación. Al salir del angosto cañón, el río forma un extenso remanso que le da a uno la sensación de estar frente a una laguna. Sobre la orilla derecha de este remanso se yergue la casa de la que fuera una de las estaciones más siniestras de la Peruvian Amazon Company, empresa que tuvo como gerente a Julio César Arana, al inicio solo un anónimo comerciantes de sombreros de Rioja (San Martín) pero que llegó a convertirse en uno de los hombres más ricos de Loreto gracias al comercio de caucho conseguido con el trabajo esclavo de miles de indígenas de los pueblos Huitoto (o Uitoto), Bora, Ocaina, Nonuya, Andoque, Resígaro y otros.

La empresa cauchera tuvo dos grandes estaciones de las cuales dependieron una serie de puestos más pequeños. Ellas fueron La Chorrera, cuyo gerente fue el colombiano Víctor Macedo, y la otra El Encanto, en el río Caraparaná, también afluente del Putumayo por su margen izquierda, que estuvo a cargo del peruano Miguel Loayza.

Las atrocidades de esta etapa han sido denunciadas en documentos escritos por los jueces peruanos que llevaron a cabo el juicio contra los caucheros: Carlos Valcárcel (El proceso del Putumayo, editado en 1915 y reeditado en 2005) y Rómulo Paredes (dos informes realizados para el gobierno peruano que han sido publicados en 2009 en el libro Imaginario e imágenes en la época del caucho); y también por el cónsul británico Roger Casement, quien fue encargado por su gobierno para investigar la veracidad de las denuncias llegadas a Londres, pues desde 1907 la empresa había sido registrada en esa ciudad y contaba entre su personal con súbditos británicos, tanto directivos como capataces traídos de la isla caribeña de Barbados, que se mantuvo en condición de colonia inglesa hasta la década de 1970.

Sin embargo, la primera denuncia contra los caucheros fue realizada por el periodista peruano Benjamín Saldaña Roca en 1907, en dos diarios que él dirigía en Iquitos: La Sanción y La Felpa. Sobre esa base, él presentó una acusación formal ante la Corte Superior de Iquitos. El poder de Arana, que en 1902 había sido elegido alcalde de la ciudad y un año más tarde ocupaba la presidencia de la Cámara de Comercio, bloqueó el proceso. No obstante, los esfuerzos de Saldaña Roca no fueron en vano y, dos años más tarde, el ingeniero estadounidense Walter Hardenburg llevó a Londres las denuncias aparecidas en los mencionados diarios y los presentó ante la Sociedad Antiesclavista. El objetivo de difundir las atrocidades fue alcanzado cuando el diario londinense The Truth las publicó en primera plana. Esto obligó al gobierno peruano a reabrir el juicio que se encontraba detenido por las presiones de la empresa Peruvian Amazon Company sobre la Corte Superior de Iquitos; y el gobierno británico debió hacer lo mismo.

En ese contexto aparecieron los dos jueces antes nombrados, Carlos Valcárcel y Rómulo Paredes, el primero como titular y el segundo como alterno cuando Valcárcel enfermó de beriberi. Fue este último quien viajó a la zona de extracción en 1911 y visitó las estaciones y puestos caucheros, travesía en la que entrevistó a los jefes, capataces e indígenas que trabajaban en ellas. Paralelamente, el Parlamento Británico abrió una investigación a la empresa y envió a la zona a su cónsul Roger Casement, que por entonces desempeñaba funciones diplomáticas en Río de Janeiro. Su informe y otros documentos consulares vinculados con el caso fueron publicados en The Blue Book, libro de circulación restringida en la medida que solo se difundió entre algunas legaciones diplomáticas y gobiernos involucrados en el caso. Una edición en castellano de esta obra acaba de aparecer este año 2012, en coedición entre el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), con el nombre de El libro azul.

El resultado de los años de barbarie cauchera fue la disminución poblacional de los pueblos afectados: se calcula que fueron miles las muertes por asesinato, maltrato y desnutrición; las huellas dejadas en la gente por la tortura y los años de terror, y la desarticulación de los clanes como unidades fundamentales de su organización, tanto a consecuencia de los crímenes como del traslado hacia el Perú, entre 1923 y 1930, de indígenas sobrevivientes de las estaciones caucheras por parte de ex patrones de la Peruvian Amazon Company, que entró en liquidación el 30 de agosto de 1911. Al comienzo la gente fue llevada a la margen derecha del Putumayo y luego, por el conflicto bélico entre Colombia y el Perú, hacia otros ríos situados en el interior de Loreto.

La Chorrera hoy
Luego de años de decadencia, la casa que la empresa construyó en La Chorrera, así como el llamado Predio Putumayo, inmensa extensión de casi 6 millones de hectáreas, fueron tomados por la Caja Agraria de Colombia, que pensó convertirlo en un lugar para inversiones agropecuarias. En ese contexto la citada Caja comenzó a refaccionar la casa, de la cual por entonces solo se conservaba parte de los muros originales de piedra que se hallaban invadidos por las hierbas.

No obstante, los tiempos habían cambiado, y los indígenas, organizados en asociaciones diversas, comenzaron a ejercer presiones para que el predio les fuera reconocido como lo que correspondía: su territorio tradicional. En 1988 el entonces presidente de Colombia, Virgilio Barco, entregó formalmente el predio a los indígenas en calidad de resguardo, es decir, de tierras propiedad de éstos. La Caja Agraria mantuvo inicialmente una parte del predio de 800 hectáreas, donde se encuentra la casa, pero nuevas presiones de los indígenas dieron como resultado que el gobierno les reconociera también la propiedad de esta área.

Una vez refaccionada la casa y construidos nuevos edificios en su entorno, se constituyó como sede de “La Casa del Conocimiento”. Las organizaciones indígenas se precian de haber convertido un lugar de muerte y sufrimiento en uno de estudio y esperanza. En el mismo sentido, en lo que fueron los calabozos de la empresa, lugar de sufrimiento de los ancestros, hoy día se almacenan los alimentos que dan vida a los alumnos y profesores de los centros de estudios. La casa alberga un colegio primario y secundario, cuyos profesores son todos indígenas formados en universidades del país, así como un programa de formación universitaria que funciona en convenio entre la Asociación Zonal Indígena de Cabildos y Autoridades Tradicionales de La Chorrera (Azicatch) y la Universidad Pedagógica de Colombia. Allí, una veintena de jóvenes de ambos sexos siguen la carrera de Biología.

Abriendo el canasto de la abundancia
El evento fue titulado “El grito de los hijos de la coca, del tabaco y la yuca dulce”. Los dos primeros son productos fundamentales de la cultura de los diversos pueblos indígenas que comparten el resguardo Predio Putumayo, así como de sus paisanos que fueron llevados al Perú, principalmente al río Ampiyacu, y a Brasil. Con la coca y el tabaco se enseñan los valores éticos que deben guiar la vida de las personas, a través de largas sesiones en la maloca, centro ceremonial que representa el Universo, donde se trasmite la palabra tradicional. La yuca dulce, por su parte, simboliza a la mujer y es un elemento fundamental para el equilibrio social.

Desde antes del evento, dos artistas huitotos del Perú, Santiago Yahuarcani y Rember Yahuarcani, padre e hijo, trabajaron durante tres semanas un gran mural de aproximadamente 10 m x 4 m, titulado “El grito de los hijos de la coca, el tabaco y la yuca dulce”. Para esto, previamente se reunieron con líderes tradicionales que debatieron sobre cuál debiera ser el contenido y significado del mural. El resultado da cuenta, en una secuencia que va de izquierda a derecha, del tránsito seguido por las sociedades indígenas de la región desde un estado de paz a uno de violencia, terror y muerte generado por los caucheros y, finalmente, a un futuro en el cual recuperan su libertad y la abundancia que las caracterizó. A los artistas Santiago y Rember Yahuarcani los organizadores del evento les dijeron: “El mural que plasmaron en nuestra institución educativa […] quedará aquí como memoria, como legado, como raíz y como esperanza. Ésta es su cuna, éste es su territorio, ustedes hacen parte de nosotros porque llevan nuestra propia sangre. Gracias por hacer visible este grito de dolor y de esperanza”.

En el día central del evento, al que llegaron representantes del Estado y de diversas instituciones civiles y religiosas, varias delegaciones indígenas danzaron y cantaron en el patio central ubicado frente a la “Casa del Conocimiento”. Simbólicamente, además, taparon el canasto de la tristeza, con lo que quisieron significar que ponían fin a los trágicos recuerdos de la época del caucho, y destaparon el canasto de la abundancia, monifue en lengua huitota, pleno de frutos, que es lo que debe guiar su vida en adelante.

Luego de días de discusión sobre la historia del caucho y sus impactos sobre las sociedades indígenas y de la exposición de los planes de vida de cada organización que deberán servir para ordenar la marcha de la sociedad hacia el futuro, la gente discutió y elaboró una propuesta para ser presentada a los enviados del gobierno colombiano y de las otras instituciones participantes en el evento el día 12 de octubre. El tema central del documento que presentaron fue la cuestión territorial. Las organizaciones expresaron la necesidad de “sacar adelante la ley de ordenamiento territorial y, en ella, nuestra entidad territorial”. Para que esto sea posible indicaron que es necesario crear “una mesa de acuerdos y seguimientos para la implementación de nuestros planes de vida y desarrollo comunitario que sesione aquí en medio de la selva”.

Pusieron también énfasis en la necesidad de buscar soluciones a la división de sus pueblos en tres países diferentes. Señalaron, así: “Es un clamor de los aquí presentes para que se gestionen acuerdos trinacionales: Colombia, Brasil y el Perú, para seguir encontrándonos como pueblos y reconstruyendo el tejido social que fue roto por causa de la cauchería”.

Por parte del gobierno colombiano estuvieron e hicieron uso de la palabra la señora Ángela Robledo, de la Cámara de Representante; el señor César Vergara, de la Unidad de Víctimas de la Presidencia de la República; el señor Gabriel Muyuy Jacanamijoy, consejero presidencial y director del Programa Presidencial para Pueblos indígenas; el señor Gonzalo Sánchez, del Centro de Memoria Histórica; y la señora Luisa Fernanda Acosta, del Ministerio de Cultura. De las otras instituciones que participaron en el evento hablaron el señor Tood Howland, representante del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de la ONU; el nuncio apostólico, monseñor Aldo Cavalli; y el señor John Deew, embajador de Gran Bretaña en Colombia. Todas esas personas dirigieron su palabra a las autoridades indígenas tradicionales presentes, así como a los moradores de diversas comunidades asistentes a la reunión.

Representantes indígenas de las asociaciones que organizaron el evento leyeron las cartas enviadas por el papa Benedicto XVI y por el presidente de la república de Colombia, señor Juan Manuel Santos. En su carta dirigida “a los indígenas colombianos”, el Papa se refiere al centenario de la encíclica Lacrimabili statu indorum, firmada el 7 de junio de 1912 por el entonces Papa, hoy san Pío X, que fuera motivada precisamente por las atrocidades cometidas por los caucheros en el Putumayo.

Por su parte, el presidente de Colombia, previa disculpa por no asistir al encuentro debido a razones de salud, recordó el etnocidio y genocidio cometidos por los caucheros, y “en nombre del Estado colombiano, a las comunidades de los pueblos Huitoto, Bora, Okaina, Muinane, Andoque, Nonuya, Miraña, Yukuna y Matapí; a todos pido perdón por sus muertos, por sus huérfanos, por sus víctimas en nombre de una empresa, de un gobierno, de un pretendido ‘progreso’ que no entendió la importancia de salvaguardar a cada persona y a cada cultura indígena como parte imprescindible de la sociedad que hoy reconocemos con orgullo como multiétnica y pluricultural”.

Los organizadores cedieron también el uso de la palabra a los señores Manuel Cornejo, del CAAAP, y a Alberto Chirif, consultor independiente. Ambos se refirieron a la barbarie del caucho y sus consecuencias para las sociedades indígenas, y leyeron, respectivamente, cartas del señor Víctor Isla, presidente del Congreso Nacional, y del señor Luis Peirano, ministro del Cultura del Perú.

El presidente del Congreso recordó que en un evento realizado días antes, “Manifesté mi sentido perdón por las miles de muertes de hermanos y hermanas indígenas del Putumayo que no supimos socorrer en su momento”; y añadió: “A las autoridades colombianas les expreso mi intención de crear puentes entre nuestros Estados para construir un nuevo escenario para nuestro pueblos indígenas”.

Por su parte, el ministro de Cultura indicó la necesidad de aprovechar la ocasión para “honrar a todas y todos aquellos hermanos indígenas que padecieron a causa de la fiebre del caucho”, y enfatizó: “Nos toca pedir de corazón, como peruanos y peruanas, perdón por todo el sufrimiento que como sociedad, como país, no fuimos capaces de evitar”.

No cabe duda de que se trata de un evento histórico que marca un hito fundamental en el desarrollo de sociedades que fueron afectadas por la barbarie desatada por la ambición de los caucheros. Para ellas, cerrar el canasto de la tristeza y abrir el de la abundancia no es una expresión vana y retórica, sino manifestación de una voluntad para trabajar desde el presente en la continua construcción del futuro.

Destaca la presencia en el evento de importante delegados institucionales, pero, sobre todo, la coincidencia de tres altos funcionarios de Colombia y el Perú que pidieron perdón por los actos del pasado. Es entonces momento de elaborar propuestas y de exigir que se lleven a la práctica, con el fin de que los pedidos de perdón no queden como actos de cortesía formal sino que constituyan auténtica expresión de voluntad política para construir nuestros países como lo que en realidad son: naciones pluriétnicas y multiculturales.