No cabe duda que nuestra democracia, aquella que empezó a ser construida hace cerca de veinte años, se agotó. La administración del presidente Vizcarra no es sino un capítulo terminal de esta situación. En efecto, es más que notorio la ausencia de contenidos del régimen político que sobrevive entre tumbos y, si nos remitimos a lo que anualmente señala Latinobarómetro, veremos que no es una situación repentina sino algo que ha venido manifestándose paulatina pero claramente. En suma, los peruanos nos sentimos muy lejos de quienes nos gobiernan. ¿Cómo llegamos a esta situación?

Lejos de suponer anomalías coyunturales o funcionales, pareciera que lo que tenemos entre manos es un resultado de la manera como funcionó nuestro modelo político. A fines de los 80, cuando las transiciones democráticas en el continente hacían agua y, sumado a ello, se desplomó el orden mundial bipolar surge como fórmula para reordenar las relaciones en el continente el denominado Consenso de Washington, cuya receta señalaba la instalación de una economía de mercado mediante disciplina fiscal, privatizaciones, regímenes favorables a la inversión y protección a la propiedad privada que, además, debía constituirse como fundamento de un estado de derecho con base en la representación.

Fue así como el ajuste estructural que se produjo en el Perú a inicios de los años 90, con el advenimiento de Fujimori, buscó y logró un cambio en el modo de regulación estatal, expresado en programas macroeconómicos que se concentraron en estabilizar, desregular, privatizar y abrir economías que cambiaron no sólo la política económica sino también la relación que establecería el Estado con los grupos económicos privados y con la sociedad.

Como sabemos, los argumentos imperantes entonces subrayaban la ineficiencia del Estado como motor del desarrollo, algo que no resultaba difícil de demostrar dados los resultados que se habían obtenido hasta entonces. El lento proceso de crisis y casi desmoronamiento del aparato estatal había reducido su capacidad para realizar gastos sociales, provocado por un Estado que al aplicar un particular concepto de “justicia social” terminó consumiendo más de lo que tenía, lo que fue agudizado por circunstancias coyunturales, entre ellas, la violencia política de los 80 y parte de los 90.

Sin embargo, como señala Durand[1], este esquema inaugurado a inicios de los 90 concentró aún más la economía, la que sería liderada “por un núcleo financiero-urbano y otro extractivo, organizados como grupos de poder económicos nacionales y extranjeros con inversiones diversificadas”. En otras palabras, la tendencia a la privatización catalizó la concentración del poder económico en un pequeño núcleo de los referidos grupos, que compró activos del Estado y luego se fusionaron gracias a los incentivos tributarios de los años 90, por lo que algunos de sus miembros terminaron siendo dueños de las mejores tierras, así como de las concesiones mineras, energéticas, petroleras, gasíferas y forestales.

Lo significativo del caso es que esta acumulación de poder económico tuvo un correlato directo en el poder político, mediante la denominada captura del Estado cuya expresión más nítida fue el “decretismo”, es decir, el gobierno mediante decretos leyes emanados por el Ejecutivo y sin mayor discusión en el Parlamento.

En efecto, el debate político al retomarse la democracia en el país, entre los años 2000-2001, no se detuvo en responder las preguntas clásicas sobre la legitimidad de la democracia, es decir, las que están vinculadas a las relaciones entre gobernantes y gobernados, aun cuando esto debía ser muy importante dada la naturaleza del régimen político que imperó en los 90 en el Perú, que remitía a una relación pervertida entre ellos causada por el desequilibrio creciente que provocó un Ejecutivo que anuló cualquier control, cooptando e imponiéndose a los demás poderes, aun cuando programó y llevó a cabo un calendario electoral. En suma, sin duda, el problema democrático comprometía en buen grado la cuestión del poder, en otras palabras, la relación gobernantes-gobernados.

Sin embargo, en nuestra reconstrucción democrática primó finalmente el sentido “técnico”, es decir,  no se hicieron esfuerzos para politizar la gestión gubernamental sino sacramentar, de alguna manera, las posibilidades de una burocracia capacitada que debía actuar desvinculada de la política y la sociedad. Lo que sabríamos luego es que esta concepción fue más una continuidad y no una ruptura ante las comprensiones que denostaban lo político, se preocupaba por las formas y dedicaba esfuerzos por el diseño institucional, dando entrada a conceptos como buen gobierno, gobernabilidad democrática y gobernanza, que situaban en un segundo plano la cuestión del poder, los desmanes cometidos bajo el paraguas neoliberal y la ruptura del consenso social.

Sumado a ello, habría que considerar los esfuerzos hechos en el momento para construir democracia con actores políticos y sociales sin las capacidades mínimas para abordar las tareas que incumbían a dicho objetivo. En este esquema, los partidos políticos, que debieron ser los pilares fundamentales desde donde se levantaría el sistema democrático, se presentaron básicamente como maquinarias electorales, a pesar de la existencia de una Ley que, en teoría, debió ser un mecanismo para controlar su idoneidad.  Todo ello se vio reflejado en la enorme cantidad de aspirantes presidenciales que tuvieron los procesos electorales aun cuando la real competencia se diera entre tres o cuatro de ellos.  Aun así, la gran facilidad para incorporar organizaciones y personas incompetentes al sistema electoral, fue una muestra palpable de su precariedad y que no pudo zanjarse con el simple expediente de las vallas electorales.

De otro lado, la enorme fragilidad de los partidos “nacionales” (APRA, AP, Unidad Nacional-PPC, en su momento el PNP, y las diferentes denominaciones que adquirió el fujimorismo) generaron evidentes vacíos que fueron aprovechados por operadores locales que mostraban una cuestionada representatividad y eran propensos al uso de canales no institucionales, como la violencia, para resolver las disputas y conflictos. En gran medida, esto contribuyó a que aún sea importante un sentimiento favorable hacia opciones autoritarias –encubiertas bajo las demandas de “orden”- como la que significó Fujimori en los años 90, lo cual aparecía como factor de debilitamiento institucional y generador de incertidumbre sobre el futuro democrático del país.

En este sentido, la política “formal” apareció distante de la sociedad y se consolidó una peligrosa visión de una situación en la que se involucraba sólo algunos segmentos de la sociedad, quedando fuera la gran mayoría de peruanos, con pocas capacidades ciudadanas, sin posibilidades de construir sentidos de “comunidad” y propensa a organizarse sólo mediante relaciones clientelares.  Sin embargo, es poco lo que se ha explorado desde entonces sobre las posibles formas que ha adquirido la política en los sectores populares y las potencialidades que residen en ellas.  En todo caso, los partidos políticos fueron, cada vez menos, protagonistas de la acción colectiva.

De esta manera, hemos tenido como resultado un Estado de derecho altamente distorsionado que, además, ha sido erosionado en sus fundamentos mismos por la revelación de una generalizada corrupción en todas sus instancias.

A estas alturas, no cabe duda que el resultado obtenido es consecuencia de no haber contemplado ajustes a la manera como organizó el Estado la Constitución de 1993, que legalizó los desequilibrios entre los poderes del Estado y permitió una amplia discrecionalidad; de creer ingenuamente que podía funcionar una democracia representativa sin partidos políticos reales; y, sobre todo, de no haberse pensado cómo una democracia fortalecida podía haber sido el cauce que controlara a los poderosísimos actores económicos que lideraron el super ciclo extractivista que tuvimos entre el 2003 y el 2013.

Terminado el periodo de crecimiento más duradero e intenso de nuestra historia somos, al parecer, más desiguales que antes, menos institucionalizados y no hemos resuelto definitivamente nuestros retos sociales históricos. Entonces, ¿quiénes se beneficiaron del crecimiento? Los ingresos monetarios relativos crecieron porcentualmente más en los estratos de menores recursos, pero en términos absolutos la brecha entre el grupo más pobre y el más rico se ensanchó en 230% entre el 2009 y el 2015[2]. 

Afirma Jürgen Schuldt, que “en el Perú hubo chorreo monetario hacia la cúpula, goteo para las capas medias y garúa sobre los estratos pobres”[3], remarcando los costos de oportunidad que deberán pagarse por no haberse planteado fórmulas más equitativas en la política económica. En contextos así, la democracia, cuyo fundamento descansa en una generalizada percepción de justicia, muy difícilmente puede consolidarse.

B. R. Amdebkar, el arquitecto de la Constitución india, afirmó en noviembre de 1949, en su discurso al presentar la carta magna del que iba a ser próximamente un país soberano, la cuestión crucial de la democracia:  

“Lo que debemos hacer es no contentarnos con la mera democracia política. También debemos hacer de nuestra democracia política una democracia social. La democracia política no puede durar a menos que se encuentre en la base de la democracia social. ¿Qué significa la democracia social? Significa una forma de vida que reconoce la libertad, la igualdad y la fraternidad como los principios de la vida. Estos principios de libertad, igualdad y fraternidad no deben ser tratados como elementos separados. Forman una unión en el sentido de que divorciarse uno de otro es derrotar el propósito mismo de la democracia”[4].